Decenas de nuevos presos políticos en Cuba cada mes (18 nuevos sólo en enero), persecución penal de jóvenes por expresarse en redes sociales, torturas, negación de atención médica y cientos de muertes en prisión, entre ellas la del preso político Lázaro García Ríos ocurrida el pasado 22 de enero, son síntomas de una dictadura que no pone freno a su abominable inhumanidad para perpetuarse. En el presente informe analizamos las casuísticas de tortura y vulnerabilidad máxima de una serie de presos políticos, entre otros muchos en situación similar, cuyo riesgo de muerte es cada vez más evidente.
En enero de 2026, el número de prisioneros políticos en Cuba ascendió a 1.207, tras verificar 18 nuevos presos de conciencia. Los nuevos casos confirman una vez más el patrón reiterado y creciente de represión horizontal y masiva caracterizado, entre otros, por la vigilancia sistemática y generalizada de la población con fines panópticos; las amenazas y detenciones arbitrarias vinculadas a publicaciones críticas en redes sociales y la participación en manifestaciones pacíficas; los procedimientos penales carentes del más mínimo debido proceso y cuyo resultado son sanciones inhumanas; o el uso sistemático de la tortura en el sistema penitenciario, incluyendo la negación de la atención médica que ya se cobra cientos de vidas al año entre los más de 90.000 presos en la isla. Dado que la población de la isla ha disminuido oficialmente de 11,33 millones de personas en enero de 2020 a 9,7 millones al inicio de 2024, la tasa actual de población carcelaria en Cuba arroja la cifra de 923 presos por cada 100.000 habitantes (7,6 veces la de España o 1,7 veces la de Estados Unidos). Con esta situación de represión es procedente calificar a Cuba como la mayor “isla cárcel” del mundo.
Entre los 18 nuevos presos políticos de este pasado mes de enero destacan los casos de Ankeily de la Caridad Guerra Fis y Enrique Ramos Bosch, dos jóvenes apresados por expresar en redes sociales de forma pacífica su descontento con el régimen cubano, en un contexto de vigilancia digital sistemática y criminalización de la libertad de expresión.
Entre los 8 presos políticos que han salido de nuestra lista destaca el trágico e inhumano caso de Lázaro García Ríos, que falleció bajo custodia del Estado el 22 de enero de 2026, mientras cumplía una condena de 20 años de prisión. Su muerte, precedida por reiteradas denuncias por la negación de atención médica de las autoridades, evidencia las consecuencias extremas de la represión política y la ausencia de garantías legales del sistema penitenciario cubano. Las otras 7 personas que han salido del cómputo de presos políticos corresponden a condenados que cumplieron íntegramente sus tenebrosas condenas por motivos de conciencia.
Vigilancia digital y represión penal contra jóvenes críticos con la situación del país
Ankeily Guerra Fis, joven cubano de 23 años, fue detenido arbitrariamente en La Habana el 14 de enero de 2026 tras expresar opiniones políticas críticas en transmisiones en vivo a través de Facebook. Sus mensajes, difundidos pocos días después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, apelaban directamente al entonces presidente Donald Trump para que, prestando atención a la situación de Cuba, ayudara a poner fin a la dictadura. En uno de esos videos afirmó: “Digo lo que muchos quisieran decir y no dicen”, expresando abiertamente su esperanza de un cambio político en la Isla.
Su detención se produjo sin orden judicial y con un uso desproporcionado de la fuerza. Sólo por expresarse en términos impecables en redes sociales bajo el derecho fundamental a la libertad de expresión, varios agentes de la Seguridad del Estado rodearon el edificio donde se encontraba, irrumpieron en su vivienda y lo sacaron violentamente, arrojándolo al suelo y propinándole golpes y patadas, hecho confirmado por diversas fuentes directas y de primera mano. Durante el operativo, los agentes destruyeron su teléfono móvil, principal medio desde el cual ejercía su libertad de expresión. Inicialmente fue trasladado a la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, y posteriormente recluido en la prisión de Villa Marista, sede del Departamento de Seguridad del Estado, donde permanecía hasta la redacción de esta información.
Tras su arresto, Ankeily permaneció varios días en paradero desconocido, lo que su familia denunció como una desaparición forzada. Cuando intentaron presentar un recurso de habeas corpus, el Tribunal Provincial de La Habana se negó a admitirlo, exigiendo requisitos no requeridos ni siquiera en la ley de Cuba, en abierta violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Actualmente se encuentra en prisión provisional decretada por la fiscalía y sin tutela judicial alguna, acusado del delito de “Propaganda contra el orden constitucional”, sin que por supuesto se haya celebrado juicio o vista judicial alguna.
