7 nuevos prisioneros políticos en abril elevan la cifra total en Cuba a 1.155 bajo un marcado racismo estructural del régimen contra los afrodescendientes
47 ONG EXIGEN LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE JOSÉ DANIEL FERRER, FÉLIX NAVARRO Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EN CUBA, Y DEMANDAN PRESIÓN INTERNACIONAL DIPLOMÁTICA, POLÍTICA Y JURÍDICA COORDINADA Y EFECTIVA PARA PONER FIN A LA BRUTAL REPRESIÓN
El régimen de Cuba realiza 350 detenciones en menos de un mes para frenar la imparable labor humanitaria de José Daniel Ferrer
8 NUEVOS PRESOS POLÍTICOS EN MARZO, REINGRESOS EN PRISIÓN, TORTURAS, GOLPIZAS Y PRESOS POLÍTICOS EN RIESGO DE MUERTE MARCAN LA ACTUALIDAD CARCELARIA EN CUBA
Llámalo por su nombre
Historias de los que se atrevieron a gritar “libertad” en Cuba
Por Ray Pascual
La injusticia sobre Chadryán Vila
‘Paradojas del presidio político en Cuba’, un texto de Alina Bárbara López Hernández
Prisioneros políticos
Prisoners Defenders comenzó en 2019 a registrar y monitorear los prisioneros políticos en Cuba y en abril de ese año publicamos nuestra primera cifra: 142 prisioneros políticos. Hoy, tras los encarcelamientos de los ciudadanos que salieron pacíficamente a protestar en 62 lugares diferentes de la isla exigiendo libertad y gritando «Patria y Vida», estamos denunciando los casos de más de 1.000 prisioneros políticos.
Denuncie
Denuncie aquí y su voz será escuchada: si ha sufrido presidio político, represión o ha participado en misiones internacionalistas en Cuba como médico, otro personal de salud, marinero, ingeniero, arquitecto, artista… seleccione y cumplimente el formulario indicado.
Su caso será tratado de forma confidencial y el resultado de su denuncia, pero no sus datos personales, será presentado ante las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y otros organismos competentes como parte de las estadísticas globales de violaciones de derechos humanos, sin exponerle en grado alguno, como ya hemos hecho con más de 1000 testimonios de denuncia cuyos datos personales nadie ha recibido ni tendrá.
Denuncias
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” (Artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
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