Solo en marzo, tras cientos de detenciones arbitrarias, verificamos 44 nuevos presos políticos por protestar y expresarse: ciudadanos humildes y, en su inmensa mayoría, sin afiliación política conocida. Entre ellos crece de forma significativa el número de mujeres y menores, lo que sitúa el total en 1.250 prisioneros políticos al cierre de marzo. Con 145 mujeres condenadas por motivos políticos, Cuba alcanza un nuevo récord de presas políticas. De la lista actual, al menos 33 personas fueron detenidas siendo menores de edad, dos más incorporadas este mes. Además de la represión y la tortura, las condenas son extraordinariamente severas: 217 manifestantes han sido castigados por sedición a una media de 10 años, y los menores de la lista condenados soportan penas medias de 5 años. Hoy 447 presos políticos padecen enfermedades causadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura y la negación sistemática de atención médica. Sin tratamiento psiquiátrico, 47 presos políticos sufren trastornos mentales severos incompatibles con el encierro. Este mes exigimos la liberación inmediata de 32 presos que, de no ser excarcelados, pueden morir en menos de 12 meses o sufrir daños irreversibles: 21 con gravísimas enfermedades, 4 madres con hijos en situación de orfandad forzosa y 7 con enfermedades mentales graves, potencialmente suicidas.
Una situación represiva que no tiene límites
Durante el mes de marzo de 2026, Prisoners Defenders ha constatado un agravamiento exponencial de la represión de derechos fundamentales en Cuba. El incremento del número de afectados, los cientos de detenciones arbitrarias especialmente violentas y su vinculación directa con la protesta social, la libertad de expresión -online y offline- y el activismo cívico espontáneo dibujan un salto cualitativo de la violencia estatal. De entre los cientos de detenciones registradas en este periodo, hemos verificado 44 nuevos presos políticos en Cuba, 13 de ellos mujeres (29 %), lo que evidencia un aumento relevante de la represión también contra colectivos vulnerables y un impacto devastador sobre familias enteras.
Los hechos documentados evidencian un patrón sistemático: detenciones sin orden de arresto ni intervención judicial, incomunicación, torturas y negación del derecho de defensa, amparados en figuras penales denunciadas y proscritas por Naciones Unidas y por múltiples organizaciones internacionales.
La violencia física y psicológica contra los detenidos, junto con las amenazas, malos tratos y agresiones contra sus familiares, acompaña a la ausencia absoluta de garantías procesales. La represión ha alcanzado a periodistas, creadores digitales, ciudadanos sin afiliación política, menores de edad y familiares de presos políticos, sembrando terror en la población.
La inclusión de menores de edad entre los detenidos procesados penalmente confirma el carácter indiscriminado de la represión contra los más vulnerables. La represión se consolida como un castigo ejemplarizante de alcance colectivo, capaz de golpear núcleos familiares completos. La criminalización de conductas pacíficas -participar en protestas por los apagones, el agua o el hambre; denunciarlo en redes sociales; o expresar descontento ante la crisis económica y social- permite al régimen convertir al ciudadano común en enemigo del Estado comunista.
A medida que se extienden el descontento y la angustia social, el régimen cubano intensifica la represión en los contextos de protesta, con especial incidencia en provincias como Ciego de Ávila y La Habana, donde solo este mes las detenciones policiales de “corta” duración -de hasta seis días en Cuba- se han contado por cientos.
La miseria en la que está sumida la población se ve agravada por un aparato represivo que trata como enemigo a todo aquel que se atreva a mostrarla.
Represión familiar por activismo digital: el caso de Anna Bensi
El caso de la joven Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), de 21 años, y de su madre, Caridad Silvente Laffita, revela un patrón adicional de represión familiar por motivos políticos en Cuba. Anna Bensi es una creadora de contenido residente en La Habana que se ha hecho viral en TikTok, Instagram y YouTube por sus vídeos críticos sobre la situación social y represiva de la isla. Esa visibilidad la ha convertido a ella y a su madre en objetivos directos de las autoridades.
