Prisoners Defenders registra un nuevo récord de presos políticos: 1.339 prisioneros políticos en Cuba al cierre de agosto de 2026, tras 19 incorporaciones y 7 bajas. Entre ellos hay 155 mujeres (otro récord) y 38 personas detenidas cuando eran menores de edad. Los casos documentados muestran cómo reclamar agua y electricidad, grabar a agentes estatales o denunciar abusos puede desencadenar prisión, amenazas y castigos que alcanzan a familias enteras. Entre quienes permanecen encarcelados, 463 padecen patologías médicas graves y 54 presentan trastornos graves de salud mental. El informe denuncia golpizas, trabajo forzoso, internamientos psiquiátricos forzosos y falta de atención médica.
Al cierre de agosto de 2026, la lista de Prisoners Defenders asciende a 1.339 prisioneros políticos en Cuba, un nuevo récord de presos políticos en décadas. Durante agosto documentamos 19 incorporaciones y 7 bajas: un aumento neto de 12 personas respecto al mes anterior.
Lejos de ser meras cifras, los casos analizados detrás de estos datos récord de presos políticos confirman la continuidad de una represión que castiga la protesta pacífica, la denuncia pacífica de la falta de servicios básicos (que cada vez cobra más peso en la represión gubernamental), la exposición pública de actuaciones represivas por parte de los ciudadanos y cualquier expresión pública contraria al régimen.
Del total de prisioneros políticos registrados, 155 son mujeres, otro infame récord entre las cifras de presos políticos. Asimismo, la lista incluye a 38 personas detenidas cuando eran menores de edad; de ellas, 14 permanecen encarceladas.
Los casos analizados muestran que el castigo no se limita a la persona directamente perseguida, una práctica de larga data en Cuba con los activistas, ahora extendida a toda la población. La represión, por tanto, alcanza también a madres, padres, hijos y comunidades enteras mediante encarcelamientos simultáneos, amenazas, sanciones económicas, vigilancia y separación forzosa familiar.
La situación sanitaria continúa siendo especialmente alarmante. Entre quienes permanecen encarcelados, hemos documentado 463 presos con patologías médicas graves y hemos confirmado que estas enfermedades están relacionadas con la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente represivo, y que se agravan mes a mes por la negación sistemática de las autoridades a suministrar atención médica a los reclusos considerados “CR”, sigla utilizada oficialmente por las autoridades para designar a los que denominan contrarrevolucionarios, denominación que abarca a todos los presos políticos, sean activistas o meros ciudadanos críticos. También hemos verificado 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental, sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado, afectados también por la negativa a suministrarles atención médica antes mencionada.
Los casos destacados en esta nota revelan algunas de las distintas dimensiones del castigo político: familias enteras perseguidas, madres encarceladas por reclamar agua y electricidad, internamientos psiquiátricos forzosos, violencia policial, declaraciones manipuladas, golpizas, trabajo forzoso, aislamiento y abandono médico. Tras cada cifra existe una persona de carne y hueso, y su familia y amistades, sometida a un sistema concebido para castigarla, quebrarla psicológicamente y silenciar también a quienes la rodean.
A continuación, exponemos algunos de los casos más destacados entre las nuevas incorporaciones de agosto, que reflejan distintos mecanismos de persecución y castigo político empleados por el régimen cubano.
La represión política castiga a familias enteras
Entre los 19 nuevos casos incorporados en agosto figuran varias personas cuya persecución alcanza también a sus familiares más cercanos. Madres e hijas, madres e hijos y padres e hijos han sido sometidos simultáneamente a procesos penales, encarcelamientos o medidas restrictivas de libertad. Estos casos evidencian que la represión política no se limita al individuo: convierte los vínculos familiares en instrumentos de presión, intimidación y castigo.
Caridad Silvente Laffita y su hija, Anna Sofía Benítez Silvente, creadora de contenido conocida en redes sociales como Anna Bensi, serán llevadas a juicio por la supuesta comisión del delito previsto en el artículo 393 del Código Penal, relativo a actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, la identidad y los datos personales. La pena aplicable depende del apartado concreto invocado en la acusación, pero podría llegar hasta los cinco años de prisión. El proceso se originó a raíz de la grabación y difusión de un vídeo en el que aparecían agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil mientras entregaban una citación en el domicilio de ambas el 10 de marzo de 2026.
Por grabar y difundir la actuación en su domicilio, ambas fueron imputadas y sometidas inicialmente a reclusión domiciliaria. La causa fue archivada el 13 de abril y reabierta el 6 de julio; en agosto, Anna anunció que ambas serían llevadas a juicio. Durante los interrogatorios, los agentes amenazaron a Caridad con encarcelarla, la calificaron de “mala madre” y trataron de presionarla para que impidiera a su hija continuar denunciando en redes sociales. Con este proceso, las autoridades convierten un acto de documentación y autoprotección frente a agentes estatales en un delito y utilizan la imputación a una madre como medio para silenciar a su hija.
