Cinco años después de la represión del 11J, el régimen de Cuba no ha reducido la represión: la ha perfeccionado. La prisión política, la vigilancia digital, la persecución de organizaciones independientes y el uso de delitos ambiguos o extremadamente graves muestran que Cuba se prepara para impedir o castigar cualquier nueva movilización ciudadana.
Analizamos los casos de 114 personas cuya detención o encarcelamiento se produjo en el primer semestre de 2026, la mayoría por ejercer derechos fundamentales como la manifestación pacífica, la libertad de asociación o la libertad de expresión. A pesar de que los datos de junio no están aún cerrados, ya se contabilizan más de 35 nuevos presos políticos en la lista de Prisoners Defenders, por lo que ya podemos anticipar que la lista completa superará los 1.300 prisioneros políticos. [1]
El presente informe, realizado conjuntamente por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, analiza patrones represivos de detención y encarcelamiento encontrados entre enero y junio de 2026, y evalúa su significado en vísperas del quinto aniversario de la represión del 11J en Cuba. Los datos sugieren que el régimen no ha reducido su capacidad represiva. Por el contrario, ha aumentado los mecanismos de vigilancia, identificación y castigo de la disidencia.
El régimen cubano, se constata, ha desplazado parte de su capacidad represiva desde la reacción posterior a la protesta hacia la identificación preventiva de ciudadanos críticos mediante vigilancia digital, seguimiento territorial y criminalización penal anticipada.
Este informe presenta el análisis estadístico, la evolución de los encarcelamientos políticos durante el semestre y los principales patrones represivos identificados, y se distribuye junto con una presentación resumida de los datos más relevantes.
Hallazgos principales
- Más de 175 nuevos presos políticos incorporados al registro de Prisoners Defenders durante el primer semestre de 2026.
- Al menos 114 casos objeto de estudio, vinculados directamente al ejercicio de manifestación, asociación y libertad de expresión.
- 79 casos relacionados con protestas o manifestaciones pacíficas.
- 22 casos vinculados a vigilancia digital y persecución de la expresión en redes.
- 13 casos asociados a otras formas de represión política.
- 9 menores de edad detenidos o encarcelados en el semestre.
- La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba concentran los principales focos represivos.
- El régimen ha pasado de una represión reactiva a una represión preventiva, basada en vigilancia digital, criminalización penal y operaciones territoriales.
De la represión del 11J a 2026 en Cuba
Cuba ha totalizado más de 2.100 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2026, en apenas cinco años, de los cuales más de 1.960 han ingresado en prisión desde entonces. Sólo en los últimos 6 meses, más de 175 nuevos presos políticos han entrado en la lista de presos políticos de Prisoners Defenders.
Estas cifras reflejan que la represión desplegada en Cuba tras el 11J no constituyó una respuesta excepcional a una crisis concreta, sino la consolidación de una política sostenida destinada a impedir futuras movilizaciones ciudadanas. El primer semestre de 2026 ofrece una fotografía especialmente relevante porque permite evaluar el estado actual de los mecanismos represivos a pocos días del quinto aniversario de las mayores protestas antigubernamentales registradas en Cuba en décadas.
Clasificación de los 114 presos políticos por tipo de represión
Entre enero y junio de 2026, han entrado en la lista de Prisoners Defenders más de 175 nuevos presos políticos, de los que al menos 114 fueron detenidos y encarcelados específicamente en dicho período por ejercer los derechos de manifestación, asociación y libertad de expresión.
El análisis de este subconjunto de 114 presos políticos revela que la principal herramienta represiva utilizada por las autoridades cubanas continúa siendo la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales. La mayor parte de ellos, 79 en total (casi el 70%), corresponde a personas encarceladas por ser vinculadas por parte de las autoridades del régimen a manifestaciones y protestas pacíficas. Esta tendencia confirma que el derecho de reunión y manifestación sigue siendo uno de los principales objetivos de la represión estatal.
