7 nuevos presos políticos en febrero destapan aún más el fraude sobre 230 excarcelaciones en Cuba

El 14 de enero, tras un acuerdo con el Vaticano, el régimen cubano anunció la “liberación gradual” mediante “beneficios” penitenciarios de 553 presos. Ninguno fue propiamente liberado. 230 presos políticos han sido excarcelados bajo las draconianas condiciones de un “régimen carcelario-domiciliar”. 323 de los 553 excarcelados son delincuentes comunes que el régimen quiso hacer pasar por presos políticos. El fraude lo confirmó un estudio exhaustivo que también demostró que más del 85% de los 230 presos políticos excarcelados ya tenían derecho al régimen abierto. Fueron retenidos en prisión meses o años, en contra de las propias leyes del régimen, con el fin de vender sus liberaciones. Mientras, el régimen sigue, cada mes, encarcelando nuevos inocentes. La lista de prisioneros políticos en Cuba suma 1.150 inocentes

7 nuevos prisioneros políticos en febrero de 2025

Entre los nuevos prisioneros políticos que se han incorporado este mes a la lista hay 3 activistas de derechos humanos. Son Alexander Verdecia Rodríguez, Amaury Díaz García y Yaniel Tejeda Medina:

  • Alexander Verdecia Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido el 7 de febrero se encuentra en la Prisión Las Mangas Nuevas de Bayamo, Granma.
  • Amaury Díaz García, activista del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue detenido el 27 de noviembre de 2024 y encarcelado en Prisión Nieves Morejón de Sancti Spíritus por haber colocado frente a su vivienda dos carteles en los que se podía leer: ¿Hasta cuándo estaremos sin corriente eléctrica? y Libertad para todos los presos políticos cubanos. Su salud está en grave riesgo debido a la negativa por parte de las autoridades de la prisión a suministrarle los medicamentos que necesita. El médico de la prisión le ha indicado que “no debía dejar de tomar 2 tabletas diarias de captopril, pues esta carencia lo podría llevar a la muerte”.
  • Yaniel Tejeda Medina, activista del Foro Antitotalitario Unido (FANTU)se encuentra encarcelado en la Prisión Nieves Morejón de Sancti Spíritus, acusado de haber incurrido en los delitos de “Atentado”, “Desacato” y “Evasión de presos o detenidos”, y por todo ello se le está pidiendo una sanción que oscila entre los 2 y 5 años de privación de libertad.

3 ciudadanos también han entrado en la lista de prisioneros políticos por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como Héctor Julio Cedeño, Tomás Chacón y Alejandro Morales Pereira:

  • Héctor Julio Cedeño, de 71 años, es un vendedor ambulante de caramelos y maní que fue detenido el 5 de febrero cuando agentes de la Seguridad del Estado le intentaron echar del lugar en el que se encontraba realizando su venta diaria por portar en un cartel la consigna: “Abajo la dictadura”. Se negó a abandonar el espacio y comenzó a decir la misma consigna: “Abajo la dictadura”. Los agentes lo introdujeron en el coche patrulla a la fuerza y con violencia.
  • Tomás Chacón se encuentra en la Prisión Ariza de Cienfuegos. Fue detenido el 16 de febrero tras acceder a una torre de ETECSA y gritar consignas en contra del Gobierno de Cuba. Fuentes cercanas al preso político confirman que horas antes de la protesta se había intentado quitar la vida mediante la inyección y digestión de varios fármacos. Fue llevado al hospital para que le intervinieran con un lavado de estómago, y de ahí fue conducido a la sede de la Seguridad del Estado de Cienfuegos. Se le acusa de haber incurrido en delitos de “Desacato”, “Desórdenes públicos” y “Desobediencia”.
  • Alejandro Morales Pereira, detenido el 19 de febrero, se encuentra en la Unidad Provincial de Instrucción Penal y Operaciones (UPICO) de Villa Clara. Está siendo acusado de haber cometido un delito de “Desobediencia” y otro de “Propaganda contra el orden constitucional” por haberse manifestado pacíficamente frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba y transmitirlo en Facebook.