Ambas fueron procesadas penalmente en marzo de 2026 por un supuesto delito de “Actos contra la intimidad personal y familiar”, después de grabar en su propio domicilio y difundir en redes sociales la actuación arbitraria de agentes de la Seguridad del Estado durante la entrega intimidatoria de una citación policial. La imputación surgió únicamente después de la actuación policial, sin justificación penal previa. Se trata de un método recurrente en Cuba: provocar el contacto con la víctima, fabricar después una narrativa delictiva y utilizarla como base para la detención y el procesamiento. Es un mecanismo burdo, pero eficaz, de criminalización del disenso.
Como consecuencia de haber difundido esa arbitrariedad policial dentro de su propio hogar, madre e hija fueron sometidas a reclusión domiciliaria como medida cautelar, bajo amenaza de una condena de hasta cinco años de prisión, en un proceso cuyo objetivo era, a todas luces, silenciarlas.
Las autoridades extienden sistemáticamente la persecución a padres, madres, parejas y hermanos de los perseguidos políticos para imponer silencio a través del terror que padecen sus allegados. En este caso, el objetivo era acallar a Anna Bensi en redes sociales. No lo lograron, aun cuando la presión estatal llegó a empujarlas hacia la salida forzada del país.
La represión familiar incluyó interrogatorios prolongados, descalificaciones personales y graves amenazas a madre e hija, todo ello para que la joven Anna Bensi cesara sus publicaciones críticas con la situación del país y con su sistema represivo.
Finalmente, ante la reacción de miles de cubanos dentro y fuera de la isla y, de forma decisiva, de numerosos medios de comunicación internacionales -incluidos medios de Miami-, ambos expedientes fueron sobreseídos el pasado 13 de abril, tras semanas bajo medidas restrictivas. Pero las autoridades cubanas advirtieron a madre e hija de que, cuando disminuya la presión pública, podrán volver a reprimirlas sin freno.
Además de evidenciar el uso instrumental del sistema penal con fines de intimidación y castigo extrajudicial, el archivo temporal de las actuaciones demuestra que la movilización en redes, la prensa internacional y el apoyo popular masivo son, hoy por hoy, los únicos mecanismos reales de protección de la sociedad civil cubana frente a un Estado que castiga incluso la denuncia de sus abusos.
El doble rasero de algunos gobiernos democráticos -entre ellos el de España- al invocar selectivamente las obligaciones internacionales de protección frente a atrocidades masivas deja a la población cubana en una situación de desamparo aún mayor. Cuando un régimen comete crímenes continuados de lesa humanidad contra su propia población, el silencio o la tibieza política no son neutralidad: son abandono y complicidad.
La población cubana está hoy más movilizada de lo que el terror impuesto hacía prever y nunca ha necesitado tanto como ahora la visibilidad pública para su protección. Ante el silencio público cómplice de instituciones como la Comisión Europea y de gobiernos como el de España, la atención constante de la prensa internacional sobre la represión en Cuba -con nombres y apellidos- salva vidas y se ha convertido, en este momento, en la única tabla de salvación para perseguidos y torturados.
Desde aquí queremos rendir homenaje al periodismo por las vidas que, sin duda, contribuye a salvar.
Agravamiento de la represión contra periodistas independientes en Cuba
Entre los numerosos casos de acoso y persecución contra periodistas independientes en Cuba, destacan en marzo -por su procesamiento penal- los de Yania Suárez Caballero y Yunia Figueredo Cruz. Ambos evidencian que la persecución contra la prensa independiente se extiende incluso a contextos alejados del ejercicio informativo directo.
Yania Suárez Caballero, reconocida periodista independiente y colaboradora de medios como Cubanet y Diario de Cuba, fue detenida arbitrariamente el 10 de marzo de 2026 tras acudir voluntariamente a una unidad policial en La Habana para presentar una denuncia. Permaneció retenida durante horas sin justificación y, posteriormente, se le impuso sin tutela judicial alguna una medida cautelar de reclusión domiciliaria, en un contexto de hostigamiento creciente vinculado a su labor periodística. Suárez Caballero había acudido a denunciar el uso ilegal de un grupo electrógeno en su edificio, cuyos gases contaminantes afectaban la salud de los residentes, pese a que ya existían sanciones previas contra la responsable de esos vertidos. Sin embargo, su visita fue utilizada no para tramitar la denuncia, sino para acusarla de “Ejercicio arbitrario del derecho” y “Amenazas” y recluirla en un calabozo. Organismos y ONG internacionales alertamos sobre su caso como parte de una escalada represiva contra la prensa independiente.
