Mayo confirmó que el régimen cubano ha elegido profundizar la represión como respuesta al colapso social, político, económico y humanitario del país. Ante apagones, hambre, falta de agua y deterioro extremo de la vida cotidiana, las autoridades intensificaron detenciones, militarización, allanamientos violentos, amenazas y procesos penales arbitrarios. Prisoners Defenders documentó 28 nuevos presos políticos en Cuba, muchos vinculados a las protestas de Antilla, Holguín, frente a solo 7 bajas de la lista. Tres cumplieron íntegramente sus condenas; una corresponde al único preso político de entre los 2.010 beneficiarios anunciados (todos presos comunes, salvo uno); dos son destierros forzados, los de Sissi Abascal Zamora y Jorge Fernández Era; y otra es la muerte bajo custodia de Ernesto Brieva Sempé, tras la negación de atención médica adecuada. El balance es demoledor: casi cinco nuevas víctimas por cada salida de prisión. Las excarcelaciones propagandísticas no frenan el crecimiento de la represión: el poder se preserva castigando sin límites a una ciudadanía exhausta y vulnerable.
28 nuevos presos políticos en mayo
Lejos de limitarse a activistas u opositores conocidos, ya desde 2021 la persecución alcanza a todos los sectores de la sociedad: profesionales, madres de familia, activistas humanitarios, menores, usuarios de redes sociales o ciudadanos que simplemente protestan por la falta de electricidad, agua o alimentos. Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, las amenazas contra familiares, las torturas durante los interrogatorios y el uso sistemático de la prisión provisional como mecanismo de castigo se han consolidado como prácticas habituales del régimen. Los casos que exponemos en este informe reflejan cómo las autoridades cubanas continúan criminalizando el ejercicio pacífico de derechos fundamentales y respondiendo a la creciente crisis social con más represión contra la población.
El régimen intensifica la persecución contra las mujeres
Sordey Ballester Horta, médica dermatóloga de la provincia de Matanzas fue detenida a mediados de mayo de 2026 mientras esperaba transporte para dirigirse a su trabajo en el hospital de Cárdenas.
De acuerdo con el testimonio de su familia, la doctora habría tomado una fotografía de un cartel con la consigna “Abajo la dictadura” que apareció en la localidad de Santa Marta, Matanzas. Poco después, varios agentes la arrestaron presuntamente por realizar la fotografía. Cuando preguntó la razón de su detención, los oficiales le respondieron que se encontraba “en el lugar y el momento equivocado”. Según personas cercanas a ella, Sordey Ballester Horta es una mujer tranquila, cristiana y sin antecedentes de conductas conflictivas.
La presa política Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez volvió a ingresar en prisión tras ser detenida junto a su padrastro Luis Alberto Reyes López durante las manifestaciones vecinales de Santa Amalia, en Arroyo Naranjo, La Habana, originadas por más de 4 días sin suministro de agua e interminables cortes de electricidad. Según testimonios familiares, Yunaiky no lideraba la protesta, sino que intervino en defensa de un vecino menor de edad que estaba siendo golpeado por la policía. Como consecuencia de esta nueva detención, las autoridades cubanas revocaron el beneficio de excarcelación que le había sido concedido el 27 de febrero de 2025 en el marco del acuerdo entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Cuba. Desde la estación policial, Yunaiky denunció en un vídeo haber sido golpeada, asfixiada y recluida en una celda junto a varios hombres. Posteriormente fue trasladada al centro de detención El Vivac.
Yunaiky fue condenada por el fabricado delito de “sedición” (un delito proscrito por Naciones Unidas y su Comité contra la Tortura desde 2022), al igual que otros más de doscientos manifestantes pacíficos, como represalia por las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021. Inicialmente recibió una sanción de 14 años de privación de libertad, que posteriormente fue reducida a 8 años por el Tribunal Supremo Popular.