El caso de Ankeily se enmarca claramente en los patrones de vigilancia y represión digital documentados de forma sistemática en nuestro Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, donde el monitoreo de redes sociales, la identificación de publicaciones críticas y la posterior represión física forman parte de una política estructural de control estatal. El Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba documenta, gracias a 200 declarantes de diversos sectores de la población, que el 88 % de las personas fueron citadas, interrogadas o detenidas, ellos o incluso sus familiares, tras reprocharles las autoridades de forma expresa sus publicaciones digitales y que, en casi la mitad de los 200 casos auditados, fueron intervenidas incluso comunicaciones privadas sin tutela judicial alguna.
La situación de Ankeily reviste especial gravedad debido a su estado de salud, pues tiene VIH, con un perfil depresivo y problemas de salud mental acompañados de convulsiones, lo que incrementa de manera significativa su vulnerabilidad pues necesita de medicación y vigilancia médica permanente. Aunque actualmente recibe la medicación sólo gracias a que su familia se la proporciona, existen fundados temores por su integridad física y por la continuidad de su tratamiento, como sucede en la mayoría de los presos políticos con dolencias físicas y de salud mental a los cuales les es negada la atención médica en las prisiones castristas como mecanismo de tortura.
Su detención es otro caso, adicional a los 200 declarantes del Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, sobre cómo esta práctica represiva y de control no se limita a consecuencias en el entorno virtual, sino que se traduce en persecución, confiscación de dispositivos, detenciones violentas, encarcelamiento arbitrario y negación de garantías procesales para las personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
Enrique Ramos Bosch, joven cubano de 29 años, fue detenido arbitrariamente en diciembre de 2025 en Santiago de Cuba, sin orden judicial ni garantías procesales, como represalia directa por publicar en redes sociales mensajes críticos con el dictador Miguel Díaz-Canel y denunciar los prolongados apagones eléctricos que afectan al país.
Según denuncias del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada y de fuentes directas del caso, agentes de la Seguridad del Estado lo interceptaron pocas horas después de realizar dichas publicaciones y lo trasladaron al Centro de Operaciones Policiales de Versalles, donde habría quedado bajo custodia. Hasta la fecha de redacción de este comunicado, las autoridades no han informado oficialmente sobre los motivos de su detención ni sobre los cargos que se le imputan.
La información verificada disponible desvela que su privación de libertad está directamente vinculada al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión en el entorno digital, un patrón ampliamente documentado en Cuba. Nuestro informe sobre vigilancia digital señala que, de los 200 declarantes, más del 60% han sido detenidos y/o interrogados tras su actividad en redes sociales, y que estas acciones suelen producirse pocas horas o días después de las publicaciones críticas, lo que demuestra un monitoreo constante y personalizado de la actividad digital.
Familiares y allegados de Enrique han denunciado la falta absoluta de información sobre su situación legal, su paradero exacto y sus condiciones de detención, lo que agrava la vulneración de sus derechos fundamentales y constituye una desaparición forzada. Este tipo de ocultación institucional coincide con los patrones documentados de represión preventiva, orientada a generar miedo, autocensura y desmovilización social.
Los casos de Enrique y Ankeily ilustran de forma clara cómo la vigilancia digital en Cuba opera como una herramienta represiva, permitiendo identificar voces críticas, documentar expresiones contra el régimen en redes sociales, confiscar o destruir dispositivos, y construir causas penales por delitos de carácter ideológico. Esta vigilancia se articula con represalias físicas, judiciales y familiares, conformando un modelo híbrido de control digital-presencial institucionalizado. La vigilancia digital es uno de los principales mecanismos de control social y de criminalización del ejercicio pacífico de derechos fundamentales de los que hace uso el régimen cubano.
Han sido incorporados a la lista de presos políticos en Cuba los jóvenes activistas de la UNPACU Roilán Álvarez Rensoler, Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordan Méndez Martínez, como resultado de una operación represiva coordinada ejecutada entre el 29 y el 31 de enero en el municipio de Mella, provincia de Santiago de Cuba. La acción fue llevada a cabo fundamentalmente por fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado.
El 29 de enero, alrededor de las 6:00 pm., las autoridades realizaron un registro en la vivienda de la familia de Dariel Calderín Rensoler, alegando la búsqueda de pintura, grafitis, teléfonos y otros materiales supuestamente vinculados a carteles antigubernamentales. El allanamiento se llevó a cabo sin presentar orden de arresto o judicial, no se ocupó ningún objeto incriminatorio y, aun así, se produjeron amenazas e intimidación contra la familia, incluyendo a la esposa de Dariel y a su hija, presente, de apenas un año. Durante este operativo, el padre de Dariel -una persona con discapacidad tras una operación de fémur- fue maltratado físicamente y arrastrado violentamente hacia una patrulla policial.