El caso de Yunia Figueredo Cruz confirma que el periodismo independiente también es castigado cuando participa en protestas cívicas o documenta el malestar social.
Yunia Figueredo Cruz, periodista independiente, fue detenida sin orden de arresto ni tutela judicial el 10 de marzo en Jaimanitas, municipio Playa, La Habana, tras participar en una protesta pacífica con cacerolas contra los prolongados apagones. La detención se produjo alrededor de las 5:00 p. m., en medio de un operativo policial especialmente violento. Agentes de la Seguridad del Estado arrojaron su teléfono al suelo durante el arresto y la detuvieron de forma violenta delante de sus hijas menores. Horas después fue excarcelada, pero se le impuso una medida cautelar domiciliaria policial bajo la ilegal imputación de “Propaganda contra el orden constitucional”. Su liberación no reduce la gravedad de los hechos; confirma, por el contrario, un patrón de terrorismo de Estado contra el periodismo independiente.
Persecución del activismo y la expresión crítica
En la misma línea de represión contra la libertad de expresión, este informe recoge otros casos vinculados al uso de redes sociales y a la expresión pública de crítica al Gobierno. Destaca el del activista Jorge Javier Paz Coutin (Cuba Primero), detenido sin tutela judicial y actualmente en prisión provisional tras su actividad en redes sociales y la colocación de carteles críticos en La Habana.
Anyelo Ramírez Martínez fue detenido violentamente tras fotografiar un cartel crítico con el Gobierno; posteriormente fue acusado de “Desacato” y trasladado a prisión.
Estos casos reflejan un patrón consistente de criminalización tanto del activismo cívico como de cualquier forma de expresión, incluida la difusión en redes o la simple documentación de mensajes críticos, mediante detenciones arbitrarias, uso de figuras penales ambiguas y ausencia absoluta de debido proceso.
Represión contra familiares de presos políticos en Cuba
Elvira Rodríguez Pérez y Yunisleydis Coa Rodríguez, madre y hermana del preso político Alexander Verdecia Rodríguez, fueron detenidas el 12 de marzo de 2026 en el municipio de Río Cauto, Granma, en el contexto de una protesta pacífica en la que se manifestaban por la libertad de sus presos políticos.
Ambas fueron arrestadas sin orden de arresto ni tutela judicial por agentes de la Seguridad del Estado tras la manifestación y posteriormente trasladadas a una dependencia policial en Bayamo. El caso reviste especial gravedad por tratarse de represión contra el entorno familiar de un preso político, incluida Elvira Rodríguez Pérez, de más de 80 años de edad, cuyo estado de salud resulta incompatible con la permanencia en prisión. Ambas fueron detenidas exclusivamente por reclamar la libertad de su familiar encarcelado por motivos políticos y denunciar la situación de los presos políticos en la isla.
Este episodio evidencia un patrón de criminalización de la protesta pacífica y de castigo extendido contra las familias de los presos políticos, reforzando el carácter represivo del sistema frente a cualquier forma de disenso. En Cuba, ni siquiera pedir la liberación de un ser querido puede hacerse sin que toda la familia quede expuesta a la detención.
Ciego de Ávila: cientos de detenidos y 15 encarcelados, incluidos menores
La represión de las protestas sociales ocurridas el 11 de marzo de 2026 en el poblado de Miraflores, municipio Bolivia, Ciego de Ávila, donde diversos ciudadanos -entre ellos Andy Cabrera Abreu, Rained Ruiz Mursuli y Omar Mursuli – fueron detenidos de forma arbitraria, sin orden de arresto ni tutela judicial, es uno de los múltiples ejemplos de las razias de detenciones arbitrarias desplegadas por todo el país. Las protestas surgieron en un contexto de prolongados apagones, escasez de alimentos y crisis generalizada, durante el cual los manifestantes corearon consignas como “Corriente”, “Patria y Vida” y “Libertad”.