La segunda categoría más numerosa entre los 114 corresponde a la represión vinculada a la vigilancia digital, con 22 personas (casi el 20%) encarceladas y procesadas penalmente por actividades relacionadas con la libertad de expresión en entornos digitales. Entre estos casos se encuentran ciudadanos, periodistas independientes y activistas detenidos sólo por grabar vídeos, tomar fotografías, publicar contenidos en redes sociales o difundir denuncias sobre la situación económica, social y política del país. La importante presencia de esta categoría refleja cómo las autoridades han ampliado el control represivo del espacio digital, convirtiendo internet y las redes sociales en un nuevo ámbito de persecución política.
El resto han sido clasificados en la categoría de otras formas de represión política, que engloba situaciones no directamente vinculadas a protestas o actividades digitales, e incluyen a activistas y ciudadanos reprimidos por su participación en organizaciones independientes, por mantener contactos con ONGs y actores internacionales, o por desarrollar actividades consideradas contrarias a los intereses del régimen.
En conjunto, esta distribución demuestra que la represión política en Cuba durante 2026 se ha concentrado en tres ámbitos estrechamente relacionados: la protesta social, la organización independiente y la libertad de expresión, tanto en el espacio público como en el entorno digital. Estos datos evidencian una estrategia orientada a impedir la articulación del descontento ciudadano y a limitar cualquier forma de participación cívica independiente.
De forma independiente a esta clasificación temática, 13 de las 114 personas pasaron por prisión y fueron posteriormente excarceladas bajo fianza o medidas cautelares, pero continúan sometidas a procesos penales que limitan gravemente su libertad, bajo estrecha vigilancia y la amenaza de futuras condenas.
Cronología de la represión política
La evolución mensual de los encarcelamientos políticos durante el primer semestre de 2026 refleja un patrón represivo estrechamente vinculado a episodios de protesta y movilización ciudadana.
La represión en Cuba alcanzó su máxima intensidad en marzo de 2026, con 41 encarcelamientos, lo que representa cerca del 36% del total de casos documentados en el semestre, junto con el mes de junio donde, a falta de cerrar el análisis mensual, ya se contabilizan a día 29 de junio más de 35 presos políticos nuevos, aunque en este mes de junio se podría de nuevo superar la cifra de los 40 nuevos presos políticos en un solo mes.
El incremento de marzo estuvo directamente relacionado con las protestas del 23 de marzo en Minas, Guanabacoa (La Habana), de las que se derivaron múltiples detenciones y al menos 8 nuevos presos políticos, tras una amplia operación represiva consistente en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos domiciliarios, interrogatorios bajo coacción y amenazas, amparados bajo procesos penales arbitrarios contra manifestantes y personas presuntamente vinculadas a las movilizaciones por parte de las autoridades.
Aunque los encarcelamientos disminuyeron en abril, la represión volvió a intensificarse en mayo, y especialmente en junio. Destaca especialmente la operación represiva desarrollada el 22 de junio en Contramaestre (Santiago de Cuba), donde al menos 8 personas, entre ellas 4 menores de edad, fueron detenidas tras una redada masiva en los barrios La Cuba y Maffo acusadas de presunto sabotaje sin que, hasta la fecha, se hayan hecho públicas pruebas que sustenten dichas acusaciones.
Distribución territorial de los manifestantes encarcelados
La represión contra el ejercicio del derecho de manifestación durante el primer semestre de 2026 tuvo un alcance nacional, aunque se concentró especialmente en determinadas provincias donde se registraron las protestas y expresiones de descontento social que derivaron en un mayor número de encarcelamientos. De los 79 manifestantes encarcelados documentados en el período,[2] La Habana concentró el mayor número de manifestantes encarcelados durante el primer semestre de 2026, con 35 casos (44,3% del total), seguida de Ciego de Ávila, con 16, Holguín, con 15, y Santiago de Cuba, con 10. A mayor distancia se situaron Granma, con 2 casos, y Villa Clara, con 1.
