Prisoners Defenders documenta 32 nuevos presos políticos verificados en junio (aunque otros 21 más están aún en proceso de verificación), mientras que 7 abandonan la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. Las evidencias apuntan a un patrón represivo dirigido contra perfiles con capacidades de influencia social, con el objetivo de evitar cualquier intento de movilización antes del aniversario del 11J. Es especialmente preocupante el récord de prisioneros políticos detenidos en Cuba siendo menores, 40, de los cuales 16 permanecen privados de libertad en prisiones y centros penitenciarios destinados a población adulta, y otros 16 del 11J que fueron condenados por “Sedición”.
Al cierre de junio de 2026 y en vísperas del 11J, Prisoners Defenders ha documentado un total de 1.306 prisioneros políticos en Cuba, tras registrar 32 nuevas incorporaciones (aunque otros 21 más están aún en proceso de verificación) y 7 bajas durante el mes. Entre los prisioneros políticos se encuentran 40 que han sido detenidos siendo menores de edad, la cifra más alta registrada por la organización hasta la fecha, de los cuales 16 permanecen privados de libertad en prisiones y centros penitenciarios destinados a población adulta.
Los prisioneros políticos incorporados este mes apuntalan la significativa evolución del patrón represivo del régimen de Cuba en vísperas del 5º aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J). La selección de las víctimas no responde ya únicamente a la participación en protestas, o el activismo pro derechos humanos sino, especialmente en estas últimas semanas, a su potencial capacidad de influencia sobre diversos sectores de la sociedad. Entre los nuevos presos políticos figuran periodistas, creadores de contenido digital, un rapero, un pastor evangélico, dirigentes opositores, un médico, ex presos políticos del 11J y, además, un número especialmente elevado de menores. El perfil de las víctimas, junto con numerosas evidencias, confirma la intención del régimen de neutralizar referentes sociales y comunitarios con capacidad para informar, movilizar o canalizar el descontento ciudadano.
La coincidencia temporal de esta escalada represiva con la proximidad del aniversario del 11J permite apreciar un patrón de represión preventiva orientado a incrementar el coste potencial percibido por la población ante cualquier expresión de protesta o participación en actividades públicas. Mediante campañas de hostigamiento, restricciones de movimiento, detenciones arbitrarias, procesos penales, medidas cautelares y violencia física, las autoridades proyectan un mensaje inequívoco hacia la población: cualquier ciudadano que decida ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales puede convertirse en el próximo preso político.
El régimen cubano parece asumir con facilidad el coste político de encarcelar a más de 28 nuevos presos políticos cada mes en el último semestre, en buena medida porque actores internacionales de máxima relevancia para Cuba —entre ellos España, la Comisión Europea, Canadá y otros gobiernos democráticos— no se pronuncian ni defienden públicamente, de forma sostenida y específica, a las nuevas víctimas de la represión.
Cuando se interpela a estos gobiernos por su inacción pública, algunos optan por el silencio político, por mantener un evidente contubernio político con La Habana, como es el caso del gobierno de Pedro Sánchez en España; otros alegan que trasladan sus reproches en privado. Sin embargo, frente a un aparato represivo que ha demostrado reiteradamente su desprecio por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, las gestiones discretas, no verificables y sin consecuencias públicas resultan inservibles de todo punto. No llegan a la opinión pública internacional, no protegen a la población cubana, no generan presión interna sobre los funcionarios represores y no alteran los incentivos del régimen para seguir reprimiendo.
La experiencia demuestra que sólo la presión constante, pública, documentada y políticamente costosa puede modificar el proceder represivo de La Habana. Por ello, la ausencia de condenas públicas firmes y continuadas por parte de estos gobiernos contribuye a mantener artificialmente bajo el coste político de la represión y los convierte, al menos por omisión, en corresponsables políticos del actual incremento de detenciones arbitrarias en Cuba.
Más allá de las víctimas directas, además, estas amplias actuaciones represivas del régimen persiguen generar un efecto intimidatorio sobre el conjunto de la sociedad y desalentar cualquier intento de movilización en torno a una fecha que continúa representando el mayor desafío social afrontado por el régimen cubano desde 1959.
Aunque durante el mes de junio, en vísperas del 11J, Prisoners Defenders ha documentado 32 nuevos prisioneros políticos, la organización mantiene 21 casos adicionales en proceso de investigación y verificación, muchos de los cuales podrían incorporarse próximamente a la lista oficial de presos políticos en Cuba.
Dos nuevos presos políticos acusados de espionaje por crear contenido en YouTube
Los presos políticos Eduardo Ceballos Pérez y Christian Rodríguez Riverón fueron detenidos en La Habana por su trabajo en el canal de YouTube Despingovery Channel, desde el que documentaban y satirizaban el deterioro de infraestructuras e instalaciones abandonadas en Cuba.