Ese mismo día, Dariel Calderín había sido citado en horas de la mañana a la PNR del municipio Mella y nunca regresó a su vivienda, quedando desde entonces detenido y en paradero desconocido, sin que las autoridades informaran oficialmente el lugar de reclusión ni ofrecieran canales de comunicación a la familia. Su familia denuncia una total falta de transparencia y recuerdan que Dariel ya había sido objeto de un registro similar el 17 de diciembre de 2025 por los mismos motivos. La preocupación se agrava debido a su delicado estado de salud, ya que padece pericarditis y había recibido atención médica reciente en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba.
Esa misma noche, alrededor de las 7:30 pm., las fuerzas represivas irrumpieron en otras viviendas familiares, entre ellas la de la madre de Roilán Álvarez Rensoler, rompiendo los candados del portal y entrando sin consentimiento, mientras la mujer se encontraba recién operada y bajo cuidados. Durante estos operativos, los agentes afirmaron que “no pararían hasta encontrar a Roilán”, a quien identificaron como uno de los principales líderes de la oposición en la zona, vinculándolo a supuestos “hechos contrarrevolucionarios” ocurridos en la provincia de Holguín.
Así, en el transcurso de esos días fueron detenidos Roilán Álvarez Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordan Méndez Martínez, y se denunció que las líneas telefónicas de los familiares fueron cortadas deliberadamente con el objetivo de impedir cualquier tipo de comunicación. Tras horas de angustia e incertidumbre, las autoridades finalmente admitieron que Roilán y los demás jóvenes habían sido trasladados a la provincia de Holguín, donde permanecen bajo custodia policial. La familia fue informada de que Roilán Álvarez Rensoler inició una huelga de hambre desde el momento de su detención, manteniendo la misma postura que en arrestos anteriores, algunos de ellos extremadamente prolongados y con grave riesgo para su vida. Las autoridades únicamente han permitido visitas muy breves, mientras los familiares temen que, ante el plazo de 72 horas impuesto para “encontrar culpables”, estos jóvenes sean utilizados como chivos expiatorios, enfrentando un alto riesgo de torturas y confesiones forzadas.
Represión, enfermedad y abandono médico de los presos políticos
En este documento recogemos una serie de casos representativos de presos políticos en Cuba que ilustran el impacto directo de la represión estatal sobre la vida, la integridad y la salud de las personas privadas de libertad por motivos políticos. De los 762 presos políticos que actualmente permanecen entre rejas en Cuba, al menos 463 presentan patologías médicas graves y 42 padecen trastornos de la salud mental. Estas cifras evidencian una situación de extrema vulnerabilidad, agravada por la falta sistemática de atención médica adecuada, los malos tratos, la tortura, el aislamiento y el uso del sistema penitenciario como herramienta de castigo político, tal y como se refleja en los casos documentados a continuación:
La situación del preso político Onaikel Infante Abreu es crítica y está marcada por un patrón sostenido de horrendas torturas bajo custodia que han tenido un máximo inhumano este enero. De acuerdo con el testimonio de primera mano de sus familiares tras una visita en prisión el pasado 12 de enero, Onaikel fue brutalmente golpeado, inmovilizado con esposas dispuestas como “shakiras”, rociado con spray, inyectado, sedado, encerrado en una celda de castigo, y entregado por las autoridades a varios reclusos comunes que, actuando bajo mandato de las autoridades penitenciarias, le agredieron sexualmente.
Su esposa relata que lo vio en un estado físico y mental deplorable, hasta el punto de desmayarse al inicio del encuentro, con dificultades para hablar y fuertemente medicado, y vincula estos hechos bárbaros a un supuesto castigo por la influencia que, según los guardias, él habría tenido para que otros reclusos se “plantaran” en el penal, señalando además que los episodios de tortura habrían ocurrido primero en el Combinado del Este y se habrían repetido tras su traslado a la prisión de Agüica.
A estos hechos se suman alertas previas de salud y falta de atención médica. En mayo de 2025 se informó un diagnóstico de cáncer de garganta con denuncias de ausencia de medicación, atención inadecuada y alimentación incompatible con su condición.
Durante 2025 se documentaron agresiones físicas reiteradas, como la reportada el 30 de enero de 2025 por cuatro guardias con tonfas que le habrían dejado visibles hematomas.
