1.192 PRISIONEROS POLÍTICOS, UN NUEVO RÉCORD QUE SE SUMA A LA CRISIS POLÍTICA, SOCIAL Y HUMANITARIA QUE VIVE CUBA

En noviembre de 2025, la lista oficial de Prisoners Defenders ha incorporado 19 nuevos presos políticos para un total de 1.192 prisioneros políticos, una actualización que confirma que la represión en Cuba sigue en aumento como mecanismo sostenido del régimen para ocultar el océano de crisis política, social, sanitaria, y la desesperación de la ciudadanía, y que reprime cualquier expresión de malestar social, crítica pública o ejercicio pacífico de derechos. Las nuevas detenciones recogen un patrón recurrente: ausencia de tutela judicial, desaparición forzada, incomunicación, con la inexistencia de información sobre el paradero de los detenidos, el uso de tipos penales vagos y amplios, como desobediencia, desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir, e incluso figuras más graves y, todo ello como un método sistémico para sembrar el terror en la población por medio del ejemplo con el fin de erradicar conductas ciudadanas como las meras opiniones en redes sociales, las expresiones verbales en espacios públicos, o las protestas vinculadas a la crisis cotidiana (apagones, carencias, mala gestión gubernamental). Siendo claro este patrón, por tanto, Cuba es un país donde se ejercita el terrorismo de Estado.

Mientras, reprimidos y aterrorizados, los cubanos esperan del exterior un apoyo que, desde Europa, han impedido recurrentemente Federica Mogherini hasta 2019 (detenida por fraude y corrupción), Pedro Sánchez, su gobierno y su partido en España y en Europa desde 2018 (con sus máximos dirigentes y colaboradores ahora en prisión, imputados o acusados de indecentes hasta por los líderes más respetados del partido socialista) y Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores hasta 2025 y exministro del Gobierno de Sánchez. Cuba, 2do país del mundo por tasa poblacional penal, es el 1er país del mundo por casos de detención arbitraria en el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y 4to país a nivel mundial por Acciones Urgentes de Desaparición Forzosa del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Constatando los hechos, y que el régimen cubano ha sido apoyado en Europa por un elenco de personajes vergonzantes, turbios e incluso imputados muchos de ellos por gravísimos delitos, es urgente la revisión de la política de Europa hacia Cuba. El SEAE-gate no hace sino dar explicación al soporte financiero y diplomático a cómo Cuba, un país que practica el terrorismo de Estado, ha obtenido dichos apoyos hasta la fecha del SEAE de la UE.

19 nuevos presos políticos

De nuevo se constatan este mes múltiples patrones de persecución indiscriminada en Cuba. Entre los 19 nuevos presos políticos en Cuba encontramos algunos activistas, pero abundan los ciudadanos comunes no afiliados a tendencias políticas, incluyendo a un reconocido psiquiatra y a un enfermo con trastorno de la salud mental, lo que evidencia que la represión penal no se dirige únicamente contra la disidencia sino, especialmente, también contra la población general, incluyendo trabajadores, profesionales y personas vulnerables, lo que se torna especialmente grave debido a factores de multiplicación de la vulnerabilidad en las prisiones, con generalizados problemas de salud y situaciones de alto riesgo por la violencia de los procesos de detención y las inhumanas condiciones de confinamiento.

Los 19 nuevos presos políticos en Cuba corresponden a 16 hombres y 3 mujeres. La mayoría de ellos detenidos entre octubre y noviembre de 2025, lo que confirma que la represión sigue en aumento a lo largo de todo el país.

Estas nuevas altas muestran que el número de presos políticos en Cuba continúa en ascenso en aras a reforzar la operativa estatal de intimidación y castigo a toda forma de queja o desahogo de la población como única herramienta que le queda al régimen para permanecer en el poder. Como en los meses pasados, los nuevos casos se inscriben en un patrón sistemático donde la criminalización de la protesta, la detención arbitraria, donde Cuba es primer país del mundo por número de personas verificadas por el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, al menos desde 2019, y las condenas desproporcionadas ya se han consolidado como las herramientas centrales del terrorismo de Estado en Cuba en los últimos años.

