Mientras el colectivo afrocubano representa el 33,7% de la sociedad, 843 de los 1.155 prisioneros políticos registrados a finales de abril de 2025, el 73%, son afrodescendientes. Es decir, 2,17 veces superior que su representación en la sociedad. Las declaraciones oficiales del régimen, presentadas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2024 certificaron que “Cuba cuenta con una población de 9.354.454 personas. De ellos, el 66,3% son blancos, el 9,5% negros y el 24,2% mulatos”. Las cifras de afrocubanos torturados bajo prisión política y de conciencia demuestran un claro indicador más de persecución sobre este colectivo. De los 7 nuevos prisioneros políticos este pasado mes de abril, además, 5 son afrodescendientes. Este informe pretende dar visibilidad al hecho contrastado de la persecución racial en Cuba.
Tras más de seis décadas de una “revolución” que prometió reducir la desigualdad, las fracasadas políticas del gobierno cubano y el elitismo blanco de sus líderes, los Castro y sus lugartenientes, sólo han conseguido ampliar esas brechas.
La estructura única y última de poder en Cuba, definida así por la Constitución de 2019 en su artículo 5 (“El Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”) es otro ejemplo más de la hegemonía blanca y racista dominante en Cuba. En el Buró político del Comité Central del Partido Comunista y su Secretariado Ejecutivo, constituidos ambos por 20 personas, 17 son blancos (un 85%) y sólo 3 son afrocubanos (15%). Lo mismo ocurre con la infrarrepresentación de las mujeres en dicho órgano único de poder (el 15%), como denunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus Conclusiones del Examen Periódico de Cuba, gracias a la adopción íntegra y literal de uno de los 3 informes que Prisoners Defenders presentó en dicho Comité en octubre de 2024.
En un país donde más del 50% de la población es blanca, sorprende comprobar cómo la gran mayoría de quienes residen en barrios marginales y poco saludables son afrodescendientes.
Manifestantes, activistas y artistas afrodescendientes son detenidos como si fueran delincuentes comunes, y son constantemente amenazados con ir a prisión, recibiendo tratos y expresiones racistas recurrentes por parte de las autoridades y funcionarios. La frase más escuchada por los 843 prisioneros políticos y de conciencia afrodescendientes, como demostró el Primer Estudio Integral sobre la tortura en Cuba el cual Prisoners Defenders pudo realizar en 2023 gracias a una investigación pormenorizada de 181 casos de prisioneros políticos, entre ellos muchos afrodescendientes, es el insulto “negro de mierda”.
Añadida a las cifras de prisión política y de conciencia es reseñable indicar que, de entre los 11 mil condenados sin delito por Peligrosidad Social Predelictiva, castigo penal se aplica en Cuba como “medida de prevención de la criminalidad social” por ser “proclives a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional” y que es ahora denominada Desobediencia Penal Precriminal(arts. 434.1 y 189.3 del nuevo Código Penal), más del 80% son afrocubanos y, en su gran mayoría, jóvenes.
5 afrodescendientes entre los 7 nuevos prisioneros políticos
Un manifestante, cinco activistas y un periodista fueron incorporados a la lista de prisioneros políticos en abril de 2025. 5 de ellos son afrodescendientes. Detallamos sus casos a continuación:
- Carlos Manuel Figueroa Álvarez, de 59 años, activista. Fue detenido una vez más por protestar pacíficamente. Previamente, había sido condenado en la causa 379 de 2017 (EFP 1023 de 2016) a 4 años de prisión por los delitos de “Atentado”, “Desacato” y “Desobediencia”, tras haber sido uno de los 53 excarcelados con motivo del acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos en 2015, lo que prueba cómo estas negociaciones son papel mojado para el régimen, que vuelve a encarcelar una y otra vez a aquellos que excarcela tras obtener beneficios políticos y financieros por dichas excarcelaciones. Para su detención arbitraria, en esta ocasión las autoridades aluden a que violó el cierre perimetral establecido de forma arbitraria por la policía política alrededor de la vivienda de Ángel Juan Moya Acosta y Bertha Soler y exclamó “Abajo Fidel y la revolución“, tras lo cual fue arrestado sin orden de detención por varios agentes, y trasladado a la estación policial y encarcelado sin ninguna protección judicial.
