Manifestantes, activistas y religiosos entre los 8 nuevos presos políticos que han entrado este mes en la lista de Prisoners Defenders en Cuba. 4 de ellos están siendo enjuiciados por Tribunales Militares a pesar de ser civiles y ser procesados por el mero ejercicio de su libertad de expresión. Lejos de ser una novedad, como ya expusimos en informes anteriores, más de 120 manifestantes en Cuba ya fueron enjuiciados por Tribunales Militares, una violación palmaria de la legislación internacional. La falta del debido proceso, desigualdad de armas, nulo derecho a la defensa efectiva (no existen abogados defensores independientes en Cuba), ausencia de la presunción de inocencia (sin tutela judicial, los fiscales decretan prisión provisional y medidas cautelares a todos los procesados políticos) y/o el uso de tribunales militares son la norma sin excepción que lamentablemente hemos verificado en los miles de casos de presos políticos en Cuba analizados jurídicamente por Prisoners Defenders, lo que Naciones Unidas confirmó públicamente en junio de 2024. En el informe de este mes, además, destapamos una de las redes de colaboradores de la Seguridad del Estado en el exterior, diseñada para atacar la reputación de activistas y líderes comunitarios en Cuba.
Ocho nuevos presos políticos en mayo en Cuba
Dos jóvenes encarcelados por participar en manifestaciones
Freddy Avilés Rodríguez y Alejandro Salazar Blanco son dos jóvenes presos políticos detenidos en Cuba por su supuesta participación en las manifestaciones de Bayamo el pasado mes de mayo.
Freddy Avilés Rodríguez fue arrestado el 23 de mayo pasado en su vivienda en Bayamo durante un amplio operativo policial. Está acusado de “sabotaje”, alegando que lanzó piedras contra la Empresa Eléctrica y la sede del Partido Comunista, aunque su esposa no sólo afirma que en ese momento él estaba con su familia, sino que tiene videos que lo prueban, pruebas que las autoridades se niegan a evaluar. Resulta obvio que su delito no fue tirar piedras, sino manifestarse públicamente. Actualmente, Freddy permanece en la estación de la PNR en un control de la carretera Bayamo–Las Tunas, recluido en prisión provisional bajo constantes interrogatorios, maltratos y amenazas, y todo ello sin tutela judicial. Su esposa denuncia que el preso político sufre de discapacidad auditiva. Desde su detención, las autoridades le han negado las visitas, generando una profunda angustia creciente sobre su estado mental y de salud y sus condiciones de reclusión.
Por otro lado, Alejandro Salazar Blanco, de 21 años, fue detenido el 22 de mayo pasado en el marco de las protestas en Bayamo que tuvieron lugar debido a los prolongados apagones y las imposibles condiciones de vida que el Gobierno pretende sufra la población en silencio y resignación. Diversos agentes allanaron su domicilio sin orden judicial y se lo llevaron a la fuerza. Desde entonces, apenas ha tenido comunicación con su familia, salvo un par de someros encuentros bajo condiciones extremadamente adversas y restrictivas. Por si todo esto fuera poco, la situación de Alejandro se ha visto marcada por un trato humillante y discriminatorio por su orientación sexual, y diversos testigos denuncian que un oficial le insulta con expresiones homofóbicas. La información oficial sobre su caso ha sido confusa y contradictoria: inicialmente se dijo que no sería procesado, posteriormente las autoridades mencionaron una posible fianza de 500 mil pesos cubanos (equivalente a 86 meses de salario medio en Cuba) y actualmente, en prisión provisional sin tutela judicial, se le amenaza con una condena de hasta 10 años de prisión por manifestarse públicamente en contra de los diarios y prolongados apagones de luz.
Toda una familia de activistas del “Movimiento Opositores por una Nueva República” encarcelada
Ha sido incluido este mes en la lista de presos políticos de conciencia (Convictos de Conciencia) en Cuba el caso de José David Hernández Ferrer, de 34 años, activista del pacífico e internacionalmente respetado Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), que fuera detenido en octubre de 2024 y encarcelado sin tutela judicial. Fue trasladado a la prisión Valle Grande de La Habana, y tras 9 meses en prisión provisional ha recibido, el pasado 5 de junio, la petición fiscal de 10 años de privación de libertad por el supuesto “delito” de “Propaganda Enemiga”. El prisionero político padece hipertensión arterial crónica.
Misleidys Rodríguez Mas, esposa del anterior y también miembro del MONR, está encarcelada desde octubre de 2024 en la Prisión de Mujeres de Occidente, El Guatao, La Habana, y ha recibido el pasado 5 de junio la petición fiscal sin tutela judicial de 10 años de privación de libertad por el Delito de “Propaganda Enemiga”.