La concentración de casos en estas provincias está directamente relacionada con los principales focos de movilización social registrados durante el semestre. En La Habana destacaron las protestas en Arroyo Naranjo (Los Pinos, Mantilla y Santa Amalia), Playa (Jaimanitas), Diez de Octubre (Lawton), Cerro, Regla, Marianao y, especialmente, Minas (Guanabacoa). En Ciego de Ávila sobresalieron las protestas de Morón y Miraflores (Bolivia); en Holguín, las manifestaciones de Antilla; y en Santiago de Cuba, las protestas de Altamira y Contramaestre donde se produjo una de las mayores operaciones represivas del semestre con la detención de al menos 8 personas, entre ellas 4 menores de edad.
Víctimas de la represión al derecho de manifestación y protesta pacífica
Las detenciones vinculadas a las protestas muestran cómo la represión no se limita a dispersar las manifestaciones en el momento de los hechos, sino que se prolonga posteriormente mediante arrestos prospectivos, amenazas, interrogatorios y castigos dirigidos contra personas identificadas como participantes o vinculadas al entorno de la protesta. La respuesta estatal alcanza a mujeres, familiares, vecinos e incluso menores de edad, evidenciando una estrategia orientada a desarticular cualquier red de apoyo o solidaridad surgida en torno a las movilizaciones y a eliminar focos de protesta posteriores mediante el Terrorismo de Estado.
A los efectos de este informe, la expresión “Terrorismo de Estado” se utiliza en sentido material, jurídico-político y descriptivo, para referirse a una política estatal organizada que emplea de forma sistemática la detención arbitraria, la desaparición forzada temporal, la incomunicación, la tortura física o psicológica, los allanamientos sin orden judicial, la amenaza penal, la prisión provisional abusiva, las condenas ejemplarizantes, la vigilancia permanente, la persecución de familiares y la criminalización de derechos fundamentales con una finalidad que excede el castigo individual: infundir miedo en la población, desarticular redes de solidaridad, inhibir la protesta social y prevenir cualquier forma de organización cívica independiente.
Esta calificación no se formula como una mera figura retórica, sino como una descripción de patrones de actuación estatal orientados a producir terror social y obediencia política mediante el uso coordinado de cuerpos policiales, Seguridad del Estado, fiscalías, tribunales, sistema penitenciario, organizaciones de control social y mecanismos de vigilancia física y digital. En el caso cubano, dichos patrones han sido documentados de forma reiterada en relación con manifestantes pacíficos, periodistas independientes, activistas, familiares de presos políticos, menores de edad, ciudadanos que ejercen la libertad de expresión en redes sociales y miembros de organizaciones independientes.
La finalidad intimidatoria general —dirigida no solo contra la víctima directa, sino contra el conjunto de la sociedad— es precisamente el elemento que justifica el uso del término “Terrorismo de Estado” en este contexto.
Entre estas víctimas destaca el caso de Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, ex presa política del 11J, quien fue detenida nuevamente el 2 de junio de 2026 durante una protesta pacífica en Santa Amalia, Arroyo Naranjo (La Habana), contra la falta de agua y los apagones. Ese mismo día también fue detenido su padre, Luis Alberto Reyes López. Según la denuncia y la investigación posterior de Prisoners Defenders, ambos fueron golpeados durante el arresto: Yunaiky relató que la policía la introdujo por la fuerza en el patrullero, con las manos en la espalda, mientras la golpeaban y uno de los agentes le impedía respirar. Posteriormente, Yunaiky fue recluida en la prisión de mujeres de Occidente, donde permaneció aislada, iniciando una huelga de hambre. Su caso es especialmente grave porque, además de haber sido ya sancionada por el 11J y excarcelada en 2025 por un acuerdo con la Iglesia Católica, las autoridades mantuvieron intacta la condena de 8 años, por lo que esta nueva detención ha implicado la revocación de su beneficio penitenciario.