Tras el arresto, los tres fueron trasladados a la Unidad Policial de Bolivia, donde permanecieron en prisión provisional e incomunicados.
Entre los casi doscientos detenidos en el contexto de las protestas del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, en un escenario marcado por el descontento social ante los apagones, la escasez de alimentos, la falta de servicios básicos y la respuesta represiva del Estado, destacamos en este informe la privación de libertad de 12 nuevos presos políticos que hemos podido auditar. Todos fueron arrestados sin orden de arresto ni tutela judicial y la mayoría mediante operativos violentos ejecutados por agentes de la Seguridad del Estado, conocidos como “Boinas Negras”, lo que configura un patrón sistemático de represión planificada frente a la protesta pacífica.
Resulta especialmente alarmante que, entre los detenidos, se encuentren al menos dos menores de edad, lo que evidencia el alcance indiscriminado de la represión. Se trata de Kevin Samuel Echevarría Rodríguez, de 15 años, y Jonathan David Muir Burgos, de 16 años. Ambos fueron arrestados sin orden de arresto, tutela judicial o garantía procesal alguna.
En el caso de Kevin Samuel Echevarría Rodríguez, fue detenido días después de las protestas y sometido a interrogatorios bajo custodia, siendo acusado de haber participado como uno de los organizadores de la protesta, pese a que existen evidencias de que las manifestaciones fueron pacíficas.
Por su parte, Jonathan David Muir Burgos, hijo del pastor evangélico Elier Muir Ávila -hostigado y amenazado desde hace años por el régimen cubano-, fue detenido tras ser citado por las autoridades y enfrenta una acusación de extrema gravedad: “Sabotaje”, un cargo que en Cuba suele ser llevado ante tribunales militares incluso cuando afecta a civiles y/o menores. Ello incrementa de forma extraordinaria su situación de riesgo y vulnerabilidad jurídica. Su solicitud de habeas corpus fue rechazada y ha sido trasladado a una prisión de la provincia de Matanzas.
Ambos menores se encuentran en condiciones inhumanas. En el caso de Jonathan David Muir Burgos, además, se le niega atención médica pese a padecer hipoglucemia y un cuadro de inmunodepresión que exige tratamiento constante. Su celda presenta condiciones insalubres y sufre un cuadro grave de estrés postraumático que, de prolongarse, puede causarle daños irreversibles también en su salud mental, emocional y psicológica.
Asimismo, los casos de Yamilet Estrada Rodríguez, madre detenida tras un operativo en su domicilio, y su hijo, Yoasnel Estrada Rodríguez, arrestado de forma violenta en el mismo contexto, reflejan cómo la represión se extiende a núcleos familiares completos.
Estos casos evidencian un patrón que no solo criminaliza la protesta social, sino que impacta de forma especialmente grave sobre menores y familias, elevando el nivel de vulnerabilidad y el coste humano de la represión.
21 presos políticos nuevos en La Habana, familias afectadas y artistas perseguidos
De entre las decenas de detenidos en La Habana durante marzo de 2026, en el contexto de protestas, cacerolazos y manifestaciones registradas en municipios como Arroyo Naranjo, Cerro, Guanabacoa, Regla y Diez de Octubre -motivadas por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y las insoportables condiciones de vida-, hemos podido auditar 21 nuevos presos políticos en prisión provisional sin tutela judicial.
Los 21 presos políticos en La Habana, Cuba, fueron detenidos de forma arbitraria, sin orden judicial ni garantías procesales. En algunos casos, los operativos se ejecutaron en sus propios domicilios o tras participar en manifestaciones pacíficas, incluidas acciones tan elementales como difundir vídeos en redes sociales o golpear cazuelas para protestar por la falta de electricidad. Tras las detenciones, fueron trasladados a centros como Villa Marista o El Vivac y, posteriormente, algunos de ellos a distintos establecimientos penitenciarios. La mayoría permaneció durante días, e incluso semanas, en paradero desconocido.
