Nuestro informe de abril de 2026 documenta 23 nuevos presos políticos en Cuba, entre ellos menores de edad, deportistas, artistas, periodistas independientes y activistas pacíficos, además de graves denuncias de violencia sexual en prisión, represión contra familiares de opositores y amenazas de muerte contra presos políticos y de conciencia ante una eventual intervención de Estados Unidos en Cuba. Durante el mismo período se produjeron también 13 bajas en la lista de presos políticos. Entre quienes permanecen entre rejas, 449 presos políticos padecen enfermedades provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura y la negación sistemática de atención médica. Asimismo, 51 presos políticos con graves trastornos mentales permanecen encarcelados sin tratamiento psiquiátrico adecuado, en condiciones incompatibles con su estado de salud. La lista incluye además a 35 menores de edad represaliados políticamente y a 142 mujeres.
23 nuevos presos políticos en abril de 2026
Los 23 nuevos presos políticos incorporados a la lista muestran una intensificación imparable de la represión en Cuba, caracterizada por detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, amenazas, campañas de descrédito y criminalización de cualquier forma de expresión crítica contra el régimen.
Las autoridades cubanas continúan recurriendo a acusaciones imprecisas como “Desórdenes públicos”, “Desacato” o “Sabotaje”, sin pruebas conocidas ni garantías procesales, y mantienen a los detenidos en prisión provisional o bajo medidas cautelares arbitrarias, en todo caso siempre sin tutela judicial. Los casos reflejan además patrones recurrentes de vigilancia permanente, violencia durante los arrestos, incomunicación, hostigamiento a familiares y, en la mayoría de los casos, la utilización de mecanismos de intimidación política para silenciar denuncias sobre la crisis social, económica y de derechos humanos que atraviesa el país.
A continuación, exponemos algunos de los casos más representativos entre los 23 nuevos presos políticos incorporados este mes. Entre ellos figuran deportistas, artistas, periodistas independientes, sindicalistas, activistas pacíficos e incluso familiares de opositores, lo que evidencia cómo la represión estatal se extiende también al entorno familiar y social de quienes disienten públicamente.
La entrada este mes en la lista de Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como “Spiderman” y campeón cubano de artes marciales mixtas, ha generado atención por tratarse de un deportista detenido tras protagonizar una protesta pacífica e individual contra el régimen cubano. Javier fue arrestado arbitrariamente este pasado abril de 2026 en Marianao, La Habana, después de permanecer durante aproximadamente nueve días manifestándose desde el balcón de su vivienda con consignas críticas hacia el gobierno.
La detención fue ejecutada por agentes vestidos de civil mediante el uso de violencia física y sin orden de arresto ni tutela judicial. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo sin identificación oficial. Inicialmente permaneció en paradero desconocido hasta confirmarse su reclusión en Villa Marista, un conocido centro de torturas de la Seguridad del Estado. Durante el proceso, las autoridades intentaron desacreditarlo alegando supuestos trastornos mentales, extremo desmentido posteriormente por un examen médico oficial que confirmó que no presentaba alteraciones psiquiátricas.
Actualmente permanece en prisión provisional, sin tutela judicial, por un supuesto delito de “Desórdenes públicos”, sin que se hayan presentado públicamente pruebas ni cargos formalizados con garantías procesales. Su defensa ha denunciado la arbitrariedad de la medida cautelar y la ausencia de fundamento jurídico para mantenerlo encarcelado.
Se incorpora también este mes a la lista Andy Michel Osorio Velázquez, instructor de arte residente en Sagua de Tánamo, Holguín. Fue detenido arbitrariamente a principios de abril de 2026 por agentes del régimen cubano bajo la acusación de haber pintado supuestos carteles con mensajes contra la dictadura.