Este caso es una prueba más, entre otras decenas, de que las excarcelaciones negociadas por la Iglesia Católica en 2025, al no conllevar la eliminación de las penas, no supusieron avance alguno en la disminución de la represión en Cuba.
Antonio Lázaro Fernández Borges fue detenido tras las protestas del 23 de marzo en Minas (Guanabacoa, La Habana). Durante el operativo, agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron violentamente en su vivienda y, cuando intentó explicar que su hijo se entregaría voluntariamente, la madre fue brutalmente agredida: la golpearon, la inmovilizaron, la lanzaron al suelo y la patearon mientras ya estaba reducida. La familia conservó mechones de cabello arrancados por los agentes durante la agresión. Antonio fue trasladado a Villa Marista, donde sufrió torturas psicológicas y permanece procesado sin garantías.
Al menos tres mujeres fueron detenidas y encarceladas tras las protestas del 23 de marzo de 2026 en el poblado de Minas, Guanabacoa (La Habana):Liadne Calzada, Melissa Martínez Díaz y Nuvisleidys Lloré García. Liadne Calzada denunció haber sufrido tortura psicológica durante su traslado e interrogatorios en Villa Marista, y Melissa Martínez Díaz fue arrestada mientras se encontraba trabajando, sin posibilidad de organizar el cuidado de su hijo menor de edad, que quedó solo en el domicilio familiar tras la detención.
Javier Ernesto Martín Gutiérrez, campeón cubano de artes marciales mixtas conocido como «Spiderman», fue detenido el 24 de abril de 2026 en Marianao (La Habana) tras mantener durante 9 días una protesta pacífica desde el balcón de su vivienda, donde lanzó consignas contra el régimen. Según denunció su esposa, Lisandra Cuza, el arresto fue «un secuestro»: cuando salía de entrenar, varios agentes vestidos de civil lo sorprendieron, lo derribaron al suelo, lo golpearon y lo introdujeron por la fuerza en un vehículo. Permaneció inicialmente en desaparición forzada hasta confirmarse su traslado a Villa Marista, centro de detención de la Seguridad del Estado. Las autoridades intentaron desacreditarlo alegando supuestos trastornos mentales, pero este extremo fue desmentido posteriormente por un examen médico oficial. Permanece en prisión provisional y, según la información disponible, podría ser acusado de desórdenes públicos sin que se hayan presentado cargos formales ni pruebas públicas que justifiquen su encarcelamiento.
Menores encarcelados
De los 114 presos políticos documentados hasta el momento,[3] cuya detención o encarcelamiento se produjo durante el primer semestre de 2026, 9 son adolescentes de entre 15 y 17 años: 4 tienen 15 años, 2 tienen 16 años y 3 tienen 17 años. Todos ellos fueron arrestados en el contexto de protestas ciudadanas o de operativos represivos masivos.
La represión contra menores de edad se concentró principalmente en dos grandes operativos:
El primero tuvo lugar tras las protestas del pasado 13 de marzo en Morón (Ciego de Ávila), motivadas por los apagones y la escasez, donde fueron detenidos 4 menores de edad: Yoasnel Estrada Rodríguez (17 años); Christian de Jesús Crespo Álvarez (16 años); Kevin Samuel Echevarría Rodríguez (15 años) y Jonathan David Muir Burgos (16 años), este último excarcelado el pasado 24 de junio.
El segundo gran episodio represivo del semestre se produjo el 22 de junio en Contramaestre (Santiago de Cuba), donde una redada masiva realizada en los barrios La Cuba y Maffo, tras el incendio del museo local, culminó con la detención de 4 menores de edad: Ander Maddiel (15 años), Dian Daniel Mora Acuña (15 años), José Ángel Borrero Zorrilla (17 años) y José Jorge Menéndez Vázquez (17 años), todos acusados de presunto “sabotaje” sin que las autoridades hayan presentado pruebas en su contra. En Cuba, numerosas acusaciones de “Sabotaje” pueden ser enjuiciadas por tribunales militares incluso cuando los acusados son civiles, lo que agrava de forma extrema la situación procesal de los detenidos, incluidos menores de edad. Más de 110 manifestantes del 11J fueron juzgados y condenados a largas penas por tribunales militares.