Los testimonios reflejan, además, irregularidades graves y sistemáticas: uso de violencia extrema durante la detención, negación de atención médica a personas con dolencias previas, traslados forzosos como castigo y exigencias económicas arbitrarias mediante medidas cautelares sin supervisión judicial. También se documentan detenciones por expresar opiniones críticas o por participar pacíficamente en protestas dentro de los propios barrios.
Los casos de Ángel Baldomero Quintana Martínez y Silvio de la Caridad Quintana Martínez, hermanos detenidos en La Habana, evidencian la represión contra la protesta pacífica en el municipio Cerro. Ambos fueron arrestados el 11 de marzo de 2026 sin orden de arresto ni tutela judicial, tras participar en una manifestación pacífica el día anterior, motivada por la falta prolongada de agua, electricidad y alimentos.
Tras su detención, han sido sometidos a prisión provisional y enfrentan acusaciones de “Desórdenes públicos”, a las que se sumaría la presunta fabricación de cargos adicionales. Según testimonios familiares, las autoridades estarían ejerciendo presiones, maltratos físicos y psicológicos para forzarlos a autoinculparse de delitos que no han cometido.
La situación resulta especialmente grave por las condiciones de reclusión y el trato recibido, incluyendo denuncias de golpes, privación de alimentos y negativa de atención médica. En el caso de Silvio de la Caridad Quintana Martínez, el deterioro físico y psicológico derivó en un intento de autolesión, sin que se le garantizara atención sanitaria adecuada, siendo devuelto posteriormente a un calabozo pese a su estado.
Por su parte, un grupo de detenidos en el contexto de las protestas del 23 de marzo de 2026 en Minas, Guanabacoa, La Habana, refleja un patrón de represión especialmente intenso, caracterizado por detenciones arbitrarias, allanamientos violentos, uso de la fuerza y ausencia total de garantías procesales. Las manifestaciones se produjeron en respuesta al descontento generalizado por la escasez de alimentos, la falta de electricidad y las precarias condiciones de vida.
Resulta especialmente relevante que la represión haya afectado directamente a dos núcleos familiares distintos. Por un lado, Alejandro Turiño Calzada y Daniel Turiño Calzada fueron detenidos en Minas, Guanabacoa, junto a su madre, Liadne Calzada, posteriormente excarcelada mediante Auto Fiscal de medida cautelar de fianza y bajo amenazas, mientras sus hijos permanecen en prisión provisional tras haber sido sometidos a tortura psicológica y amenazas particularmente inquietantes en un centro de torturas como Villa Marista.
Por otro lado, hemos documentado el caso de Roelvis Navarro Torres y Roilán Navarro Torres, hermanos detenidos en relación con las protestas en Minas, Guanabacoa, La Habana, incluyendo la detención de uno de ellos cuando acudía a gestionar la situación del otro, lo que evidencia prácticas de represión encadenada y el castigo por vínculo familiar. Ambos permanecen privados de libertad, en un contexto de incomunicación, falta de información sobre los cargos y denuncias de coacción.
El caso de Dayán Melián Castro, artista visual independiente y maestro masón, refleja la continua represión contra creadores que participan en protestas sociales en Cuba. Fue detenido el 11 de marzo de 2026 en La Habana durante una manifestación pacífica en el barrio de Mantilla, en un contexto de protestas contra los prolongados apagones mediante el ruido de cacerolas.
Tras su arresto, fue trasladado inicialmente a la unidad policial del Capri y posteriormente a El Vivac, donde permanece en prisión provisional. Su detención se produjo sin orden de arresto ni tutela judicial, y su familia ha denunciado irregularidades en las exigencias económicas para su liberación: después de pagar una multa de 7.000 pesos, las autoridades negaron haberla recibido y exigieron posteriormente el mismo importe nuevamente, esta vez como fianza, mediante Auto Fiscal de medida cautelar y bajo amenazas. El episodio refleja prácticas arbitrarias y extorsivas.