Según denuncias de sus familiares, las autoridades realizaron un registro en su vivienda en busca de evidencias relacionadas con unos carteles críticos aparecidos en un hospital, sin hallar prueba alguna que lo implicara en los hechos. A pesar de ello, Andy Michel fue igualmente detenido y trasladado bajo custodia policial. Su hermana, Yeni Osorio, ha denunciado públicamente que el arresto responde a motivaciones políticas y forma parte de la persecución sistemática contra cualquier manifestación crítica hacia el régimen cubano.
Hasta el momento no se han hecho públicos cargos formales ni existe información oficial sobre su situación procesal o el lugar exacto donde permanece recluido, lo que incrementa la preocupación de familiares y organizaciones de derechos humanos ante la falta de garantías legales y transparencia en el caso.
Los casos del matrimonio Alexeis Serrano Águila y Delis Frómeta Suárez, incluidos entre los nuevos presos políticos de abril, evidencian un nuevo episodio de represión contra ciudadanos que denuncian públicamente los abusos y la crisis social en Cuba. Fueron detenidos a mediados de abril de 2026 en Palma Soriano, Santiago de Cuba, después de grabar y difundir un vídeo en el que denunciaban la falta de derechos en el país y, en particular, la imposición de una multa arbitraria de 16.000 pesos cubanos contra Alexeis, trabajador por cuenta propia, por una cuantía superior al doble del salario mensual promedio en Cuba.
Ese mismo día, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria arrestaron a Alexeis Serrano Águila en su domicilio sin orden de arresto ni tutela judicial, en un proceso completamente carente de garantías legales. Cuando su esposa, Delis Frómeta Suárez, acudió a la estación policial para conocer su situación, también fue detenida por haber grabado las imágenes. Posteriormente, Delis fue excarcelada mediante un auto fiscal de imposición de medida cautelar de fianza, bajo amenazas, mientras que Alexeis permaneció encarcelado y acusado de “Desacato”; más tarde fue trasladado a la Prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba.
Durante su detención, Alexeis realizó una huelga de hambre y, según denuncias familiares, sufrió un fuerte deterioro físico, con debilidad extrema y presencia de sangre en la orina. Su hija, Yanelis Serrano, denunció públicamente tanto las condiciones de reclusión de su padre como las amenazas ejercidas contra su madre tras su liberación.
Los casos de los nuevos presos políticos Bárbaro de la Nuez Ramírez, Luis Ángel Cuza Alfonso y Madeleiny Fuentes León reflejan un patrón de represión dirigido no solo contra activistas pacíficos, sino también contra personas vinculadas familiarmente con el activismo independiente en Cuba.
Bárbaro de la Nuez Ramírez, sindicalista independiente de 60 años y hermano del también activista Juan Alberto de la Nuez, fue detenido arbitrariamente en la cuarta semana de abril de 2026 en Cienfuegos tras registros simultáneos en su vivienda y la de su madre. Las autoridades lo mantuvieron bajo investigación por un presunto delito de “Sabotaje” relacionado con su activismo y publicaciones en redes sociales, en medio de un operativo represivo previo al 1 de mayo contra sindicalistas independientes. Aunque fue excarcelado semanas después, continúa sometido a vigilancia, interrogatorios y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado.
En un contexto similar, el periodista independiente y activista Luis Ángel Cuza Alfonso, miembro del MONR y del Movimiento Democracia, fue detenido violentamente a finales de abril de 2026 en La Habana por agentes vestidos de civil mientras se encontraba junto a su hija menor de edad. Tras permanecer inicialmente en paradero desconocido, fue localizado bajo custodia de la Seguridad del Estado en una unidad policial del municipio Playa. Su caso se enmarca igualmente en la ola de arrestos preventivos y represión contra activistas y periodistas independientes antes de las movilizaciones oficiales del 1 de mayo.