A continuación, presentamos los casos más destacados de los nuevos presos de conciencia encarcelados que han sido incorporados en esta actualización:

Pedro Bauta Gómez, también conocido como “Glevis”, doctor especialista en Psiquiatría del Policlínico Docente “José Martí Pérez” de Gibara, en Holguín, fue detenido sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente en la segunda semana de noviembre. Según fuentes cercanas, los hechos ocurrieron en la calle Donato Mármol, entre J. Agüero y Calixto García, frente a la vivienda de Naila Marieta, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Gibara, donde el ahora preso de conciencia expresó públicamente frases claramente amparadas por el derecho a la libre expresión: “Para los enfermos no hay transporte, pero para el Partido sí” y “El pueblo se está muriendo sin atención mientras los recursos se usan para privilegios del Gobierno”. Tras ser acompañado por un conocido hasta su casa, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo arrestaron en su domicilio, lo llevaron a la unidad policial de Gibara y posteriormente se ejecutó una orden de traslado a Holguín, según presuponen los allegados. La realidad es que se desconoce su paradero y, hasta la fecha, no se le han presentado cargos formales ni se le ha permitido comunicarse con su familia o con un abogado. Es un claro caso de desaparición forzada.

William Sosa Marrero fue detenido sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente el 12 de noviembre en Las Tunas a raíz de publicaciones realizadas en Facebook, por lo que estaría siendo investigado, según nuestras fuentes, bajo la acusación de “Desobediencia Penal Precriminal” (aplicación del art. 189.3 sustentado en el art. 434.1, ambos novedosos artículos del recientemente aprobado Código Penal de Cuba y que sustituyeron a la “Peligrosidad Social Predelictiva” del anterior en una operación de lavado de cara de esta tipología penal para perpetuar su continuidad). Tras el ilegal arresto, su familia permaneció durante horas sin información alguna sobre su paradero. Únicamente tuvieron acceso a una citación policial que indicaba como “objetivo” el “análisis de una situación”, firmada por el Teniente Coronel de la Seguridad del Estado “Fredy” Domínguez Ayala. En el documento se le señalaba por publicar “mensajes hipercríticos y subliminares” que cuestionaban a dirigentes del país. Ya en la unidad policial, hemos sabido que, detenido y coaccionado sin presencia letrada, intentaron obligarlo a firmar una advertencia para renunciar a su derecho a expresarse. Al negarse, fue trasladado a un centro penitenciario bajo prisión provisional. Los allegados desconocen dónde se encuentra recluido y cuál es su estado actual.

Liusban John Utra y Josefina Reyes Londres, activista el primero y colaboradora del comedor social de la UNPACU la segunda, junto con los familiares de la segunda, no afiliados a organización alguna, Damián Ulises Reyes Gutiérrez y su hijo Ulises Reyes Ramis, fueron todos detenidos sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente en el marco de una ola represiva ocurrida a finales de noviembre de 2025, asociada a la criminalización de una gran movilización de mensajes antigubernamentales y consignas a favor de los presos políticos en espacios públicos impulsada desde el destierro por el líder humanitario y activista José Daniel Ferrer de la cual, además,  estos activistas de UNPACU no son autores. Liusban John Utra fue arrestado sin causa legítima en la tercera semana de noviembre de 2025 en unos operativos policiales ilegales en Las Tunas y Santiago de Cuba, y permanece detenido desde hace más de una semana en la Unidad de Operaciones Policiales de Las Tunas, acusado de un supuesto delito de “Desacato”. Por su parte, cuatro días más tarde fueron detenidos Josefina Reyes Londres, su primo Damián Ulises Reyes Gutiérrez y el hijo de éste, Ulises Reyes Ramis, acusados de haber pintado grafitis contra el Gobierno y en apoyo a los presos políticos. Estos cuatro casos reflejan un patrón de persecución que combina la represión contra activistas con la criminalización de ciudadanos inocentes de todo delito y no vinculados a organizaciones, sólo por su cercanía familiar, penalizando expresiones políticas no violentas.