El hijo de Misleidys,Kendry Lastra Rodríguez, fue detenido salvajemente el 11 de noviembre de 2022 por participar en una protesta el 27 de septiembre de ese mismo año en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, cuando tenía tan solo 18 años. Los agentes de la Seguridad del Estado le rompieron las costillas a tal grado que tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital William Soler. Actualmente se encuentra en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana. En diciembre de 2023 las autoridades se disponían a presentarlo a juicio oral pero su expediente se extravió (y por tanto su acusación). En cualquier Estado de Derecho esto supondría la suspensión provisional de la acusación, cuando no el sobreseimiento permanente de la causa. Sin embargo, esto no ha impedido que la fiscalía le haya impuesto, sin tutela judicial alguna, el régimen de prisión provisional sin conocer la acusación y sin siquiera perspectivas de juicio.
Prisionero político del 11j en celda de castigo
Ha entrado en la lista este pasado mes el preso político Alberto Padrón Labrada, originario de Guanabacoa y condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, aunque los detalles de su caso están aflorando ahora tras las pesquisas del diario Cubanet. Se encuentra actualmente en condiciones extremadamente precarias en una celda de castigo en la prisión de Guanajay. Está recluido bajo régimen de aislamiento en un espacio que carece de agua y ventilación adecuada. [1] El castigo, según ha verificado Cubanet, se produjo luego de un altercado con otros reclusos comunes quienes —según las denuncias desde Guanajay— fueron colocados deliberadamente en su entorno con la finalidad de provocar un altercado, lo que consiguieron las autoridades del penal, y por ello fue enviado a una celda de castigo y aislamiento junto al preso político Luis Giraldo Martínez Sierra.
4 nuevos presos políticos civiles en Cuba condenados por Tribunales Militares
Al igual que más de 120 manifestantes del 11J, los casos de civiles procesados de forma recurrente en Tribunales Militares en Cuba parecen estar destinados a hacer de la justicia cubana el hazmerreir del gremio jurídico internacional al tiempo que ser una pesadilla distópica para las indefensas víctimas.
Miguel Alfonso Jiménez Marrero, de 51 años, fue condenado a 12 años de prisión por un Tribunal Militar en Cuba tras ser acusado de los fabricados delitos de “Sabotaje” y “Atentado” y se encuentra en la Prisión La Pendiente, Santa Clara, Villa Clara.
La acusación se urdió el 26 de mayo de 2024, durante un apagón eléctrico en el poblado de Calabazar de Sagua, en plena crisis energética y malestar social generalizado. Para condenarlo a 12 años de prisión, se le acusó arbitrariamente de haber arrojado piedras contra una tienda de compra de víveres, las cuales habrían dañado unos cristales, según la sentencia, valorados en el equivalente a 4,33 euros a la tasa real del cambio en Cuba, monitorizada a diario por “El Toque”.
Lo primero que hizo la fiscalía militar fue decretar, sin tutela judicial, su prisión provisional. La condena, analizada en detalle por Prisoners Defenders, fue emitida por la Sala de lo Penal del Tribunal Militar Territorial Central integrado por oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, circunstancia violatoria de la legislación internacional. Así lo establece el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros muchos. Es además una posición refrendada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH, e infinidad de organismos internacionales.
Además de múltiples barbaries procesales en forma y fondo, el juicio puso de relieve la falta de evidencias contra el prisionero político. La prueba principal de la acusación fiscal militar fue el testimonio de un sólo custodio (un empleado del Estado), cuya declaración no fue apoyada por el resto de los testigos, desestimados todos ellos por contradecir al primero. Igualmente, se utilizó la “huella de olor“, una “técnica” sin validación científica internacional que en Cuba además se realiza sin posibilidad de refutación o contra peritación, usando el olfato de un solo perro, y con ausencia absoluta de cadena de custodia y método científico. Sobre el objeto presentado como evidencia, una piedra blanca recogida por la Seguridad del Estado en no se sabe qué suelo, ni dónde, ni cuándo (como pasó en el 11J con decenas de manifestantes), se dice que tenía “su olor”, pero no fue vinculada de manera concluyente al daño material ni al acusado. Lo único que la sentencia menciona sobre la piedra es “Se encuentra ocupado y anexo al proceso una piedra de color blanco”, sin indicar ni argumentar la relación de esa piedra con el acusado para siquiera considerarla un mero indicio. Las declaraciones de los testigos, que desacreditarían la declaración del único testigo de la acusación, fueron desestimadas por el “tribunal” sin análisis ni razonado ni razonable.
Igualmente, se realizó un uso indebido de los antecedentes penales de Jiménez Marrero, extinguidos en 2008, 2013, y 2019, y completamente cuestionables (muchos por delitos contra la autoridad proscritos y cuestionados del Código Penal cubano por todo tipo de organismos internacionales como “Atentado”, “Desacato”, “Desobediencia” o “Resistencia”), para justificar una sentencia de 12 años de prisión (por un supuesto daño de 4,33 euros y sentenciado por el olfato un perro). La legislación cubana contempla que los dos primeros antecedentes penales deberían haberse cancelado de oficio, pero los tribunales cubanos obvian su propia legislación de forma sistemática con el fin de condenar a los presos políticos en Cuba con la severidad que les exija la Seguridad del Estado, quien dirige estas acusaciones por motivos políticos y de conciencia.