Una represión de esta naturaleza alcanzó también a Ivisleivi Castellano Puig y a su hijo, Antuan de Jesús Caballero Castellano, de 23 años. Ivisleivi, activista e integrante de varias organizaciones opositoras, fue detenida sin orden de arresto ni tutela judicial el 27 de agosto en La Habana junto a un grupo de ciudadanos que presuntamente se había reunido para realizar una protesta pacífica. Permaneció recluida en la Unidad Policial de Picota hasta el 2 de septiembre y fue excarcelada después de pagar una multa de 3.000 pesos cubanos y una fianza de otros 7.000. Durante su detención sufrió problemas de salud y permaneció dos días sin ingerir alimentos como forma de protesta.
Ese mismo día, Antuan de Jesús Caballero Castellano fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial cuando presuntamente realizaba un grafiti con las frases “Viva Cuba Libre” y “Abajo el régimen castrista”. No ejerció violencia contra ninguna persona ni contra los agentes. Sin embargo, permanece recluido en la Unidad Policial de Picota y las autoridades le impusieron una fianza de 50.000 pesos cubanos, una cantidad que su familia no puede pagar pues supone más de 15 veces el salario mínimo mensual en Cuba. En un solo día, dos expresiones políticas diferentes provocaron la detención de una madre y su hijo, acompañada de una multa y de fianzas que agravan el castigo económico sobre toda la familia.
La reincorporación de Dairon Duque de Estrada Aguilera a la lista de presos políticos vuelve a situar a su familia bajo el peso de la represión. El 27 de marzo de 2026 fue excarcelado tras cumplir íntegramente la condena de cuatro años y seis meses que le había sido impuesta por manifestarse públicamente contra el régimen. Sin embargo, según comunicó su padre a Prisoners Defenders, las autoridades han vuelto a encarcelarlo, sin que se haya hecho público todavía el fundamento jurídico de su reingreso. Actualmente permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, pese a haber extinguido íntegramente su condena.
Su padre, Julio César Duque de Estrada Ferrer, también ha sufrido prisión política. Fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial en septiembre de 2024 por, presuntamente, grabar con su teléfono móvil en la vía pública y condenado a cuatro años y seis meses de prisión por “Desobediencia” y “Atentado”, mediante una sentencia sustentada únicamente en testimonios policiales de la parte acusadora, algo habitual en el proceso penal cubano.
En relación con este punto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige valorar la equidad del proceso en su conjunto, incluida la posibilidad efectiva de impugnar las pruebas de cargo y cuestionar a los testigos. Cuando la acusación descansa exclusivamente en agentes implicados en los hechos, resulta esencial comprobar que la defensa pudo cuestionar sus versiones y que el tribunal examinó sus posibles contradicciones e intereses. En los procesos políticos cubanos, estas garantías deben valorarse además en el contexto de la falta de independencia judicial. En la inmensa mayoría de los miles de procesos penales que Prisoners Defenders ha estudiado en Cuba, los testimonios de cargo han procedido de funcionarios enteramente dependientes del poder político.
El 26 de agosto de 2026, Julio César Duque de Estrada Ferrer fue excarcelado bajo libertad condicional, sometido a amenazas y restricciones hasta la extinción de su condena. Mientras el padre sale de prisión bajo control estatal, el hijo, Dairon Duque de Estrada Aguilera, vuelve a ser encarcelado, prolongando sobre toda la familia un ciclo de persecución, amenazas y privación de libertad.
Estos casos revelan un patrón especialmente cruel: el régimen cubano proyecta el castigo político sobre familias enteras, persigue a dos generaciones de un mismo núcleo y multiplica las consecuencias económicas, emocionales y sociales del encarcelamiento para los presos y sus familias. La prisión, las amenazas y los procesos penales se utilizan no solo para silenciar a una persona, sino también para intimidar y someter, incluso con la cárcel, a quienes la rodean.
Madres encarceladas por denunciar la falta de agua y electricidad
Entre las 19 nuevas incorporaciones de agosto se encuentran dos madres de hijos menores privadas de libertad después de denunciar la ausencia de servicios esenciales. Una reclamó electricidad tras más de un mes de apagones; la otra, agua después de alrededor de 15 días sin suministro. En ambos casos, las autoridades respondieron a estas demandas con detenciones, procesos represivos y la separación de las madres de sus hijos.
Doraykis Delgado González fue detenida sin orden de arresto ni tutela judicial el 7 de julio de 2026, tras transmitir en directo una protesta en Alamar, La Habana. Los vecinos reclamaban el restablecimiento de la electricidad tras sufrir más de un mes de apagones. Durante la transmisión, Doraykis cuestionó por qué determinados dirigentes y establecimientos de la zona no padecían los mismos cortes que el resto de los residentes.