A esta ola represiva se suma Cristian Fernández Sarmiento (15 años), detenido el 19 de junio en Altamira (Santiago de Cuba) durante las protestas contra los apagones y la escasez.
La nueva frontera represiva: la vigilancia digital
La vigilancia digital en Cuba, documentada extensamente por Prisoners Defenders en el Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, publicado el 20 de enero pasado, se ha convertido en una herramienta esencial para detectar y neutralizar expresiones críticas antes de que puedan traducirse en movilización social. El régimen ya no necesita esperar a que la protesta llegue a las calles: puede intervenir desde el momento en que una opinión, una fotografía o un vídeo comienza a circular en internet. El estudio de los perfiles en redes, además, permite realizar segmentaciones prospectivas de la población, complementando los informes “de conducta” de los CDR, de las organizaciones de masas, del entorno laboral o de las fuerzas represivas y de contrainteligencia.
La vigilancia digital constituyó la segunda modalidad represiva más frecuente documentada durante el primer semestre de 2026, con 22 ciudadanos detenidos y procesados penalmente por actividades relacionadas únicamente con el ejercicio de la libertad de expresión en entornos digitales. Los casos registrados evidencian una creciente utilización de mecanismos de control y vigilancia para identificar, perseguir y castigar a ciudadanos que difunden información, documentan abusos o expresan opiniones críticas sobre la situación del país.
La mayor parte de las detenciones estuvo vinculada a la publicación de contenidos en redes sociales, con personas encarceladas por difundir opiniones, denuncias o vídeos considerados contrarios a los intereses del régimen.
También se documentaron casos de ciudadanos detenidos por fotografiar carteles críticos o actuaciones policiales, grabar vídeos de denuncia sobre abusos o compartir contenidos relacionados con protestas y vulneraciones de derechos humanos.
Igualmente, se registraron encarcelamientos por la colocación o difusión de carteles y mensajes críticos hacia las autoridades.
Esta tendencia refleja una ampliación de los mecanismos represivos más allá del espacio físico de la protesta. Si durante años la persecución se concentró principalmente en quienes participaban en manifestaciones o actividades opositoras visibles, en la actualidad las autoridades utilizan la vigilancia digital para controlar el espacio virtual y reprimir conductas que forman parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho a recibir y difundir información.
Los casos documentados demuestran que, en Cuba, publicar una opinión en redes sociales, grabar una actuación policial o documentar una vulneración de derechos puede convertirse en un motivo suficiente, según las autoridades, para activar detenciones, procesos penales, medidas de prisión provisional y la condena penal posterior. La vigilancia digital se ha consolidado así como una herramienta central de control político, orientada a prevenir la difusión de información independiente y a desalentar cualquier forma de crítica pública al Gobierno.
Víctimas de la vigilancia digital
Detrás de las cifras de vigilancia digital se encuentran ciudadanos perseguidos no por actos violentos ni por actividades delictivas, sino por documentar, denunciar o difundir información sobre la realidad cubana. Sus casos reflejan cómo las autoridades han trasladado la represión al entorno digital, convirtiendo la libertad de expresión en internet en uno de sus mayores objetivos de control político.
Uno de los casos más alarmantes es el de Eduardo Ceballos Pérez (Eddy Jones), humorista, youtuber y creador de contenido cubano conocido por publicar en redes sociales vídeos satíricos que denuncian el deterioro de infraestructuras y espacios públicos en Cuba. El 1 de junio de 2026 fue detenido arbitrariamente en La Habana tras difundir grabaciones de instalaciones estatales y militares abandonadas. Inicialmente se especuló por parte de fuentes oficialistas y perfiles afines a la Seguridad del Estado con acusaciones relacionadas con la divulgación de información sensible, y posteriormente se informó que podría ser procesado por supuesta “invasión de propiedad militar” o por delitos vinculados a la seguridad del Estado. Desde su traslado a la prisión Combinado del Este ha permanecido incomunicado y sin garantías procesales. Su familia denuncia que podría enfrentar una condena de hasta 30 años de prisión y ha reportado además agresiones físicas sufridas durante su encarcelamiento.