- José Águila Ruiz, de 47 años, ciudadano cubano no activista cuya detención y proceso penal han aflorado recientemente. Fue detenido el 24 de octubre de 2024 y está encarcelado en la Prisión La Pendiente de Santa Clara, Villa Clara.El preso político fue detenido en el contexto de las manifestaciones ocurridas en Manicaragua frente a la sede del Gobierno. Sin embargo, aunque los agentes de la Seguridad del Estado lo acusan de haber participado presuntamente en las protestas, su arresto no se produjo durante las mismas, sino como consecuencia de haber publicado un video de la manifestación en la red social Facebook. En el momento de la grabación del vídeo, José se encontraba en el portal de su vivienda, por lo que ni siquiera se le puede acusar de haberse manifestado, ya que la fiscalía no ha podido siquiera presentar pruebas de que haya participado en la manifestación. Tras su detención, permaneció diez días incomunicado en la unidad de la Seguridad del Estado, para luego ser trasladado a la prisión La Pendiente, en Villa Clara sin tutela judicial alguna. A pesar de haber solicitado un cambio de sus medidas cautelares para esperar su juicio bajo prisión domiciliaria, la petición fue denegada. El preso político sufre secuelas de un accidente ocurrido años atrás, en el que sufrió una fractura de cráneo. Como consecuencia, experimenta episodios en los que drena líquido por la nariz, llegando incluso a perder el conocimiento. En la prisión, la falta de atención médica adecuada ha agravado mucho su condición de salud. El 18 de abril de 2025, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Arnaldo Milán de Santa Clara en estado grave e inconsciente. No obstante, su familia no ha podido visitarlo.
- Armando Michel Rivera Cortina, 48 años, activista de la UNPACU, detenido el 14 de febrero de 2025, se encuentra en la Prisión de Ganuza, en San José de las Lajas, Mayabeque.El preso político está siendo acusado de haber incurrido en un supuesto delito de “Difamación de las Instituciones y Organizaciones, y de los Héroes y Mártires“, y en otro de “Desobediencia“. El pasado 14 de febrero de 2024, Armando Michel se personó en el exterior de la sede del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y en la fachada del edificio escribió “Abajo el comunismo, Abajo el PCC, Libertad Cuba”, y acto seguido fotografió los escritos. Esa misma noche fue detenido y llevado a las celdas de la Unidad Provincial de investigación Criminal de Mayabeque. De acuerdo con la petición fiscal, se pide una sanción de 5 años de privación de libertad.
- Yadiel Hernández Hernández, conocido también como ‘Kakashi’, periodista de 33 años,fue detenido el 24 de enero de 2025 y encarcelado en la Prisión Combinado del Sur en Matanzas. Fue puesto en libertad sin cargos el pasado lunes 28 de abril, tras haber permanecido tres meses incomunicado en la prisión. Tuvo además que pagar una multa de 15.000 pesos. Yadiel fue detenido cuando investigaba el tráfico de drogas de un centro preuniversitario de Matanzas. Una de las fuentes cercanas al preso político indicó que a este le detuvieron cuando hubo un escape de gas en dicho centro, el cual ocasionó que muchos alumnos tuvieran que ser hospitalizados a causa del fuerte olor y las náuseas. Tras los rumores acerca de la venta de drogas en el preuniversitario, la policía intentó reprimir a todas aquellas personas que podían denunciar lo que realmente había pasado. Consecuentemente, el preso político, que llevaba tiempo investigando esa red de tráfico de drogas, fue detenido. Tras su detención, permaneció en el cuartel de la Seguridad del Estado en Matanzas casi un mes sin tutela judicial. Durante este tiempo fue amenazado, maltratado, interrogado, le confiscaron su teléfono y el acceso a sus cuentas y la Seguridad del Estado borró el contenido que había subido a sus redes sociales.