 230 presos políticos excarcelados: un fraude al descubierto

El 14 de enero, tras un acuerdo con el Vaticano, el régimen cubano anunció la “liberación gradual” mediante “beneficios” penitenciarios de 553 presos. El régimen de Cuba comunicó el pasado lunes, 10 de marzo, que había terminado este proceso “exitosamente”. Ninguno de los presos políticos fue propiamente liberado, pero entre los 553 sí se encontraban 323 presos comunes, delincuentes comunes que el régimen quiso hacer pasar por presos políticos. Junto a éstos, también 230 presos políticos fueron excarcelados entre el 14 de enero y el 10 de marzo bajo las draconianas condiciones de un “régimen carcelario-domiciliar”. No han sido liberaciones en modo alguno. De los 230, incluso una decena ya estaban en situación de excarcelación anteriormente, por lo que la medida simplemente extendió las licencias en el tiempo. Como demostramos en el estudio exhaustivo realizado en el mes de febrero, que este presente informe actualiza al total de los excarcelados, más del 85% de los presos políticos excarcelados ya tenían derecho al régimen abierto. 195 de los 230 presos políticos debían haber estado excarcelados antes de este proceso y, de ellos incluso 29 de los presos políticos excarcelados debían estar ya libres. Fueron retenidos en prisión meses o años, en contra de las propias leyes del régimen, con el fin de vender sus liberaciones.

Como también se deduce del estudio, los manifestantes y presos políticos de conciencia excarcelados, un total de 230, seguirán cumpliendo íntegramente sus condenas, y lo harán bajo dos tipos de subsidio de pena, libertad condicional y licencia extrapenal, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario, revocando los subsidios de pena, si los presos políticos excarcelados no se atienen a las siguientes condiciones:

  • No podrán moverse de su ciudad de residencia. Incluso dentro de ella, la Seguridad del Estado les dice dónde pueden y dónde no pueden ir, de forma arbitraria.
  • En gran parte de los casos, están obligados a desempeñar trabajos forzosos, usualmente denigrantes con respecto a su formación, y asignados por la Seguridad del Estado.
  • No podrán publicar ni expresar su opinión en redes sociales ni hacer declaraciones a la prensa.
  • No deberán realizar activismo de derechos humanos o tener comunicación alguna con organizaciones de derechos humanos.
  • No podrán viajar fuera de Cuba, ni tampoco tramitar solicitudes consulares.
  • Todos deben comparecer a vistas regulares ante los jueces de ejecución y la Seguridad del Estado para reforzar las amenazas.
  • Todos están sometidos a escuchas telefónicas, registros, citaciones policiales y detenciones de forma arbitraria por las autoridades.

Lo descrito no es una excarcelación como se entiende en el mundo civilizado, como los negociadores de la Iglesia Católica hubieran deseado. Se trata de un régimen carcelario-domiciliar de facto, algo que la comunidad internacional debe repudiar enérgicamente y al unísono. Los 230 presos políticos excarcelados en base a beneficios penitenciarios entre enero y marzo han pasado de ser catalogados en nuestra lista como Convictos de Conciencia a figurar entre los Condenados de Conciencia, pues todos siguen cumpliendo sus condenas bajo un “régimen carcelario-domiciliar”.

Por tanto, la distribución de la lista de 1.150 prisioneros políticos en Cuba se concreta, a 1 de marzo de 2025, en 657 Convictos de Conciencia, 453 Condenados de Conciencia y 40 Otros presos políticos. Continúan por tanto 697 presos políticos tras las rejas, de los que muchos debieran disfrutar de beneficios penales que no disfrutan.

Amenazas y arbitrariedad

Miembros del represor Tribunal Supremo Popular de Cuba afirmaron, este lunes 10 de marzo, algo que confirma, aunque veladamente y con silogismos, la situación de los presos políticos excarcelados:

Los beneficios pueden ser revocadas porque a estas personas les falta un periodo todavía de cumplimiento de la sanción que le fue impuesta por el tribunal. Por tanto, durante ese periodo a prueba tiene tienen que cumplir con las obligaciones que están fijadas por ley” y, posteriormente, indica otras obligaciones adicionales a las fijadas en la Ley, es decir, “aquellos requerimientos que fueron realizados por el juez de ejecución”, quien sigue las directrices de la Seguridad del Estado para imponer todo tipo de medidas abusivas y arbitrarias, y mantener un comportamiento también social acorde a nuestras normas de convivencia socialista”.

El intercambio de presos políticos por prebendas políticas y económicas

La liberación de presos políticos es usada por estas dictaduras inmundas con el único fin de obtener beneficios para su sostenimiento en el tiempo. Es, no obstante, la primera vez que el régimen fracasa estrepitosamente en un intento de engañar a la comunidad internacional. Otros intentos anteriores provocaron beneficios políticos y económicos para el régimen, como el Acuerdo de Diálogo Político de la UE con Cuba o el establecimiento de relaciones y relajo de sanciones por parte de la Administración Obama.

