En 2025, la represión política en Cuba no solo se mantuvo: se intensificó. A lo largo del año, se incorporaron 134 nuevos presos políticos a nuestros registros en Cuba, confirmando que la persecución y la privación de libertad siguen siendo herramientas centrales para silenciar la ciudadanía y el ejercicio de derechos fundamentales. Solo durante el mes de diciembre se registraron 10 nuevos presos políticos en Cuba y 5 salieron de la lista por cumplimiento íntegro de condena, lo que eleva el total a 1.197 prisioneros políticos documentados. El impacto humano de estas cifras es especialmente grave: entre las personas identificadas hay 128 mujeres y 32 menores de edad (29 chicos y 3 chicas). Además, entre los encarcelados hemos documentado 464 casos con patologías médicas graves y 42 personas con trastornos de salud mental, todos ellos sin el tratamiento médico adecuado, una realidad que agrava la extrema vulnerabilidad de quienes están privados de libertad y evidencia el maltrato y la falta de atención dentro del sistema penitenciario.
Mientras tanto, en Venezuela, con la muerte de más de 64 militares cubanos, la mayoría integrados en el anillo de seguridad de Nicolás Maduro, hecho verificado por Prisoners Defenders mediante fuentes internas en Venezuela, se constata lo ya demostrado desde hace años por investigaciones diversas de la oposición venezolana y cubana: que la penetración de las fuerzas represivas cubanas era masiva en Venezuela, pese a la permanente negativa del régimen cubano. De un modo análogo, el régimen cubano niega su apoyo con militares en la invasión de Ucrania frente a las notables evidencias de lo contrario. Al tiempo, también constatamos algo fuertemente denunciado por investigaciones diversas en Venezuela. Tras la excarcelación de algunos de los presos políticos en dicho país, vamos conociendo cómo las torturas eran diseñadas y ejecutadas por agentes de Cuba. Hemos realizado una comparativa de algunos de los más detallados testimonios de ex presos políticos torturados en Venezuela, comparándolos con el estudio más exhaustivo de la tortura en Cuba, y las similitudes dan crédito de cómo la metodología de la Stasi, aprendida en la Guerra Fría por el régimen cubano, habría sido traspasada de este al régimen de Maduro.
10 nuevos presos políticos en Cuba en diciembre de 2025
En el mes de diciembre han sido 10 los ciudadanos detenidos y encarcelados que han entrado en nuestra lista de prisioneros políticos. Se trata de 7 hombres y 3 mujeres, la mayoría del oriente del país y la mitad de ellos acusados por el presunto delito de “Propaganda contra el orden constitucional”.
Entre los nuevos casos destaca el de una mujer, M.P.R., detenida sin tutela judicial el 17 de diciembre de 2025, alrededor de las 10:00 de la mañana. Se la acusa de haber incurrido en el supuesto delito de “Propaganda contra el orden constitucional” por exigir derechos básicos para ella, su hija y su nieta.
Según el testimonio de su hija, salió de su domicilio para comprar medicamentos y, a su regreso, fue detenida sin que las autoridades le informaran del motivo de su arresto. Posteriormente, el 22 de diciembre, fue trasladada sin previo aviso a la prisión Cuba-Panamá, en Güines (Mayabeque), situada a aproximadamente cinco horas de distancia del lugar de residencia de su única familia cercana (su hija y su nieta), lo que imposibilita gravemente el contacto familiar.
De acuerdo con la información facilitada por la familia, la presa de conciencia es paciente con VIH y padece estrés postraumático, depresión extrema y trastorno de la personalidad. A pesar de la gravedad de estas condiciones médicas, en el centro penitenciario donde se encuentra recluida no está recibiendo atención médica adecuada ni los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus dolencias.
Asimismo, se ha denunciado que permanece recluida junto a personas condenadas por delitos comunes de alta peligrosidad, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y supone un riesgo adicional para su integridad física y psicológica.
En Las Tunas, 3 de los diez nuevos presos políticos de Cuba fueron detenidos arbitrariamente y sin tutela judicial, y permanecen acusados del presunto delito de “Propaganda contra el orden constitucional”, por el cual la Fiscalía solicita penas de hasta 6 años de privación de libertad. De acuerdo incluso con la versión sostenida por el régimen cubano, las detenciones se sustentan en acusaciones de carácter meramente político.