Por su parte, Madeleiny Fuentes León, residente en Cienfuegos, fue detenida a mediados de abril de 2026 durante un allanamiento en su vivienda motivado, según denuncias familiares, por el activismo opositor de su hermana exiliada en Estados Unidos, integrante del grupo Freedom for Cuba. Durante el operativo, agentes del DTI intentaron vincularla con actividades antigubernamentales y la arrestaron tras descubrir que había grabado imágenes del registro policial para enviarlas a su hermana. Las autoridades la amenazaron con procesarla penalmente si el material era difundido públicamente.
Los tres casos muestran cómo las autoridades cubanas recurren a detenciones arbitrarias, amenazas, incomunicación y vigilancia estatal no solo para castigar la disidencia política directa, sino también para intimidar a familiares, periodistas, sindicalistas y personas vinculadas al activismo independiente.
14 menores de edad encarcelados actualmente en Cuba
Entre los nuevos casos documentados en 2026 figuran además cuatro menores recientemente encarcelados en el contexto de las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila, desencadenadas por la grave crisis social y la falta de acceso a servicios básicos como electricidad, agua y alimentos. Todos fueron detenidos sin garantías judiciales efectivas, permanecen en prisión provisional y han sido acusados de delitos graves, bajo procedimientos opacos y con denuncias de tortura, malos tratos y aislamiento.
Entre ellos se encuentra Kevin Samuel Echevarría Rodríguez, de 15 años de edad, detenido a mitad de marzo de 2026 y acusado de presunta participación en la organización de las protestas. Según denuncias de familiares y fuentes cercanas, permaneció detenido y bajo interrogatorio intimidatorio en las instalaciones del MININT pese a la existencia de vídeos que muestran el carácter pacífico de las manifestaciones.
Uno de los casos más conocidos y visibles internacionalmente es el de Jonathan David Muir Burgos, de 16 años de edad, cuya situación ha sido ampliamente denunciada por medios de comunicación. El menor fue acusado de “Sabotaje” tras ser citado a una estación policial en el contexto de las protestas de marzo de 2026 en Morón, Ciego de Ávila, y posteriormente trasladado a la prisión de Canaleta, una prisión de máxima severidad para adultos.
Su familia ha denunciado reiteradamente condiciones inhumanas de reclusión, falta de atención médica adecuada y constantes presiones psicológicas, así como intentos de manipulación propagandística por parte del régimen para ocultar su verdadero estado. La situación del menor es extremadamente alarmante: Jonathan presenta antecedentes médicos graves, padece dishidrosis severa y tiene el sistema inmunológico debilitado tras sufrir infecciones bacterianas de alta gravedad, por lo que requiere tratamiento médico urgente que se le está negando en la mazmorra infernal donde se encuentra.
Ante la gravedad del caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor mediante la Resolución 30/2026, al considerar que su vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo grave e irreparable mientras permanece detenido.
Otro de los menores encarcelados es Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años de edad, detenido igualmente en el contexto de las protestas de Morón y posteriormente trasladado a prisión junto a Jonathan David Muir Burgos. Ambos menores permanecen recluidos en la prisión de máxima severidad para adultos de Canaleta, en Ciego de Ávila, en condiciones deplorables y sometidos a amenazas y presiones para firmar declaraciones inculpatorias falsas sobre delitos que no han cometido. Ambos jóvenes están incluidos en nuestra lista de presos extremadamente vulnerables y en grave riesgo, y reclamamos su liberación inmediata.
Asimismo, fue detenido Yoasnel Estrada Rodríguez, de 17 años de edad, arrestado violentamente en su domicilio a mediados de marzo de 2026 por agentes de la Seguridad del Estado y fuerzas especiales (“boinas negras”), quienes también detuvieron a su madre, presa política y persona con graves problemas de salud. Hasta semanas después de su arresto seguía sin conocerse oficialmente el paradero exacto del menor ni los cargos concretos que pretendían imputarle.
Además de los cuatro menores recientemente encarcelados en 2026, hemos documentado otros diez menores de edad que aún permanecen privados de libertad por motivos políticos en Cuba desde años anteriores. La mayoría fueron detenidos siendo adolescentes de 16 o 17 años en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021 y acusados principalmente de delitos como sedición, desórdenes públicos, sabotaje, atentado o hurto.