Antes, durante 2024, Prisoners Defenders acumuló diversos reportes de castigos, golpizas y aislamiento. En enero y febrero de 2024 se encontraba en celda de castigo y mantenía una huelga de hambre en condición de “plantado”, mostrando secuelas de maltratos y bajo restricciones de comunicación que su esposa denunció, en un contexto en el que también se registraron amenazas contra su familia y la negativa del penal a entregar documentación sobre su detención o los cargos. El 15 de julio de 2024 fue agredido, presentó hematomas y el labio partido, habría sido inmovilizado como castigo mediante las llamadas “shakiras” y no recibió atención médica posterior. En octubre de 2024 se denunció un deterioro agudo de su salud, con episodios de fiebre, vómitos, diarrea y decaimiento.
Mientras, en septiembre de 2024, recibió una petición fiscal de 15 años por presuntos delitos como “Propaganda contra el orden constitucional”, “Desacato” y “Atentado”, después de que a finales de agosto iniciara una huelga de hambre por llevar cerca de un año en prisión provisional sin tutela judicial alguna. Por fin, el 22 de noviembre de 2024 se celebró su juicio en La Habana, y su esposa denunció que durante la vista se expusieron versiones falsas para incriminarlo, lo que dio lugar a que actualmente cumpla una condena de 8 años de privación de libertad.
Onaikel Infante Abreu fue arrestado a finales de octubre de 2023, tras una protesta pacífica desde la azotea de su vivienda en La Habana en la que exhibió una sábana con consignas como “Patria y Vida” y mensajes contrarios al régimen en un contexto de carencias sufridas por su esposa en un hospital donde estaba de parto. La detención fue violenta, con uso de balas de goma que le provocaron lesiones y convulsiones, y sobre las que no recibió atención médica.
Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) se encuentra en una situación de riesgo tras haber sido víctima de un traslado arbitrario y permanecer bajo hostigamiento, sin información oficial clara ni garantías verificables sobre su integridad. El 29 de enero fue sacado de forma repentina de la prisión Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, donde permanecía recluido desde 2021, sin que se ofreciera explicación alguna a su familia. Posteriormente se informó que habría sido trasladado a la prisión de Kilo 8, también en Pinar del Río, y aunque las autoridades afirmaron que no se encuentra en celda de castigo y que “estaba bien”, durante varios días no hubo confirmación directa ni acceso a comunicación con él. Tras ese periodo de incertidumbre, Maykel logró llamar por teléfono y confirmó que está en la Prisión Kilo 8, denunciando que durante el traslado lo despojaron de sus medicamentos y de su único abrigo en medio de un fuerte descenso de temperaturas, encontrándose además con gripe y fiebre, lo que agrava los riesgos para su salud. En esa llamada alertó de que está siendo vigilado y presionado, refiriendo que lo ubicaron junto a “chivatones”, vigilado con cámaras, y que sus comunicaciones son escuchadas, por lo que no pudo dar todos los detalles, pero insistió en que se mantenga la denuncia pública ante el nivel de presión al que está sometido.
Este traslado y la incomunicación se enmarcan en un patrón de hostigamiento sistemático. Maykel ha denunciado reiteradamente las condiciones de vida en prisión y los abusos de las autoridades penitenciarias, y durante 2025 fue enviado en varias ocasiones a celdas de castigo como represalia por sus denuncias y por manifestarse pacíficamente dentro del penal. En los últimos meses, además, se ha reportado un endurecimiento de las represalias, con acciones que incluyen la negativa al ingreso de alimentos, obstáculos para comunicarse con su hija menor, y violencia verbal y psicológica, aumentando el impacto físico y emocional del encierro.
La falta de información oficial, los traslados arbitrarios y la incomunicación colocan a los presos políticos en una situación de extrema vulnerabilidad, incrementando el riesgo de represalias y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, prácticas utilizadas como mecanismos de castigo, intimidación y control contra quienes están privados de libertad por motivos políticos.
Maykel Osorbo cumple una condena de 9 años de prisión impuesta tras su encarcelamiento en 2021 por supuestos delitos como “Desacato”, “Atentado” y “Desórdenes públicos”. Reconocido por su activismo y su vinculación al Movimiento San Isidro, es además coautor de “Patria y Vida”, canción convertida en símbolo de protesta en Cuba y por la que él ganó dos premios Grammy Latino, que jamás pudo recoger.
El activista Daniel Alfaro Frías es un preso político cubano de 71 años y cumple una condena de 9 años en la prisión de Guanajay, en Artemisa, tras haber sido detenido el 13 de marzo de 2024 por acusaciones de carácter de conciencia. Daniel es coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).