Durante su encarcelamiento en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, en La Habana, Yunaiky denunció numerosas y reiteradas vulneraciones de derechos humanos. Además, Yunaiky padece de asma, afecciones renales, hipotiroidismo y vitíligo, lo que no impidió que a lo largo de su condena fuera sometida a confinamientos en celdas de castigo, su traslado a regímenes de mayor severidad, las restricciones de visitas y comunicaciones, así como agresiones físicas por parte del personal penitenciario. Sus familiares igualmente han denunciado episodios de maltrato, aislamiento y amenazas de apertura de nuevas causas penales, y ahora además denuncian que las autoridades pretendían trasladarla al Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, obligándola a elegir entre el internamiento psiquiátrico o el regreso a prisión. Esta amenaza, cumplida en ocasiones, es un recurso frecuente de las autoridades cubanas para doblegar a los desafectos con la “revolución”. Yunaiky comenzó una huelga de hambre y sed el 5 de junio.
Yamilka Mora, activista cubana reconocida por su labor comunitaria y la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Holguín, fue detenida sin orden de arresto ni tutela judicial el pasado 22 de mayo en Holguín. Según las denuncias difundidas por allegados, había sido citada esa misma mañana por la Policía Política a la unidad policial conocida como El Anillo y, una vez allí, fue detenida y trasladada a la Unidad de instrucción penal.
Su detención se produjo como represalia por las publicaciones y contenidos que difundió sobre la protesta ocurrida el 19 de mayo de 2026 en Antilla, Holguín, constituyendo un castigo por el ejercicio de su libertad de expresión y su labor de denuncia y visibilización de acontecimientos de interés público. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer detalles oficiales sobre los cargos formulados en su contra ni sobre su situación jurídica.
Wendolín Campuzano Almaguer, madre de tres hijos menores de edad, fue sometida a un proceso penal en un contexto de hostigamiento, amenazas e intimidación por parte de agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
Según denunció antes de su juicio, las autoridades la responsabilizaban a ella por las actitudes críticas y denuncias públicas realizadas por su padre, el periodista cubano exiliado Armando Campuzano Guyón. Entre las amenazas recibidas, agentes estatales le habrían manifestado que iba a “pagar por el gusano de tu padre”, además de ejercer presiones sobre su entorno familiar y verter amenazas relacionadas con sus hijos menores.
El 15 de abril de 2026 fue juzgada por un presunto delito de “Atentado”, vinculado a una falsa agresión contra una agente de la PNR. La Fiscalía solicitó inicialmente una pena de 6 años de prisión. Sin embargo, el pasado 2 de junio se confirmó una condena de 2 años de privación de libertad, tras lo cual fue trasladada a la Prisión de Mujeres de El Guatao, en La Habana. Los delitos contra la autoridad, como el “Atentado”, son usados con extrema frecuencia para fabricar penas de cárcel y castigar a los desafectos.
Su padre ha denunciado que la condena constituye una represalia política por su activismo y sus críticas al régimen cubano desde el exilio, así como por la publicación de su libro “Cuba, el Titanic del Caribe”. También denunció la ilegalidad del proceso judicial y señaló antecedentes de activismo de su hija, entre ellos la exhibición en 2021 de una sábana con la consigna “Patria y Vida”.
Tras la ratificación de la sentencia, Wendolín Campuzano Almaguer inició una huelga de hambre y sed en la Prisión de Mujeres de El Guatao. Permanece incomunicada, lo que ha generado una creciente preocupación por su estado de salud.
La encarcelación de Wendolín Campuzano ha dejado a sus tres hijos menores de edad privados del cuidado de su madre, una circunstancia que agrava el impacto humano de la condena. Este caso se suma al de muchas otras madres presas políticas cubanas cuyos hijos menores quedaron privados de su cuidado y protección debido a su encarcelamiento, una situación que Prisoners Defenders identificó y denunció el pasado mes de abril como una urgencia humanitaria que requiere atención prioritaria. Entre estos casos se encuentran Lizandra Góngora Espinosa, madre de cuatro hijos menores; Dariannis Guerra Suárez, madre de tres hijos menores; María Cristina Garrido Rodríguez, madre de dos hijos menores y Yennys Artola del Sol, quien permanece encarcelada sin poder ver a su hijo menor de edad.
Al menos 14 encarcelados tras protesta en Holguín
Tras las protestas pacíficas ocurridas el pasado 19 de mayo en Antilla, Holguín, las autoridades cubanas desplegaron una amplia operación represiva que terminó con 14 nuevos presos políticos en Cuba, 4 de ellos miembros de una misma familia.