Además, las autoridades han dispuesto su deportación a la provincia de Camagüey, basándose en su dirección oficial, pese a que reside en La Habana desde hace años. Ello apunta a una práctica de desplazamiento forzado como mecanismo de control y vulnera el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuba viola flagrantemente este derecho mediante el Decreto 217, de 22 de abril de 1997, sobre “Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana”, así como mediante los tipos penales de entrada y salida ilegal de Cuba (arts. 282 a 288 del Código Penal), castigados con penas de hasta 30 años de prisión y aplicables a civiles aun sin causa penal previa. Prisoners Defenders considera Convictos de Conciencia a todos los ciudadanos civiles sin proceso penal pendiente que son encarcelados por estos tipos penales, por basarse dichas sanciones en el ejercicio de derechos fundamentales internacionalmente reconocidos.
El caso de Dayán Melián Castro evidencia la represión contra artistas y la instrumentalización de medidas administrativas y penales para castigar la participación en protestas pacíficas.
32 presos políticos con riesgos gravísimos para su integridad
A la luz de la gravedad de los casos documentados, Prisoners Defenders ha identificado a 32 presos políticos cuya excarcelación inmediata constituye una urgencia humanitaria. La selección responde a criterios objetivos centrados en su extrema vulnerabilidad, no en lo emblemáticos o conocidos que puedan resultar.
Esta selección responde a tres grupos críticos:
- Personas con enfermedades graves con alto riesgo de fallecer en el corto plazo;
- Madres encarceladas cuyos hijos quedan en situación de orfandad forzosa;
- Presos con trastornos mentales incompatibles con la prisión, sin atención médica y expuestos entre otros riesgos al suicidio.
Este enfoque se sustenta en un contexto alarmante: se han identificado en Cuba 447 presos políticos con patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, como la mala alimentación, los malos tratos y la ausencia de atención médica, así como 47 con trastornos mentales severos sin tratamiento.
En estas circunstancias, la permanencia en prisión no solo agrava de forma crítica su estado, sino que convierte su encarcelamiento en una amenaza directa para sus vidas y sus familias.
La continuidad de su reclusión resulta, por tanto, absolutamente insostenible desde una perspectiva humanitaria y de derechos humanos. Su liberación no responde a intereses políticos ni estratégicos, sino a la necesidad urgente de salvar vidas. La vía adecuada para lograr liberaciones reales es la licencia extrapenal, sin condiciones restrictivas que perpetúen el riesgo o encubran nuevas formas de castigo.
21 presos con gravísimas enfermedades que deben ser liberados
- Lisandro Betancourt Escalona, de Las Tunas. Causa: diabetes, hipertensión, aneurisma, cardiopatía, artritis, gota, reuma, enfermedad de próstata, visión en un solo ojo y manco de ambas manos. Año de detención: 1989. Situación penal: sentenciado. Edad: 62 años.
- Nadir Martín Perdomo, de Mayabeque. Causa: síndrome de mala absorción de los alimentos, gastritis, cólicos renales, epilepsia, hernia hiatal y asma. Año de detención: 2021. Condena: 6 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 41 años.
- Liusban John Utra, de Las Tunas. Causa: desnutrición severa, atrofia vellositaria, úlcera duodenal, síndrome emético, alergias y sinusitis. Año de detención: 2025. Condena: pendiente. Situación penal: prisión provisional.
- Jorge Bello Domínguez, de Artemisa. Causa: diabetes, problemas oculares, inflamación y sangrado testicular, infarto, hipertensión y asma. Año de detención: 2021. Condena: 15 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 49 años.
- Dayron Martín Rodríguez, de La Habana. Causa: trastornos psiquiátricos (intento de suicidio), esquizofrenia, depresión y úlcera estomacal. Año de detención: 2021. Condena: 22 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 41 años.
- Rolando Fernández Rojas, de Cienfuegos. Causa: fiebre, desnutrición severa y posible tuberculosis; se encuentra hospitalizado y muy grave. Año de detención: 2017. Condena: 12 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 40 años.
- Oscar Luis Ortiz Arrovsmeth, de La Habana. Causa: intento suicida, depresión, epilepsia, asma e inflamación pulmonar. Año de detención: 2021. Condena: 10 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 26 años.