- Ángel Juan Moya Acosta, 60 años, declarado Prisionero de Conciencia por Prisoners Defenders y Amnistía Internacional. Fue detenido el 19 de marzo del 2003 durante la ola represiva lanzada por el gobierno cubano contra la oposición en la Primavera Negra de Cuba. Fue liberado bajo Licencia Extrapenal tras cumplir 8 años en prisión. Cumplió la sanción completa el 20 de marzo de 2023. En los 13 años que estuvo cumpliendo la sanción bajo esta licencia extrapenal, fue amenazado con ser revocado, debido a su incesante activismo político. El pasado jueves 17 de abril, el expreso político fue detenido junto a su esposa, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Tras haber estado unos días en paradero desconocido, los agentes de la Seguridad del Estado han impuesto a ambos una medida cautelar de prisión domiciliaria sin tutela judicial tras iniciar contra ambos un proceso de acusación bajo el supuesto delito de “atentar contra el orden constitucional y la independencia nacional”. Adicionalmente, los agentes de la Seguridad del Estado les han requisado a Ángel y Berta sus teléfonos móviles, y en la actualidad dichos terminales están en manos de la Seguridad del Estado.
Igualmente han entrado en prisión este mes de abril los activistas Ienelis Delgado Cue, y Jordan Marrero Huerta:
- Ienelis Delgado Cue, 35 años, activista conocida bajo el nombre de “Mambisa Agramontina“, fue detenida sin orden de detención ni tutela judicial el pasado 22 de abril de 2025, delante de sus hijos menores, después de que se efectuase un registro en su vivienda, también sin tutela judicial, y de que varios agentes de la Seguridad del Estado le confiscasen el teléfono móvil y otras pertenencias personales. La presa política ya había extinguido una sanción completa de 9 meses en 2023 por publicar fotos en redes sociales posando con la bandera cubana. Entonces fue acusada de haber incurrido en un delito de “Desacato”.La madre de la presa política ha denunciado públicamente que lleva más de 10 días en huelga de hambre en la cárcel en la que se encuentra en prisión provisional, sin tutela judicial, por no tener acceso a bienes básicos para su estancia en prisión.
- Jordan Marrero Huerta, activista de Partido Democristiano, fue detenido el 24 de abril de 2025 por denunciar las injusticias contra otros presos políticos en Cuba. Según información de fuentes cercanas, grababa a presos políticos con actitud contestataria desde el interior de varias prisiones de Camagüey, destacando especialmente las pésimas condiciones de las cárceles de dicha provincia.
Derechos humanos y afrodescendientes en Cuba
139 años después de la abolición de la esclavitud en Cuba, la población afrodescendiente sigue sufriendo la persistencia del racismo estructural, la falta de políticas públicas efectivas, la invisibilización estadística, la persecución de activistas y la falta de libertad de asociación y reunión para las organizaciones que trabajan en la lucha contra la discriminación racial.
El último Examen Periódico realizado a Cuba por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas señaló en sus Conclusiones finales su “profunda preocupación” por “las alegaciones de actos de acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, descalificación y criminalización en contra de defensores de derechos humanos, en particular contra líderes de la sociedad civil, periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos que trabajan en contra de la discriminación racial y en favor de los derechos humanos de los afrodescendientes”.
El mismo informe destacaba que “el Comité considera que la población afrodescendiente en el Estado parte continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural … lo cual se pone de manifiesto en la brecha de desigualdad en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de esta población en relación al resto. Preocupan al Comité los desafíos que enfrenta esta población para acceder al mercado de trabajo, las bajas tasas de representación en puestos de decisión tanto en el sector público como en el privado, así como los niveles de pobreza que le afecta de manera desproporcionada”. Igualmente, indicaba que la deficiencia de “datos estadísticos fiables, actualizados y completos” sobre la población afrodescendiente dificulta la creación de políticas públicas efectivas para combatir la discriminación.
Denunciaba el Comité que “los defensores de derechos humanos y líderes de la sociedad civil que defienden los derechos de los afrodescendientes han sido detenidos por cortos períodos de tiempo o se les ha impedido salir del país para asistir a reuniones organizadas por mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”.
Las ONGs independientes, como el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y la Cofradía de la Negritud, entre otras, son perseguidas y hostigadas por el gobierno, violando sus derechos de expresión, asociación y reunión, lo que limita la participación cívica y la autonomía de estas comunidades.
La muerte en 2020 del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano en La Habana evidenció la relación entre el racismo y la violencia policial en Cuba: la policía cubana puede disparar contra un hombre negro desarmado con total impunidad y los jóvenes afrodescendientes son maltratados y criminalizados por la policía, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.