Dos de las tres mujeres que han sido incorporadas en diciembre a nuestra lista de prisioneros políticos fueron detenidas sin tutela judicial en noviembre de 2025, tras un acto de protesta pacífica protagonizado por varios residentes, principalmente mujeres, del barrio de El Carmen, en Santiago de Cuba.
Frente a dicha protesta se personó un funcionario de la empresa eléctrica estatal, acompañado por oficiales de la Policía, procediéndose posteriormente a la detención de las mencionadas mujeres. Ambas están siendo acusadas del supuesto delito de “Desórdenes públicos”.
Se les ha impuesto una medida cautelar de “Obligación contraída en acta bajo amenazas”, consistente en la comparecencia periódica, que las obliga a presentarse a firmar todos los viernes en la unidad policial de Micro 9, lugar en el que permanecieron detenidas en primera instancia, además de permanecer vigiladas y bajo constantes amenazas.
Este mes, como tantos otros desde 2021, hemos verificado cómo la mayor parte de los nuevos presos y presas de conciencia y políticos en Cuba poco tienen que ver con organizaciones disidentes o políticas. Las autoridades tratan de desdibujar las pretensiones de estas personas inocentes, que sólo protestan por la miseria y la ausencia de servicios básicos, como si fueran personas capaces de desestabilizar el sistema político cubano. Al tiempo que este proceder representa la confirmación de una debilidad política extrema frente a los más humildes ciudadanos de la isla, también da muestras de los crímenes de lesa humanidad que comete el régimen día tras día contra su pueblo, sometido a la miseria, al silencio y a la más oprobiosa represión en lo que sólo cabe calificar de terrorismo de Estado.
De La Habana a Caracas: cómo el modelo represivo cubano ha destruido Venezuela
La crisis venezolana no puede analizarse de manera aislada ni exclusivamente como un fenómeno interno. Desde hace más de dos décadas, el régimen venezolano ha incorporado prácticas, estructuras y doctrinas represivas desarrolladas e implantadas en la patria de Bolívar por el régimen cubano, configurando un modelo de control social y persecución política que ha tenido consecuencias devastadoras para los derechos humanos en el país.
La influencia de Cuba en Venezuela ha ido mucho más allá de la cooperación ideológica. A través de acuerdos opacos de intercambio, que incluyen el suministro de petróleo a cambio de servicios médicos mediante trabajo forzoso, asesoría en inteligencia, entrenamiento de fuerzas de seguridad, apoyo operativo militar, e incluso la gestión de organismos del Estado venezolano, entre otros “servicios”, el gobierno cubano ha exportado un sistema de control y represión diseñado para neutralizar la disidencia, criminalizar la protesta y garantizar la permanencia en el poder a cualquier coste.
Este modelo, caracterizado por la vigilancia sistemática, el uso del aparato penal como herramienta de castigo político y la anulación de las garantías judiciales, ha sido progresivamente adoptado por las autoridades venezolanas, contribuyendo al deterioro acelerado del Estado de Derecho y a la consolidación de un patrón de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Analizar la influencia de la represión cubana en Venezuela resulta, por tanto, indispensable para comprender la naturaleza transnacional de estos abusos y para establecer responsabilidades más allá de las fronteras venezolanas.
Transferencia de prácticas de tortura del régimen cubano al venezolano
Cuba no solo practica la tortura como política de Estado, sino que ha exportado los conocimientos, la doctrina y las metodologías represivas a Venezuela, particularmente en el ámbito penitenciario.
Los testimonios de ex presos políticos venezolanos, al igual que los de Cuba, también aquellos que están saliendo a la luz a raíz de la captura de Nicolás Maduro, revelan un uso sistemático, deliberado y estructural de la tortura por parte del régimen venezolano, mediante prácticas que coinciden de forma exacta con los 15 patrones de tortura documentados en Cuba en el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba que Prisoners Defenders realizó en 2023, un documento basado en una investigación cuantitativa y cualitativa sustanciada con todos los detalles de las torturas de 181 presos políticos civiles torturados en cárceles de Cuba.