Tras permanecer inicialmente en la Unidad 15 de la Policía de Alamar, fue trasladada a la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, donde continúa bajo prisión provisional por orden del fiscal sin intervención judicial alguna. Está acusada del supuesto delito de «Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires«. Las autoridades rechazaron la solicitud de modificación de su medida cautelar pese a que padece hemofilia y necesita atención médica especializada.
Doraykis es madre de dos niños de siete y ocho años. Su encarcelamiento los ha dejado en una situación de extrema vulnerabilidad: durante la jornada laboral de su padre deben permanecer bajo el cuidado de vecinos, debido a la falta de otros apoyos familiares. La prisión provisional impuesta a su madre castiga así también a dos menores, privados de sus cuidados por el simple hecho de que un progenitor haya denunciado públicamente los apagones permanentes de electricidad.
Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años, fue detenida sin orden de arresto ni tutela judicial el 28 de agosto de 2026 en su vivienda de Lawton, en el municipio habanero de Diez de Octubre, por denunciar la falta de agua. Durante días había denunciado que su familia llevaba más de dos semanas sin suministro de agua y que sus reclamaciones ante el Gobierno municipal, otras instituciones y la sede del Partido Comunista no habían obtenido respuesta efectiva alguna.
Ante el desabastecimiento, la familia llegó a depender de la recogida de agua de lluvia. La situación era especialmente grave porque una sobrina de Sady, de ocho años, se encontraba hospitalizada con dengue, signos de alarma y deshidratación severa. La familia denunció que tampoco disponía de agua suficiente para atender sus necesidades y que el propio hospital sufría problemas de abastecimiento de agua potable.
Según relató Sady, una funcionaria local, acompañada por una agente policial, ordenó que una pipa estatal no suministrara agua a su vivienda, aunque sí lo hiciera al resto de los vecinos. Posteriormente, la funcionaria la amenazó con enviarla a prisión por documentar y difundir la situación de falta de agua. Un día antes de su arresto, Sady publicó un mensaje titulado «¡Tengo miedo!«, en el que alertaba sobre posibles represalias y responsabilizaba a la funcionaria de cualquier cosa que pudiera sucederle.
Cuatro agentes se presentaron en su domicilio sin citación previa, orden de arresto o tutela judicial, y la detuvieron delante de sus padres y de su hija, menor de edad, que comenzó a llorar al ver cómo se llevaban a su madre. Posteriormente fue trasladada al Centro de Torturas El Vivac, donde sus familiares denunciaron que inicialmente se les impidió visitarla y entregarle alimentos y medicamentos. Según la información de que disponemos, el 31 de agosto se permitió finalmente una visita.
Sady fue excarcelada el 2 de septiembre, pero, según informó una fuente cercana, debía presentarse diariamente a firmar en una unidad policial. Esta obligación apunta a la imposición de una medida cautelar, aunque aún no se ha hecho pública la resolución que establece sus condiciones concretas de excarcelación.
En ambos casos, el Estado no solo incumplió su obligación de garantizar servicios esenciales, sino que convirtió la denuncia pública de ese abandono en motivo de persecución y encarcelamiento. El castigo trascendió a estas mujeres y alcanzó directamente a sus hijos menores, obligados a soportar la detención y ausencia de sus madres, así como situaciones de miedo, desprotección y extrema vulnerabilidad.
Internamiento psiquiátrico forzoso y amenazas contra el pastor que lo denunció
Santiago Eliezer Fernández Pérez, conocido como «El Chiqui» y expreso político de la década de 1980, fue detenido arbitrariamente, sin orden de arresto ni tutela judicial en Cabaiguán, Sancti Spíritus, después de colocar, el 12 de agosto, un cartel con la palabra «Trump», en vísperas de la conmemoración oficial del natalicio de Fidel Castro. Tras ser conducido a la unidad municipal de la Policía Nacional Revolucionaria, las autoridades lo trasladaron al día siguiente, contra su voluntad, y como mera represalia policial, al Hospital Psiquiátrico de Cabaiguán. Este tipo de internamientos por parte de la policía política son muy frecuentes en Cuba en casos de represión política.
Hasta el momento no se ha hecho público ningún diagnóstico ni justificación médica que sustente su internamiento, como en otras decenas de casos que hemos podido verificar a lo largo de los años. Tampoco existe información sobre los cargos formulados en su contra o sobre las garantías jurídicas aplicadas a una medida que prolonga su privación de libertad dentro de una institución sanitaria.
El pastor evangélico Alian López Rodríguez, líder de la congregación Tabernáculo de la Promesa del Ministerio Internacional Viento Recio, visitó a Santiago el 20 de agosto, después de advertir su prolongada ausencia de las actividades religiosas. Según relató el pastor tras el encuentro, Santiago desconocía el motivo de su internamiento y, a su juicio, se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. El pastor también alertó de que permanecía recluido junto a pacientes con conductas agresivas y presentaba signos de desnutrición y retención urinaria, y no estaba recibiendo atención médica para ninguno de sus padecimientos.