Eduardo Ceballos Pérez, conocido como Eddy Jones, fue arrestado el 1 de junio de 2026 tras publicar varios vídeos, entre ellos un reportaje divulgativo en el que simplemente mostraba una antigua instalación militar totalmente abandonada y con restos militares inservibles, en ruinas y comidos por la maleza de la Guerra Fría. Sin duda un material curioso y entretenido, pero sin trascendencia de seguridad alguna. El vídeo está disponible en la URL https://www.youtube.com/watch?v=w2Wb4QLtTE0.
A pesar de la inocencia del hecho y la irrelevancia para la seguridad del país, las autoridades los procesan, no obstante, por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado, bajo acusaciones de “Espionaje” o “Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado”. El delito de espionaje (art. 116 del Código Penal) se castiga en Cuba con la privación de libertad de 10 a 30 años, la cadena perpetua o la muerte.
Tras su arbitraria e ilegal detención, sin tutela judicial alguna, Ceballos fue trasladado a la prisión Combinado del Este, donde permaneció incomunicado, sin garantías procesales y sin que la Fiscalía siquiera concluyera la investigación ni presentara el caso ante un tribunal durante semanas. Su madre denunció que fue agredido físicamente en prisión mientras las autoridades incautaban incluso la ropa utilizada durante la grabación del reportaje en su afán de recabar “pruebas del delito”.
Dos semanas después, el 14 de junio de 2026, fue detenido Christian Rodríguez Riverón, un camarógrafo del canal y alegadamente responsable de grabar junto a Ceballos el vídeo que dio origen a su detención. Christian Rodríguez Riverón acudió a una citación policial y fue privado de libertad sin orden judicial, siendo trasladado posteriormente a la unidad policial El Reloj Club, en Boyeros. Igualmente, fue acusado de “espionaje” por los mismos hechos y su declaración coincidió con la versión ofrecida por Ceballos.
Ambos permanecen en prisión y procesados por haber documentado unas instalaciones abandonadas y haber difundido contenido crítico con la situación de Cuba en su canal de YouTube, Despingovery Channel, y sus redes sociales.
El rapero MC K-LIBRE y las protestas de Barbosa
Las protestas registradas en el reparto Barbosa (La Habana) durante la segunda quincena de junio de 2026, motivadas por los prolongados apagones, la crisis económica y la falta de libertades, dieron lugar a una nueva ola de detenciones arbitrarias y procesos penales contra manifestantes pacíficos y personas señaladas arbitrariamente como “organizadoras” de las movilizaciones.
Entre los detenidos se encuentra el rapero y activista Andrés Matos Alcántara (MC K-LIBRE), arrestado el 25 de junio de 2026 tras acudir a una citación policial en la unidad de Siboney, donde fue esposado y privado de libertad sin orden de arresto ni tutela judicial. Las autoridades lo acusan de “Desórdenes públicos”, atribuyéndole falsamente el supuesto liderazgo de los cacerolazos y protestas ocurridos en el reparto Barbosa los días 18 y 19 de junio, pese a que su familia y testigos presenciales sostienen que únicamente pasó por el lugar durante unos minutos y no participó en acto violento alguno. Durante los primeros días de su detención las autoridades ocultaron deliberadamente su paradero, por lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó una Acción Urgente de Desaparición Forzada requiriendo al Estado cubano información sobre su situación. El 4 de julio de 2026 fue trasladado a la prisión de Valle Grande, pese a padecer Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y diabetes tipo 1, patologías que requieren tratamiento continuado que se les niega a los presos políticos de forma deliberada por las autoridades. Cuba es el cuarto país del mundo por número de Acciones Urgentes de Desaparición Forzada del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas desde el inicio de dicho registro más de una década atrás. Prisoners Defenders ha sido la denunciante de 193 de las 194 Acciones Urgentes presentes contra Cuba en los registros del CED. Sin embargo, es el único país donde todos los cientos de desapariciones forzadas son ejecutadas por el propio gobierno, aspecto crucial que convierte al régimen cubano en el primer gobierno del mundo por Desaparición Forzada.
En la misma protesta fueron detenidos sin orden de arresto los presos políticos y hermanos Yoan Arévalo Álvarezy Yosban Arévalo Álvarez el 21 de junio de 2026 y posteriormente sometidos a prisión provisional por orden del fiscal y sin tutela judicial. Según el testimonio de sus allegados y testigos entrevistados por Prisoners Defenders, ambos fueron brutalmente golpeados durante la detención. En el caso de Yoan, las agresiones le provocaron múltiples fracturas en las costillas, una profunda herida en la región del pecho, lesiones en los pies y otras contusiones, negándole las autoridades atención médica y medicamentos pese a la gravedad de su estado. Respecto a Yosban, los allegados denunciaron igualmente golpes, malos tratos y la negación de atención sanitaria, algo señalado igualmente por otros testigos de las agresiones sufridas por ambos hermanos.