La reiteración, homogeneidad y finalidad de estos métodos de tortura cubanos, aprendidos originalmente de la Stasi, apuntan a la replicación de un modelo represivo previamente desarrollado, estandarizado, y posteriormente exportado.
Tortura física, posturas forzadas y violencia extrema
Los políticosWilmer Azuaje y Roberto Marrero, describen golpizas, uso de cadenas, esposas prolongadas, posturas forzadas, privación del sueño mediante música a alto volumen, corrientes eléctricas, y violencia sexual extrema, incluidos intentos de violación con objetos.
Estos métodos reproducen de forma directa los patrones cubanos de agresiones físicas (67,86%), privación del sueño (47,02%), patrones posturales dañinos (54,76%), tortura sexual y exhibición de instrumentos de tortura (36,90%), documentados en el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba como prácticas generalizadas y sistemáticas.
Tortura psicológica, amenazas y desorientación intencionada
Los testimonios coinciden en la aplicación sistemática de tortura psicológica grave. Marcelo Crovato, abogado argentino-venezolano y colaborador de la organización Foro Penal, fue detenido el 22 de abril de 2014 y relata amenazas explícitas de ejecución, diseñadas para generar un temor constante a la muerte bajo custodia estatal.
El periodista Víctor Navarro y el político Wilmer Azuaje describen aislamientos prolongados, incomunicación total, privación de visitas y mensajes reiterados de que “nunca saldrían”, lo que constituye desorientación intencionada y quebrantamiento psicológico.
Estos métodos coinciden plenamente con los patrones cubanos de amenazas, privación de comunicación, aislamiento prolongado y sometimiento a angustia e incertidumbre, documentados como herramientas centrales de tortura psicológica en las cárceles cubanas en el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba.
Condiciones de detención degradantes y uso del entorno como arma de tortura
Todos los testimonios describen condiciones de detención degradantes: hacinamiento extremo, celdas mínimas, dormir en el suelo o de pie, presencia de ratas y cucarachas, uso de envases para necesidades fisiológicas y alimentación insuficiente o infame.
Marcelo Crovato perdió 35 kg en 45 días, evidencia objetiva de desnutrición severa inducida, mientras que Víctor Navarro y Wilmer Azuaje describen espacios como “el bañito” o “la escalera” de El Helicoide, diseñados para humillar y degradar de forma continua.
Este uso del entorno como mecanismo de tortura coincide exactamente con los confinamientos degradantes, la privación de alimentos, la humillación sistemática y el trato cruel e inhumano documentados en las cárceles cubanas en el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba.
Privación deliberada de atención médica
Los cuatro testimonios refieren negación sistemática de atención médica, incluso ante lesiones graves o enfermedades potencialmente mortales. Crovato sufrió negación de tratamiento por una lesión severa de columna y cáncer de piel, utilizándose la atención médica como herramienta de coerción penal.
Marrero, Navarro y Azuaje denuncian muertes bajo custodia y deterioros físicos graves por falta deliberada de asistencia sanitaria.
Este patrón se corresponde con uno de los indicadores más frecuentes de tortura en Cuba, donde la privación de atención médica alcanza a la práctica totalidad de los casos que la solicitaron, y se utiliza como método de debilitamiento físico y castigo.
Detenciones y procesamientos penales arbitrarios y represivos
Los testimonios de los expresos políticos venezolanos evidencian detención arbitraria prolongada, negación del acceso a expedientes, retrasos judiciales deliberados y uso de fiscales y jueces como parte del mecanismo represivo. Crovato y Azuaje relatan haber sido presentados por primera vez ante los tribunales meses después de su detención, en violación flagrante de la ley.
Este patrón es plenamente coincidente con el uso sistemático de la prisión provisional sin control judicial efectivo documentado en Cuba como una forma estructural de tortura psicológica y coerción política.
La tortura en Venezuela como subproducto importado de Cuba
La similitud entre los testimonios venezolanos y los patrones de tortura documentados en Cuba no es casual ni anecdótica. Se trata de métodos idénticos en su ejecución, finalidad y lógica represiva, aplicados de forma sistemática por los aparatos de seguridad e inteligencia cubanos con total impunidad, también en Venezuela.