En esta ocasión, la debilidad del régimen cubano y el repudio del pueblo en Cuba, ambas, han crecido tanto (más del 90% de la población se sabe gobernada por un auténtico cártel criminal), que han sido incapaces de consumarlo como en anteriores ocasiones. El fracaso del aparato de propaganda no es sino un síntoma más de decadencia y debilidad significativa del régimen, cuya narrativa nacional e internacional, una de las piedras angulares para su sostenimiento, está en mínimos de credibilidad.

Tipología de los 230 presos políticos excarcelados

A. Ciudadanos sin actividad política

183 de los 230 prisioneros políticos excarcelados son ciudadanos cubanos que salieron a las calles a expresar su opinión pacíficamente en las protestas del 11J (97%) y en otras protestas pacíficas (3%).

Liván Hernández Sosa es uno de los manifestantes excarcelados. Trabajaba en el hospital pediátrico “José Luis Miranda” de Santa Clara, pero fue detenido en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado a 4 años de privación de libertad, pena que ya había cumplido cuando fue excarcelado si se hubiera aplicado la preceptiva rebaja de 2 meses por año de sanción.

Fui excarcelado el 15 de enero del presente año tras cumplir 3 años, 8 meses y 7 días de una sanción de 4 años de privación de libertad por manifestarme de forma pacífica el 11 de julio del 2021. Fui excarcelado bajo el beneficio de libertad condicional, beneficio que me tocaba desde junio de 2023 y se me otorgó ahora. Tras mi excarcelación he sido objeto de constante vigilancia por la policía y los órganos de la Seguridad del Estado. Me vigilan en mi casa y en los lugares que frecuento, en mi centro de trabajo… En tres ocasiones he sido citado ante un juez de ejecución y una vez fui citado ante el jefe de Sector de aquí de mi zona. En todas estas citaciones he recibido la amenaza de regresarme a prisión si no cumplo con una serie de requisitos y restricciones que ellos imponen, y por mantener contacto con la oposición aquí en Cuba”, relató Liván Hernández Sosa a Prisoners Defenders eneste video.

B. Activistas de derechos humanos

41 presos políticos de los 131 activistas de derechos humanos identificados en nuestra lista han sido excarcelados entre enero y marzo de 2025. Todos ellos son miembros de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la isla: Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), Academia Julio Machado, Asociación Yorubas Libres de Cuba, Damas de Blanco, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Movimiento Cristiano Liberación, Movimiento Democracia (MD), Partido Republicano de Cuba, Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), Proyecto Emilia y Grupo de Ayuda a los Valientes del 11J, entre otras.

Estos 41 activistas se encuentran en un “régimen carcelario-domiciliar” en el que son vigilados, hostigados y amenazados con ser revocados, es decir, con volver a prisión.

Es el caso de los líderes de algunas de estas organizaciones, como José Daniel Ferrer, Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que, desde el 16 de enero, día en que fue excarcelado, retomó la labor humanitaria con los más necesitados y vulnerables en su comunidad, labor que lleva realizando durante décadas. En su primera semana tras la excarcelación, ayudó a 21 personas con desayunos y almuerzos. A día de hoy, José Daniel está ayudando a entre 300 y 400 personas diarias con estos sustentos de ayuda humanitaria, entre desayunos, almuerzos, atención médica y otros servicios humanitarios. Esta actividad humanitaria masiva es la única causa de las amenazas de una revocación a José Daniel Ferrer y que el régimen le devuelva a prisión.

Félix Navarro, coordinador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, excarcelado el 17 de enero, y su esposa, Sonia Álvarez, miembro de las Damas de Blanco, fueron detenidos temporalmente el domingo 2 de marzo y el domingo 9 de marzo, cuando se les reiteró la prohibición que pesa sobre ambos de no poder asistir a misa. Fueron arrestados por la Seguridad del Estado y trasladados a una unidad de la Policía en Perico, Matanzas, municipio donde residen. Les hicieron un acta de advertencia que indica que no pueden asistir a la iglesia los domingos.