- Ramón Enrique Montero Meriño, de Camagüey. Causa: hipertensión y un quiste de gran tamaño en la garganta, sin tratar ni diagnosticar. Año de detención: 2021. Condena: 14 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 44 años.
- Yadir Ayala Ibáñez, de Camagüey. Causa: problemas respiratorios, dolores de cabeza, taquicardia e hipertensión. Año de detención: 2021. Condena: 10 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 36 años.
- Félix Navarro Rodríguez, de Matanzas. Causa: hipertensión, diabetes, problemas oculares y pigmentación en la piel. Año de detención: 2021. Condena: 9 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 72 años.
- Loreto Hernández García, de Villa Clara. Causa: asma, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos y desnutrición. Año de detención: 2021. Condena: 7 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 54 años.
- Miguel Díaz Bauzá, de La Habana. Causa: dermatitis, hipertensión, diabetes, problemas renales y vitíligo. Año de detención: 1994. Condena: 30 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 83 años.
- Daniel Moreno de la Peña, de Santiago de Cuba. Causa: diabetes, bronquitis, escabiosis, estafilococo y depresión. Año de detención: 2023. Condena: 7 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 39 años.
- Ana Ibis Tristá Padilla, de Las Tunas. Causa: anorexia, hipertensión, afectación renal y pérdida de dientes. Año de detención: 2023. Condena: 14 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 37 años.
- Denis Ojeda Álvarez, de La Habana. Causa: gastritis, alergias y lesión craneoencefálica. Año de detención: 2021. Condena: 14 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 37 años.
- Sayli Navarro Álvarez, de Matanzas. Causa: cólicos renales y presión arterial alta. Año de detención: 2021. Condena: 8 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 40 años.
- Nilo Abrahante Santiago, de Mayabeque. Causa: epilepsia, gastritis y cáncer de piel. Año de detención: 2021. Condena: 5 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 47 años.
- Armando Michel Rivera Cortina, de Mayabeque. Causa: problemas de próstata y desnutrición severa. Año de detención: 2025. Condena: pendiente. Situación penal: prisión provisional. Edad: 50 años.
- Ankeily de la Caridad Guerra Fis, de La Habana. Causa: VIH, convulsiones y depresión. Año de detención: 2026. Condena: pendiente. Situación penal: prisión provisional. Edad: 23 años.
- Donaida Pérez Paseiro, de Villa Clara. Causa: desnutrición severa. Año de detención: 2021. Condena: 8 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 55 años.
- Pedro Luis Fernández Peralta, de Mayabeque. Causa: desnutrición severa. Año de detención: 2024. Condena: pendiente. Situación penal: prisión provisional.
4 madres con hijos huérfanos que deben ser liberadas
- Lizandra Góngora Espinosa, de Artemisa. Causa: 4 hijos menores quedaron en situación de orfandad forzosa. Fue trasladada a una prisión de la Isla de la Juventud, lejos de sus hijos, como forma adicional de castigo. Año de detención: 2021. Condena: 14 años. Situación penal: sentenciada. Edad: 40 años.
- Dariannis Guerra Suárez, de Guantánamo. Causa: 3 hijos menores en situación de orfandad forzosa. Año de detención: 2022. Condena: 4 años. Situación penal: sentenciada. Edad: 31 años.
- María Cristina Garrido Rodríguez, de Mayabeque. Causa: 2 hijos menores en situación de orfandad forzosa. Año de detención: 2021. Condena: 7 años. Situación penal: sentenciada. Edad: 43 años.
- Yennys Artola del Sol, de Camagüey. Causa: la prisionera política no puede ver a su hijo menor de edad. Es víctima de malos tratos, abusos, falta de medicamentos y de alimentos; padece problemas de visión y diabetes. Año de detención: 2022. Condena: 8 años. Situación penal: sentenciada. Edad: 41 años.
7 presos con enfermedades mentales que deben ser liberados
- Amalio Álvarez González, de Cienfuegos. Causa: discapacidad cognitiva, trastorno psiquiátrico (autoagresión) y pérdida de visión. Año de detención: 2021. Condena: 15 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 48 años.