La persecución de líderes religiosos suma un nuevo preso político
El preso político Alexis Padrón Lorenzo es un pastor evangélico de 58 años que fue detenido arbitrariamente el 11 de junio de 2026 en el municipio de Regla (La Habana), tras increpar pacíficamente a unos funcionarios que intentaban dispersar una manifestación vecinal pacífica en protesta por los prolongados apagones y la escasez de agua ocurrida la noche del 9 de junio, tras meses en una situación similar. Según el testimonio de sus allegados, durante su intervención verbal y pacífica, expresó públicamente su rechazo a la gestión de las autoridades y les recriminó la situación que atraviesa la población, afirmando que ya estaban cansados de tanta injusticia y que debían abandonar sus cargos si no sabían gobernar.
Tras el incidente fue seguido hasta su domicilio por agentes de la Seguridad del Estado y oficiales del Ministerio del Interior (MININT), quienes intentaron detenerlo y, al no poder, lo amenazaron. Dos días después, tras varias citaciones ilegales, acudió a la unidad policial de Regla, lugar donde fue privado de libertad sin orden judicial. Durante las primeras 72 horas permaneció incomunicado y, según los testigos, fue sometido a malos tratos físicos.
Desde el 17 de junio permaneció recluido en el centro de detención El Vivac, acusado de “Desórdenes públicos” y “Desacato”, y el 29 de junio fue trasladado a la prisión de Valle Grande, en La Habana.
Tras visitarlo brevemente el 26 de junio, sólo 9 días tras su detención, su esposa denunció un grave deterioro de su estado físico: había perdido una cantidad considerable de peso, presentaba los pies hinchados, numerosas picaduras de insectos y sufría intensos dolores derivados de la artritis reumatoide que padece, agravados por las deficientes condiciones de reclusión y la negación de tratamiento médico adecuado.
Asimismo, la familia denunció los impedimentos para acceder a información oficial sobre el proceso penal e imposibilidad de obtener una defensa legal independiente. Esto mismo sufren todas las familias de presos políticos. Las autoridades les exigen a los abogados del Estado que les nieguen los documentos a sus “clientes”. El caso se inscribe en un contexto de creciente hostigamiento contra líderes religiosos críticos con el régimen cubano.
Ningún preso político tiene defensa jurídica en Cuba
En Cuba no existen abogados independientes, y todos dependen del Ministro de Justicia, que los nombra y cesa a su antojo, así como les instiga a no defender a los casos acusados por la Seguridad del Estado (casos políticos), todo lo cual ha sido ratificado por Naciones Unidas en numerosas acusaciones y/o condenas de numerosas relatorías, grupos de trabajo y Comités, como las del WGAD A/HRC/WGAD/2019/63, A/HRC/WGAD/2021/63, A/HRC/WGAD/2023/62 y A/HRC/WGAD/2024/13, el Comité contra la Tortura, CAT, en su último Examen Periódico de Cuba (CAT/C/CUB/CO/3), o la acusación técnica de 6 Relatores Especiales JAL CUB 2/2024, de donde extraemos tan sólo unos pasajes ilustrativos:
“Todo abogado autorizado para ejercer la abogacía y actuar ante los Tribunales de Justicia en la República de Cuba debe no sólo ser licenciado en derecho, sino también formar parte de la denominada Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba (Organización de la Abogacía del Estado de Cuba, en adelante “ONBC”), una entidad gubernamental sujeta legalmente a los dictados del Partido Comunista de Cuba y dependiente en última instancia del Ministerio de Justicia de la República de Cuba.
Según el artículo 3 inciso b) del decreto-ley no. 81 “Sobre el Ejercicio del Derecho y la Organización Nacional de los Bufetes Colectivos” publicado el 8 de junio de 1984 en el Diario Oficial de la República de Cuba, respecto del ejercicio de la profesión en Cuba, está prohibido el ejercicio de la abogacía como profesional independiente.
Es el Ministerio de Justicia el que define la remuneración de los abogados y sus servicios y al que se le informan las actividades, medidas disciplinarias y despidos de los afiliados, y el que tiene control absoluto sobre la actividad de la ONBC y de sus afiliados. Dado que, además, los miembros reciben su remuneración con cargo a fondos públicos del Ministerio de Justicia y del Estado, los miembros [los abogados defensores] son, de facto y en todas las dimensiones posibles, empleados del Ministerio de Justicia.
La falta de una profesión jurídica independiente en Cuba ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el WGAD de las Naciones Unidas y el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.”