La primera en ser detenida fue Yaquelín Thope Infante, de 54 años, residente en Antilla, Holguín. Su detención se produjo el 20 de mayo, sin orden judicial ni tutela judicial, cuando además se encontraba enferma y con fiebre, según denunciaron sus familiares. Las autoridades la señalaron como una de las principales participantes en las protestas e incluso la acusaron de haber lanzado piedras durante las manifestaciones, acusaciones que la familia rechaza tajantemente y que no han sido sustentadas públicamente. Su delicado estado de salud, además, es incompatible con dichas actitudes. Tras su detención, la familia denunció que se les negó información sobre su paradero y condición física, quedando durante días en situación de desaparición forzada.
Al mismo tiempo, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda contra Israel Espinosa Thope, hijo de Yaquelín, a quien consideraban una de las personas “de interés” tras las protestas. Según los testimonios recibidos, Israel no había participado en las manifestaciones y se encontraba en una actividad familiar cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, ello no impidió que se convirtiera en objetivo de una persecución policial que terminó afectando a todo su entorno familiar. Es habitual que el régimen cubano aproveche cualquier protesta, como ocurrió el 11J, para encarcelar a personas que considera desafectas en la comunidad.
La madrugada del 22 de mayo, numerosos agentes irrumpieron violentamente en la vivienda de la familia Thope. Los agentes derribaron la puerta, redujeron a varios familiares e intentaron localizar a Israel. Al no encontrarlo, procedieron a detener a Léster Osvaldo Martínez Vásquez y a Rafael Batista Infante, quienes, según las denuncias de los familiares, no habían participado en las protestas.
El caso de Rafael Batista Infante reviste una especial gravedad. Sus familiares denunciaron que padece graves trastornos mentales y alcoholismo crónico, condiciones que lo convierten en una persona particularmente vulnerable y limitan su capacidad para comprender plenamente su situación. A pesar de ello, fue arrestado durante el operativo y trasladado bajo custodia. Sus allegados manifestaron temor por su integridad física y psicológica, denunciando además que fue golpeado durante la intervención policial.
Actualmente, en Cuba al menos 52 presos políticos con graves trastornos de salud mental ven deteriorarse progresivamente su estado debido a las condiciones de encarcelamiento a las que están sometidos.
Distintos testimonios coinciden en señalar que las detenciones de Rafael Batista Infante y Léster Osvaldo Martínez Vásquez fueron utilizadas como una forma de presión para obligar a Israel Espinosa Thope a entregarse. Los agentes policiales llegaron a transmitir que los detenidos serían liberados cuando Israel se presentara ante las autoridades. Este también es un proceder habitual del régimen cubano, un aparato represivo sin límites en la violación de la legislación propia e internacional.
Finalmente, ante el temor de que continuaran las acciones represivas contra su familia y su entorno cercano, Israel Espinosa Thope decidió entregarse. Tras su detención, no se ofreció información sobre su situación procesal ni sobre el lugar donde fue recluido.
Encarcelado tras reunirse con un diplomático
El preso político Fidel Mojena Rivero, activista de 67 años y residente en Artemisa, fue detenido el 19 de mayo de 2026 tras ser citado a un interrogatorio en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). La detención se produjo sin orden de arresto ni tutela judicial, y fue trasladado inmediatamente al Centro de Instrucción Penal El Técnico de Guanajay, donde permanece recluido en prisión provisional.
Su detención fue precedida por una escalada de acciones represivas y hostigamiento dirigidas por la Seguridad del Estado. En junio de 2025, Mojena recibió en su domicilio al jefe de la Misión Diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer. El encuentro fue la excusa para amenazarlo y acusarlo por las autoridades de supuestos vínculos con actividades de terrorismo internacional contra Cuba.
Su familia señala que le autorizaron una denominada “visita de aseo”, una medida que suele interpretarse como indicio de una prolongada permanencia en prisión preventiva. Durante la visita, los familiares habrían recibido instrucciones de no hablar con él sobre el proceso penal ni sobre los interrogatorios realizados desde su arresto.
Las autoridades lo investigan por el presunto delito de “Propaganda contra el orden constitucional”. Según la información más reciente, continúa detenido, mantiene un buen estado de ánimo y sostiene su inocencia. De acuerdo con sus familiares, se ha negado a designar un abogado defensor porque considera que no ha cometido ningún delito.