Donaida Pérez Paseiro, esposa de Loreto Hernández, sacerdote yoruba y preso de conciencia líder de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, cuyos casos han sido defendidos por las Naciones Unidas, fue excarcelada el 15 de enero. Tras 3 citaciones, el 5 de marzo las autoridades del régimen cubano la presionaron para que se incorpore a trabajar bajo sus indicaciones pues, de no hacerlo, sería revocada y volverá a prisión. “Ayer vienen con la imposición de que tengo que trabajar, si no iba a ser revocada. Entonces, yo les dije que, si me querían revocar que me revocaran, ya entraré a cumplir los 3 años y pico, casi 4, que me quedan, porque yo no voy a trabajar. A mí no hay quien me imponga nada. Yo trabajo cuando yo quiera. Cuando yo quiera yo me busco un trabajo, pero no porque ellos me lo busquen ni porque ellos me lo impongan“, afirmó la líder yoruba al digital ADN Cuba.

C. Artistas

6 de los 21 artistas y prisioneros políticos identificados en nuestra lista han sido excarcelados entre enero y marzo de 2025:

El artista tatuador Ángel Miguel Martín Caro y el rapero Rolando Sardiñas, conocido como “El Koka”, se encuentran en libertad condicional bajo amenazas, tras ser excarcelados.

Han sido excarcelados bajo subsidios de pena no privativa bajo amenazas: Jessica Lisbeth Torres Calvo, artista visual, tatuadora y modelo; Randy Arteaga Rivera, uno de los músicos emergentes más interesantes del rap actual en Cuba; el rapero Marlon Hitachi Paz Bravo; y Marcos Antonio Pintueles Marrero, músico y estudiante, detenido cuando era menor.

Continúan en prisión los artistas Fernando Almenares Rivera; conocido como Nando OBDC, reconocido artista plástico y rapero; José Adalberto Cañizares, artista visual; María Cristina Garrido Rodríguez, poeta, escritora y activista; Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, cantante y autor, ganador de dos premios Grammy Latinos por su canción “Patria y Vida”; el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, elegido por TIME MAGAZINE como una de las 100 personas más influyentes del 2021 y galardonado con el Premio Príncipe Klaus; Wilmer Moreno Suárez, conocido como Míster Will D’Cuba, cantante, compositor y arreglista independiente; Ibrahim Domínguez Aguilar, rapero; Juan Enrique Pérez Sánchez, músico, Dayan Gustavo Flores Brito, conocido como Yan Crey ,músico del estilo musical de “reparto”; Fernando Ginarte Mora, artesano de la madera; José Alejandro Rodríguez Gelin, poeta y alumno de la especialidad de Literatura española en la Licenciatura en Pedagogía del Instituto Superior Pedagógico de Matanzas; Alejandro Guilleuma Ibáñez, músico rapero; Damián Pérez Gutiérrez, poeta; Yasmany González Valdés, conocido como ‘El Libre’, artista rapero; y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, conocido como “Pupito En Sy”.

D. Periodistas

Ninguno de los 5 periodistas independientes, prisioneros políticos encarcelados en Cuba, han sido excarcelados. Siguen sufriendo condenas de prisión:

Jorge Bello Domínguez, periodista independiente, fue condenado por un Tribunal Militar a 15 años de privación de libertad, que cumple en el Combinado del Este, en La Habana, por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Es diabético, tiene problemas de visión y un fuerte dolor e inflamación testicular, pero se le niega la atención médica y su tratamiento en prisión. Lo mantienen recluido con presos comunes de alta peligrosidad. Ha sido objeto de diversas agresiones violentas, tanto por éstos como por los carceleros, y sufre una severa represión en el penal debido a su condición de periodista.

José Gabriel Barrenechea Chávez, periodista independiente, fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 8 de noviembre de 2024 y se encuentra sin tutela judicial en a la Prisión La Pendiente, en Santa Clara, Villa Clara. Barrenechea es autor de varios libros y ha colaborado con medios independientes como Árbol Invertido, 14ymedio y Cuba Encuentro. Desde 2019, antes de ser procesado, estaba regulado (así llama el Estado a la prohibición de salida que tienen cientos de miles de cubanos) para impedirle salir del país. Se le niega el derecho a trabajar, y sus libros están prohibidos en Cuba. Los policías penales, para acallar su voz crítica, le están fabricando un delito de Sedición por haber participado en las protestas pacíficas de su localidad natal.