Nuevo preso político en una familia ya castigada por el 11J
El preso político Héctor Ochoa Vergara fue detenido arbitrariamente tras participar en una manifestación pacífica contra los prolongados apagones y la falta de agua en Ciego de Ávila, permaneciendo desde entonces en prisión provisional en la prisión de Canaleta (Destacamento 7). Su detención se produjo sin una orden de arresto, tutela judicial, ni garantías procesales. En el mismo centro penitenciario permanece recluido su sobrino, Yoel David Ochoa Vergara, también preso político. Yoel David había sido condenado a 10 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Aunque fue excarcelado el 20 de enero de 2025 bajo licencia extrapenal como parte del acuerdo entre el régimen cubano y la Iglesia Católica, dicha medida fue revocada por el régimen cubano y volvió a ser encarcelado en 2026, lo que demuestra la inutilidad parcial de negociar excarcelaciones condicionadas con el régimen cubano. Ni son liberados, ni excarcelados viven libres, sino perseguidos, hostigados, vigilados y privados de todo derecho, ellos y sus familias, y tarde o temprano gran parte de ellos, e incluso sus familiares, ingresan de nuevo a prisión si no se someten en términos de conciencia, una vez rentabilizado el beneficio político que la Iglesia le otorga al régimen al llegar a acuerdos tan laxos como los que hemos vivido en las últimas dos iniciativas. Estos dos casos, meros ejemplos entre decenas, reflejan la continuidad de la represión contra el excarcelado y su familia entera por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales.
Un ex preso político del 11J vuelve a la lista de prisioneros políticos en Cuba
Wilber Enmanuel Álvarez Salvat, médico y ex preso político por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, ha vuelto a ser encarcelado por motivos políticos. Fue detenido arbitrariamente de nuevo el 19 de junio de 2026 en Contramaestre, Santiago de Cuba. Ese día acudió a una citación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), donde permaneció retenido durante varias horas sin que se le informara el motivo. Al manifestar que debía regresar a su domicilio para atender a sus hijos, afectados por los prolongados apagones y la escasez de alimentos, un oficial lo amenazó con procesarlo por desobediencia si abandonaba la unidad. Tras marcharse pacíficamente y sin resistencia alguna al no recibir explicación alguna sobre su situación jurídica, agentes policiales acudieron posteriormente a su vivienda y, cuando se presentó voluntariamente ese mismo día ante las autoridades, fue detenido por ese presunto y falsario delito fabricado. Familiares y allegados denunciaron además que, en los días previos a su arresto, desconocidos intentaron acceder en varias ocasiones a su vivienda. Ya dichas acciones pretendían provocarlo para justificar posteriormente un proceso penal en su contra. Dado que aquello no tuvo efecto, la fabricación del delito devino igualmente de otro modo.
Permaneció recluido entre el 19 y el 22 de junio en los calabozos de la Policía de Contramaestre, donde realizó una protesta pacífica negándose a ingerir alimentos y denunció haber sido sometido a condiciones inhumanas de detención, incluyendo hacinamiento, negación de agua para el aseo, insalubridad y torturas psicológicas. El 22 de junio de 2026 fue excarcelado bajo una fianza, permaneciendo procesado y pendiente de juicio. La fianza impuesta, de 200.000 pesos cubanos, equivale a 29 salarios mensuales medios de un trabajador en Cuba y unos 294 USD al cambio real, una carga económica astronómica para cualquier familia cubana.
El 26 de junio declaró ante las autoridades en presencia de su “abogada” (abogada del Estado), quien anunció que solicitaría la nulidad del procedimiento por las irregularidades cometidas durante su detención, hecho que, de llevarlo a cabo, no sólo es previsible que no sirva para nada en el manipulado sistema procesal cubano, sino que además le puede causar el hostigamiento y la pérdida del empleo a la “abogada”. Es contínuo el hostigamiento contra prisioneros políticos tanto del 11J como contra todos ellos en Cuba, sometidos a vigilancia, nuevas detenciones arbitrarias y procesos penales tras su excarcelación.
10 nuevos presos políticos jóvenes, 6 de ellos menores de edad
Durante el mes de junio, Prisoners Defenders documentó el encarcelamiento de 10 nuevos presos políticos muy jóvenes, de los cuales 6 son menores (de 15 a 17 años de edad) y 4 tienen entre 19 y 21 años.
La mayor operación represiva tuvo lugar el 22 de junio en Contramaestre (Santiago de Cuba), donde una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo, tras el incendio del museo local, culminó con la detención de Ander Magdiel del Toro Suárez (15 años),José Ángel Borrero Zorrilla (17 años), José Jorge Menéndez Vázquez (17 años), Dian Daniel Mora Acuña (15 años), Ángel Luis Leyva (17 años), Lester Ramírez Ramírez (21 años) y Yordi Daniel Gómez Aguilar (21 años).
Actualmente, Dian Daniel Mora Acuña, Ángel Luis Leyva y Yordi Daniel Gómez Aguilar se encuentran en sus domicilios. Sin embargo, su situación procesal continúa sin poder confirmarse, ya que sus familias, gravemente amenazadas, no han podido informar si fueron puestos en libertad sin cargos o si permanecen sometidos a medidas cautelares dentro de un proceso penal, la situación más habitual. Por este motivo, sus casos permanecen abiertos y continúan bajo constante investigación.