Después de hacer público el caso, el pastor Alian López Rodríguez pasó a ser objeto de vigilancia e intimidación. Según informó el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP el 28 de agosto, López Rodríguez había denunciado en un vídeo difundido el día 24 que tanto él como su congregación continuaban bajo vigilancia y que un agente de la Seguridad del Estado de Cabaiguán amenazaba con «fabricar una causa» en su contra para encarcelarlo. El religioso aseguró conocer la identidad del agente y responsabilizó públicamente a la Seguridad del Estado de cualquier represalia contra él o contra los integrantes de su iglesia.
El caso evidencia una cadena represiva especialmente grave: Santiago fue detenido por el contenido político de un cartel e internado por la fuerza en una institución psiquiátrica sin justificación médica conocida; posteriormente, el pastor que denunció públicamente lo ocurrido y su congregación fueron sometidos a vigilancia y amenazas.
La represión no se limita así a castigar la libertad de expresión de Santiago, sino que se extiende a quienes documentan el abuso y afecta también al libre ejercicio de la actividad religiosa.
La Policía lo golpea y manipula su declaración, denuncia la familia
El preso de conciencia Walter Junior Blanco Prieto fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial el 4 de agosto de 2026, mientras participaba en una protesta pacífica en su barrio de La Habana Vieja. Los vecinos reclamaban el restablecimiento de la electricidad tras los continuos apagones.
Walter se encontraba de espaldas junto a varios familiares cuando fue sorprendido por agentes policiales. Sin mediar palabra, uno de ellos le inmovilizó violentamente los brazos por detrás para esposarlo. Ante el dolor y la falta de aire, pidió que le aflojaran las esposas, pero el agente se negó y comenzó a insultarlo. Cuando Walter reaccionó verbalmente, un segundo policía le propinó dos fuertes golpes en la boca del estómago.
Posteriormente fue introducido por la fuerza en un vehículo policial y trasladado a la Unidad de la PNR de Dragones y Zulueta, en La Habana Vieja. Durante todo el trayecto lo mantuvieron tumbado sobre el asiento, mientras un agente presionaba su cuello con la rodilla, sometiéndolo a un grave riesgo para su integridad física.
Posteriormente fue trasladado a la unidad de Picota. Según denunció su madre, permaneció dos días sin alimentos ni agua potable y durmió sobre un frío banco. Según la denuncia de su familia, los agentes le aseguraron falsamente que el caso se resolvería mediante una simple multa. Después de 48 horas de privación de sus necesidades básicas, debilitado y desesperado por abandonar el lugar, fue interrogado y firmó una declaración bajo coacción y engaño, convencido por las autoridades de que únicamente afrontaría una sanción económica.
Walter conoció posteriormente, tras ser trasladado a otro centro de detención, que la declaración habría sido modificada para presentarlo falsamente como promotor e incitador de los disturbios ocurridos en el barrio. Actualmente permanece bajo prisión provisional en la prisión de Valle Grande, sin que se haya informado públicamente sobre su acusación formal.
El caso reúne graves vulneraciones: detención sin garantías judiciales, uso desproporcionado de la fuerza, asfixia mediante presión sobre el cuello, privación de agua y alimentos y obtención de una declaración mediante engaño y en condiciones de extrema vulnerabilidad. La utilización de ese documento para atribuirle un papel de liderazgo en la protesta compromete cualquier proceso posterior y evidencia la fabricación de una narrativa penal destinada a justificar su encarcelamiento.
Ocho detenidos por un «toque de cazuelas»: solo uno ha podido ser identificado
Al menos ocho personas fueron detenidas el 3 de agosto de 2026 en Calabazar, municipio de Boyeros, La Habana, después de participar pacíficamente en un «toque de cazuelas». Las detenciones se produjeron sin órdenes de arresto ni tutela judicial, como respuesta al ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión.
Hasta la fecha, hemos podido identificar plenamente a Pedro Lázaro Gutiérrez Collado y documentar debidamente su caso. Pedro Lázaro permanece incomunicado y bajo prisión provisional en el Centro de Torturas El Vivac, eufemísticamente denominado Centro de Clasificación y Detención Preventiva «El Vivac», una conocida prisión provisional administrada por el Ministerio del Interior (MININT) de Cuba. Su familia no ha podido visitarlo, desconoce su estado de salud y no ha recibido información clara sobre los cargos formulados en su contra ni sobre su situación jurídica. Las autoridades comunicaron a sus familiares la posibilidad de trasladarlo a la prisión de Valle Grande, aunque dicho traslado todavía no ha podido ser confirmado.
Las identidades y la situación de las otras siete personas detenidas, aún en investigación, continúan sin poder verificarse suficientemente para presentarlas en este informe mensual. Ante la ausencia de información suficiente, sus casos aún no han sido incorporados a la lista, sin que ello permita descartar su posible condición de presos políticos. La opacidad de las autoridades impide tener la celeridad apropiada en estos casos.