- Walnier Luis Aguilar Rivera, de La Habana. Causa: discapacidad intelectual limítrofe de causa orgánica, tratamiento psiquiátrico desde la infancia y diversos problemas de salud. Año de detención: 2021. Condena: 12 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 26 años.
- Juan Enrique Pérez Sánchez, de Mayabeque. Causa: asma, hernia discal, presión arterial alta, ceguera en el ojo izquierdo, depresión y tuberculosis. Año de detención: 2021. Condena: 8 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 44 años.
- Leonard Richard González Alfonso, de La Habana. Causa: trastorno de la personalidad, con episodios de delirios de grandeza y depresión profunda. Año de detención: 2025. Condena: pendiente. Situación penal: prisión provisional. Edad: 33 años.
- Yoanky Báez Albornoz, de La Habana. Causa: nerviosismo, depresión, problemas estomacales y problemas en los pies. Año de detención: 2021. Condena: 14 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 31 años.
- Iliván Fuentes Fonseca, de Santiago de Cuba. Causa: trastorno múltiple de la personalidad. Año de detención: 2021. Condena: 8 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 25 años.
- Juan Carlos Montes de Oca Santiesteban, de La Habana. Causa: trastorno psiquiátrico. Año de detención: 2021. Condena: 8 años. Situación penal: sentenciado. Edad: 37 años.
Presos políticos verificados en Cuba este pasado mes de marzo
Con cierre de datos a 31 de marzo de 2026, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.250 prisioneros políticos y de conciencia sometidos a sentencias judiciales o a disposiciones de limitación de libertad impuestas por las “Fiscalías” sin supervisión judicial, debido proceso ni defensa efectiva, en flagrante violación del derecho internacional. Esta lista se hace pública y se distribuye mensualmente en ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses -del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026- la lista sumó 205 presos políticos nuevos, un promedio de 17 al mes. Eso supone que, a lo largo de ese periodo en Cuba, estuvieron presentes en la lista 1.349 presos políticos, todos ellos torturados, como demostramos en el análisis en profundidad de 181 casos seleccionados aleatoriamente para el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba.
Cuba ha totalizado 2.026 presos políticos en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de marzo de 2026, en apenas cuatro años y ocho meses, de los cuales 1.879 han ingresado en prisión desde entonces.
Han entrado este pasado mes de marzo en nuestra lista 44 nuevos presos políticos en Cuba. Otros 8 han salido de la lista este mes, la mayoría por cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.
De los 1.250 prisioneros políticos:
- 33 de los prisioneros políticos de la lista actual fueron detenidos siendo menores de edad: 31 chicos y 2 chicas. En un informe remitido a Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no incluye a decenas de menores que ya han salido de la lista tras cumplir íntegramente sus condenas. En Cuba, los menores son recluidos en centros de carácter penitenciario -auténticas prisiones- eufemísticamente denominados “Escuelas de Formación Integral”, que no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus observaciones finales de 9 de junio de 2022, son confinados cada año al menos 150 niños menores de 16 años. Ese mismo Comité destacó además que en torno a 260 adolescentes de 16 y 17 años sufren cada año privación de libertad en prisiones convencionales. Son, por tanto, 410 menores los que padecen prisión cada año en Cuba, según ha podido confirmar Naciones Unidas.
- 16 de estos menores han sido ya condenados por sedición. La pena media impuesta a estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo superior, en promedio, al que sufrían los adultos en prisión política antes del 11J. En la actualidad, la mayoría se encuentra en reclusión domiciliaria o en régimen de trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 217 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 145 mujeres sufren actualmente autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los presos políticos entre rejas en Cuba hemos censado 447 presos con patologías médicas graves y hemos confirmado que estas se deben a la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y su agravamiento por la ausencia de atención médica. También hemos verificado 47 presos políticos con trastornos graves de salud mental en Cuba sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
738 Convictos de Conciencia, 476 condenados de conciencia y 36 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad -los primeros- o limitación de libertad -los segundos- es consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.250 prisioneros políticos verificados por el ejercicio de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, categorías que pueden examinarse en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual es la siguiente:
- 36 casos de Otros Presos Políticos
- 738 Convictos de Conciencia
- 476 Condenados de Conciencia