A esta ola represiva se suman Cristian Fernández Sarmiento (15 años), detenido el 19 de junio durante las manifestaciones de Altamira (Santiago de Cuba), y Leroy Guerrero Regueiferos (19 años), arrestado también en el contexto de las protestas contra los apagones y la escasez.
Asimismo, fue detenida Maribel Angélica Sosa Chávez (19 años). Según su familia, las autoridades intentaron responsabilizarla de la rotura de un cristal en una tienda de divisas en Campechuela. Afirman que, cuando su madre acudió a una citación oficial, las autoridades le comunicaron que si la familia abonaba 70.000 pesos cubanos y la joven asumía la autoría de los hechos, sería puesta en libertad, en un proceso coactivo habitual para obligar a inocentes a declararse culpables. Usualmente, además, cuando siendo inocentes se declaran culpables para salvarse de la prisión, el proceso penal continúa con más fuerza y gravedad que antes de su declaración, y la condena suele ser de mayor rigor, toda vez que las autoridades ya poseen lo que buscan: la declaración de culpabilidad de un/a inocente.
Tres periodistas y escritores, bajo medidas cautelares y amenazas
La represión contra periodistas independientes y voces críticas continuó intensificándose durante el mes de junio mediante detenciones arbitrarias, interrogatorios, restricciones ilegales a la libertad de circulación y la imposición de medidas cautelares que mantienen abiertos procesos penales con evidente motivación política. Son los casos que encuadramos en la lista como “Condenados de Conciencia”, pues un auto fiscal sin tutela judicial les condena de facto y restringe sus libertades a mínimos, con la concurrencia de vigilancia, hostigamiento, amenazas, prohibición de movimiento, citaciones, detenciones habituales y acoso a ellos, sus amistades y familiares.
El periodista y director de Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, fue detenido arbitrariamente en Camagüey junto al periodista Yoanny Limonta García, sin orden de arresto ni tutela judicial alguna. Ambos permanecieron retenidos durante varias horas antes de ser expulsados de la provincia y trasladados por la fuerza hacia sus lugares de residencia.
Posteriormente, Rodríguez Lobaina fue interrogado por oficiales de la Seguridad del Estado adscritos al Departamento 21 de la Seguridad del Estado, una división del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) encargada específicamente de la contrainteligencia interna, cuya función es el enfrentamiento a la disidencia, los activistas de derechos humanos, la prensa independiente y los movimientos de la sociedad civil. Durante el interrogatorio, los agentes destruyeron su cámara y otros dispositivos que contenían material periodístico, lo amenazaron con enviarlo a prisión y le impusieron una prohibición de facto de salir de La Habana, sin resolución administrativa ni judicial alguna, con el objetivo de impedir el desarrollo de su actividad periodística y política.
Como consecuencia de estos hechos, Rolando Rodríguez Lobaina permanece sometido a un proceso penal por presuntos delitos de “Otros actos contra la Seguridad del Estado” y “Usurpación de funciones públicas”, bajo auto de medida cautelar impuesto por el fiscal sin tutela judicial, y pendiente aún de que un tribunal siquiera conozca su nombre y su causa. La medida le fue impuesta bajo amenazas de encarcelamiento y restringe de forma efectiva su libertad de circulación y el ejercicio de su labor periodística, pese a no encontrarse físicamente en prisión.
En el caso de Yoanny Limonta García, además de la confiscación de su teléfono móvil y del dinero que portaba, fue sometido a nuevos interrogatorios por la Seguridad del Estado, cuyos agentes intentaron reclutarlo como “informante”, o agente encubierto, de los que la Seguridad del Estado llena la oposición interna y externa. Asimismo, le impusieron una prohibición verbal de abandonar la provincia de Cienfuegos, igualmente carente de base legal y sin posibilidad de impugnación judicial, constituyendo una restricción arbitraria de su libertad de movimiento y circulación destinada a limitar su labor periodística y mantenerlo bajo permanente control.
Al igual que su colega, Yoanny Limonta García permanece procesado por los presuntos delitos de “Otros actos contra la Seguridad del Estado” y “Usurpación de funciones públicas”, bajo auto de medida cautelar de un fiscal sin tutela judicial y pendiente de que un tribunal siquiera conozca su nombre y su causa. Aunque permanece en libertad física, la amenaza permanente de encarcelamiento y las restricciones impuestas por la Seguridad del Estado constituyen una privación efectiva de su libertad y derechos fundamentales, entre ellos el de movimiento y circulación.