Lázaro Figueredo Rodríguez , Alfredo Rodríguez Núñez y Adonis Ruiz Medina fueron detenidos sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente la cuarta semana de mayo de 2025, en el contexto de las protestas pacíficas del 21 de mayo en el reparto Jabaquito, Bayamo, originadas por la falta de respuesta del Gobierno ante los graves problemas que afectan a la población. Lázaro Figueredo Rodríguez fue arrestado en la acera de su casa junto a otros cuatro hombres, entre ellos su tío Alfredo Rodríguez Núñez, y una mujer. Lázaro y Alfredo enfrentan acusaciones de “Desobediencia” y la mención de un presunto delito de “disturbios”, que sólo cabe sea el de “Desórdenes públicos”, a la espera de la tipificación final formal. Adonis Ruiz Medina, por su parte, fue detenido cerca de su vivienda, en un parque de Jabaquito, Bayamo, cuando un grupo de policías y civiles se le abalanzó encima. En su caso se le acusa de “Desobediencia” y “Resistencia”. La situación ha generado terror en las familias: la madre de Lázaro se niega a denunciar por miedo a represalias y por experiencias previas de malos tratos contra su hijo tras elevar quejas, lo que refuerza el patrón de castigo ejemplarizante e intimidación social asociado a estas detenciones.

Lázaro Gregori Velázquez, Jorge Alberto Zayas Quintana, Irma del Rosario Moro Céspedes, Samuel González Ponce y José Antonio Garcés Valdés, ciudadanos nos adscritos a filiación política disidente siquiera, fueron procesados por los hechos ocurridos durante un concierto público celebrado en el Estadio Municipal Antonio Curro Barrera, en Las Tunas, el 15 de septiembre de 2023, donde más de mil personas reaccionaron con malestar ante el retraso considerable del evento —provocado por la tardanza de los músicos y problemas logísticos vinculados a su contratación y forma de pago— y, además, protestaban por el contexto general que atraviesa Cuba, marcado por la crisis y el descontento social. En ese contexto, el tribunal sostiene que Lázaro Gregori Velázquez subió de manera espontánea a la tarima y, a viva voz, expresó en mero ejercicio de la libertad de expresión pacífica el descontento general, sin que la sentencia acredite nada salvo únicamente expresiones verbales pacíficas que reflejaban el sentir colectivo. A pesar de ello, fue presentado como el causante de las protestas en el concierto y juzgado junto a otros acusados sin una verdadera individualización de responsabilidades, recibiendo una condena de 6 años de privación de libertad acusado de “Instigación a delinquir”, una desproporcionada y reveladora criminalización de un episodio esencialmente civil. Por su parte, Jorge Alberto Zaya Quintana, Samuel González Ponce y José Antonio Garcés Valdés fueron condenados por desórdenes públicos a 5 años de privación de libertad mediante trabajo forzoso con internamiento, mientras que Irma del Rosario Moro Céspedes recibió la condena 7 años de privación de libertad por “Instigación a delinquir”, “Atentado” y “Desacato”, en un proceso que reitera el patrón de culpabilidad colectiva generadora de terror en la población, sin pruebas fácticas ni acusación penal por el delito de “Daños” (art. 426 del Código Penal) y con absoluta ausencia de la valoración del contexto generado por la mala gestión del evento por parte de las autoridades (en este caso particular a través de la Agencia Cubana del Rap), que monopolizan desde siempre, y especialmente desde 2019, la organización de los conciertos y expresiones del arte en Cuba.

Idalberto Reyes Saroza, activista del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue detenido sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente en julio de 2021 en Cienfuegos, acusado de pintar consignas antigubernamentales en la Delegación Provincial del MININT y de un presunto incendio ocurrido dos meses antes en cabañas destinadas a la recreación de militares. Por estos hechos no probados, el Tribunal Militar de la Región Militar de Cienfuegos condenó a este civil a 20 años de privación de libertad por los delitos de “Propaganda Enemiga” y “Sabotaje”. Según denuncias, estando encarcelado en la prisión de Ariza (Cienfuegos) fue agredido violentamente por un agente de la Seguridad del Estado, tras ser esposado, hasta perder el conocimiento. Posteriormente, fue amenazado y trasladado a una celda de castigo. En respuesta a estos hechos y como forma extrema de protesta, este pasado 21 de octubre Idalberto inició una huelga de hambre y se cosió los labios.