A continuación, detallamos los resultados más destacados obtenidos en el Primer Estudio Integral sobre la Tortura en Cuba, que analiza de manera integral la tortura ejercida contra los presos políticos en la isla:
Modelo de excarcelaciones fraudulentas en Cuba aplicado hoy en Venezuela
Las recientes “liberaciones” anunciadas por el gobierno venezolano no constituyen una “liberación” o siquiera una excarcelación significativa de presos políticos, ni representan un cambio real en la política represiva del Estado. Es un primer síntoma valorable positivamente, pero falta mucho por recorrer aún.
Según las verificaciones realizadas por la ONG Foro Penal hasta el día 14 de enero solo 57 personas habían sido excarceladas en Venezuela, pese a que el gobierno ha afirmado haber “liberado” a más de 100, sin publicar listas oficiales que permitan corroborar dichas cifras. No son liberaciones como tales y las cifras, además, son del entorno de la mitad de lo comunicado por el régimen chavista.
Es exactamente lo que ocurrió en Cuba a comienzos de año en 2025, como documentó Prisoners Defenders en febrero del pasado año. De los 553 supuestos “liberados”, la mitad eran presos comunes, y los presos políticos “liberados” resultó que lo eran manteniendo las condenas y bajo terribles situaciones represivas. En suma, eran meras excarcelaciones bajo control y amenazas. La palabra “liberación” es muy seria y rogamos a los lectores que tomen nota de la diferencia con “excarcelación”, máxime cuando se produce bajo control y amenazas, una práctica sistemática en el régimen cubano y, como ahora vemos, en el régimen venezolano. Las víctimas se sienten agraviadas al leer sobre su “liberación” donde debía leerse sobre su “excarcelación”. Liberación es equivalente a “caso cerrado”, y no, son casos y heridas terriblemente abiertas y aún con condenas y cargos penales vigentes.
Al igual que en Cuba, estas excarcelaciones se caracterizan por la opacidad, la manipulación de cifras y la inclusión de personas que no califican como presos políticos, lo que impide una evaluación transparente del proceso. Las excarcelaciones en Venezuela, además, no superarían el 7% del total de los presos políticos documentados en Venezuela, 893, días antes de estos eventos.[1]
Hace exactamente un año, el 14 de enero de 2025, cuando registrábamos en Cuba 1.161 prisioneros políticos, de los que 931 estaban entre rejas, el gobierno cubano anunció la “liberación gradual” de 553 personas tras un acuerdo con el Vaticano. Fueron excarcelaciones, y no liberaciones, que en Prisoners Defenders calificamos como un mero fraude, pues de los 230 presos políticos supuestamente excarcelados bajo dicha medida, casi la totalidad ya cumplían incluso los requisitos para estar excarcelados con anterioridad. Así, en Cuba, 219 personas fueron excarceladas, y 11 recibieron prórrogas de subsidios extracarcelarios que ya tenían, bajo un estricto “régimen carcelario-domiciliar”, a pesar de que el 91% tenía derecho a libertad condicional o inmediata desde hacía más de un año. Entre los excarcelados, 192 estaban cumpliendo sanciones por las protestas del 11 de julio.
Además, prueba de su situación, cuatro presos políticos excarcelados de forma casi inmediata fueron de nuevo revocados a prisión: Félix Navarro Rodríguez, Donaida Pérez Paseiro, Jaime Alcide Firdó Rodríguez y Jose Daniel Ferrer García, quien finalmente tras meses de torturas, en octubre de 2025, fue forzado a un destierro forzoso y tuvo que aceptar el exilio como “la única opción para salvar su vida y proteger a su familia del hostigamiento del régimen cubano”, como él mismo afirmó.
Si en el proceder del chavismo sobre las excarcelaciones estamos detectando exactamente el mismo proceder que el ejecutado por el régimen cubano hace un año, es lógico pensar que las autoridades cubanas siguen teniendo una importante influencia en las fuerzas represivas bolivarianas, aún hoy día.
La ONU vuelve a advertir a Cuba por desalojo forzoso y acciones represivas
Naciones Unidas publicó el día 10 de diciembre una comunicación acusatoria sobre algo que representa una forma de actuación común y habitual del régimen cubano, y sobre la que este organismo ya había alertado con casos como el del pastor Alain Toledano y su familia (JAL CUB 1/2020).