En el colmo de lo aberrante, el tribunal sostiene como “hecho probado” que el acusado estaba ebrio, porque el testigo, desacreditado por todos los demás testigos, indicó que así “se le notaba”. Ni fue realizada una prueba de alcoholemia, ni las autoridades pudieron verificar tal afirmación en el juicio.
El proceso contra Miguel Alfonso Jiménez Marrero se caracteriza por una falta de garantías propias de un mínimo debido proceso, con un tribunal que carece de competencia legítima, empleando el sistema penal como un instrumento de control social y castigo ejemplar para aleccionar a los habitantes de Calabazar de Sagua, quienes ya conocen que quien se queje por la ausencia constante de electricidad, comida, agua corriente, atención médica, medicinas, y todo tipo de libertades, puede acabar como esta pobre víctima.
El mes pasado, el prisionero político se encontraba en un estado crítico de salud tras 23 días en huelga de hambre, como denunciamos en una publicación en redes sociales.
Otros dos inocentes, los Pastores Evangélicos de la Isla de la Juventud Luis Guillermo Borjas Navarro y Roxana Rojas Betancourt, pertenecientes a la Iglesia Asambleas de Dios, enfrentan una petición fiscal de ocho años de prisión bajo los cargos de “Desacato” y “Desobediencia”. Estos cargos se presentaron cuando los pastores intentaron demostrar, mediante pruebas médicas, que su hijo Kevin Lay Laureido Rojas, diagnosticado con trastornos psiquiátricos, no era apto para cumplir con el Servicio Militar Activo (SMA), obligatorio en Cuba desde 1963.
El caso comenzó tras la intervención de los pastores en un juicio militar contra su hijo, acusado de abandonar una unidad militar después de ser obligado a integrarse al servicio, situación que desencadenó su detención. Durante el juicio, los padres presentaron la documentación médica que acreditaba de forma oficial la incapacidad de su hijo. Al ser desestimadas las pruebas, los padres realizaron una protesta verbal: “Si usted no hace lo correcto, se enfrentará a la justicia divina”.
La reacción de las autoridades fue inmediata. La fiscalía invocó un artículo que prohíbe menciones religiosas en el contexto del tribunal militar, y así, sin más, justificó las acusaciones de “Desacato” y “Desobediencia”. La pastora Roxana Rojas Betancourt fue liberada posteriormente por razones de salud debido a una afección cardíaca, mientras que el pastor Luis Guillermo Borjas Navarro permanece detenido sin acceso a visitas ni alimentos, agravando la ignominiosa situación. El juicio contra los pastores está programado para el 9 de junio de este año 2025.
Este incidente ocurre en un contexto marcado por un creciente rechazo al Servicio Militar Obligatorio en Cuba, recientemente exacerbado por un trágico incidente donde 9 jóvenes reclutas del Servicio Militar Obligatorio y otros 4 oficiales fallecieron en un almacén militar en Holguín el pasado 7 de enero sin auxilio de las autoridades, producto de un fallo eléctrico que provocó importantes explosiones por las que más de 1.200 personas debieron abandonar sus hogares, y las autoridades no pusieron los medios para salvar a los fallecidos, atrapados entre llamas y escombros sin auxilio alguno.
Cristian Jorge Labrada Fonseca es un joven de 21 años que fue arrestado el 5 de julio de 2024 y actualmente cumple una condena en la Prisión Nieves Morejón, en Sancti Spíritus. Ha sido condenado a 10 años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. No cuenta con antecedentes penales ni participación en actos de violencia. Su sentencia, dictada el 5 de julio de 2024 por el Tribunal Militar Territorial Central y analizada por Prisoners Defenders, se basó únicamente en que “empezó a seguir las cuentas contrarrevolucionarias” e “hizo una captura de pantalla [pero no la publicó, sólo la capturó] de una publicación con la imagen de unos dibujos animados“ con mensajes contrarios al régimen, pero que la sentencia admite fueron publicados por un tercero. También se le atribuye como “observó todas las publicaciones contrarrevolucionarias” y que habría entrado en un canal de Telegram, que ni siquiera es público, donde se le acusa supuestamente de escribir mensajes agresivos contra el régimen.
El 3 de junio de 2025, el joven prisionero político fue trasladado de manera arbitraria y repentina desde el destacamento 10 al destacamento 2 de la prisión, una sección de alta peligrosidad destinada a reclusos reincidentes y con perfiles extremadamente violentos. Este movimiento se realizó sin previo aviso ni explicación, ni para él ni para su familia, poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
La situación del joven ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advierten sobre el uso de los Tribunales Militares como mecanismo para silenciar voces críticas y perseguir activamente el activismo pacífico en Cuba. Su caso refleja la creciente represión que enfrentan muchos jóvenes en el país por ejercer su derecho a la libre expresión incluso en entornos privados, en un contexto donde la disidencia es cada vez más castigada.