Leonardo Manuel Mojena Suarez fue condenado en el marco de la Causa 1 de 2019 del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en un proceso marcado por el uso extensivo y desproporcionado del derecho penal para castigar conductas vinculadas al disenso político. Según la defensa, la imputación se sustentó en una atribución genérica de responsabilidad, sin una demostración individualizada y suficiente de hechos concretos que justificaran los cargos. Las autoridades lo vincularon a “Terrorismo” y “Propaganda enemiga” sobre la base de indicios débiles, sin acreditar elementos esenciales como violencia real, peligro inmediato para las personas o una intención efectiva de causar daño, requisitos propios de la legislación antiterrorista. La sentencia asumió la versión acusatoria sin un análisis crítico sobre la ausencia absoluta de pruebas ni sobre las contradicciones indicadas por la defensa.

Yankiel Lindo Bello, de 25 años, que fue detenido sin orden de arresto, sin tutela judicial y sin defensa letrada independiente en su domicilio al terminar su jornada laboral como guardia nocturno, en una intervención policial que, según varios testigos, se produjo sin causa alguna que justificara la medida. Las autoridades, que lo interrogaron y coaccionaron sin defensa efectiva, lo acusaron de haber lanzado piedras contra la empresa eléctrica y la oficina del Partido Municipal. No obstante, diversas fuentes cercanas de primera mano señalan que, además de no ser correctos los hechos, Yankiel no tiene antecedentes penales ni historial de conflictos con las autoridades o con la justicia. La acusación no justifica la prisión provisional ni el operativo desplegado. Padece una condición de salud mental diagnosticada, lo que no solo influyó en la falta de defensa ante la acusación por parte de los agentes, sino que también denota un trato incompatible con las garantías y necesidades que requieren las personas con este tipo de diagnósticos.

Menores cubanos encarcelados por motivos políticos

De los 33 menores que figuran en la lista actual de prisioneros por motivos de conciencia en Cuba, 10 siguen cumpliendo condenas en prisiones del país, mientras que 23 mantienen sus condenas y han sido excarcelados bajo operativo policial de seguimiento, vigilancia, amenazas y limitaciones incompatibles con su situación penal, bajo la amenaza permanente de volver a prisión. Como ya hemos demostrado en múltiples informes previos, y como ha reiterado el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas en sus recientes condenas (Op. 46/2025 y Op. 57/2025), las excarcelaciones en Cuba no sólo no representan liberación alguna, sino que las condiciones son propias de un estatus de prisión domiciliar bajo una represión, limitaciones y amenazas incompatibles con la legislación internacional. Por lo descrito, estos 23 casos permanecen en nuestra lista de prisioneros de conciencia el apartado denominado “Condenados de Conciencia”, al no estar sometidos a internamiento puramente carcelario, pero sí a una represión ilegal que les hace reos del régimen en sus propias casas.

Del total, 7 de los que siguen encarcelados y 19 de los 23 que aún cumplen medidas y sanciones extra carcelarias bajo vigilancia y amenazas fueron arrestados durante el estallido social pacífico del 11 de julio de 2021 (11J). Este balance evidencia la magnitud de la represión ejercida contra menores en el país, así como la persistencia de un sistema penal utilizado de forma sistemática para castigar el disenso incluso en las edades más tempranas.

La documentación más reciente sobre menores detenidos, encarcelados y condenados por motivos políticos en Cuba revela un patrón sostenido, sistemático y abiertamente violatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los estándares internacionales de justicia juvenil. Tanto el conjunto de menores que hoy permanecen en prisión como aquellos que ya fueron excarcelados muestran un panorama de criminalización política indiscriminada, arbitrariedad judicial, sufriendo torturas y padeciendo daños profundos a nivel físico, psicológico y social.