Otro caso representativo es el deAlexeis Serrano Águila, detenido después de publicar un vídeo en el que denunciaba abusos policiales y la situación de los derechos fundamentales en Cuba. Su arresto evidencia cómo la simple difusión de denuncias públicas puede desencadenar una respuesta penal por parte de las autoridades. La represión también alcanzó a su esposa, Delis Frómeta Suárez, quien fue detenida tras grabar a Alexeis mientras realizaba dicha denuncia. Su caso resulta especialmente significativo porque demuestra que las autoridades no solo persiguen a quienes expresan críticas, sino también a quienes documentan o registran actuaciones de interés público.
La situación de Erich Alain Chang Padrón resulta igualmente preocupante. Se trata de un cuentapropista cubano que ha sido perseguido por las autoridades debido a sus publicaciones críticas en redes sociales sobre la situación económica y social del país, incluyendo los apagones, la escasez de alimentos y la gestión gubernamental. Fue detenido arbitrariamente el 20 de mayo de 2026 y trasladado a Villa Marista, donde las autoridades anunciaron su intención de procesarlo por presunto desacato relacionado con varios vídeos difundidos en internet. Posteriormente fue enviado a la prisión Valle Grande en régimen de prisión provisional. Durante su detención denunció haber sido sometido a torturas, privación de sueño y alimentos, interrogatorios continuos y presiones psicológicas por sus opiniones políticas. También reportó condiciones inhumanas de reclusión, mientras que su familia constató un grave deterioro físico y emocional.
La vigilancia digital se ha convertido en una herramienta central de la represión política en Cuba. Publicar una opinión, grabar una actuación policial o difundir información crítica puede ser suficiente para desencadenar detenciones, procesos penales y restricciones a la libertad personal, generando un efecto intimidatorio que trasciende a las víctimas directas y busca desalentar el ejercicio de la libertad de expresión en toda la sociedad.
Otros casos
Nos referiremos ahora a 13 casos que, aunque no se originan directamente en manifestaciones o actividades de vigilancia digital, reflejan igualmente la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política. Se trata principalmente de activistas, opositores, periodistas independientes y miembros de organizaciones cívicas que fueron detenidos por su actividad pública, sus vínculos asociativos o su participación en iniciativas consideradas contrarias a los intereses del régimen.
Entre los casos documentados se encuentran miembros de organizaciones como la UNPACU, el Movimiento Democracia, el MONR y otros espacios de activismo independiente, sometidos a detenciones arbitrarias, allanamientos, vigilancia permanente y procesos penales sin garantías. La represión también alcanzó a periodistas independientes y defensores de derechos humanos cuya labor de denuncia y acompañamiento a víctimas los convirtió en objetivos de las autoridades.
Dentro de esta categoría se encuadran asimismo los supervivientes de la embarcación interceptada frente a Cayo Falcones, quienes permanecieron privados de libertad bajo acusaciones de terrorismo y otras figuras penales de extrema gravedad, en procedimientos cuestionados por la falta de garantías procesales y las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales.
Los tipos delictivos: herramientas para la criminalización política
El análisis de los delitos imputados a los 114 casos analizados en este documento de presos políticos detenidos o encarcelados durante el primer semestre de 2026 -incluidos entre los más de 175 nuevos casos incorporados al registro de Prisoners Defenders en dicho período-, revela un patrón consistente de instrumentalización del sistema penal para castigar el ejercicio de derechos fundamentales. Lejos de responder a conductas que representen una amenaza real para la seguridad pública, muchas de las acusaciones formuladas por las autoridades se dirigen contra personas que participaron en protestas pacíficas, expresaron opiniones críticas o desarrollaron actividades de carácter cívico y opositor.