Yeris Curbelo Aguilera, periodista de Palenque Visión, fue sentenciado el 24 de septiembre de 2024 a 2 años de privación de libertad por un tribunal de Guantánamo. Su proceso penal y judicial, como el de todos los prisioneros políticos, estuvo marcado por incontables arbitrariedades y violaciones del debido proceso que ya han sido todas ellas denunciadas oficialmente por las Naciones Unidas. Condenado supuestamente por provocar “lesiones leves” a un individuo que le intentó agredir, Yeris estaba siendo perseguido y hostigado por el régimen cubano tras denunciar el caso de 6 jóvenes condenados a entre 2 y 8 años de cárcel por manifestarse pacíficamente en 2023 en Caimanera.

Luis Ángel Cuza Alonso, periodista, colaborador de Cubanet y activista, fue condenado el 6 de noviembre de 2023 a 1 año y 6 meses de privación de libertad por el supuesto delito de “Desórdenes públicos”, sanción que cumple en la Prisión Combinado del Este de La Habana. Luis Ángel ya sufrió prisión política anteriormente tras participar en las protestas pacíficas en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. En esa ocasión, fue violentamente detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 30 abril de 2021 y liberado en enero de 2022. Desde entonces ha sido detenido arbitrariamente en 10 ocasiones.

Humberto Paz Gutiérrez, periodista independiente y activista de los Círculos Democráticos Municipalistas y del Consejo de Relatores de Cuba, fue detenido y privado de libertad sin tutela judicial el 21 de julio de 2021 por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, y fue condenado a 5 años de privación de libertad en la Prisión Provincial de Canaleta, en Ciego de Ávila. Es la tercera vez que es encarcelado. En la primera ocasión, la policía política lo acusó de “Peligrosidad Social Predelictiva” (ahora vigente de nuevo mediante los artículos 189.3 y 434 del nuevo Código Penal, el delito conocido por “Desobediencia Penal Precriminal”) y lo condenó a 4 años por manifestarse en las calles en contra del régimen cubano. En la actualidad sufre acoso constante dentro del penal por parte de las autoridades. Es diabético, hipertenso y sufre desnutrición severa.

Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de febrero

Con cierre de datos a fecha 28 de febrero de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.150 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de marzo de 2024 a 28 de febrero de 2025) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 156 presos políticos nuevos (un promedio de 13 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.217 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.

Cuba ha totalizado 1.813 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de febrero pasado, en apenas 3 años y ocho meses.

Han entrado este pasado mes de febrero en nuestra lista 7 nuevos presos políticos. Y 7 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta.

Entre los presos políticos hemos documentado hasta la fecha, en la lista actual, 715 prisioneros con patologías médicas graves y 61 presos con trastornos graves de la salud mental, todos ellos sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.

De los 1.150 prisioneros políticos:

  • 33 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 31 chicos y 2 chicas. 29 de ellos aún cumplen sentencia y 4 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla otras muchas decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter totalmente penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas se confinan, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las propias Naciones Unidas.
  • 15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
  • De nuestra lista actual, 222 manifestantes han sido acusados de sedición con un promedio de 10 años de privación de libertad.
  • La cifra de mujeres actualmente prisioneras, incluyendo condenadas en limitación de libertad domiciliar, alcanza las 121 mujeres que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
  • Entre los presos políticos hemos identificado 715 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica adecuada. Por otro lado, hemos verificado 61 presos políticos con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.

657 Convictos de Conciencia, 453 condenados de conciencia y 40 otros

Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:

  1. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
  2. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
  3. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.

En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, si bien en su causal de origen está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per-sé, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.

Por ello, los 1.150 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.

La clasificación actual de éstos es la siguiente:

  • 657 Convictos de Conciencia
  • 453 Condenados de Conciencia
  • 40 casos de Otros Presos Políticos

Desobediencia Penal Precriminal, presos sin delito: otros 11.000 prisioneros políticos

Reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de febrero de 2025, 1.150 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano.

Pero también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “precriminales, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa.

El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022, y que condenó a la mitad de ellos aun cumpliendo pena, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3., que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1., de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.

DE LA “PELIGROSIDAD SOCIAL PREDELICTIVA” A LA “DESOBEDIENCIA PENAL PRECRIMINAL” PARA PRESOS POLÍTICOS EN CUBA

Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.

El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética Desobediencia Penal Precriminal en la Cuba actual.

Desde hace décadas, se ha condenado a prisión a una media de 3.850 personas al año por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal. El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal. [1]

Lista de presos políticos en Cuba

 [1] Guardado en Web Archive: https://web.archive.org/web/20240605165025/https://www.granma.cu/cuba/2024-05-20/ante-el-delito-de-desobediencia-no-puede-existir-impunidad-20-05-2024-00-05-04

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