Menores condenados y bajo régimen carcelario

La información actualizada correspondiente a los menores de edad detenidos por motivos políticos en Cuba revela un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos de la infancia, al debido proceso y a las normas internacionales de justicia juvenil. Los casos documentados muestran que el Estado cubano continúa aplicando penas desproporcionadas y criminalizando el ejercicio de derechos fundamentales, aun cuando se trata de menores sin antecedentes delictivos y sin participación demostrada en actos violentos.

Del total de los 33 presos políticos menores, 7 de los 10 que siguen encarcelados fueron detenidos durante el estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba. La mayoría de los casos, por tanto, se concentra en aquella jornada histórica de protesta nacional. Sin embargo, también se documentan detenciones posteriores, incluidos al menos dos casos en 2025, lo que demuestra que la represión contra menores no es un episodio aislado, sino una práctica sistemática sostenida en el tiempo.

Todos los menores fueron procesados exclusivamente por causas políticas, sin evidencias de actos violentos, cuando solo ejercieron su derecho a expresarse, manifestarse o afiliarse a redes sociales de disidencia ciudadana.

La ubicación de estos adolescentes en prisiones de alta severidad, como es la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana, demuestra el carácter represivo de sus condenas, concebidas como castigo ideológico, y no como medidas educativas o para la reinserción social, además de mostrar la ausencia total de medidas de protección diferenciadas para menores, muchos de ellos ingresados con 15, 16 o 17 años.

Entre los 10 presos políticos que fueron encarcelados siendo menores y que continúan en prisión, figuran:

• Lázaro Noel Urgellés Fajardo, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente con 17 años de edad, que cumple una condena de 5 años en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
• Nelson Néstor Rivero Garzón, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada efectiva con 17 años de edad, que cumple una condena de 4 años en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón, La Habana.
• Yasbelys Rodríguez León, detenido sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada efectiva con 16 años de edad, que cumple una condena de 5 años en la Prisión de Trabajos Forzosos La Lima, Guanabacoa.
• Eliane Martín, detenida sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente en septiembre de 2025 con 16 años de edad y en estado de gestación, residente del barrio Siguaraya, Puerto Padre, Las Tunas, se encuentra en prisión provisional, pendiente de juicio o sentencia. Fue arrestada sin orden de arresto ni tutela judicial en el municipio de Puerto Padre, Las Tunas, tras las protestas del 17 de septiembre de 2025. Su detención ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten la extrema vulnerabilidad que supone su condición de menor y gestante. La menor fue sometida a prisión preventiva sin las garantías procesales básicas ni acceso a tutela judicial alguna. A pesar de los reclamos insistentes de su familia y activistas de la zona, las autoridades no han ofrecido información sobre su estado de salud ni han confirmado el lugar donde se encuentra recluida. Su caso se ha convertido en un ejemplo más de la ausencia de límites del Estado cubano, afectando incluso a adolescentes embarazadas sólo por estar vinculadas a protestas pacíficas.
• Leroy Hernández Escalona, joven de 17 años fue arrestado sin orden de arresto ni tutela judicial alguna y en ausencia de defensa letrada independiente este pasado septiembre en Maniabón, Puerto Padre, Las Tunas, tras participar en una protesta pacífica contra el régimen. Actualmente, se encuentra en prisión provisional en la Instrucción Provincial de Las Tunas, que sus allegados describen como un «centro de tortura«. Uno de sus allegados se comunicó con un coronel de la PNR, quien confirmó su detención. El régimen lo acusa, junto a otros jóvenes, de intentar atentar contra la policía, aunque numerosos testigos, a quienes jamás se les permitirá declarar a favor del acusado y se descartarán sus testimonios, como es norma en todos los procesos penales políticos en Cuba, afirman que la protesta fue pacífica.

Los menores sufren en las prisiones cubanas las mismas condiciones inhumanas que los adultos: hacinamiento extremo, violencia física y psicológica, aislamiento y celdas de castigo, falta de atención médica y convivencia en entornos con población adulta que incrementan el riesgo de abusos. Todas estas prácticas están expresamente prohibidas por la Convención sobre los Derechos del Niño y por las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

Persecución política contra menores: un patrón consolidado

Los casos documentados por Prisoners Defenders abarcan menores detenidos entre 2021 y 2025, durante y después de las protestas del 11 de julio de 2021. El hecho de que existan menores arrestados incluso en fechas recientes confirma que no se trata de excesos aislados, sino de una práctica de Estado vigente y estructural.