Desde prisión, denuncia maltratos, represalias y negación de asistencia médica. En un testimonio reciente, Alfaro Frías relata que padece cinco enfermedades crónicas y que, pese a estar con fiebre alta y una crisis hipertensiva grave (donde llegó a tener 210 mmHg de presión sistólica), un guardia impidió su acceso a la asistencia médica. Cuando finalmente aceptaron que lo viera un médico, lo sacaron esposado, y tras una discusión por la atención, asegura que lo devolvieron a la celda aún con las esposas puestas, hasta que otro oficial acudió mucho más tarde a retirárselas. También denuncia restricciones y arbitrariedades en sus derechos de comunicación con sus familiares, indicando que el mismo guardia que le negó la asistencia médica, también le negó el acceso a las llamadas telefónicas con su familia, y sostiene que estos conflictos responden a un patrón de hostigamiento contra presos políticos, afirmando que el guardia habría tenido acciones similares con otros detenidos por motivos políticos en ese penal.
Daniel Alfaro fue detenido en marzo de 2024 por agentes de la Seguridad del Estado que irrumpieron en su vivienda, lo golpearon y se lo llevaron sin tutela judicial, tras lo cual fue trasladado a la Prisión de Guanajay, Artemisa, pasando por el llamado “Técnico de Guanajay”, unas instalaciones conocidas por sus torturas a los reos. En abril de 2024, tras un registro domiciliario sin orden judicial, fue acusado de terrorismo por la supuesta tenencia de pintura, camisetas con mensajes libertarios y fotografías de opositores asesinados.
En 2025 se le comunicó la petición fiscal definitiva que solicitaba 10 años de privación de libertad, celebrándose juicio el 5 de agosto en el Tribunal Municipal de Guanajay, donde se dictó el 6 de octubre una condena de 9 años de privación de libertad por los supuestos delitos de “Asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas” y “Propaganda contra el orden constitucional”. Ya cumpliendo sanción, el 1 de noviembre de 2025 inició una huelga de hambre y sed por las condiciones inhumanas y violaciones de sus derechos fundamentales en prisión, permaneciendo en celda de castigo.
El preso político Dixán Gaínza Moré se encuentra en un estado crítico de salud por las torturas que enfrenta. El pasado 31 de enero, su hermana, Disney Azahares Moré, se dirigía a la prisión de máxima severidad conocida como “La 26”, en Camagüey, con el objetivo de intentar hacerle llegar medicamentos y jugos a su hermano, ya que este se encontraba postrado en una cama sin atención médica, sin acceso a sus medicamentos, ni cuidados básicos, una situación de la que la familia tuvo conocimiento únicamente a través de otro recluso porque él no tenía fuerzas ni condiciones para comunicarse directamente, lo que evidencia su estado crítico de salud y la situación de tortura y abandono institucional.
Dixán Gaínza Moré es un preso político detenido el 11 de julio de 2021 en Camagüey y condenado a 6 años de privación de libertad por los delitos de “Atentado” y “Desórdenes públicos” vinculados a las protestas de ese día y “Propagación de epidemias”. Durante su reclusión ha pasado por diferentes regímenes carcelarios y centros penitenciarios hasta ser remitido a la prisión de máxima severidad Kilo 8 en Camagüey, donde ha denunciado maltratos, amenazas a su integridad y el confinamiento en celdas de castigo por manifestar apoyo a otros presos políticos, gritar consignas como “Patria y Vida” y realizar huelgas de hambre en protesta por sus sanciones.
Su estado de salud es delicado, pues padece hipoglucemia e hipertensión y ha reportado falta de medicamentos y de atención médica adecuada, además de condiciones de reclusión degradantes caracterizadas por falta de higiene, escasez de alimentos, hacinamiento y ausencia de productos básicos y asistencia sanitaria, lo que configura un cuadro sostenido de vulnerabilidad y riesgo dentro del sistema penitenciario.
Celebramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor del preso político Duannis Dabel León Taboada y de su madre, Yenisey Taboada Ortiz, al considerar que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. Con 23 años, Duannis Dabel León Taboada fue detenido por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en el municipio Diez de Octubre de La Habana y condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de “Sedición”.
Tras protestar por la falta de atención médica a otros reclusos en octubre de 2024, Duannis fue golpeado, rociado con gas pimienta y agredido en distintas partes del cuerpo. Como consecuencia de esa golpiza comenzó a perder la visión del ojo izquierdo y, pese a reiteradas solicitudes, no fue evaluado por un oftalmólogo, derivando en una afectación visual persistente y potencialmente irreversible. Al conocer los hechos, su madre sufrió una isquemia cerebral, evidenciando el daño colateral grave provocado por la violencia y la falta de información y protección estatal.
Tras la muerte repentina de un compañero de celda en abril de 2025, el preso desarrolló un cuadro de depresión severa sin recibir atención psicológica, lo que profundizó su vulnerabilidad. Inició una huelga de hambre de 12 días en julio de 2025 tras sufrir episodios reiterados de violencia física y psicológica, tras la cual quedó en estado de debilidad extrema y fue nuevamente golpeado por un guardia por colocar un colchón en el suelo ante la falta de condiciones mínimas. Durante ese mismo período, su madre fue detenida de forma arbitraria y violenta, interrogada y amenazada cuando intentaba conocer el estado de salud de su hijo.