De acuerdo con la nueva comunicación acusatoria JUA CUB 2/2025, los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas instan al Estado cubano a suspender de manera inmediata cualquier desalojo forzoso y a garantizar el debido proceso en el caso, ahora, de la Sra. Marcia Natacha Parra Taupier y su familia.
La comunicación, hecha pública el 10 de diciembre de 2025 por el Relator Especial sobre una vivienda adecuada y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, se dirige al Estado cubano ante el riesgo inminente de desalojo forzoso de la Sra. Parra y su familia —incluida su madre de 102 años— y documenta un patrón de hostigamiento, detenciones arbitrarias e incumplimiento sistemático de las garantías procesales.
La comunicación subraya la especial situación de vulnerabilidad del núcleo familiar, destacando que la Sra. Parra es “la principal cuidadora de su madre de 102 años, postrada en cama y que necesita asistencia permanente”, que uno de sus hijos padece “asma e hipertensión”, y que ella misma presenta graves problemas de salud, incluyendo “una colostomía permanente, una enfermedad cardíaca” y que se encuentra “recibiendo tratamientos oncológicos”, lo que requiere “insumos, medicamentos y un entorno estable e higiénico”.
Si bien las autoridades municipales asignaron a la familia una vivienda estatal y expidieron un certificado de ocupante legal, la vivienda se encontraba en condiciones inhabitables, “sin baño en funcionamiento, con el techo dañado, goteras, sin puertas ni ventanas, instalaciones eléctricas y de fontanería rotas, y con escombros y animales muertos en su interior”. La familia rehabilitó la vivienda “con sus propios medios”. Posteriormente, pese a iniciar el proceso para formalizar la titularidad, la Sra. Parra fue declarada “ocupante ilegal” de manera exclusivamente verbal, “sin notificación escrita, sin acceso al expediente, sin posibilidad de aportar pruebas ni de apelar la decisión”.
A partir de ahí, los Relatores Especiales narran el infierno de “múltiples actos de acoso”, incluidas “amenazas de desalojo sin notificación por escrito ni provisión de vivienda alternativa”, la “denegación de acceso al expediente”, su ingreso forzoso en el Hospital Psiquiátrico de La Habana en contra de su voluntad y sin supervisión judicial, como mecanismo puramente represivo, el allanamiento de su domicilio, la detención arbitraria y prolongada sin que se le mostrara “ninguna orden de detención escrita emitida por una autoridad competente”, sin que se levantara “acta alguna de la detención” y con la “denegación de la comunicación con su familia y el acceso a un abogado”. Como sucede en otros casos de acoso, el documento de Naciones Unidas añade que el 12 de septiembre de 2025 la Sra. Parra fue “despedida de su trabajo en una agencia gubernamental mediante una llamada telefónica”, lo que agravó su situación de vulnerabilidad, a lo que sumaron la advertencia formal de ser procesada por el delito de “Atentado”, y donde incluso fue “amenazada con qué le pasaría algo a su hijo si no abandonaba la vivienda”.
Muchos disidentes, opositores y ciudadanos cubanos, como en este caso Marcia Natacha Parra Taupier y su familia, pasan por circunstancias similares de forma cotidiana.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de diciembre
Con cierre de datos a fecha 30 de diciembre de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.197 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de enero al 31 de diciembre de 2025) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 134 presos políticos nuevos (un promedio de más de 11 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.290 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.935 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de diciembre pasado, en apenas 4 años y seis meses, donde 1.788 han entrado en prisión desde entonces.
Han entrado este pasado mes de diciembre en nuestra lista 10 nuevos presos políticos en Cuba. Y 5 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado por el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.
De los 1.197 prisioneros políticos:
- 32 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 29 chicos y 3 chicas. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio del Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
- 16 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 219 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 128 mujeres aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los presos políticos entre rejas en Cuba hemos censado 464 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 42 presos políticos entre rejas en Cuba con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
716 Convictos de Conciencia, 445 condenados de conciencia y 36 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.197 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 716 Convictos de Conciencia
- 445 Condenados de Conciencia
- 36 casos de Otros Presos Políticos
[1] Incluyendo a 63 de ellos de los que ni siquiera se conocía el paradero: https://x.com/ForoPenal/status/1998763613050356056