Los delitos más utilizados fueron los “Desórdenes públicos” y la “Propaganda contra el orden constitucional” que, en conjunto, concentran la mayor parte de las imputaciones registradas. En los casos relacionados con manifestaciones y protestas predominan junto a los “Desórdenes públicos”, delitos contra la autoridad como el “Atentado”, la “Resistencia” y el “Desacato”, vagamente definidos y muy fáciles de manipular por las autoridades, que los utilizan para justificar detenciones y procesos penales contra ciudadanos que ejercían su derecho de reunión pacífica. Por su parte, los casos vinculados a la vigilancia digital suelen estar asociados a delitos como la “Propaganda contra el orden constitucional”, el “Desacato” o la “Difamación”, empleados para perseguir publicaciones en redes sociales, vídeos de denuncia y otros contenidos críticos con la narrativa gubernamental.
Es preocupante la utilización de delitos de extrema gravedad, como el “Terrorismo” y el “Sabotaje”, contra personas vinculadas a actividades de oposición. Estas acusaciones permiten imponer medidas cautelares más severas y, sobre todo, aumentar significativamente las condenas, generando un fuerte efecto intimidatorio sobre el conjunto de la sociedad.
La diversidad de figuras penales empleadas demuestra que el régimen adapta la respuesta judicial al tipo de actividad que pretende reprimir. Así, el sistema penal deja de actuar como un mecanismo de protección de derechos para pasar a ser una herramienta de control político y social orientada a generar terror en la sociedad, una forma efectiva de desalentar la protesta, restringir la libertad de expresión y limitar cualquier forma de organización independiente o participación ciudadana mínimamente crítica.
Persecución de la libertad de asociación y de las organizaciones independientes
La represión documentada durante el primer semestre de 2026 no se dirigió únicamente contra quienes participaron en protestas o expresaron opiniones críticas, sino también contra personas vinculadas a organizaciones opositoras, movimientos cívicos, proyectos independientes y medios de comunicación alternativos. Aunque los opositores ya son un grupo minoritario de los presos políticos actuales, en contraposición a lo que sucedió durante décadas en Cuba, al menos 25 de los presos políticos documentados mantenían vínculos con organizaciones de la sociedad civil, movimientos prodemocráticos, grupos opositores, proyectos periodísticos o iniciativas ciudadanas independientes, lo que evidencia una estrategia sistemática destinada a erradicar la articulación de espacios autónomos de participación política y social. Esta variable es transversal y puede solaparse con las categorías anteriores, ya que algunos manifestantes o víctimas de vigilancia digital mantenían también vínculos con organizaciones independientes
Entre los casos documentados destacan activistas de la UNPACU, miembros del Movimiento Democracia, el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), integrantes de Camino a la Democracia Pacífica de Cuba, miembros del Movimiento 18, periodistas independientes y creadores de contenido vinculados a proyectos como El4tico.
Muchos de los casos de los diferentes grupos que fueron detenidos, todos sin tutela judicial, también sufrieron allanamientos de su domicilio sin orden judicial, incomunicación, vigilancia permanente, con acusaciones de “Propaganda contra el orden constitucional” y otros de los delitos descritos en el apartado “Los delitos como herramienta de criminalización política” de este documento, y en la mayoría de los casos han permanecido bajo prisión provisional o medidas cautelares especialmente restrictivas.
La diversidad de perfiles perseguidos demuestra que las autoridades no solo reprimen acciones concretas, sino también la propia capacidad de los ciudadanos para asociarse, organizarse y actuar colectivamente fuera de las estructuras controladas por el Estado. La criminalización de líderes comunitarios, activistas, periodistas, promotores democráticos y miembros de organizaciones independientes revela una política orientada a desarticular cualquier forma de organización autónoma capaz de canalizar el descontento social o promover cambios políticos por vías pacíficas.