Encarcelado 12 días un activista que acababa de cumplir su anterior sentencia política
Michael Hernández Medina, activista del Partido Cuba Independiente y Democrática (CID), fue arrestado el pasado 29 de mayo y permaneció durante 12 días en el Departamento Técnico de Investigaciones Penales de Pinar del Río, Cuba, por ejercer su derecho a la libertad de expresión pacífica. Fue liberado el 10 de junio de 2025, sin que mediara decreto formal de medida cautelar. No obstante, continúa siendo objeto de hostigamiento y persecución por parte de las autoridades cubanas, en clara represalia por su activismo.
La madre de Michael Hernández Medina, Marilín Medina Chala, presentó una petición de Hábeas Corpus ante el Tribunal Provincial de Pinar del Río el pasado 3 de junio en el que destaca el registro ilegal de la casa, la detención ilegal sin orden judicial y el hecho de que se le acusa de un delito sin pruebas. Esta acción legal subraya el intento desesperado de la familia por conseguir la libertad del prisionero político y denunciar las irregularidades que rodean su detención.
Michael Hernández Medina fue citado inicialmente por colocar un cartel con consignas contra el gobierno. La citación se emitió sin el debido proceso sin ni siquiera las garantías legales exigidas por la legislación cubana. En protesta por la citación ilegal, el prisionero político se negó a acudir a ésta y se declaró en huelga de hambre y sed.
El 29 de mayo pasado, la policía política irrumpió en el domicilio de Michael y llevó a cabo un registro violento en presencia de dos menores. El registro se realizó sin orden judicial y, a pesar de la demanda de ésta por parte del prisionero político, se le negó la orden de registro, violando sus derechos según la legislación cubana. Posteriormente, fue trasladado al Departamento Técnico de Pinar del Río.
Desde su detención, su madre pudo visitarlo brevemente y confirmó que inició una huelga de hambre y sed. Las autoridades le permitieron inicialmente recibir medicamentos de su familia, pero posteriormente le denegaron las visitas y el suministro de su medicación, por lo que aumenta la preocupación por su salud, pues padece VIH. Su familia teme que pueda morir bajo custodia del Estado.
En el colmo de lo aberrante, distópico y macabro, las autoridades le han llegado a acusar de colocar otro cartel contra el gobierno, algo materialmente imposible dado que ya se encontraba bajo custodia del Estado cuando el cartel fue realizado.
Esta reciente detención no es un incidente novedoso en este caso de persecución constante. La causa principal se remonta a un incidente ocurrido el 2 de abril de 2021, cuando su madre, Marilín Medina Chala, protestó por el uso excesivo de la fuerza por parte de un jefe local de la PNR, Iduslandy Hernández González, contra una persona en estado de embriaguez. Como resultado, tanto Michael como su madre fueron detenidos, sometidos a un juicio sumario sin representación legal y acusados por “faltas de respeto”. Michael fue condenado a un año de prisión. Los recursos ante tribunales superiores y las denuncias contra las acciones del jefe de la Policía Nacional Revolucionaria no prosperaron.
Tras un periodo de libertad condicional, Michael fue citado ante el tribunal y se le ordenó regresar a prisión el 6 de junio de 2023 para cumplir su condena original. En octubre de 2023 fue trasladado a la prisión de Cuba-Panamá, situada en las afueras de Güines. Durante su encarcelamiento Michael se enfrentó a condiciones terribles como el aislamiento, la falta de ropa de cama, una dieta inadecuada para su enfermedad (VIH-SIDA), la denegación de luz solar y las llamadas telefónicas, así como la negativa oficial a recibir sus medicamentos ni de su familia ni proporcionados por el penal.
Desde que en diciembre de 2023 se le concedió de nuevo la libertad condicional, las amenazas y el hostigamiento por parte de las autoridades gubernamentales han sido constantes, incluso tras el cumplimiento completo de su sentencia.
La detención del activista Michael Hernández Medina está vinculada a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que éste realiza en redes sociales. Su detención por 12 días ha constituido una evidente forma de castigo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Michael Hernández Medina, anteriormente clasificado como “Condenado de Conciencia” (en situación extrapenal) por Prisoners Defenders, fue incorporado nuevamente en mayo al listado de “Convictos de Conciencia” tras su reciente detención arbitraria, ya que ésta superó el tiempo procesal de una detención policial. Esta nueva reclusión sin tutela judicial respondió a una causa distinta a la anterior, pero no formalizada, lo que evidencia la continuidad de la persecución política en su contra y la utilización sistemática del sistema policial y penal como herramienta de represión.