Además de las nuevas incorporaciones de presos políticos a la lista, que consolida un récord en décadas, durante el mes de agosto documentamos nuevas detenciones y represalias contra otros prisioneros políticos.
Andy García Lorenzo, detenido más de 20 horas: la condena terminó, la persecución no
Tal y como alertamos y denunciamos de inmediato en nuestras redes sociales, el activista y expreso de conciencia del 11J Andy Dunier García Lorenzo fue detenido nuevamente, sin tutela judicial, el domingo 30 de agosto en el reparto Vigía, en Santa Clara. Antes de ser introducido en una patrulla, alcanzó a enviar un mensaje de audio a su madre, Tayrí Lorenzo Prado: «Me llevan detenido».
El arresto se produjo cerca de una protesta vecinal por la falta de electricidad. Según explicó su madre, Andy no participaba en la manifestación, sino que pasaba por el lugar y sacó su teléfono para documentar lo que estaba ocurriendo. Pese a ello, fue trasladado a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Santa Clara, donde las autoridades comunicaron a la familia que pretendían acusarlo de un supuesto delito de «Desórdenes públicos«.
Durante las más de 20 horas que permaneció bajo custodia, sus padres, familiares, amigos y activistas se concentraron frente a la unidad policial para exigir información y reclamar su libertad. Sus padres anunciaron que permanecerían allí y comenzarían una huelga de hambre si no era excarcelado. El opositor Guillermo «Coco» Fariñas también fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial cuando acudió al lugar para apoyar a Andy y a su familia, aunque posteriormente fue liberado.
Andy fue excarcelado el lunes 31 de agosto. El joven, de 28 años, había cumplido íntegramente una condena de cuatro años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Santa Clara y había recuperado la libertad en julio de 2025. Sin embargo, desde su salida de prisión, la Seguridad del Estado no ha dejado de vigilarlo, citarlo y amenazarlo por mantener su activismo y documentar en redes sociales los apagones, las protestas y otros problemas de la realidad cubana.
Solo dos meses antes de esta nueva detención, agentes de la Seguridad del Estado lo habían amenazado con enviarlo nuevamente a prisión e imponerle cadena perpetua o incluso la pena de muerte por sus publicaciones y denuncias.
El caso evidencia que el cumplimiento íntegro de una condena por motivos de conciencia no supone la recuperación de la libertad en Cuba. La vigilancia permanente, las amenazas extremas y las nuevas detenciones arbitrarias se utilizan para prolongar el castigo y tratar de silenciar a quienes continúan denunciando la realidad del país después de salir de prisión.
La prisión como castigo: golpizas, trabajo forzoso y abandono médico
Del récord de 1.339 prisioneros políticos registrados en Cuba, hemos documentado 463 presos con patologías médicas graves y hemos podido confirmar en cada caso que estas se deben a la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente represivo, y que se agravan por la negación sistemática de atención médica.
También hemos verificado 54 presos de conciencia que padecen trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
Los siguientes casos evidencian cómo la violencia penitenciaria, el aislamiento, el trabajo forzoso y la negación de asistencia médica agravan deliberadamente la situación de los presos políticos y ponen en peligro su vida e integridad.
Ángel Serrano: esposado y golpeado por negarse al trabajo forzoso estando enfermo
En agosto documentamos la denuncia de la brutal agresión sufrida el día 26 por el preso de conciencia Ángel Serrano Hernández. Tal y como alertamos y denunciamos en nuestras redes sociales, Ángel, condenado a 15 años de prisión por manifestarse el 11J, tras ser esposado fue golpeado en la Prisión de Trabajo Forzoso La Lima, en Guanabacoa, La Habana, después de negarse a realizar labores incompatibles con su precario estado de salud.
Según explicó su hermano, Ángel padece una enfermedad de próstata para la que las autoridades penitenciarias le niegan medicamentos o tratamiento. Ya había realizado anteriormente el trabajo que pretendían imponerle, pero en esta ocasión se negó debido al agravamiento de sus problemas médicos. Su negativa fue respondida con extrema violencia mientras estaba esposado.
La familia señala como responsable de la agresión al Teniente Coronel Parada, jefe de la prisión. Según la denuncia, el citado oficial esposó a Ángel y lo golpeó brutalmente, provocándole inflamaciones por todo el cuerpo y dejando uno de sus ojos morado e hinchado. Pese a las lesiones, se le negó un examen médico, en una práctica común y sistemática de las autoridades para evitar un certificado médico que dejara constancia de la agresión.
Ahora, según denuncia su hermano, las autoridades pretenden responsabilizar al propio Ángel de haber provocado lo sucedido y utilizan en su contra que gritara «Patria y Vida». Esta inversión de responsabilidades busca convertir a la víctima de la golpiza en acusado, ocultar la actuación del funcionario señalado y justificar nuevas represalias disciplinarias o penales.