La persecución también alcanzó al escritor, periodista y preso político Ángel Santiesteban Prats, quien el 2 de junio de 2026 fue instruido de cargos y sometido a un auto fiscal de medida cautelar de reclusión domiciliaria, sin tutela judicial, en el marco de una investigación relacionada con la gestión de una donación de 200 dólares destinada al Asilo Nacional Masónico Llansó. Según denunció el propio Santiesteban, las autoridades pretenden fabricar un supuesto delito financiero pese a que las auditorías practicadas no detectaron faltantes ni perjuicio económico alguno. La causa responde exclusivamente a motivaciones políticas y se enmarca en la creciente intervención estatal sobre la masonería cubana.
Actualmente, Ángel Santiesteban Prats permanece pendiente de la resolución del fabricado e ilegal proceso penal bajo reclusión domiciliaria, con su libertad de movimiento totalmente restringida y bajo amenaza constante de encarcelamiento. Diversas figuras de la masonería cubana han denunciado que el procedimiento constituye un nuevo mecanismo de persecución política dirigido a desacreditar y neutralizar a dirigentes y miembros independientes de las instituciones masónicas.
Estos tres casos reflejan un patrón represivo cada vez más frecuente en Cuba: el uso de medidas cautelares, restricciones extrajudiciales y procesos penales abiertos para mantener a periodistas y escritores bajo control permanente, sin necesidad de mantenerlos físicamente en prisión, pero sometiéndolos a una total privación efectiva de derechos, entre ellos el libre movimiento y circulación, y a la amenaza constante de ser ingresados en prisión.
Aunque durante el mes de junio Prisoners Defenders ha documentado 32 nuevos presos políticos, la organización mantiene 21 casos adicionales en proceso de investigación y verificación, muchos de los cuales podrían incorporarse próximamente a nuestra lista oficial de presos políticos.
La enfermedad como arma de represión
Al cierre de junio de 2026, 458 presos políticos padecen patologías médicas graves y/o crónicas y 53 presentan graves trastornos de salud mental preexistentes a la detención y que los incapacitan para su ingreso penitenciario, cifras que evidencian el progresivo deterioro de las condiciones de reclusión y la utilización sistemática de la negación de la atención médica como mecanismo de castigo y de destrucción física contra quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.
Uno de los casos más alarmantes es el de Carlos Alberto MacDonald Ennis, excarcelado el 12 de junio de 2026 tras más de dos años en prisión provisional. Aunque actualmente permanece en libertad bajo una fianza de 50.000 pesos cubanos, continúa sometido a proceso penal y su estado de salud es crítico. Durante su encarcelamiento desarrolló un tumor maxilar que crece hacia estructuras internas de la cabeza sin recibir tratamiento médico, además de agravarse otras patologías preexistentes como hipertensión y diabetes. Tras su salida de prisión pesó apenas 48 kilogramos y requiere atención médica urgente, después de haber sufrido prolongación ilegal de la prisión provisional, aislamiento, torturas diversas, negación de la atención médica y reiteradas vulneraciones de sus derechos fundamentales.
Especial preocupación genera en Cuba también la situación del prisionero político del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años de prisión. Tras contraer tuberculosis durante su encarcelamiento, presenta un cuadro de extrema gravedad caracterizado por desnutrición severa, pérdida extrema de peso, crisis recurrentes de asma, hipertensión, trastornos neurológicos y un progresivo y gravísimo deterioro físico, negándosele la atención médica especializada que requiere. Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares debido al grave riesgo para su vida e integridad, continúa recluido en condiciones que agravan su estado de salud. Prisoners Defenders lo incluyó entre los 33 presos políticos identificados con riesgo gravísimo para su vida e integridad física, cuya liberación inmediata resulta imprescindible por razones humanitarias.
Otro de los casos documentados es el de Rolando Yusef Pérez Morera, activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y prisionero político del 11J de Cuba, condenado a ocho años de prisión. A pesar de ser un hombre muy atlético y corpulento antes de su entrada en prisión, las imágenes obtenidas durante un permiso penitenciario temporal muestran un grave deterioro físico como consecuencia de la desnutrición severa provocada por la insuficiente alimentación, la falta de atención médica y la negación de medicamentos, circunstancias denunciadas reiteradamente por su familia. Su caso constituye una evidencia más del progresivo deterioro físico al que son sometidos numerosos presos políticos durante su permanencia en las cárceles cubanas.
Estos casos reflejan un patrón reiterado documentado por Prisoners Defenders: la denegación de atención médica, la insuficiente alimentación, la falta de medicamentos, las condiciones insalubres de reclusión y la negativa a proporcionar tratamiento especializado constituyen prácticas recurrentes que agravan deliberadamente el estado de salud de los presos políticos, a veces llevándolos a la muerte o al desahucio físico. Lejos de tratarse de hechos aislados, estas actuaciones sistemáticas y comunes a todos los presos políticos configuran un mecanismo de represión que pone en grave riesgo la vida y la integridad física de centenares de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Represión preventiva contra activistas en vísperas del quinto aniversario del 11J
A escasos días del quinto aniversario de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), las autoridades cubanas han desplegado una intensa operación de hostigamiento y represión preventiva contra activistas de distintas organizaciones y creadores de contenido, evidenciando el elevado nivel de alerta del aparato represivo ante cualquier posible expresión de movilización ciudadana.