El régimen lanza campaña de difamación contra la activista Diasniurka Salcedo
Recientemente nuestra organización ha sido mencionada con un bulo que buscaba desprestigiar a la activista de los derechos humanos, Diasniurka Salcedo, con información falsa distribuida a través de las redes sociales por personas y perfiles del régimen cubano.
El bulo indicaba que la activista Diasniurka Salcedo recibía 5.000 USD mensuales de Prisoners Defenders y que dicha cantidad se enviaba vía Western Union, lo que es falso y desmentimos tajantemente en todos y cada uno de sus extremos.
Diasniurka es una activista muy admirada y conocida, comprometida en la lucha por los derechos humanos en la isla y desde 2021 dedica su esfuerzo en ayudar a las familias de los presos políticos del 11J en Cuba, por lo que ha sufrido una represión y persecución incesante del régimen. En Cuba, su activismo ha sido frontal y su persecución ha sido implacable.
La activista consulta los datos de nuestra lista de presos políticos en Cuba e igualmente facilita información sobre la situación de los presos presos políticos en Cuba y sus familias a múltiples organizaciones de derechos humanos, hecho que nos complace, porque la labor de todas las ONGs en este ámbito se realiza para ser compartida y su valor aprovechado por todos. Al menos en nuestro caso, es una relación desinteresada y por la que no se realiza ningún pago o compensación.
Cuando la activista ha realizado alguna acción que la ponía en peligro, hemos sido avisados como medida de prevención. Así ocurrió en la manifestación del 24 de noviembre de 2023, cuando junto con varias madres y sus hijos -todos en situaciones críticas de salud- se plantaron junto a ella en la puerta del Ministerio de Salud en La Habana para exigir que estos casos médicos fueran atendidos. Previamente a que se desarrollase esta valiente protesta, que tuvo resultados positivos tangibles, la activista nos envió las identificaciones de todos los manifestantes, así como sus datos de contacto e informes médicos, para así poder realizar las oportunas denuncias a nivel internacional si se producían detenciones y procesamientos penales. Su audacia, firmeza y valentía ha puesto en jaque al régimen en múltiples ocasiones, motivo por el cual este bulo fue difundido por la Seguridad del Estado y sus colaboradores en el exterior, que identificamos más adelante. Diasniurka es considerada por múltiples ONGs internacionales como una de las activistas más valientes e inteligentes que han operado arriesgando su integridad en Cuba.
Los agentes de la Seguridad del Estado que lanzaron el bulo y esta campaña, y sus redes de influencia, también han llegado incluso a realizar 3 llamadas anónimas a la policía de Hialeah (Miami-Dade, Florida) denunciando a Diasniurka Salcedo falsamente, patraña que ya ha sido demostrada pero que ha supuesto pasajes farragosos y delicados para la activista. Diasniurka es madre adoptiva de varios menores que sufrían abusos por parte de sus familias hasta que ella los rescató de aquellos infiernos.
La activista Diasniurka Salcedo ya ha iniciado acciones legales contra los involucrados en esta trama.
Campaña orquestada desde 2021
Es en 2021 cuando Diasniurka Salcedo comienza a recibir ataques en redes sociales con el objetivo de deslegitimarla como activista y dañar su reputación tanto por su apoyo a las familias de los presos políticos del 11J en Cuba como por su proyecto “El Derecho de Nacer”, iniciativa que surgió para ayudar a los más vulnerables, niños que viven en condiciones infrahumanas y a los que suministra alimentos, medicinas, insumos escolares, colchones y juguetes.
En 2024, tras años de sufrir represión y enfrentarse a ella como pocos activistas, la Seguridad del Estado finalmente la amenazó tangiblemente con una sentencia de 8 años de privación de libertad si no abandonaba el país antes del 15 de enero. Con varios hijos adoptados que dependen de ella y no tienen a nadie más, la decisión era inevitable. Ya en Estados Unidos, en marzo de ese mismo año y desde entonces, ha emprendido distintos negocios de belleza que le reportan su sustento. Según hemos sabido desde entonces, destina aproximadamente el 50% de sus ingresos a seguir ayudando a estas familias en Cuba, algo encomiable y digno de admiración. Sigue plenamente activa y manteniendo su efectividad en su activismo desde fuera como lo hacía dentro de la isla.
El caso del pequeño Damir Ortiz ha hecho correr ríos de tinta. Diasniurka fue la activista que más lideró dicha campaña para salvar su vida, junto a médicos y otros exiliados cubanos, y quien gestionó personalmente el viaje que logró llevar al niño enfermo y a su madre, Eliannis Ramírez, a Florida para su tratamiento, ante el abandono del niño por parte de las autoridades médicas cubanas. Los impedimentos por parte de las autoridades cubanas, principalmente, y las lógicas dificultades de un traslado migratorio excepcional como ese, hicieron que Damir finalmente saliera de Cuba sin tiempo de un tratamiento viable al llegar a la Florida. Mientras la activista desarrollaba y lideraba la campaña por la vida del niño, la Seguridad del Estado intensificó agresivamente las acciones de difamación contra ella en redes, pero se dispararon aún más los ataques cuando José Daniel Ferrer reinicia su labor humanitaria una vez excarcelado, el pasado 16 enero, y el mismo José Daniel hizo público el apoyo de Diasniurka al proyecto humanitario de Ferrer, el mayor enemigo moral del régimen cubano y mayor líder social en la isla hoy en día.