Las condenas impuestas o solicitadas contra estos menores alcanzaron penas extremadamente severas, con una media aproximada de 5 años de privación de libertad, aunque en varios casos las peticiones fiscales iniciales oscilaron entre 10 y 20 años de privación de libertad.
Estos casos se suman a las reiteradas denuncias internacionales sobre la situación de los menores privados de libertad en Cuba. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con información de Prisoners Defenders y de otras ONG también sobre el terreno, advirtió ya en 2022 que cientos de menores son encarcelados cada año en el país, incluidos adolescentes recluidos en prisiones convencionales junto a adultos, en violación de los estándares internacionales de protección de la infancia.
Violencia sexual como castigo: el “Gago de San José” y la complicidad penitenciaria
Las recientes denuncias sobre agresiones sexuales contra presos políticos en cárceles cubanas han vuelto a poner bajo escrutinio las condiciones extremas de violencia e impunidad existentes dentro del sistema penitenciario del régimen. Diversos testimonios y denuncias públicas apuntan a un patrón de utilización de presos comunes violentos como mecanismo de castigo, intimidación y represalia contra los presos políticos, especialmente manifestantes del 11J.
Uno de los casos más graves denunciados recientemente salió a la luz el 26 de abril de 2026, cuando trascendió que un joven preso político encarcelado por las protestas del 11 de julio habría sido víctima de una agresión sexual dentro de la prisión de Guanajay, en Artemisa, con la complicidad y bajo órdenes de funcionarios penitenciarios y agentes de la Seguridad del Estado. Según la denuncia, el abuso habría sido permitido deliberadamente por altos funcionarios penitenciarios y oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos el Mayor Javier Reboso Pérez y el Teniente Coronel Emilio, segundo jefe del penal. La víctima, cuya identidad no se revela por razones de seguridad, quedó ingresada en el área médica de la prisión en estado de shock y con graves afectaciones físicas y psicológicas.
La denuncia señala además como agresor al recluso Roberto Valdés Alonso, conocido como el “Gago de San José”, un preso común con antecedentes de extrema violencia y acusado previamente de agresiones sexuales dentro del penal. Según los testimonios, los propios oficiales habrían facilitado la agresión y actuado con pleno conocimiento e incluso con burlas posteriores ante lo sucedido. La utilización de este recluso contra presos políticos no constituye un hecho aislado, sino parte de un patrón represivo dentro de Guanajay, y en numerosas prisiones del país contra presos políticos.
En ese mismo contexto fue denunciado anteriormente el caso del preso político Julián Manuel Mazola Beltrán, quien, en marzo de 2025, habría sido víctima de un intento de violación tras ser colocado deliberadamente en una celda junto al mismo recluso agresor, el “Gago de San José”, presuntamente como represalia por negarse a colaborar con la Seguridad del Estado. El incidente fue promovido por autoridades penitenciarias y la policía política.
A estas denuncias se suma el caso del preso político Onaikel Infante Abreu, quien fue presuntamente violado en enero de 2026 dentro de una celda de castigo en la prisión de Agüica, Matanzas. Según relató su esposa, Sujay Acosta, varios presos comunes ingresaron a la celda donde se encontraba aislado y uno de ellos abusó sexualmente de él. La familia responsabiliza directamente a las autoridades penitenciarias y a la Seguridad del Estado, señalando que el acceso a esas celdas está estrictamente controlado: la entrada de otros reclusos solo puede producirse con autorización oficial.
Onaikel Infante Abreu cumple una condena de 8 años de prisión por motivos políticos tras haber realizado en 2023 una protesta pacífica en La Habana con consignas como “Patria y Vida” y “Libertad”. Durante su encarcelamiento ha sufrido violencia física, represión sistemática y un grave deterioro de salud, incluido un diagnóstico de cáncer de garganta sin tratamiento médico adecuado.