El preso permanece en un entorno de hacinamiento severo, insalubridad, plagas, mala ventilación, humedad, falta de agua potable, alimentación deficiente y ausencia de instalaciones sanitarias dignas, configurando un trato cruel, inhumano y degradante.
En diciembre de 2025, Duannis León ya no distinguía figuras ni letras con el ojo izquierdo, limitándose a percibir manchas, lo que confirma el daño grave y persistente causado por la violencia y la falta de atención médica oportuna. Cuando entró en prisión, Duannis ya padecía hipertensión arterial crónica, policitemia y afecciones renales congénitas, pero no recibe el tratamiento correspondiente ni los estudios especializados requeridos, como evaluaciones de oftalmología, nefrología, cardiología y hematología. Duannis sufre episodios de “angustia, depresión y confusión” pero en el último mes dejó de llamar para “evitar problemas”.
Walfrido Rodríguez Piloto es un activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) detenido sin orden de arresto ni tutela judicial por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana, arrestado en su vivienda el 17 de julio de ese año. Se le imputaron los delitos de “Desórdenes públicos”, “Desacato” y “Posesión de armas y materiales explosivos”. Fue finalmente condenado en abril de 2022 a 10 años de privación de libertad.
Desde entonces, Walfrido ha sido sometido a un patrón sostenido de traslados penitenciarios entre El Pitirre, Ivanov y el Combinado del Este, utilizados como represalia por sus protestas y denuncias dentro de prisión, acompañados de castigos, aislamiento e incomunicación prolongada a lo largo de su encarcelamiento. Ha protagonizado múltiples huelgas de hambre, incluida una de 27 días que motivó su traslado del Combinado del Este a Ivanov, y otra iniciada el 17 de diciembre de 2025, en protesta por insultos, humillaciones, golpes, desnudez forzada en celdas frías, suspensión de visitas y otros abusos sufridos y atribuidos al Jefe de Orden Interior de Ivanov, capitán Sandy Gómez Miller.
Esta última huelga de siete días le provocó un soplo en el corazón que requirió hospitalización y terapia intensiva, sin que posteriormente haya recibido medicamentos ni información sobre su tratamiento. Walfrido Rodríguez Piloto padece un cuadro clínico complejo que incluye hipertensión arterial, asma, desnutrición, quiste estomacal, úlcera, dermatitis y pancreatitis, condiciones que requieren seguimiento médico constante y tratamiento especializado, atención que le niega el sistema penitenciario cubano por ser preso político.
Su estado de salud se ha visto agravado por las golpizas, torturas, asfixia estando esposado, negativas reiteradas de atención médica -incluso durante una aguda crisis de asma- y por condiciones de reclusión extremas en las prisiones de máximo rigor por las que ha pasado, caracterizadas -además de por sus torturas- por su paupérrima alimentación, incluida el agua en mal estado, infestación de chinches y privación de contacto familiar.
El 16 de enero de 2026 fue nuevamente trasladado desde Ivanov mientras continúa reclamando su liberación inmediata por permanecer encarcelado “por exigir libertad, alimentos y medicamentos para la población”.
Roberto Pérez Fonseca es un preso político del 11J condenado a 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de «Atentado«, «Desacato«, «Desórdenes públicos» e «Instigación a delinquir”. Fue detenido en su vivienda el 16 de julio de 2021 por participar en las protestas y romper una fotografía de Fidel Castro como acto simbólico de protesta. Su proceso estuvo marcado por las torturas, la falta de garantías procesales y la negación a su abogado para presentar pruebas y testigos, basándose su condena únicamente en acusaciones de agentes policiales fabricadas con el fin de darle escarmiento político ejemplarizante para el resto de la población.
Su familia ha denunciado públicamente la negación sistemática de atención médica adecuada, el rechazo a trasladarlo a un hospital y la negativa a concederle una licencia extrapenal pese a múltiples solicitudes, respondidas con dilaciones y falsedades administrativas. También ha alertado del riesgo de complicaciones mayores, incluida la posibilidad de un cáncer gástrico, mientras el preso exige ser atendido fuera del penal.
Su estado de salud se ha deteriorado de forma grave y progresiva. En 2024 fue diagnosticado, mediante endoscopias y biopsias, con úlcera duodenal, esofagitis aguda, duodenitis y la bacteria Helicobacter pylori. Sin embargo, el personal médico del penal ha negado posteriormente estos diagnósticos para seguir negándole la atención médica.