Ambos activistas, José Daniel Ferrer y Diasniurka Salcedo, han sufrido campañas de desprestigio por prestar su ayuda a los más vulnerables en la isla. Es habitual que el gobierno cubano realice campañas de difamación dirigidas contra líderes comunitarios con la finalidad de silenciar y desacreditar sus voces, divulgando información engañosa, sembrando dudas sobre su efectividad, promoviendo acusaciones de delitos o supuestas fallas éticas, o criticando públicamente posicionamientos ideológicos que bien sabe la Seguridad del Estado que no siempre el 100% de los cubanos y opositores reales van a apoyar públicamente, todo ello con el fin de perjudicar su imagen pública, generando debates públicos completamente improductivos para la oposición y muy productivos para el régimen.
Detrás de las campañas contra ambos siempre ha estado la Seguridad del Estado con agentes, con “clarias” (nombre usado por los cubanos para nombrar a agentes y perfiles de espionaje del régimen en redes sociales mediante bots de internet y perfiles falsos o no identificados), y con falsos opositores, que a veces incluso tienen muchos seguidores conseguidos con el apoyo de la Seguridad del Estado. Siempre hay una masa de internautas que reactivamente pulsan like, don’t like, reenvían y/o comentan estas campañas del régimen. Hay que diferenciar entre quienes expresan una opinión puntual porque se ven forzados a manifestar su opinión, y quienes crean auténticas campañas de desprestigio y litigio público inútiles. Estos segundos son las “clarias”, y los opositores deben aprender a diferenciar entre unos y otros.
No podemos olvidar jamás que el régimen de Cuba opera con toda la malicia, pero también la pericia, de lo aprendido en la lucha propagandística de la guerra fría. El régimen de Cuba sigue en la guerra fría. Su supervivencia depende ahora de ese posicionamiento. Antes de dar un like, cualquier otra reacción, o hacer un comentario público en un post, se debe meditar que toda acción potenciará el post, y por tanto debemos pensar a quién beneficia ese elemento de conflicto de opiniones en público. Los comentarios en contra también alientan las campañas. Las redes dan mayor notoriedad a las campañas criticados, pues sólo penalizan las que no tienen reacciones, pero priman las que generan reacciones aunque éstas sean en contra del post o la campaña.
Siempre es posible comunicarse en privado (Facebook, Twitter, whatsapp, etc.) con los opositores reales para mostrar las diferencias de opinión de forma directo, y quizá incluso para hacerles reaccionar si tenemos algo útil que aportar. Una acción privada de esta índole jamás generará un beneficio a la Seguridad del Estado. Cuando lo hacemos público, se entra de lleno en el tipo de acciones que apoyan a la Seguridad del Estado y su sistema de inteligencia y propaganda en la redes sociales.
Qué hacer ante estas campañas
Primeramente, debemos saber cómo opera la Seguridad del Estado y sus “clarias”. Usualmente usan un perfil (real o falso) pero notorio en redes (notoriedad que la Seguridad del Estado se encarga de procurarles y sembrar) por el que no pocas veces publican críticas, dudas y/o falsedades de opositores. Ante la sospecha de una campaña, no se debe reaccionar ni en contra, ni a favor. Las reacciones, ya sea a favor o en contra, alimentan al monstruo de inteligencia y propaganda del G2.
Por otro lado, si bloqueamos la cuenta que publica nada más ver la publicación, otras decenas o cientos de cuentas seguirán creándonos distorsión en las redes. La estrategia más efectiva, por tanto, es dejar que las publicaciones con las difamaciones adquieran likes suficientes en base al mayor número de “clarias”, sin comentarlas ni realizar acción alguna sobre ellas. Esto suele ocurrir en un plazo máximo de 48 horas hasta que la campaña deja de crecer.
A partir de ese momento, lo práctico es revisar y bloquear todas las cuentas que hacen like en las publicaciones agresivas y los comentarios ofensivos, así como contactar de forma directa a las cuentas que sabemos son de verdaderos opositores, para avisarles del engaño y, como punto final y sólo al final, bloquear entonces a las “clarias” que publicaron el comentario falso, conflictivo o difamatorio original. De esa manera, no sólo quedan aisladas las “clarias” encargadas de realizar la publicación original, sino también las hordas de “clarias” que la secundan. Así, bloqueados todas las “clarias” por múltiples usuarios clave, las “clarias” del régimen cada vez más tienen mayores restricciones para poder hacer daño, pero al mismo tiempo no se les hace fácil detectar que están siendo progresivamente desactivadas y perdiendo fuerza en las redes cada día que pasa.