Este proceder del régimen reprimiendo a personas que son visitadas por diplomáticos se debe al gran impacto, esperanza y apoyo que las acciones de los diplomáticos extranjeros pueden generar en la población. El régimen trata de mandar un mensaje de terror para lograr que los diplomáticos retraídos por su presión se acojan a dicha excusa para no apoyar a las víctimas de represión. Es un grave error doblegarse ante la represión de un régimen criminal y negarle apoyo a las víctimas con dicha excusa. Solo con firmeza y valores inquebrantables se puede apoyar ahora al pueblo de Cuba, por lo que animamos a todos los diplomáticos de los países democráticos a que segunden la labor de Mike Hammer, un ejemplo a seguir para todos ellos.
Torturas, privación de sueño y alimentos por criticar al régimen en redes sociales
El preso político Erick Alain Chang Padrón, incorporado este mes en la lista, es un trabajador por cuenta propia de 51 años y ha sido objeto de una sostenida persecución por parte de las autoridades cubanas debido a las opiniones críticas que ha expresado públicamente sobre la situación del país. A través de videos y publicaciones en redes sociales, denunció los apagones, la escasez de alimentos, las difíciles condiciones de vida de la población y cuestionó la gestión del presidente Miguel Díaz-Canel.
El 17 de mayo fue interceptado y detenido por agentes de la Seguridad del Estado en la puerta de su vivienda, en el municipio habanero de Cerro, debido al contenido de sus publicaciones. Aunque inicialmente fue liberado sin cargos, el 20 de mayo fue nuevamente detenido de forma arbitraria en su lugar de trabajo y trasladado a Villa Marista, cuartel general de la policía política en La Habana y un eminente centro de torturas. Posteriormente fue enviado a prisión a la cárcel Valle Grande, donde permanece recluido a la espera de juicio por un presunto delito de “Desacato” (Art. 185.2), cargo que podría acarrearle entre 1 y 3 años de privación de libertad.
Desde prisión, Chang Padrón logró sacar un manuscrito en el que denuncia haber sido víctima de torturas y graves malos tratos durante su permanencia en Villa Marista. Según su testimonio, fue sometido durante 11 días a interrogatorios constantes por distintos oficiales de la Seguridad del Estado, con privación deliberada de sueño y alimentos, además de intensas presiones psicológicas relacionadas exclusivamente con sus publicaciones críticas en redes sociales. En sus propias palabras, fue acusado de desacato “sin ninguna razón”, únicamente por expresar opiniones contrarias al régimen.
El preso político también denunció las condiciones inhumanas existentes en la prisión Valle Grande. Según relató, la falta de colchones obliga a muchos reclusos a dormir sobre sacos o directamente en el suelo. Asimismo, describió un entorno marcado por el hacinamiento, la presencia de plagas de mosquitos y chinches que provocan infecciones y erupciones cutáneas, la escasez de agua potable, los prolongados cortes de electricidad, la insalubridad generalizada y una alimentación insuficiente y carente de nutrientes básicos. En esta línea, el 27 de abril pasado, Prisoners Defenders publicó un completo informe sobre la desnutrición forzosa que sufren más de 90 mil presos en Cuba.
Durante una visita familiar, su esposa, Susana Romero, pudo constatar el grave deterioro físico y emocional sufrido por Chang Padrón como consecuencia del encarcelamiento y los abusos denunciados. Según su relato, el estado de debilidad del preso era tan severo que ni siquiera pudo ingerir los alimentos que ella le llevó durante la visita, terminando ambos profundamente afectados por la situación.
Pese a las presiones sufridas, Chang Padrón ha mantenido una actitud de resistencia dentro de prisión. Según denunció, comenzó a gritar consignas a favor de la libertad y el cambio democrático, siendo secundado por otros reclusos que corearon expresiones libertarias, entre ellas “Patria y Vida”.
El régimen suma otra muerte entre los presos políticos en Cuba
El preso político Ernesto Brieva Sempé, de 52 años, falleció el pasado 13 de mayo en la prisión Combinado del Este, en La Habana, tras años de encarcelamiento por haber participado en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021.