En lugar de garantizarle protección, investigar la agresión y proporcionarle atención médica, Ángel habría sido trasladado a la prisión 1580, de máxima seguridad, aumentando el riesgo para su vida e integridad. No se trata de un hecho aislado: Ángel Serrano Hernández padece graves problemas de salud, lleva años denunciando la negación de asistencia médica y ha sufrido reiteradas agresiones durante su encarcelamiento.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ya declaró arbitraria su privación de libertad (WGAD 13/2024) y exigió su liberación inmediata. La golpiza, la ausencia de atención y documentación médica, la imposición de trabajos pese a su enfermedad y el intento de atribuirle la responsabilidad de la agresión agravan todavía más las violaciones cometidas en su contra.
Golpean en prisión al menor Christian de Jesús Crespo y ocultan su estado de salud
En agosto se hizo pública una nueva denuncia de agresión contra Christian de Jesús Crespo Álvarez, preso de conciencia de 16 años de edad. Como medida de protesta ante las deficientes condiciones de la alimentación en la prisión Canaleta, en Ciego de Ávila, Christian rechazó la comida suministrada por el centro penitenciario. A raíz de esta decisión, fue agredido físicamente por funcionarios de la institución. Desde entonces, sus familiares no han recibido información sobre su situación, por lo que desconocen tanto su estado de salud como las condiciones actuales de su reclusión.
Christian permanece bajo prisión provisional en el penal de Canaleta, en Ciego de Ávila. Fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial en Morón durante las protestas de marzo de 2026 contra los prolongados apagones. Durante su reclusión previa en la Dirección Técnica de Investigaciones de Ciego de Ávila habría sufrido torturas, malos tratos y presiones para que él y su familia firmaran declaraciones falsas sobre delitos que no había cometido, como ya reportamos en informes anteriores.
Su situación médica agrava todavía más el riesgo. En junio se confirmó que contrajo hepatitis dentro de la prisión. Pese a ello, las autoridades se negaron a trasladarlo a un hospital para que recibiera atención especializada y lo mantuvieron en la enfermería del penal, donde continuaba padeciendo unos fuertes dolores abdominales. Christian presenta además un profundo deterioro físico y psicológico como consecuencia de las agresiones y abusos sufridos tanto por parte de funcionarios penitenciarios como de otros reclusos bajo las órdenes de los funcionarios del penal.
Como represalia por un supuesto intento de fuga, las autoridades le impusieron una sanción disciplinaria y lo trasladaron a una zona en la que, siendo menor de edad, permanece recluido junto a presos adultos muy peligrosos, incrementando gravemente los riesgos para su integridad física y psicológica. Su familia denuncia, además, que pretenden imputarle los supuestos delitos de «Sabotaje» y «Evasión«, sin haber tenido acceso a la petición fiscal ni a la información oficial del proceso.
El encarcelamiento de Christian, un niño de 16 años junto a adultos, su contagio de hepatitis sin atención hospitalaria especializada, las reiteradas golpizas y la ocultación de su estado de salud constituyen una situación de extrema gravedad.
Golpeado y trasladado con convictos de perpetua tras protestar por la falta de agua
Denunciamos el traslado del preso de conciencia José Antonio Pompa López a «La Polaca», una sección de mayor severidad de la prisión de Agüica, en Matanzas, donde permanecen personas condenadas a cadena perpetua.
Tal y como ya denunciamos en nuestras redes sociales, el traslado se produjo después de una protesta de los reclusos por la falta de agua en el penal. Las autoridades señalaron a Pompa López como supuesto organizador, pese a que otros presos afirmaron que no había dirigido la protesta. Fue golpeado, confinado en una celda de castigo y sometido a nuevas restricciones. Posteriormente fue trasladado a «La Polaca», aumentando considerablemente el riesgo para su vida e integridad.
«Mi esposo está en peligro. Lo quieren matar si sigue en ese lugar«, alertó Suarmy Hernández, esposa del preso de conciencia. Según explicó, José Antonio le comunicó que durante 2026 habrían fallecido siete reclusos en la prisión de Agüica debido a la falta de alimentación. La familia teme que las condiciones extremas del penal, el aislamiento y su ubicación junto a reclusos muy peligrosos y sometidos al régimen de mayor severidad puedan conducir a nuevas agresiones o a un deterioro irreversible de su salud.
José Antonio Pompa López fue detenido sin orden de arresto ni tutela judicial el 26 de abril de 2024 y condenado a ocho años de prisión por los supuestos delitos de «Asociación, reunión y manifestación ilícita» y «Propaganda contra el orden constitucional«. Desde su encarcelamiento, su familia ha denunciado de manera reiterada el aislamiento, el hostigamiento, la desnutrición, la falta de atención médica y las restricciones extremas de las llamadas y visitas.