Todos los menores, tanto quienes permanecen en prisión como aquellos ya excarcelados, fueron condenados exclusivamente por motivaciones ideológicas y de conciencia, sin haber cometido hechos delictivos o violentos reales.

23 menores aún cumplen sanciones extra carcelarias bajo vigilancia y amenazas

Que algunos de estos adolescentes hayan salido de prisión no significa que su condena haya terminado. Siguen enfrentando antecedentes políticos activos y sentencias vigentes que marcan su vigilancia, hostigamiento, persecución, limitaciones de su libertad y amenazas por parte de la Seguridad del Estado, secuelas físicas derivadas de su prisión como asma, síncopes, trastornos nutricionales, y secuelas psicológicas como el estrés postraumático, la ansiedad y el miedo persistente.

Las secuelas psicológicas y médicas de su paso por las mazmorras cubanas persisten, dejando impactos permanentes en su salud, su desarrollo y su integridad. Su traumática experiencia penitenciaria continúa formando parte esencial de su condición de víctimas de la represión estatal. Sus excarcelaciones no han supuesto reparación alguna, sino la continuidad de una condena social, punitiva y emocional diseñada para desmovilizar a toda una generación.

Delitos fabricados y penas desproporcionadas para los menores

A los menores se les imputan delitos de extrema gravedad, como “Sedición”, por el que al menos 15 de ellos siguen condenados, además de cargos como “Desórdenes públicos”, “Desacato”, “Atentado” o supuesta “Desobediencia”, utilizados de forma recurrente por las autoridades cubanas para justificar detenciones de carácter político. Estas tipificaciones suelen aplicarse de manera desproporcionada, y en todos los casos sin base probatoria, lo que evidencia un uso instrumental del derecho penal para castigar la protesta y la expresión, por supuesto incluidos los menores, algo que siempre ha ocurrido en Cuba con, además, decenas de estos menores condenados por Peligrosidad Social Predelictiva en el anterior Código Penal, o Desobediencia Penal Precriminal en el nuevo Código Penal.

La CIDH recuerda que los Estados tienen la obligación de prevenir la violencia, investigar y sancionar cualquier forma de maltrato en detención y priorizar medidas alternativas a la privación de libertad, tanto antes como después de un proceso penal, con el fin de garantizar la reintegración del menor en su familia y comunidad. En este sentido, la justicia juvenil debe ser restaurativa y orientada a la rehabilitación, no punitiva. Cuando, de manera excepcional, se impone una sanción privativa de libertad a un niño, deben respetarse principios estrictos: que sea el último recurso, proporcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica, asegurando además el contacto familiar y condiciones de detención compatibles con la protección integral de sus derechos. En el caso de Cuba, estos estándares resultan especialmente pertinentes ante el patrón documentado de criminalización de la protesta y utilización del sistema penal contra adolescentes.

Condiciones de detención que vulneran derechos fundamentales

Muchos de los menores en prisión presentan desnutrición, mientras que otros se encuentran en condiciones médicas preocupantes, en algunos casos desconocidas hasta para sus familias, debido a la falta de transparencia estatal. La ausencia de atención médica, alimentación y asistencia psicológica constituye un agravante severo para menores y adolescentes que deberían estar protegidos por el sistema, no sometidos a castigos físicos y psicológicos. La información incompleta o inexistente sobre su estado médico refleja opacidad institucional y una negación sistemática de derechos básicos a monitoreo independiente.

Las torturas a menores fueron documentadas por Prisoners Defenders y avaladas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en respuesta al Informe Integral sobre la Tortura en Cuba de 2022, actualizado en 2023. De una muestra aleatoria de 181 víctimas de torturas y malos tratos estudiados, 4 eran menores de edad en el momento de la detención y mientras se produjeron las torturas (Jonathan Torres Farrat, Gabriela Zequeira Hernández, Brandon David Becerra Curbelo y Cristian Enrique Salgado Vivar), y 22 de ellos (12%) tenían 21 años o menos en el momento de la detención y cuando se produjeron las torturas.