Mientras tanto, el preso continúa con dolores crónicos, vómitos, diarreas y sangrados gastrointestinales, que requieren inyecciones constantes, sin un tratamiento efectivo, lo que ha provocado daños en su sistema venoso y un empeoramiento sostenido de su estado general. A ello se suman crisis asmáticas graves, neumonía y bronquitis crónica, agravadas por la humedad, la fumigación del penal sin la evacuación de los reclusos y la falta de atención especializada.
Ante la falta de respuestas, Roberto Pérez Fonseca ha iniciado en varias ocasiones huelgas de hambre como única y desesperada vía de protesta frente a las torturas y maltratos, la pésima alimentación, las condiciones insalubres, la ausencia de atención médica y los intentos de fabricarle nuevas causas penales, que han derivado en aún mayores represalias, castigos y aislamiento. Su familia ha denunciado además períodos en los que permaneció desaparecido sin información sobre su paradero ni su estado de salud, y ha responsabilizado directamente a las autoridades penitenciarias de cualquier daño que pueda sufrir.
Desde su ingreso en prisión ha permanecido principalmente en el penal de Quivicán, Mayabeque, aunque ha sido trasladado en reiteradas ocasiones entre Quivicán y Melena del Sur como represalia por sus constantes protestas contra abusos e injusticias dentro de estos penales.
Durante su reclusión también ha sufrido constantes amenazas directas, incomunicación, prohibición de llamadas, suspensión arbitraria de visitas y repetidos envíos a celdas de castigo, algunas de ellas durante meses y en condiciones infrahumanas, sin cama donde dormir ni agua suficiente, con frío, humedad, oscuridad, plagas de mosquitos y exposición a sustancias tóxicas como el polvo de cal.
El preso político José Antonio Pompa López es activista de la organización “Cuba Independiente y Democrática” (CID) y miembro de la “Coalición de Cuentapropistas Cubanos” (3C) y expreso político, y fue detenido de manera arbitraria el 26 de abril de 2024 en La Habana, sin orden de arresto ni tutela judicial, cuando regresaba de dejar a su hijo en la escuela. Tras su detención, agentes de la Seguridad del Estado registraron su vivienda sin hallar pruebas incriminatorias, aunque confiscaron equipos electrónicos y alegaron sin sustento que seguía vinculado a organizaciones opositoras. Diez días después permanecía recluido en Villa Marista, con signos visibles de pérdida de peso y bajo severas restricciones de visita y vigilancia constante. En su proceso de ilegal reclusión, pasó por el Combinado del Este en La Habana y fue trasladado en noviembre de 2025 a la prisión de Agüica, un traslado que su familia considera un castigo adicional destinado a aislarlo de sus seres queridos y que refleja la arbitrariedad del sistema penitenciario cubano. En la actualidad, continúa recluido en la prisión de Agüica, Matanzas, donde permanece con estatus de “pendiente” pese a haber sido juzgado y condenado de forma arbitraria. El juicio se celebró el 5 de agosto de 2025 en el Tribunal Municipal de Guanajay, Artemisa, donde la defensa denunció la inexistencia de pruebas y el carácter político de las acusaciones. El 6 de octubre de 2025 fue condenado a 8 años de privación de libertad por los delitos de “Propaganda contra el orden constitucional” y “Desórdenes públicos”, cuya causa fue la difusión de contenido crítico al régimen en redes sociales.
Durante su reclusión ha sido objeto de hostigamientos y amenazas por parte de los carceleros, incluida la advertencia de enviarlo a áreas de alta peligrosidad para impedir que proteste dentro del penal.
Su esposa, Suarmy Hernández, quien lo visitó el pasado 12 de enero, denunció que el preso sigue visiblemente delgado y que una parte considerable de la población penal del centro se encuentra en estado de desnutrición. Según su testimonio, el trato a los reclusos es injusto y la alimentación es deficiente, lo que provoca enfermedades sin que se les brinde atención médica alguna. Hernández explicó además que muchos presos no reciben visitas porque sus familiares residen en otras provincias y no pueden trasladarse hasta la prisión de Agüica en Matanzas, lo que agrava aún más su situación, ya que quedan sin acceso a alimentos y medicinas que solo llegan a los presos políticos a través de sus familias.
El activista ya había sufrido persecución política, con detenciones previas en 2016 por manifestarse frente al Capitolio en La Habana, y en 2019 por un supuesto delito de “Desórdenes públicos”.