Estos casos evidencian denuncias cada vez más graves sobre el uso de violencia sexual, tortura psicológica y agresiones físicas contra presos políticos en Cuba, especialmente en los casos en que los presos no se someten a los dictados de la Seguridad del Estado, en un contexto de total impunidad y ausencia de investigaciones independientes.
Amenazas de ejecución y escalada de terror
En las últimas semanas se ha incrementado gravemente el clima de terror y amenazas contra los presos políticos cubanos y sus familias. Varios presos políticos, familiares y activistas han denunciado que funcionarios penitenciarios y agentes de la Seguridad del Estado están advirtiendo a los reclusos que, en caso de una supuesta intervención o ataque militar de Estados Unidos contra Cuba, los presos políticos serían ejecutados. Estas amenazas han sido reiteradas en distintos centros penitenciarios y contra casos específicos, generando un profundo pánico entre los presos de conciencia y sus familiares debido al historial represivo y criminal del régimen cubano.
Prisión Kilo 8, Camagüey
Uno de los casos más alarmantes ha sido denunciado desde la prisión de máxima seguridad Kilo 8, en Camagüey. Según relató el preso político Daril Ochoa Manrresa a su madre, un oficial del penal se dirigió a los guardias afirmando que “había que matar a todos los presos políticos, sin excepción”. El propio preso aseguró además que posteriormente les dieron apenas unos minutos “para despedirse”.
En la misma prisión, el preso político Alieski Calderín Acosta denunció haber recibido amenazas de muerte directas por parte del Mayor Leonardo Suárez Rey, director del penal provincial de Camagüey, el conocido como Kilo 8. Según relató, el oficial le advirtió: “No te conviene que venga Trump porque te voy a eliminar; esa es la orden que hay”. Cuando Calderín respondió que ejecutar presos políticos constituiría un crimen de guerra, el militar insistió en que “esa era la orden”. El preso político explicó además que no era la primera vez que recibía amenazas similares y pidió a la comunidad internacional que, si presos políticos aparecieran muertos en prisión, no se aceptara automáticamente la versión oficial de suicidios o infartos, sino que se investigaran posibles ejecuciones extrajudiciales.
También desde Kilo 8 se han denunciado mecanismos de intimidación indirecta contra otros presos políticos del 11J. Según relató la hermana del preso político Dixán Gaínza Moré, las autoridades penitenciarias utilizan a presos comunes para transmitir amenazas y sembrar terror entre los reclusos políticos. “Mandaban a otros reos comunes a hablar alto delante de él, diciendo que si pasaba algo las familias de los guardias iban a llorar y que los del 11 de julio iban a pagar”, denunció.
Prisión de Guanajay, Artemisa
Desde la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, el preso político Daniel Alfaro Frías denunció semanas atrás que tanto él como el artista plástico y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara habían recibido amenazas de muerte por parte de oficiales del penal. Según explicó, durante registros realizados en sus celdas, funcionarios penitenciarios les advirtieron que serían fusilados con fusiles AKM en caso de una intervención extranjera. “Dijeron que con una de esas mismas AKM venían aquí y nos iban a matar”, denunció Alfaro.
Prisión provincial de Holguín
Amenazas similares fueron denunciadas en la prisión provincial de Holguín contra el preso político Roilán Álvarez Rensoler. Según explicó su hermana, Ariana Álvarez, funcionarios penitenciarios advirtieron a los internos que, “si el gobierno de los Estados Unidos llegase a hacer una intervención, a los primeros que van a fusilar es a ellos”.
Amenazas fuera de prisión
La escalada de intimidación no se limita a las cárceles. Diversos opositores, periodistas independientes y activistas han denunciado amenazas directas por parte de la Seguridad del Estado utilizando la narrativa oficial sobre una supuesta “invasión inminente” de Estados Unidos para justificar la represión.
Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo, líderes del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río, denunciaron que, durante interrogatorios realizados por la Seguridad del Estado a comienzos de abril, uno de los oficiales les aseguró que “antes que salga el primer misil de los Estados Unidos hacia Cuba, la Seguridad del Estado tendría que actuar sobre los contrarrevolucionarios”.
El periodista independiente Luis Cino también denunció haber sido amenazado en su vivienda por un agente de la policía política, quien le advirtió que “se acabó la tolerancia” y que, si se producía una agresión militar, “todos los contrarrevolucionarios serán sacados de circulación”. El oficial llegó incluso a insinuar que el periodista podría morir en un bombardeo debido a la cercanía de su vivienda a instalaciones militares.
La represión también alcanzó a la familia de la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi). Según denunció, agentes de la Seguridad del Estado llegaron a advertir a su hermana que, en caso de un ataque militar, “el primer misil va a ir para su casa”.
De igual forma, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el expreso político Ángel Moya denunciaron que, tras una detención sufrida el pasado 20 de abril, oficiales de la Seguridad del Estado les dijeron que “no habrá espacio ni tribuna para ustedes si los americanos invaden Cuba”.
Todas estas denuncias reflejan el carácter sistemático de la represión estatal en Cuba y evidencian el uso del miedo, la intimidación y la amenaza de muerte como herramientas de control político contra presos de conciencia, activistas, periodistas independientes y opositores pacíficos.
Recientes excarcelaciones en Cuba: fraude político
Las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen cubano han vuelto a evidenciar una estrategia de manipulación propagandística destinada a proyectar una falsa imagen de apertura y “humanitarismo” ante la comunidad internacional.
Tanto la excarcelación bajo amenazas de 51 presos anunciada en marzo pasado, como el supuesto “indulto humanitario” de 2.010 reclusos presentado en abril, ambos estuvieron marcados por el engaño, la opacidad y la exclusión deliberada de la mayoría de los presos políticos cubanos.
Mientras el régimen intenta capitalizar políticamente estos anuncios, cientos de personas continúan encarceladas por motivos de conciencia y miles de familias siguen sufriendo la represión sistemática del Estado.
Excarcelación de 51 presos anunciada en marzo de 2026
El Gobierno cubano anunció el 12 de marzo de 2026 la excarcelación de 51 presos en los días siguientes. Sin embargo, la revisión y auditoría realizada por nuestra organización confirmó que únicamente 27 de ellos eran presos políticos, mientras que el resto correspondía a presos comunes. Las excarcelaciones se produjeron en el marco de negociaciones impulsadas por la Iglesia Católica.
Entre los 27 presos políticos excarcelados figuran personas condenadas a largas penas, de entre 6 y 18 años de prisión, por su participación en las protestas antigubernamentales y por delitos utilizados habitualmente para criminalizar el activismo, como “Desacato”, “Atentado” o “Propaganda enemiga”. Sin embargo, no sólo no han sido liberados, jurídicamente hablando, sino que fuera de prisión las ilegales y abusivas condiciones impuestas, la persecución, la vigilancia y las amenazas son tan grandes que no se puede hablar tampoco, en términos prácticos, de liberación alguna, sino más bien de un tipo de prisión domiciliaria y silencio obligado bajo amenaza de revocación inmediata y retorno a un régimen de máxima severidad, más grave incluso que el que muchos disfrutaban antes de la llamada “liberación”.
El “indulto humanitario” de 2.010 presos comunes anunciado en abril de 2026
El 2 de abril de 2026 el Gobierno cubano anunció la liberación de 2.010 personas privadas de libertad, presentando la medida como un “gesto humanitario y soberano” coincidiendo con la Semana Santa. No obstante, Prisoners Defenders pudo confirmar posteriormente que no existía ni un solo preso político entre los beneficiados: todos fueron reclusos comunes.