Como antesala de esta escalada, el 2 de julio, numerosos activistas fueron impedidos de asistir a la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense. La respuesta de las autoridades incluyó operativos de vigilancia, cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, citaciones policiales y traslados forzosos a lugares alejados para impedir su participación en un acto estrictamente diplomático.
Entre las víctimas se encuentran integrantes, entre otros grupos, del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y las Damas de Blanco, quienes denunciaron operativos policiales y de la Seguridad del Estado desplegados desde horas antes del evento, con el único objetivo de impedir su desplazamiento y mantenerlos aislados.
Las Damas de Blanco denunciaron un amplio dispositivo represivo que rodeó sus viviendas hasta altas horas de la noche, con patrullas y numerosos agentes vestidos de civil, prolongando el cerco incluso después de finalizado el acto diplomático.
Especial gravedad reviste el caso de José Elías González Agüero, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), y del ex preso político Alexander Díaz Rodríguez, ambos detenidos arbitrariamente cuando intentaban asistir a la recepción. Según sus testimonios, tras ser arrestados fueron trasladados por agentes de la Seguridad del Estado a una zona boscosa y aislada en las afueras de La Habana, donde comenzaron los actos de mayor violencia. Alexander Díaz Rodríguez es el prisionero político que se fotografió al salir de prisión tras cumplir una condena de 5 años por el 11J en Cuba. Su foto dio la vuelta al mundo por ser similar o peor que las de campos de concentración como Auschwitz. En prisión, adquirió un estado crítico de salud marcado por un cáncer de garganta y tiroides en fase terminal junto con una hepatitis B, ambos adquiridos en prisión, una gastritis crónica y problemas estomacales asociados, anemia severa, pérdida de piezas dentales, y edemas en las extremidades, en un cuadro de desnutrición severa terminal causado por la desnutrición forzosa a la que son sometidos los presos en Cuba.
José Elías relató que fue conducido esposado al interior de un bosque, obligado a atravesar una cerca y avanzar hacia un lugar apartado, donde encontró a Alexander Díaz completamente desnudo sobre la hierba, rodeado de agentes armados. Ambos fueron obligados a desnudarse y permanecieron retenidos durante un largo periodo mientras los agentes les tomaban fotografías en esa situación con el aparente propósito de humillarlos y degradarlos. Durante esos momentos, uno de los agentes le colocó una pistola en la cabeza mientras le decía: «Se acabó tu historia y te vamos a matar aquí». Los represores llegaron incluso a realizar disparos tras retirar y volver a colocar el cargador del arma, simulando ejecuciones y sometiendo a ambos activistas a un intenso terror psicológico.
Los testimonios describen que además permanecieron durante largo tiempo esposados, semidesnudos y expuestos a los insectos y a las inclemencias del lugar, mientras continuaban las amenazas y las humillaciones. Posteriormente fueron trasladados durante horas en vehículos policiales por distintos puntos de la provincia sin justificación alguna, antes de ser devueltos a dependencias policiales.
Alexander Díaz, que ya había sufrido gravísimas secuelas físicas durante su anterior encarcelamiento político, fue además objeto de una agresión física especialmente violenta. Según el testimonio de José Elías, Alexander fue golpeado repetidamente por los agentes y uno de los responsables llegó a introducirle un papel por la fuerza en la boca mientras permanecía esposado. Cuando ambos volvieron a coincidir en la estación policial, José Elías pudo comprobar que Alexander presentaba visibles lesiones por todo el cuerpo como consecuencia de la golpiza recibida.
Otros activistas denunciaron patrones similares. Mario Alberto Hernández Leyva, del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), afirmó haber sido golpeado brutalmente dentro de una estación policial, donde los agentes le fracturaron la frente con una silla. Posteriormente fue trasladado esposado a una zona despoblada, obligado a desnudarse y fotografiado completamente desnudo. Lázaro Antonio Pérez González, también del MONR, denunció amenazas de encarcelamiento por negarse a acudir a una citación policial que coincidía con el evento diplomático.
La persecución no terminó con las liberaciones. En los días posteriores continuaron las citaciones y las amenazas contra varios de los afectados y sus familiares. Entre otros casos, José Elías González Agüero recibió una nueva citación policial bajo amenaza de ser acusado de “Desobediencia”, mientras que su esposa, Magalis Riva Cordero, y su hija, Sissi González Riva, también fueron convocadas por la Policía para supuestas «entrevistas», prolongando el hostigamiento sobre su familia.