Brieva padecía una enfermedad renal crónica y presentaba un grave cuadro de desnutrición. Pese a ello, no recibió la atención médica indispensable para mantenerlo con vida. Los tratamientos de hemodiálisis que necesitaba no se realizaron con la frecuencia requerida y su deterioro físico avanzó hasta extremos incompatibles con la vida. Cuando murió, era un hombre consumido por el abandono, la enfermedad y la negligencia institucional. El informe oficial de Medicina Legal atribuyó su muerte al “daño múltiple de órganos”, una formulación clínica que no puede ocultar la responsabilidad de quienes permitieron que llegara a ese estado.
Detenido por participar en las protestas del 11J de la Esquina de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre, había sido inicialmente condenado a 5 años de correccional sin internamiento. Sin embargo, las autoridades revocaron posteriormente ese beneficio y lo trasladaron al Combinado del Este, una decisión que, dadas sus condiciones de salud, terminó convirtiendo su condena en una sentencia de muerte. Incluso después de fallecido, el régimen mantuvo el control sobre su entorno: su funeral estuvo rodeado por una fuerte presencia de agentes de la Seguridad del Estado.
Con la muerte de Ernesto Brieva Sempé ya son 6 los presos políticos fallecidos en Cuba solo desde 2023 bajo custodia o responsabilidad directa del régimen cubano. A la lista se suman Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén Esplugas y Luis Miguel Oña. No se trata de hechos aislados ni de coincidencias trágicas: es un patrón sostenido por las autoridades de abandono médico, desnutrición, maltrato y desprecio por la vida de los presos políticos en Cuba.
Prisoners Defenders ha identificado en Cuba actualmente a 449 presos políticos que padecen patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión. La falta de alimentación adecuada, la ausencia de atención médica especializada, los abusos físicos y psicológicos y las condiciones inhumanas de encarcelamiento están destruyendo progresivamente la salud de cientos de personas.
Cada día que estos presos políticos permanecen encarcelados en Cuba aumenta el riesgo de que nuevas muertes se sumen a esta lista. Mantener en prisión a personas gravemente enfermas no constituye el cumplimiento de una condena, sino una forma de castigo inhumano que pone deliberadamente en peligro sus vidas. El Estado cubano conoce perfectamente la situación médica de estos reclusos y, aun así, continúa negándoles la protección y la asistencia que exige el derecho internacional.
La permanencia en prisión de estos 449 presos políticos enfermos es jurídicamente indefendible y humanamente intolerable. Su liberación inmediata es una cuestión de supervivencia. No hablamos de concesiones políticas ni de gestos de buena voluntad, sino de evitar que continúe una cadena de muertes anunciadas.
Dos adolescentes presos políticos en Cuba enfrentan graves riesgos
El preso político adolescente de 16 años,Christian Jesús Crespo Álvarez, permanece recluido en la enfermería de la prisión Canaleta, en Ciego de Ávila, después de haber contraído hepatitis estando encarcelado. Aunque las autoridades confirmaron su diagnóstico, se han negado a trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada, argumentando que no resulta necesario. Según informó su madre, el adolescente continúa sufriendo dolores abdominales y permanece aislado debido al carácter contagioso de la enfermedad.
La preocupación sobre su estado de salud se ha visto agravada por denuncias de un posible brote de hepatitis dentro del penal. Sus familiares afirman que Christian presenta un notable deterioro físico, pérdida significativa de peso y numerosas picaduras de insectos, consecuencia de las deficientes condiciones higiénico-sanitarias de la prisión. También han denunciado que ha sido víctima de agresiones físicas durante su encarcelamiento y que funcionarios penitenciarios le sustrajeron sus pertenencias personales sin que estas le hayan sido devueltas.
Christian fue detenido arbitrariamente el pasado mes de marzo en Morón, Ciego de Ávila, cuando tenía apenas 16 años, en el contexto de las protestas ocurridas en esa localidad. Tras su arresto fue trasladado a dependencias de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila, donde fue sometido durante semanas a torturas y malos tratos.