En el contexto de la represión del “11J” de 2021 hubo una sola muerte reconocida por el gobierno cubano, Diubis Laurencio Tejeda, un joven afrodescendiente que murió asesinado “tras recibir un disparo por la espalda” por un policía en las manifestaciones del 12 de julio de 2021 en el humilde barrio habanero de La Güinera, como denunció el Parlamento Europeo en su resolución P9_TA(2021)0389, aprobada por mayoría absoluta de todos los grupos políticos.
El racismo en Cuba está siendo perpetuado por el régimen. La estructura única y última de poder en Cuba, el Partido Comunista, definido por la Constitución de 2019 en su artículo 5 como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, es otro ejemplo más de la hegemonía blanca y racista dominante en Cuba. En el Buró político del Comité Central del Partido Comunista y su Secretariado Ejecutivo, constituidos ambos por 20 personas, 17 miembros son blancos (un 85%) y sólo 3 son afrocubanos (15%). Al racismo se une la infrarrepresentación de las mujeres en dicho órgano único de poder, como denunció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus Conclusiones del Examen Periódico de Cuba, gracias a la adopción íntegra y literal de uno de los 3 informes que Prisoners Defenders presentó en dicho Comité en octubre de 2024. Por ello, ni una sólo mujer afrodescendiente es miembro del Buró político o el Secretariado Ejecutivo del Comité Central del Partido Comunista.
En un país donde más del 50% de la población es blanca (el 66,3%, según el propio gobierno cubano), es notorio ver como la gran parte de quienes residen en barrios marginales y poco saludables son afrodescendientes.
Manifestantes, activistas y artistas afrodescendientes son detenidos como si fueran delincuentes comunes, y son constantemente amenazados con ir a prisión, recibiendo tratos y expresiones racistas recurrentes por parte de las autoridades y funcionarios. La frase más escuchadas por los 843 prisioneros políticos y de conciencia afrodescendientes, como demostró el Primer Estudio Integral sobre la tortura en Cuba que realizamos en 2023 gracias a una investigación pormenorizada de 181 casos de prisioneros políticos, muchos afrodescendientes, es el insulto “negro de mierda”.
El 73% de los prisioneros políticos en Cuba son afrodescendientes
Los afrodescendientes en Cuba son estigmatizados como criminales, lo que lleva a un aumento de la persecución policial, el encarcelamiento, la represión y la violencia. Para conocer con detalle estos datos, Prisoners Defenders ha llevado a cabo un exhaustivo estudio con el propósito de determinar la proporción de la población afrodescendiente presa por causas políticas o de conciencia en comparación con la población blanca.
Las declaraciones oficiales del régimen, presentadas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2024 certificaron que “Cuba cuenta con una población de 9.354.454 personas. De ellos, el 66,3% son blancos, el 9,5% negros y el 24,2% mulatos”.
Con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.155 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional. Los resultados indican que 843 de los 1.155 prisioneros políticos, es decir, el 73% de la población condenada por motivos políticos o de conciencia, son afrodescendientes, mientras que 312 prisioneros políticos, el 27%, son de raza blanca. Esto supone una tasa penal 2,17 veces por encima que su representación en la sociedad.
De los 843 prisioneros políticos afrodescendientes hemos identificado a 809 hombres (96%) frente a 34 mujeres (4%) cumpliendo condenas de índole político o de conciencia.
Sesgo racial discriminatorio en las condenas políticas
Dada la sobrerrepresentación de la población carcelaria afrocubana en las condenas políticas y de conciencia, cualquiera podría pensar que la condena media de esta población podría ser incluso inferior a la de la población blanca, pero sucede al revés. Mientras que la población blanca cumple un promedio de 8.6 años de condena por causas políticas, los prisioneros políticos afrodescendientes son condenados a una media de 9.7 años por las mismas causas, más de un año superior como promedio. Los afrocubanos presentan un promedio de condenas más de un año por encima que el promedio de los prisioneros políticos blancos, lo que vuelve a incidir en la existencia de un sesgo racial discriminatorio en el sistema penal cubano.
Artista, afrodescendiente, joven y de origen humilde
Es el perfil de los 6 artistas afrodescendientes aún encarcelados por ejercer su derecho a la libre expresión, reunión, asociación y manifestación en Cuba.