El propio comunicado oficial del régimen adelantaba la exclusión de personas condenadas por delitos considerados “contra la autoridad”, categoría bajo la cual las autoridades cubanas procesan sistemáticamente a opositores políticos y manifestantes pacíficos mediante figuras penales como “Desacato”, “Resistencia” y “Atentado”, entre otras.
Las investigaciones realizadas tras el anuncio confirmaron que la medida únicamente benefició a presos comunes, aliviando ligeramente la sobrepoblación penitenciaria, en la que Cuba ostenta un uno de los índices de encarcelamiento más altos del mundo, al superar el 1% de su población entre rejas, pero dejó intacta la represión política. Mientras tanto, 785 presos políticos continúan entre rejas en Cuba y 475 permanecen sometidos a arresto domiciliario, trabajo forzoso sin internamiento y otras medidas represivas, con vigilancia permanente y múltiples restricciones arbitrarias e inhumanas.
Numerosos presos políticos excarcelados bajo fuertísimas amenazas y condiciones represivas domiciliarias en enero de 2025, tras las negociaciones impulsadas por el Vaticano, denunciaron graves abusos sufridos en las cárceles cubanas, entre ellos golpizas, aislamiento prolongado, celdas de castigo, condiciones insalubres, falta de alimentos y ausencia de acceso adecuado a agua potable y atención médica. Lejos de recuperar plenamente su libertad, los excarcelados, con las sentencias y penas intactas, continuaron sometidos a vigilancia permanente, interrogatorios, amenazas y estrictas restricciones impuestas por la Seguridad del Estado, bajo la constante advertencia de ser devueltos a prisión (revocados) si realizaban declaraciones públicas, publicaban contenido crítico en redes sociales o mantenían vínculos con activistas y opositores.
El patrón de persecución y control contra estos excarcelados quedó nuevamente evidenciado el 3 de abril de 2026, cuando la Seguridad del Estado citó e interrogó a tres manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños: Jesús Yoel Díaz Hernández, Omar Hernández Calzadilla y Miguel Díaz Sosa, todos liberados en 2025 tras las negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano.
Durante los interrogatorios, los expresos políticos fueron amenazados explícitamente con la revocación de sus beneficios penitenciarios y la apertura de nuevas causas penales si continuaban expresándose públicamente o difundiendo contenido crítico contra el régimen. Miguel Díaz Sosa denunció que los oficiales le prohibieron relacionarse con personas opositoras y publicar en redes sociales bajo amenaza de ser nuevamente encarcelado, además de obligarlo a firmar documentos tras el interrogatorio. Por su parte, Jesús Yoel Díaz Hernández relató haber permanecido varias horas bajo presión en dependencias de la Seguridad del Estado, donde recibió amenazas similares de revocación y procesamiento judicial.
Las citaciones se produjeron pocas horas después de que publicaran en redes sociales una foto en la que pedían la libertad del también manifestante del 11J Denis Hernández Ramírez, revocado a prisión de manera arbitraria el pasado 24 de marzo de 2026.
Denis Hernández Ramírez fue condenado a 6 años de prisión por los supuestos delitos de “Desacato” y “Desórdenes públicos” tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños. Fue trasladado nuevamente a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa. Según denunció su madre, María Angélica Ramírez, las autoridades no presentaron pruebas ni fundamentos legales que justificaran la medida. Antes de su revocación había sido interrogado por la Seguridad del Estado en relación con carteles antigubernamentales aparecidos en su localidad y permanecía sometido a un severo régimen de vigilancia y amenazas. Durante su encarcelamiento denunció torturas, golpizas, aislamiento, celdas de castigo y múltiples huelgas de hambre en protesta por las condiciones inhumanas de prisión.
Estos casos y muchos otros evidencian que las excarcelaciones promovidas por el régimen cubano no representan una verdadera apertura política ni el restablecimiento de derechos fundamentales, sino mecanismos de control y represión extrapenal y propagandística, diseñados para mantener bajo amenaza permanente a los presos políticos y sus familias y, al mismo tiempo, para generar confusión entre los actores internacionales sobre sus intenciones de cambio.