La operación represiva desplegada con motivo de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos también alcanzó a jóvenes creadores de contenido con una creciente capacidad de influencia entre la juventud cubana. El 2 de julio, los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, integrantes del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, fueron citados y retenidos por la Seguridad del Estado durante cerca de once horas para impedir su asistencia al evento diplomático. Durante los interrogatorios fueron amenazados con ser enviados a prisión por el contenido crítico que difunden en redes sociales y, en el caso de Abel Alejandro, permaneció encerrado durante parte del tiempo en un calabozo. Tras recuperar la libertad, ambos denunciaron que el verdadero objetivo del operativo era «silenciarnos y amedrentarnos», mientras que su padre permaneció durante toda la jornada a las puertas de la unidad policial tras haber recibido igualmente amenazas.
En los mismos días, las autoridades intensificaron el hostigamiento contra la joven influencer y activista Anna Sofía Benítez Silvente («Anna Bensi»), reabriendo un proceso penal que había sido archivado meses antes y sometiéndola nuevamente, junto a su madre, a medidas judiciales y nuevos interrogatorios. La reapertura de la causa se produjo tras más de ocho horas de interrogatorio por parte de la Seguridad del Estado y en un contexto de creciente presión contra la joven por su actividad en redes sociales y sus pronunciamientos públicos críticos con el régimen. El proceso, basado en la grabación de un agente policial, había sido previamente archivado y fue reactivado coincidiendo con esta nueva escalada represiva.
La magnitud y coordinación de estos operativos constatan que las autoridades cubanas han intensificado las acciones de control social precisamente en los días previos al aniversario del 11J. La persecución sistemática de ciudadanos por intentar asistir a un acto diplomático pacífico demuestra que el aparato represivo del régimen cubano mantiene una estrategia de represión preventiva, destinada a neutralizar cualquier posibilidad de movilización social, aislar a la oposición y sembrar un clima de miedo antes de una fecha históricamente vinculada a las mayores protestas antigubernamentales registradas en Cuba en las últimas décadas. La intensidad de estas acciones permite anticipar un elevado riesgo de nuevas detenciones arbitrarias, cercos policiales y otras formas de represión durante los días que rodean el quinto aniversario del 11J.
Prisioneros políticos verificados en Cuba durante el mes de junio
Con datos cerrados al 30 de junio de 2026, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.306 prisioneros políticos y de conciencia sometidos a sentencias judiciales o a disposiciones de limitación de libertad impuestas por las “Fiscalías”, sin supervisión judicial, debido proceso ni defensa efectiva, en flagrante violación del derecho internacional. Esta lista se hace pública y se distribuye mensualmente en ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses -del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026- la lista sumó 264 presos políticos nuevos, un promedio de 22 al mes. Eso supone que, a lo largo de ese periodo, estuvieron presentes en la lista 1.415 prisioneros políticos, todos ellos torturados, como demostramos en el análisis en profundidad de 181 casos seleccionados aleatoriamente para el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba.
Cuba ha totalizado 2.112 presos políticos en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2026, en apenas cuatro años y once meses, de los cuales 1.965 han ingresado en prisión desde entonces.
Este pasado mes de junio han entrado en nuestra lista 32 nuevos prisioneros políticos. Otros 7 han salido de la lista este mes por cumplimientos íntegros de condena.
De los 1.306 prisioneros políticos:
- 40 de los prisioneros políticos de la lista actual fueron detenidos siendo menores de edad: 38 chicos y 2 chicas. En un informe remitido a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no incluye a decenas de menores que ya han salido de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. En Cuba, los menores son recluidos en centros de carácter penitenciario -auténticas prisiones- eufemísticamente denominados “Escuelas de Formación Integral”, que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones finales de 9 de junio de 2022, son confinados cada año al menos 150 niños menores de 16 años. Ese mismo Comité destacó además que en torno a 260 adolescentes de 16 y 17 años sufren cada año privación de libertad en prisiones convencionales. Son, por tanto, 410 menores los que padecen prisión cada año en Cuba, según ha podido confirmar Naciones Unidas.
- 16 de los menores del 11J han sido ya condenados por sedición. La pena media impuesta a estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo superior, en promedio, al que sufrían los prisioneros políticos en Cuba antes del 11J. En la actualidad, la mayoría se encuentra en reclusión domiciliaria o en régimen de trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 217 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 148 mujeres sufren actualmente autos fiscales, medidas cautelares y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los prisioneros políticos que permanecen entre rejas hemos censado 458 presos con patologías médicas graves y hemos confirmado que estas se deben a la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y su agravamiento por la ausencia de atención médica. También hemos verificado 53 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
783 Convictos de Conciencia, 486 Condenados de Conciencia y 37 otros presos políticos
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad -los primeros- o limitación de libertad -los segundos- es consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, todo ello motivado por razones políticas y/o ideológicas.
Por ello, los 1.306 prisioneros políticos verificados por el ejercicio de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, categorías que pueden examinarse en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual es la siguiente:
- 37 casos de Otros Presos Políticos
- 783 Convictos de Conciencia
- 486 Condenados de Conciencia