Permanece en prisión el artista internacionalmente reconocido Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, ha sido declarado prisionero de conciencia tanto por Prisoners Defenders como por Amnistía Internacional. Cantante y autor, ganador de dos premios Grammy Latinos por su canción “Patria y Vida”. Maykel fue detenido el 18 de mayo de 2021 y sufre una condena de 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de Desacato, Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, Atentado y Desórdenes públicos en la prisión Kilo 5 y Medio de Pinar del Río. Su detención, defendida por Prisoners Defenders en Naciones Unidas, fue declarada como arbitraria por el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria en la ONU.
El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, declarado prisionero de conciencia tanto por Prisoners Defenders como por Amnistía Internacional, fue elegido por TIME MAGAZINE como una de las 100 personas más influyentes del 2021 y galardonado con el Premio Príncipe Klaus ese mismo año, fue encarcelado desde el 11 de julio de 2021 bajo la falsa acusación de los delitos de Desacato, Desórdenes públicos y Ultraje a los símbolos de la patria, cumple una condena de 5 años de privación de libertad en la Prisión Guanajay de Artemisa. Al igual que el anterior, su detención fue declarada como arbitraria por el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria en la ONU.
El reconocido artista plástico y rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, ha sido perseguido por el régimen cubano por proyectar en su obra la realidad social de los jóvenes en la isla y por promover la defensa de los derechos humanos. Fue detenido el 31 de diciembre de 2024, acusado de un fabricado sabotaje por el que le relacionan con el incendio que hubo en el Parque Lenin y trasladado a la prisión Villa Marista en La Habana.
El raperoIbrahim Domínguez Aguilar fue condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, y cumple su sentencia en la Prisión de Boniato de Santiago de Cuba.
El músico Juan Enrique Pérez Sánchez fue condenado a 8 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, y cumple su sentencia en la Prisión Melena 2 de Mayabeque.
Conocido como “Pupito En Sy”,el artistaLázaro Leonardo Rodríguez Betancourt fue detenido el 26 de junio de 2023 por un delito de Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires. Le acusaron por escribir una canción contestataria dedicada al Jefe de Cárceles y Prisiones de la provincia de Mayabeque. Fue condenado a 2 años de privación de libertad que cumple en la Prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana.
Represión religiosa sobre la religión afrocubana Yoruba: sacerdotes en prisión de conciencia
El régimen cubano, bajo la dirección de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos (OAARR), que pertenece orgánicamente al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, liderada por Caridad del Rosario Diego Bello, ha creado para cada religión popular en Cuba una organización estatal que finge ser religiosa y así ocupa el espacio de las verdaderas organizaciones religiosas. El objetivo es presentar tanto a la población como a la opinión internacional supuestos religiosos que están en armonía con su gobierno. Esto ha sido ampliamente confirmado tanto en los Focus Groups como en las declaraciones de 56 líderes religiosos.
El resultado de las declaraciones de líderes de la religión afrocubana Yoruba en Cuba fue evidenciado en el informe de 2022 sobre Cuba publicado por el USCIRF y denominado “Constitutional Reform and Religious Freedom in Cuba”, cuya autoría fue de Prisoners Defenders y Outreach Aid to the Americas (OAA). Igualmente, en el informe ampliado publicado por Prisoners Defenders, se expusieron datos ampliados sobre los hallazgos que fueron la fuente del informe publicado por el USCIRF.
En el caso de la religión afrocubana Yoruba, la “Asociación Cultural Yoruba”, apoyada y articulada desde el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y única permitida oficialmente, ya en su nombre tiene un marcado carácter transgresor para los fieles Yoruba, puesto que la tradición Yoruba es esencialmente religiosa, y por ende “cultural”, y no al revés.
La religión Yoruba está “consentida”, pero es vigilada y es ilegal practicarla de forma independiente, al no estar legitimada oficialmente. La Ley 54 de Asociaciones contiene imitaciones explícitas para poder registrar cualquier asociación independiente Yoruba. Esta violación del derechos de reunión y asociación supone que el sacerdote Ifá, o Babalawo, tendrá que practicar su religión a espaldas de la legalidad, en condiciones ilegales adecuadas para ser en todo momento chantajeado o amenazado, pero especialmente ante cualquier manifestación que desagrade al régimen.