Entre los casos más representativos se encuentran los de Roilán Álvarez Rensoler, Jordan Méndez Martínez,Jorge Luis Hernández Haber yDariel Calderín Rensoler, vinculados a la UNPACU; Yasmily Machado Duvergel, delegada del Movimiento Democracia y el MONR; así como periodistas independientes como Yania Suárez Calleyro yYunia Viumara Figueredo Cruz, cuya actividad informativa y cívica fue objeto de medidas represivas. Estos casos reflejan cómo la pertenencia o colaboración con organizaciones independientes continúa siendo un alto factor de riesgo para la privación de libertad en Cuba.
Cinco años después del 11J en Cuba: una represión más persistente
A pocos días de cumplirse el 5º aniversario de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, los datos documentados durante el primer semestre de 2026 muestran una realidad preocupante: la represión política en Cuba no solo persiste, sino que ha evolucionado hacia mecanismos más amplios, sistemáticos y sofisticados. El encarcelamiento de manifestantes, activistas, periodistas independientes y ciudadanos que expresan públicamente su descontento demuestra que el régimen mantiene intacta su determinación de impedir cualquier forma de movilización social autónoma.
Un lustro después de la represión del 11J en Cuba, las autoridades han perfeccionado las herramientas de identificación, vigilancia y castigo de la disidencia. La combinación de vigilancia digital, persecución de organizaciones independientes, utilización de figuras penales ambiguas y despliegues represivos coordinados permite responder con mayor rapidez y eficacia a cualquier expresión de protesta o crítica pública.
La experiencia acumulada desde 2021 permite prever que una movilización ciudadana de gran alcance podría enfrentarse a una respuesta más inmediata, extensa y severa que la observada durante las protestas del 11J. Los patrones documentados durante 2026 evidencian una capacidad creciente para identificar manifestantes, procesar judicialmente a opositores y castigar a quienes difunden información o denuncias a través de redes sociales.
La incorporación de más de 175 nuevos presos políticos en el registro de Prisoners Defenders durante el primer semestre de 2026 – 114 de ellos simultáneamente detenidos y encarcelados en ese mismo período-, junto con la criminalización sistemática del derecho de manifestación, la persecución de la libertad de asociación y el incremento de los casos de vigilancia digital, evidencian que el espacio cívico continúa reduciéndose de forma acelerada en Cuba.
Ante este escenario, resulta esencial mantener una vigilancia permanente sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Prisoners Defenders y Consorcio Justicia continuarán documentando cada caso de persecución política y denunciando las vulneraciones de derechos fundamentales cometidas contra quienes ejercen pacíficamente sus libertades, especialmente en un contexto tan sensible como el 5º aniversario del 11J.
[1] Este informe se basa en la documentación de casos incorporados al registro de Prisoners Defenders entre el 1 de enero y el 29 de junio de 2026. El subconjunto de 114 casos analizados, de entre los más de 175 casos de nuevos presos políticos documentados en el semestre, corresponde a personas cuya detención, encarcelamiento, prisión provisional o sometimiento a medidas penales se vincula directamente con el ejercicio de los derechos de manifestación, asociación y libertad de expresión. Las cifras de junio son provisionales hasta el cierre de la actualización mensual correspondiente, por lo que pueden aumentar tras la verificación de nuevos casos.
[2] A falta de cerrar los datos definitivos investigados en el mes de junio de 2026, ya constatamos en este mes más de 35 casos de prisión política, que podrán aumentar según otra serie de casos sean confirmados hasta el cierre de datos y su difusión en la primera quincena de julio.
[3] A falta de cerrar los datos definitivos investigados en el mes de junio de 2026, ya constatamos en este mes más de 35 casos de prisión política, que podrán aumentar según otra serie de casos sean confirmados hasta el cierre de datos y su difusión en la primera quincena de julio.