Colaboradores del régimen en la campaña de difamación de Diasniurka y otros opositores reales
Desde diversas partes del mundo son varios los agentes de distorsión que, “disfrazados” de opositores, disidentes y activistas, crean perfiles en redes sociales como “creadores de contenido” con el fin de difundir, antes o después de otras publicaciones reales, información falseada o tergiversada, realizar ataques personales dirigidos a desacreditar la integridad de los auténticos activistas y acosar y poner en jaque a las víctimas: los verdaderos opositores.
En el caso de Diasniurka Salcedo la evidencia es notable, porque el bulo difundido con insistencia enfermiza ha sido absoluto. Gracias a este absoluto bulo, hemos podido identificar a perfiles que incesantemente han realizado decenas o cientos de apoyos y comentarios en contra de Diasniurka, difundiendo la citada falsedad. Los perfiles de primer nivel que promovieron dicho bulo fueron diversos, pero enumeraremos los más activos: el perfil Leslya López Torres, conocida como Avana de la Torre, desde los perfiles avanalibre, LeslyLopezTorr1, avannalibre, chili_habanero, papaya.cubana, cleopatra guerrera y Alejandro Álvarez; el perfil Glenda Rancaño, desde los perfiles Rancano Glenda 7, Rancano Glenda y Glenda Rancano; el perfil Isela García Cedeño, desde sus perfiles en Facebook Isela García y María Isela Cedeño López; el perfil Roxana Evora (perfil 1 y perfil 2); y el perfil Danaisy Serrano.
Igualmente, estos supuestos “creadores de contenido” se apoyan en otros perfiles secundarios, que pudieran perfectamente manejar ellos mismos, como modamiss 2024, Gladiador Máximo Décimo, Julia Omo Shango y Adry Díaz.
Hay decenas de “clarias” que han fomentado este bulo en múltiples publicaciones. Quien desea deshacerse de todas las “clarias” puede seguir los pasos indicados en el apartado “QUÉ HACER ANTE ESTAS CAMPAÑAS”.
Modus operandi de estos “creadores de contenido”
Los colaboradores de la Seguridad del Estado crean perfiles en redes sociales posicionándose abiertamente y de forma especialmente agresiva contra el gobierno cubano, haciéndose eco de una serie de posts sobre casos reales, intercalados con sus campañas nocivas. Muchas veces repiten sin cesar que son anticomunistas, y extremadamente de derechas. Lo repiten obsesivamente, buscando reivindicarse continuamente, pues es la forma más inteligente de mimetizarse con el máximo de las víctimas de un régimen que se identifica como la bandera de la ultraizquierda, como es el cubano.[2] En el exilio lógicamente abunda el anticomunismo y las personas que rehúyen de la izquierda, e incluso son declaradamente de derechas. No puede ser más natural que así sea, dados los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano en nombre de la “izquierda”. Pero estas acciones repetitivas de lo anticomunistas y de derechas que son las “clarias”, repetido mil veces continuamente, son una de las claves necesarias para generar la confianza del público sobre sus perfiles en redes sociales, logrando así aceptación con el fin de obtener un importante número de seguidores que sean opositores reales del gobierno cubano, pero a los que poder manipular en redes llegado el momento.
En el caso que nos ocupa, tanto el perfil Leslya López Torres (Avana de la Torre) como el perfil Glenda Rancaño y el perfil Isela García Cedeño se acercaron personalmente a Diasniurka Salcedoa través de WhatsApp ofreciendo su ayuda e interesándose por la labor humanitaria que Diasniurka desarrolla, para intentar ganarse su confianza y así obtener detalles tanto de las personas beneficiadas como del tipo de ayuda que presta, así como sobre sus potenciales apoyos financieros.
Cuando el régimen estima que es el momento de hacerlo, estos perfiles “influencers” comienzan a tejer una red de difusión de calumnias, acusaciones infundadas relacionadas con supuestos delitos y desviaciones éticas, entresacando pequeños detalles conflictivos sacados de contexto, con el objetivo de reducir el apoyo popular de los verdaderos opositores, mermar su impacto, dificultar su labor, e incluso poner en riesgo su seguridad.
Estas campañas usualmente las crea el régimen para hacer creer, de cara a terceros de interés (diplomáticos, activistas de ONGs y otros stakeholders), que el exilio cubano es un “caos”, que están en un conflicto permanente, o que nada se puede hacer de utilidad con los activistas cubanos, generando a propósito conflictos e insultos entre supuestos opositores y los verdaderos opositores y/o sus seguidores. El carácter cubano, emocional y espontáneo, hace el resto del trabajo.