6 Mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas han sido explícitos en la condena a estas limitaciones y la persecución de los Ifás (o Babalawos, sacerdotes Yoruba) y sus fieles, por medio de la carta acusatoria AL CUB 4/2023, realizada en respuesta a la denuncia de Prisoners Defenders. En el informe, los 6 Mandatos de Naciones Unidas indican que “miembros y lideres de las organizaciones religiosas independientes no reconocidas por el Estado estarían siendo objeto de actos de hostigamiento, detenciones ilegales, amenazas de sanciones judiciales y otras medidas por parte de las autoridades, precisamente por el rechazo a integrarse en las asociaciones religiosas oficiales”. Igualmente, “el Ministerio de Justicia, en su órgano de Registro de Asociaciones, tendría la indicación de no reconocer el registro de nuevas asociaciones religiosas afrocubanas e indicar que los solicitantes deben asociarse directamente a ella con base en el citado artículo 8 letra d de la Ley 54 de Asociaciones”. “Adicionalmente,” -reza la carta acusatoria de Naciones Unidas- “desde hace más de una década, con especial intensidad desde febrero de 2020, miembros de las Asociación Yorubas Libres habrían sido objeto de detenciones arbitrarias, amenazas, agresiones físicas, destrucción de objetos ceremoniales, vigilancia policial, registros e incautaciones y acoso sistemático, debido a su oposición a integrarse en la asociación religiosa reconocida por el Estado”.
La carta acusatoria de Naciones Unidas elevó a público que “la actual presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba [asociación proscrita], la Sra. Donaida Pérez Paseiro, habría sido detenida hasta en 56 ocasiones en diez años (2011-2021). El anterior presidente habría sido detenido e interrogado al menos en cinco ocasiones y sometido a la prohibición de salir de Cuba. El actual vicepresidente, Loreto Hernández García, también habría sido detenido hasta en 21 ocasiones (2011-2021)”. Y la carta sentenció que, “tras las manifestaciones del 11 de julio, muchos de los religiosos que conforman la Asociación de Yorubas Libres de Cuba habrían sido detenidos como consecuencia de su mera presencia en las mismas. Al menos siete miembros se encontrarían actualmente en prisión preventiva o habrían sido condenados por delitos de desacato, resistencia, desórdenes públicos y atentado”.
La carta acusatoria de Naciones Unidas describió con detalle la situación de persecución y prisión de conciencia de 5 miembros o fieles afines a la Asociación de Yorubas Libres de Cuba: los sacerdotes Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, y los fieles Mitzael Díaz Paseiro y las hermanas Lisdiany y Lisdany Rodríguez Isaac.
Aunque los 4 últimos fueron excarcelados recientemente, sin embargo, sus sentencias siguen intactas, sufren represión constante por parte de las autoridades, y actualmente sufren un tipo de situación ignominiosa que sólo puede ser descrita como un régimen carcelario-domiciliar.
En cuanto a Loreto Hernández García, su situación en prisión reviste peligro real para su vida y debería ser excarcelado, ya que su estado de salud es incompatible con la vida en prisión.
Desobediencia Penal Precriminal, afrocubanos sin delito: otros 11.000 prisioneros políticos
Aunque reconocemos en Prisoners Defenders, durante el mes de abril de 2025, 1.155 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano, también reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes, más del 80% afrodescendientes, no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren sentencias penales “precriminales”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa, y que son ejecutadas como parte de una supuesta “política de prevención criminal” que, sin embargo, encarcela a personas que no han cometido delito, por supuestamente ser “proclives a delinquir”, algo ilegal y macabro como concepto, que se usa para castigar y aleccionar a los jóvenes desafectos con el sistema imperante en Cuba.
El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022 contemplaba que eran personas con “tendencia” a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les imponían penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.
No sólo permanecen condenados por predelictiva algunos de los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de ejecución de condenas penales precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1 de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias a los nuevos artículos introducidos para ello, como el artículo 189.3, que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas advertencias, fijadas por el art. 434.1, de ser “proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.
Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.