El castigo impuesto tras la protesta por la falta de agua constituye una nueva represalia contra un opositor pacífico encarcelado por sus ideas. En lugar de garantizar unas condiciones de reclusión dignas e investigar las denuncias sobre falta de agua y alimentación, las autoridades respondieron con una golpiza, aislamiento y el traslado a un régimen penitenciario todavía más severo.
Suarmy Hernández, su esposa, responsabiliza a la Seguridad del Estado y a las autoridades penitenciarias de cualquier daño que pueda sufrir su marido.
Atacado ante los guardias, sin atención médica: Roberto Pérez Fonseca en grave riesgo
Como actualización posterior al cierre de agosto, el 8 de septiembre su hermano denunció una nueva agresión contra el preso de conciencia Roberto Pérez Fonseca en la prisión de Quivicán, en Mayabeque. Según relató su hermano, Roberto se encontraba sentado en el patio cuando fue atacado por sorpresa por un preso común. La agresión ocurrió en presencia de varios guardias y de una reeducadora, y el atacante llegó a sacar un cuchillo.
La familia sospecha, como es habitual que suceda a los presos de conciencia, que el incidente podría constituir una provocación organizada por la Seguridad del Estado con un doble propósito: conseguir que Roberto resulte herido o provocar que se defienda para acusarlo de un delito común y prolongar su condena. La familia desconoce por el momento el estado de Roberto, si sufrió lesiones durante el ataque y si las autoridades lo trasladaron posteriormente a una celda de castigo.
La agresión se produce cuando Roberto ya atraviesa un severo deterioro de salud. Durante agosto presentó fiebre alta, insuficiencia respiratoria y un marcado debilitamiento físico, síntomas compatibles con una posible neumonía y especialmente preocupantes debido a sus antecedentes pulmonares.
Según explicó su madre, Lisset Fonseca, cuando comenzaron la fiebre y las dificultades respiratorias no había ningún médico en la prisión. Un recluso que es médico lo auscultó y advirtió que podía padecer neumonía. No consta que haya sido trasladado a un hospital ni sometido a las pruebas necesarias para confirmar el diagnóstico y determinar la gravedad de la infección. Otros reclusos de la prisión presentan síntomas similares, lo que aumenta el temor a la existencia de un brote infeccioso dentro del penal.
Roberto arrastra un largo historial de enfermedades graves y desatención médica en prisión. Padece asma, bronquitis crónica, esofagitis aguda, duodenitis y úlceras duodenales, que le han provocado vómitos, sangrado y dolores intensos. Sus problemas respiratorios y digestivos se han agravado por la humedad, la falta de ventilación, la exposición a sustancias irritantes y los prolongados periodos en celdas de castigo. Su familia también ha denunciado la manipulación de sus diagnósticos y la negativa reiterada a trasladarlo a un centro hospitalario.
Roberto Pérez Fonseca cumple una condena de diez años de prisión por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró arbitraria su privación de libertad mediante la Opinión 51/2023 y exigió su liberación inmediata, una indemnización y la investigación de las vulneraciones cometidas en su contra.
El ataque sufrido en presencia de funcionarios penitenciarios, la posible provocación, la incertidumbre sobre su ubicación y su estado de salud y la falta de atención médica especializada colocan a Roberto en una situación de extremo riesgo. Su familia exige información inmediata, garantías para su integridad, su traslado a un hospital y su liberación para que pueda recibir el tratamiento que necesita.
Una sentencia infame: siete años de prisión para un enfermo de cáncer
Como actualización posterior al cierre de agosto, y tal y como hemos denunciado en nuestras redes sociales, el 1 de septiembre de 2026 el Tribunal Provincial Popular de Las Tunas impuso al preso de conciencia Carlos Alberto McDonald Ennis, de 55 años, una condena de siete años de privación de libertad por el supuesto delito de «Propaganda contra el orden constitucional«. La sentencia todavía no es firme y mantiene la fianza de 50.000 pesos hasta que adquiera firmeza, pero amenaza con devolverlo a prisión mientras lucha contra un cáncer maligno en la región maxilofacial.
Carlos necesita 35 sesiones de radioterapia y solo ha podido completar cuatro. Además, debe costearse los desplazamientos entre Las Tunas y Holguín para recibir tratamiento. La condena llega después de haber permanecido más de dos años en prisión provisional y cuando su prioridad debería ser recibir asistencia médica urgente y continuada.
Fue precisamente durante ese encarcelamiento cuando Carlos desarrolló el cáncer. El tumor apareció y avanzó dentro de la prisión, mientras las autoridades le negaban atención médica, medicamentos y acceso a los resultados de las pruebas realizadas. También padece diabetes e hipertensión y sufrió una pérdida extrema de peso y un grave deterioro físico, motivo por el que fue excarcelado bajo fianza.