Siempre hay que distinguir opositores verdaderos y valerosos de aquellos supuestos opositores que se dedican a atacar públicamente a otros opositores intachables. Se esté o no de acuerdo con algunos o varios de los posicionamientos concretos de un verdadero y notable opositor, las diferencias hay que mantenerlas en el ámbito más privado para no hacer daño al colectivo opositor y su imagen en público, que es el juego ganador para la Seguridad del Estado. Los verdaderos opositores que han demostrado ser tales deberían ser inatacables porque prima que son personas que, con mayor o menor acierto, se han jugado la vida ellos y sus familias frente al régimen durante largos períodos de tiempo de represión constatable y durísima, y han demostrado arrojo, valentía, valor y efectividad desde donde muchos otros jamás lo han hecho: desde dentro de Cuba. Las “clarias” al servicio del régimen tienen otros puntos característicos, de los algunos de ellos podrían ser:
- Usualmente no han pasado por prisión política cumpliendo sus sentencias íntegras;
- En la mayoría de los casos son voces que surgen en el “exilio”, y nada hicieron de valía dentro de cuba;
- Tampoco suelen tener familiares dentro de cuba que estén sufriendo la represión más cruda de forma constatable (no meramente declarativa), o incluso el asesinato de alguno de sus familiares;
- No suelen ser los artífices de campañas clave que hacen mella en el régimen: se apuntan a campañas ajenas o apoyan campañas que involucran a grupos reales, y les dejan y repudian en el momento clave, incluso creando conflictos públicos para desmembrar la oposición;
- Critican públicamente a opositores reales valiéndose de un lenguaje ultra extremo que en el ámbito diplomático no sirve de nada, salvo para dar una pobre imagen de oposición;
- Crean grupos y fomentan el seguimiento y likes de las expresiones más extravagantes, incluso agresivas, que luego pueden servir para procesar a activistas y personas dentro de la isla al ser dichos chats y posts fácilmente monitoreados por la Seguridad del Estado;
Estos y otros muchos factores pueden servirnos para detectar a los agentes políticos al servicio de la Seguridad del Estado de Cuba. Es crítico hacer este tipo de ejercicios para evitar el perjuicio de las acciones de inteligencia del G2 cubano.
Otras veces estos falsos opositores surgen en un momento determinado, con inusitada fuerza, creando un máximo de presión sobre frases o posicionamientos sacados de contexto de un verdadero opositor gracias a los que la Seguridad del Estado encuentre posibilidades de mermar su base social.
No es casualidad que todas las detenciones de José Daniel Ferrer se han producido siempre tras la creación de campañas de este tipo. La Seguridad del Estado siempre prepara el terreno cuando tiene que tomar una decisión que conlleva un coste político alto. En cuanto una campaña de este estilo surge, nuestra organización ha detectado siempre una operación en paralelo de la Seguridad del Estado para detener al opositor en mitad de una supuesta desafección del exilio, falsa por otra parte, pues el verdadero y sano exilio opositor no suele jugar sucio públicamente, y menos con sus mejores adalides, tengan o no sus puntos menos fuertes.
Presos políticos verificados en Cuba este pasado mes de mayo
Con cierre de datos a fecha 31 de mayo de 2025, la lista de presos políticos en Cuba contiene un total de 1.158 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de junio de 2024 a 31 de mayo de 2025) la lista de presos políticos de Cuba sumó un total de 116 presos políticos nuevos en Cuba (un promedio de 10 presos políticos nuevos en Cuba cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses en Cuba estuvieron presentes en la lista un total de 1.228 presos políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.836 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de mayo pasado, en apenas 3 años y once meses.
Han entrado este pasado mes de mayo en nuestra lista 8 nuevos presos políticos en Cuba. Y 5 presos políticos han salido de nuestra lista de Cuba este mes pasado tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta.
Entre los presos políticos que se encuentran entre rejas en Cuba hemos documentado 457 presos políticos en Cuba con patologías médicas graves y 38 presos políticos en Cuba con trastornos graves de la salud mental, todos ellos sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.
De los 1.158 prisioneros políticos:
- 33 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 31 chicos y 2 chicas. 29 de ellos aún cumplen sentencia y 4 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos en Cuba por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son encarcelados en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
- 15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 222 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 121 mujeres que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los presos políticos en Cuba entre rejas hemos censado 457 presos políticos en Cuba con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 38 presos políticos entre rejas en Cuba con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
676 Convictos de Conciencia, 446 condenados de conciencia y 36 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar en Cuba, los Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.158 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales en Cuba se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 676 Convictos de Conciencia
- 446 Condenados de Conciencia
- 36 casos de Otros Presos Políticos en Cuba
[1] Dos manifestantes del 11J permanecen en celda de castigo sin agua ni ventilación, Cubanet: https://www.cubanet.org/dos-manifestantes-del-11j-permanecen-en-celda-de-castigo-sin-agua-ni-ventilacion/
[2] Nota al pie: el régimen cubano no sigue ideología alguna, es tan sólo una dictadura totalitaria criminal cuyo fin es perpetuar en el poder a la estirpe de los Castro y sus herederos.