La mera acusación por parte de la Seguridad del Estado debido a una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas en los últimos años por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “Desobediencia Penal Precriminal”.
Desde hace décadas, se ha condenado a prisión a una media de 3.700 a 4.000 personas al año por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal.
El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 del antiguo Código Penal, pero el mecanismo ha sido reeditado en el actual Código Penal (Arts. 434.1 y 189.3) mientras el gobierno publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal. [1]
Tres muertes de prisioneros políticos afrodescendientes en prisión
Desde 2024 al menos 5 prisioneros políticos que han muerto bajo custodia del Estado en prisión. 3 de ellos eran afrodescendientes, dos hombres jóvenes y una mujer, que fueron encarcelados por participar en manifestaciones pacíficas contra el gobierno:
- La presa política y activista Yoleisy Oviedo Rodríguez falleció el 11 de febrero de 2025 en la Prisión de Trabajo Forzado El Guatao, en La Habana, por la falta de atención médica en prisión. Yoleisy Oviedo Rodríguez fue encarcelada en 2022 por protestar contra los largos apagones en el municipio Güines, Mayabeque. Fue condenada a 5 años de prisión por delitos de atentado y desacato.
- El prisionero político y activista de la UNPACU, Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 29 años, falleció el 30 de noviembre de 2024 en la prisión Combinado del Este de La Habana, donde cumplía una sanción de 6 años de privación de libertad por haber filmado y difundido videos de las marchas antigubernamentales de las protestas del 11 de julio en La Habana. Manuel de Jesús recibió una brutal paliza en prisión. Su familia pudo ver su cuerpo y, tras examinarlo, localizaron huesos rotos y hematomas en la espalda, cuello, brazos y encima del pulmón derecho, que evidencian la terrible y violenta agresión que sufrió Manuel.
- El prisionero político Yosandri Mulet Almarales era paciente psiquiátrico antes de entrar en prisión, donde nunca recibió tratamiento ni el Estado le proveyó de sus medicamentos tras su detención y encarcelamiento. Detenido con 34 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 en La Güinera, fue condenado a 10 años de privación de libertad por el fabricado delito de “Sedición”. No pudiendo con dicha situación, Yosandri se suicidó el 26 de agosto de 2024 al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario. En 2022, ya había intentado quitarse la vida en la prisión Combinado del Este, pero el régimen cubano se negó a concederle la licencia extrapenal.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de abril
Con cierre de datos a fecha 30 de abril de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.155 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de mayo de 2024 a 30 de abril de 2025) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 127 presos políticos nuevos (un promedio de 11 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.221 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados. 843 de los 1.155 prisioneros políticos registrados a finales de abril de 2025, el 73%, son afrodescendientes. Es decir, 2,17 veces superior que su representación en la sociedad.
Cuba ha totalizado 1.828 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de abril pasado, en apenas 3 años y diez meses.
Han entrado este pasado mes de abril en nuestra lista 7 nuevos prisioneros políticos, 5 de ellos afrodescendientes. Y 4 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado, 3 de ellos tras el cumplimiento íntegro de la sanción o medida impuesta, y el fallecimiento de una prisionera política, Yoleisy Oviedo Rodríguez, que murió al negársele la atención médica para sus graves padecimientos de salud en la Prisión de Trabajos Forzados “El Guatao”, en La Habana.
Entre los prisioneros políticos que se encuentran entre rejas hemos documentado 456 presos con patologías médicas graves y 38 presos con trastornos graves de la salud mental, todos ellos sin tratamiento médico ni psiquiátrico adecuado.
De los 1.155 prisioneros políticos:
- 33 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 31 chicos y 2 chicas. 29 de ellos aún cumplen sentencia y 4 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de prisioneros políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
- 15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 222 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 121 mujeres que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los prisioneros políticos entre rejas hemos censado 456 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 38 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
674 Convictos de Conciencia, 445 condenados de conciencia y 36 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.155 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 674 Convictos de Conciencia
- 445 Condenados de Conciencia
- 36 casos de Otros Presos Políticos
[1] Guardado en Web Archive: https://web.archive.org/web/20240605165025/https://www.granma.cu/cuba/2024-05-20/ante-el-delito-de-desobediencia-no-puede-existir-impunidad-20-05-2024-00-05-04