Posteriormente, fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila junto a otro menor de edad, Jonathan David Muir Burgos, también detenido en relación con las manifestaciones y que también se encuentra actualmente en grave situación de riesgo, pues ha sido víctima de agresiones físicas, hostigamiento y falta de atención médica adecuada bajo custodia estatal. La familia ha advertido que Jonathan permanece enfermo, sin recibir el tratamiento necesario para sus padecimientos, entre ellos hipoglucemia, y sometido a condiciones de reclusión incompatibles con su edad y estado de salud.
La situación de Jonathan fue reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 24 de abril de 2026 otorgó medidas cautelares a su favor mediante la Resolución 30/2026, al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable bajo custodia del Estado cubano. La CIDH solicitó al Estado adoptar medidas inmediatas con enfoque de protección especial para menores de edad, incluyendo atención médica adecuada, acceso suficiente a agua potable y alimentos, comunicación regular con familiares y abogados, así como condiciones de detención compatibles con estándares internacionales.
Jonathan fue detenido el 16 de marzo de 2026, sin orden de arresto, tutela judicial ni defensa efectiva, en el contexto de las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila, motivadas por el grave descontento social ante la falta de servicios básicos como electricidad y agua. Fue citado a una estación policial, donde fue detenido y llevado al Departamento Técnico de Investigaciones de Ciego de Ávila. Desde entonces fue acusado del presunto delito de “Sabotaje”, y el 25 de marzo el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó un habeas corpus presentado a su favor.
Posteriormente, la familia fue informada de que podría imputársele un nuevo cargo por un fiscal militar, lo que abriría la posibilidad de que fuera juzgado por un tribunal castrense. Su padre ha denunciado además el temor de que las autoridades intenten presentarlo como uno de los principales responsables de las protestas, agravando artificial y falsariamente el expediente en su contra.
El pasado 2 de abril, Jonathan David Muir Burgos fue trasladado sin previo aviso ni notificación oficial a la prisión de Canaleta. El propio menor logró comunicarse telefónicamente con un familiar para informar del traslado y pedir ayuda, expresando las palabras textuales “sáquenme de aquí”. Según su padre, desde entonces el adolescente se encuentra desesperado, sometido a tratos crueles e inhumanos, obligado a dormir en colchones infestados de chinches y sin recibir atención médica adecuada pese a padecer hipoglucemia y un largo historial infantil y juvenil de inmunodeficiencia.
Durante una visita familiar realizada el pasado mes de mayo, su padre relató haberlo visto profundamente afligido, llorando tras los barrotes y visiblemente angustiado por la posibilidad de que las autoridades aumentaran los cargos en su contra.
Familiares de ambos adolescentes, Christian y Jonathan, denunciaron que las autoridades intentaron obligarlos a firmar declaraciones falsas para incriminarse en delitos que no habrían cometido. Fueron acusados de actuar conjuntamente pese a que se conocieron únicamente después de su ingreso en prisión. Ambos continúan recluidos en un centro penitenciario de máxima severidad para adultos, donde han denunciado agresiones, amenazas, condiciones degradantes de reclusión y la falta de atención médica adecuada, pese a tratarse de menores de edad.
La lista de los 2.010 indultados: otra farsa más del régimen
El Gobierno cubano publicó el pasado 25 de mayo, mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria Especial No. 11, un listado de 2.010 presos beneficiados con medidas de excarcelación. La publicación fue presentada como un “gesto humanitario y soberano”, “en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa”, algo llamativamente hipócrita para un Estado que se declara ateo e instruye en el materialismo y el ateísmo desde muy temprana edad a sus ciudadanos.
Tras un análisis exhaustivo de los nombres incluidos en la lista, Prisoners Defenders ha podido constatar que, entre los cientos de beneficiarios anunciados, en Cuba solo dos personas podían ser identificadas como presos políticos previamente documentados por nuestra organización: Iván Leydis Acosta Matos y Kevin Lay Laureiro Rojas. Sin embargo, el primero sigue bajo condena y en prisión, mientras el segundo sí habría sido excarcelado bajo fuertes amenazas.
Los hechos confirman que la medida adoptada por el régimen no tuvo como objetivo abordar la situación de los cientos de ciudadanos presos por motivos políticos en Cuba, sino que estuvo dirigida a la población penitenciaria común y a engañar a la comunidad internacional, favorecida por interpretaciones públicas erróneas, como la difundida en Televisión Española por Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Elcano, que llegó a decir que el régimen había adoptado “la medida de poner en libertad a 2.000 presos políticos”, naturaleza de los presos que ni el régimen de Cuba en su anuncio de indulto comunicó.