Las liberaciones condicionadas funcionan, en la práctica, como una extensión del sistema represivo fuera de prisión, donde cualquier expresión crítica puede derivar en amenazas, nuevas acusaciones o el retorno inmediato a la cárcel. Quienes presentan o celebran estas excarcelaciones como liberaciones reales, o bien no sabe nada de la represión que acontece en Cuba, o bien es cómplice de la dictadura.
De hecho, muchos excarcelados ya han sido nuevamente encarcelados o sometidos a nuevas causas penales por expresar opiniones críticas o incumplir las estrictas condiciones represivas que vulneran sus derechos fundamentales impuestas por las autoridades, entre ellos José Daniel Ferrer (actualmente en exilio forzoso), Félix Navarro Rodríguez, Donaida Pérez Paseiro, Adán Kiubel Castillo Echevarría y Jaime Alcide Firdó Rodríguez.
Prisioneros políticos verificados en Cuba durante el mes de abril
Con datos cerrados al 30 de abril de 2026, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.260 prisioneros políticos y de conciencia sometidos a sentencias judiciales o a disposiciones de limitación de libertad impuestas por las “Fiscalías”, sin supervisión judicial, debido proceso ni defensa efectiva, en flagrante violación del derecho internacional. Esta lista se hace pública y se distribuye mensualmente en ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses —del 1 de mayo de 2025 al 30 de abril de 2026- la lista sumó 220 presos políticos nuevos, un promedio de más de 18 al mes. Eso supone que, a lo largo de ese periodo, estuvieron presentes en la lista 1.367 presos políticos, todos ellos torturados, como demostramos en el análisis en profundidad de 181 casos seleccionados aleatoriamente para el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba.
Cuba ha totalizado 2.048 presos políticos en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de abril de 2026, en apenas cuatro años y nueve meses, de los cuales 1.901 han ingresado en prisión desde entonces.
Este pasado mes de abril han entrado en nuestra lista de Cuba 23 nuevos presos políticos. Otros 13 han salido de la lista este mes, la mayoría por cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.
De los 1.260 prisioneros políticos:
- 35 de los prisioneros políticos de la lista actual fueron detenidos siendo menores de edad: 33 chicos y 2 chicas. En un informe remitido a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no incluye a decenas de menores que ya han salido de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. En Cuba, los menores son recluidos en centros de carácter penitenciario -auténticas prisiones- eufemísticamente denominados “Escuelas de Formación Integral”, que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones finales de 9 de junio de 2022, son confinados cada año al menos 150 niños menores de 16 años. Ese mismo Comité destacó además que en torno a 260 adolescentes de 16 y 17 años sufren cada año privación de libertad en prisiones convencionales. Son, por tanto, 410 menores los que padecen prisión cada año en Cuba, según ha podido confirmar Naciones Unidas.
- 16 de estos menores han sido ya condenados por sedición. La pena media impuesta a estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo superior, en promedio, al que sufrían los adultos en prisión política antes del 11J. En la actualidad, la mayoría se encuentra en reclusión domiciliaria o en régimen de trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 217 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 142 mujeres sufren actualmente autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los presos políticos en Cuba que permanecen entre rejas hemos censado 449 presos políticos con patologías médicas graves en Cuba y hemos confirmado que estas se deben a la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y su agravamiento por la ausencia de atención médica. También hemos verificado 51 presos políticos entre rejas en Cuba con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
749 Convictos de Conciencia, 475 condenados de conciencia y 36 otros presos políticos
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad -los primeros- o limitación de libertad -los segundos- es consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, todo ello motivado por razones políticas y/o ideológicas.
Por ello, los 1.260 prisioneros políticos verificados por el ejercicio de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, categorías que pueden examinarse en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual es la siguiente:
- 36 casos de Otros Presos Políticos
- 749 Convictos de Conciencia
- 475 Condenados de Conciencia