La víctima que acumuló en dicho estudio el mayor número de tipos de torturas, quince, era precisamente un menor detenido con 17 años, Jonathan Torres Farrat, pero los otros tres menores del estudio acumularon 14 tipos de tortura (Gabriela Zequeira Hernández) y 8 tipos de tortura (Brandon David Becerra Curbelo y Cristian Enrique Salgado Vivar).

Si bien casi todos los menores en prisión no pertenecen a organizaciones políticas, en algunos casos están vinculados a activistas o defensores de derechos humanos, ya sea por familiares o amistades. Esto coincide con un patrón frecuente en Cuba: la represión no solo se dirige contra el individuo, sino también contra su red familiar o comunitaria, lo que agrava el impacto y profundiza el clima de intimidación.

La situación de los menores encarcelados por motivos políticos en Cuba constituye una de las violaciones más graves y urgentes dentro de la escalada represiva del régimen. La criminalización de adolescentes y menores, la imputación de delitos sin base alguna real, las condenas desmesuradas y las malas condiciones de reclusión contravienen de manera frontal la Convención sobre los Derechos del Niño y múltiples tratados internacionales.

409 presos políticos del 11J aún en prisión

El panorama represivo en Cuba alcanza hoy una magnitud sin precedentes. El país mantiene 1.192 prisioneros políticos, una cifra abrumadora que revela la profundidad de la crisis de derechos humanos en la isla. De ellos, 744 siguen tras las rejas (en régimen intracarcelario) y 448 cumplen sanciones bajo limitación de libertad con amenazas (en régimen extra carcelario) o trabajos forzosos sin internamiento.

Dentro de esta cifra general, el grupo más numeroso y significativo lo constituyen los encarcelados por las protestas del 11 de julio de 2021. En total, 743 cubanos son presos políticos del 11J: 409 continúan en prisión como “Convictos de Conciencia”, y 334 cumplen condenas con restricciones de libertad bajo amenazas (“Condenados de Conciencia”).

Estas cifras muestran un dato esencial: casi dos tercios de todos los presos políticos del país (62%) provienen del 11J. Y más aún, el 55% de quienes siguen hoy encarcelados son manifestantes de ese día, lo que convierte al 11J en el episodio de la mayor ola represiva en décadas.

Entre los que todavía permanecen en prisión por participar en las manifestaciones del 11J se encuentran 7 menores de edad y 13 mujeres, todos ellos convictos de conciencia.

Cuba ha totalizado 1.925 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de noviembre pasado, en apenas 4 años y cinco meses, de los que 1.778 han entrado en prisión desde entonces.

13 mujeres aún encarceladas por el 11J

Las mujeres representan uno de los sectores más vulnerables y castigados dentro de la represión política en Cuba. En total, el país registra 126 mujeres en prisión política, de las cuales 46 continúan encarceladas y 80 cumplen sanciones bajo limitación de libertad, ya sea en régimen de reclusión domiciliaria, trabajos correccionales u otras medidas restrictivas, todas bajo amenazas.

13 de estas mujeres permanecen en prisión por causas directamente relacionadas con las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), lo que evidencia el alto peso que este evento ha tenido en la persecución de mujeres activistas, ciudadanas y líderes comunitarias.

13 mujeres revelan un patrón de castigo especialmente severo hacia quienes ejercieron derechos constitucionales y universales como la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y manifestación. Estas mujeres, entre ellas las activistas María Cristina Garrido Rodríguez, Sissi Abascal Zamora o Lizandra Góngora Espinosa, no solo participaron en protestas pacíficas o expresaron disenso, sino que muchas tenían roles visibles dentro de sus comunidades o pertenecían a movimientos cívicos, lo que incrementó la vigilancia y represión en su contra.