Prisoners Defenders ha podido confirmar que Iván Leydis Acosta Matos, pese a figurar oficialmente en la lista de personas indultadas, continúa privado de libertad. La información obtenida indica que permanece encarcelado, por lo que su inclusión en el listado oficial no se ha traducido en una liberación efectiva.
Por otro lado, Kevin Lay Laureiro Rojas constituye, hasta donde ha podido verificarse, el único preso político cuya excarcelación sí se habría producido en el marco de la medida anunciada.
La constatación de que el preso político Iván Leydis Acosta Matos continúa encarcelado pese a aparecer como beneficiario de la medida, evidencia la falta de voluntad del régimen de Cuba para liberar a los presos políticos, y el desprecio con el que juega con la vida de estos y sus familiares incluso mediante sus comunicados oficiales. Las autoridades cubanas utilizan los comunicados públicos de excarcelaciones e indultos para intentar proyectar una imagen de apertura y clemencia que es contraria a la terrible realidad.
Prisioneros políticos verificados en Cuba durante el mes de mayo
Con datos cerrados al 31 de mayo de 2026, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.281 prisioneros políticos y de conciencia sometidos a sentencias judiciales o a disposiciones de limitación de libertad impuestas por las “Fiscalías”, sin supervisión judicial, debido proceso ni defensa efectiva, en flagrante violación del derecho internacional. Esta lista se hace pública y se distribuye mensualmente en ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses —del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026- la lista de Cuba sumó 240 presos políticos nuevos, un promedio de 20 al mes. Eso supone que, a lo largo de ese periodo, estuvieron presentes en la lista 1.390 prisioneros políticos, todos ellos torturados, como demostramos en el análisis en profundidad de 181 casos seleccionados aleatoriamente para el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba.
Cuba ha totalizado 2.076 presos políticos en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de mayo de 2026, en apenas cuatro años y diez meses, de los cuales 1.929 han ingresado en prisión desde entonces.
Este pasado mes de mayo han entrado en nuestra lista 28 nuevos prisioneros políticos. Otros 7 han salido de la lista este mes que corresponden a tres cumplimientos íntegros de condena, una excarcelación, dos salidas forzadas del país y un fallecimiento bajo custodia estatal.
De los 1.281 prisioneros políticos:
- 34 de los prisioneros políticos de la lista actual fueron detenidos siendo menores de edad: 32 chicos y 2 chicas. En un informe remitido a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no incluye a decenas de menores que ya han salido de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. En Cuba, los menores son recluidos en centros de carácter penitenciario -auténticas prisiones- eufemísticamente denominados “Escuelas de Formación Integral”, que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones finales de 9 de junio de 2022, son confinados cada año al menos 150 niños menores de 16 años. Ese mismo Comité destacó además que en torno a 260 adolescentes de 16 y 17 años sufren cada año privación de libertad en prisiones convencionales. Son, por tanto, 410 menores los que padecen prisión cada año en Cuba, según ha podido confirmar Naciones Unidas.
- 16 de estos menores han sido ya condenados por sedición. La pena media impuesta a estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo superior, en promedio, al que sufrían los adultos en prisión política antes del 11J. En la actualidad, la mayoría se encuentra en reclusión domiciliaria o en régimen de trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 217 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 147 mujeres sufren actualmente autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los prisioneros políticos que permanecen entre rejas hemos censado en Cuba 449 presos políticos con patologías médicas graves y hemos confirmado que estas se deben a la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y su agravamiento por la ausencia de atención médica. También hemos verificado 52 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
769 Convictos de Conciencia, 475 condenados de conciencia y 37 otros presos políticos en Cuba
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad -los primeros- o limitación de libertad -los segundos- es consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar en Cuba, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, todo ello motivado por razones políticas y/o ideológicas.
Por ello, los 1.281 prisioneros políticos verificados por el ejercicio de sus derechos fundamentales en Cuba se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, categorías que pueden examinarse en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual es la siguiente:
- 37 casos de Otros Presos Políticos
- 769 Convictos de Conciencia
- 475 Condenados de Conciencia