La sentencia construye la condena sobre una supuesta vinculación con la organización Cuba Primero que Carlos niega rotundamente, aseveración que Prisoners Defenders está en condiciones de ratificar. Carlos niega haber pertenecido a Cuba Primero o colaborado con esa organización. En una entrevista publicada en junio explicó que alguien lo había incluido en un chat de WhatsApp relacionado con ella, circunstancia fortuita y ajena a su voluntad que no acredita ni pertenencia ni colaboración con la organización. Cuba Primero también ha negado conocerlo o haber mantenido relación alguna con él.
El tribunal no acredita ningún acto violento, ni individualiza una conducta penal concreta, ni identifica una publicación específica atribuible a Carlos, ni presenta prueba alguna de un hipotético pago recibido, o acto personal alguno capaz de justificar una condena de siete años. La sentencia sustituye las pruebas individualizadas por acusaciones colectivas y utiliza una falsa vinculación con Cuba Primero como fundamento para imponerle una pena devastadora.
Aunque Carlos aún permanece fuera de prisión bajo fianza, continúa sometido al proceso penal y bajo la amenaza real de ser encarcelado cuando la condena adquiera firmeza.
Durante su encarcelamiento, Carlos sufrió un grave deterioro de salud y denunció la falta de atención médica. Ahora, la condena amenaza con devolverlo a prisión mientras recibe tratamiento contra el cáncer. La condena de Carlos pretende ser una condena a muerte, velada pero efectiva, hecho que presuntamente está vetado por los acuerdos de Cuba con el Vaticano.
Prisioneros políticos verificados en Cuba durante el mes de agosto
Con datos cerrados al 31 de agosto de 2026, la lista de presos políticos en Cuba contiene un número récord de 1.339 prisioneros políticos y de conciencia sometidos a sentencias judiciales o a disposiciones de limitación de libertad impuestas por las “Fiscalías”, sin supervisión judicial, debido proceso ni defensa efectiva, en flagrante violación del derecho internacional. Esta lista se hace pública y se distribuye mensualmente en ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses -del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026- la lista sumó 281 presos políticos nuevos, un promedio de más de 23 al mes, cifra récord en tres años y un 84,9 % superior a la del periodo equivalente anterior. Eso supone que a lo largo de estos últimos 12 meses estuvieron presentes en la lista 1.453 prisioneros políticos, todos ellos torturados según nuestras investigaciones. El Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba, basado en el análisis en profundidad de 181 casos seleccionados aleatoriamente, documentó los patrones de estas prácticas.
Cuba ha totalizado 2.167 presos políticos en sus cárceles desde julio de 2021 hasta finales de agosto de 2026, en apenas cinco años y dos meses, de los cuales 2.020 han ingresado en prisión desde entonces.
Este pasado mes de agosto han entrado en nuestra lista 19 nuevos prisioneros políticos. Otros 7 han salido de la lista este mes por cumplimientos íntegros de condena.
De los 1.339 prisioneros políticos:
- 38 de los prisioneros políticos de la lista actual fueron detenidos siendo menores de edad: 36 chicos y 2 chicas. En un informe remitido a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no incluye a decenas de menores que ya han salido de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. En Cuba, los menores son recluidos en centros de carácter penitenciario -auténticas prisiones- eufemísticamente denominados “Escuelas de Formación Integral”, que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones finales adoptadas el 3 de junio de 2022, son confinados cada año al menos 150 niños menores de 16 años. Ese mismo Comité destacó además que en torno a 260 adolescentes de 16 y 17 años sufren cada año privación de libertad en prisiones convencionales. Ambas cifras suman aproximadamente 410 casos anuales de menores privados de libertad. Son datos recogidos por el Comité en 2022, que además advirtió de la limitada información pública disponible.
- 16 de los menores del 11J han sido ya condenados por sedición. La pena media impuesta a estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo superior, en promedio, al que sufrían los adultos en prisión política antes del 11J. En la actualidad, la mayoría se encuentra en reclusión domiciliaria o en régimen de trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 217 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 155 mujeres sufren actualmente autos fiscales, medidas cautelares y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los prisioneros políticos que permanecen entre rejas hemos censado 463 presos con patologías médicas graves y hemos confirmado que estas se deben a la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente represivo, y que se agravan por la ausencia de atención médica. También hemos verificado 54 presos de conciencia entre rejas con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
807 Convictos de Conciencia, 495 Condenados de Conciencia y 37 Otros Presos Políticos
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad -los primeros- o limitación de libertad -los segundos- es consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave de sus derechos de defensa y del debido proceso, todo ello motivado por razones políticas y/o ideológicas.
Por ello, el récord de 1.339 prisioneros políticos verificados conforme a nuestra metodología se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, categorías que pueden examinarse en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual es la siguiente:
- 37 casos de Otros Presos Políticos
- 807 Convictos de Conciencia
- 495 Condenados de Conciencia