El régimen deja morir a otro preso político
El preso político Lázaro García Ríos falleció en prisión el pasado 22 de enero mientras cumplía una sanción de 20 años de privación de libertad impuesta en 2022 por los supuestos delitos de “Propaganda enemiga” y “Sabotaje”. Su caso estuvo marcado desde el inicio por graves irregularidades, ya que fue detenido sin orden de arresto y mantenido en prisión provisional sin tutela judicial ni acceso a un abogado independiente, en un proceso motivado por su condición de opositor al régimen.
Lázaro García Ríos presentaba un estado de salud delicado, con antecedentes de una operación cardíaca y sin atención médica en prisión, como denunció su madre en múltiples ocasiones. Pese a que los estudios médicos indicaban que no estaba plenamente recuperado ni en condiciones de ser trasladado tras una grave crisis, fue sacado del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Salvador Allende, en La Habana, donde fue llevado tan sólo unos días antes, y llevado de regreso a la prisión del Combinado del Este. A pesar de las múltiples denuncias sobre el deterioro progresivo de su salud, no recibió la atención médica adecuada por parte de las autoridades penitenciarias.
Tras su fallecimiento, su madre denunció múltiples anomalías y contradicciones en la información oficial. Su muerte bajo custodia del Estado y con la plena constancia de la responsabilidad directa de su muerte por parte del régimen, pone de relieve las graves consecuencias de la represión, el abandono médico como forma de tortura y la falta de garantías del sistema penitenciario cubano.
Inicialmente, la Fiscalía llegó a solicitar hasta 30 años de prisión, señalándolo como supuesto cabecilla de los hechos imputados. Desde su cautiverio, Lázaro y los otros detenidos fueron objeto de amenazas y graves coacciones con el fin de que se inculparan públicamente en un montaje televisivo, y se les obligó a repetir textos oficiales sobre presuntas influencias externas para desestabilizar al Estado en un acto esperpéntico similar a los que protagoniza el régimen iraní con sus detenidos. Este episodio de autoinculpación llevó a que su caso fuera clasificado provisionalmente en la categoría de “Otros presos políticos” y no como “Convicto de Conciencia”, sin que ello eliminara en grado alguno el carácter político de su encarcelación.
Se puede deducir que, cuando un preso político cede a los chantajes y represión de la Seguridad del Estado, prestándose a espectáculos manipulados como el que se perpetró en la televisión cubana, las posibilidades de que dicho preso sea llevado a la muerte son mucho mayores que en cualquier otro caso, debido a que las autoridades usan dichas inculpaciones para desarticular las reacciones de cualquier diplomático externo, muy cobardes incluso para defender incluso a los más emblemáticos presos políticos cubanos, y así tener patente de corso incluso para dejarlos morir, o matarlos directamente.
Claudicar ante el Terrorismo de Estado y realizar actos indecorosos por miedo, para evitar torturas, amenazas y represalias, es de lo más humano y comprensible, pero con el régimen cubano tiene siempre el efecto contrario al que buscan los presos políticos que sucumben a ello, pues les acerca a la muerte a manos del régimen, como en este caso, o en otros a la esclavitud y el chantaje de por vida, como conocemos en otros muchos casos. Los casos de esta tipología se cuentan por cientos en Cuba, y los más reconocidos activistas conocen bien que con el régimen no es nunca una solución caer en sus chantajes.
Igualmente, los presos y las familias que sucumben al chantaje y el terror del régimen, y no informan sobre sus familiares a organismos y prensa sobre ellos, al caer el preso político en el anonimato, también tienen mayor probabilidad de sufrir peores desenlaces que otros. Es una desgraciada y dura realidad que pugna con el instinto de supervivencia que les lleva a silenciar sus casos, lo cual el régimen explota miserablemente bien.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de enero
Con cierre de datos a fecha 31 de enero de 2026, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.207 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 147 presos políticos nuevos (un promedio de más de 12 presos políticos nuevos cada mes en Cuba). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.290 presos políticos en Cuba, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.953 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de enero pasado, en apenas 4 años y siete meses, donde 1.806 han entrado en prisión desde entonces.
Han entrado este pasado mes de enero en nuestra lista de Cuba 18 nuevos presos políticos. Y 8 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado: 7 por el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta y uno, lamentablemente, por el fallecimiento bajo custodia del Estado del preso político Lázaro García Ríos.
De los 1.207 prisioneros políticos:
- 32 son los prisioneros políticos en Cuba que fueron presos siendo menores, 29 chicos y 3 chicas. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de prisioneros políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
- 16 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 219 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 128 mujeres aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los presos políticos entre rejas en Cuba hemos censado 463 presos políticos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 42 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
727 Convictos de Conciencia, 445 condenados de conciencia y 35 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.207 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos en Cuba.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 727 Convictos de Conciencia
- 445 Condenados de Conciencia
- 35 casos de Otros Presos Políticos