Una de esas 13 mujeres encarceladas por el 11J, Donaida Pérez Paseiro, religiosa de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba y esposa del líder Ifá yoruba y prisionero de conciencia Loreto Hernández García, fue excarcelada el 15 de enero tras acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba, mediante un “régimen carcelario-domiciliar” pero el pasado 11 de junio el Tribunal Provincial de Villa Clara revocó la libertad condicional de la presa política y volvió a prisión. Naciones Unidas se pronunció taxativamente sobre su caso y el de su marido, junto a otros 14 casos, tanto a través del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria (Op. 46/2025) como también a través de 5 mandatos de derechos humanos (JAL CUB 4/2023).

Las condenas impuestas a todas estas mujeres oscilan entre los 3 y los 14 años de privación de libertad. Fueron procesadas bajo cargos como “Desórdenes públicos”, “Atentado”, “Desacato”, “Sedición” o “Resistencia”, utilizados sistemáticamente para criminalizar la protesta y acallar voces críticas. Organismos internacionales como la ONU (JAL CUB 2/2024), Human Rights Watch, Prisoners Defenders y Amnistía Internacional han denunciado que estos procesos violaron estándares básicos de proporcionalidad, debido proceso y garantías judiciales.

El deterioro físico y emocional es un denominador común en estos expedientes. Muchas de estas mujeres padecen ansiedad severa, desnutrición, hipertensión, infecciones recurrentes y una grave negación de atención médica. Un ejemplo especialmente alarmante es el de Lizandra Góngora, alejada de sus 5 hijos, cuatro de ellos menores, y su familia, y recluida en la cárcel de Los Colonos en la Isla de la Juventud, que enfrenta un grave deterioro de salud tras ser diagnosticada en 2024 con un fibroma uterino para el que no ha recibido la pertinente atención ginecológica. Su familia denuncia que sufre de inflamación constante y depende de analgésicos que ellos mismos deben llevarle, debido a la negación de medicamentos y atención médica en la prisión. Pese a cumplir los requisitos legales para acceder al régimen de mínima severidad el 10 de octubre de 2025, las autoridades le negaron injustificadamente este derecho, en lo que su familia califica como una represalia más dentro de una “campaña de ensañamiento” de la Seguridad del Estado, altamente habitual entre quienes son desafectos al régimen y no se doblegan a retractarse. Madre de cinco hijos, cuatro menores, Lizandra cumple una condena de 14 años, la más alta impuesta a una mujer por participar en las protestas del 11J en Güira de Melena, Artemisa.

La presencia de mujeres entre los prisioneros del 11J no solo demuestra el alcance generalizado de la protesta y su carácter transversal, sino también la voluntad del Estado cubano de reprimir con especial dureza a aquellas mujeres que asumieron un papel activo en sus comunidades. Su encarcelamiento prolongado constituye un atentado contra sus derechos fundamentales, y un mensaje ejemplarizante dirigido a desmovilizar el liderazgo femenino, la organización comunitaria y la participación política independiente.

Estas mujeres (madres, jóvenes, trabajadoras, activistas, artistas, amas de casa…) representan un rostro particularmente doloroso de la represión del 11J en Cuba. Sus historias confirman que la persecución estatal no fue un fenómeno indiscriminado, sino también un ejercicio de violencia de género en el ámbito político, dirigido a desmantelar redes cívicas y a castigar de forma diferencial a las mujeres que se atrevieron a alzar su voz.

Prisioneros políticos del 11J miembros de organizaciones

Aunque la mayoría de los presos políticos del 11J en Cuba eran ciudadanos sin militancia previa, otros muchos sí pertenecen a organizaciones cívicas o de derechos humanos. La existencia de estos casos es especialmente relevante, pues la criminalización de miembros de asociaciones independientes constituye una violación directa de los derechos a la libertad de asociación, de expresión, de reunión pacífica y de manifestación, reconocidos en los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Cuba es signataria.

Entre los presos políticos del 11J en Cuba, en torno al 10% pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. Las entidades a las que pertenecen estos prisioneros incluyen un amplio y diverso conjunto de organizaciones, entre ellas las siguientes (por orden alfabético): Academia Julio Machado, Agencia Audiovisual Palenque Visión, Alianza Democrática Oriental, Asociación Yorubas Libres de Cuba, Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba (CDM), Compromiso Democrático de Camagüey, Consejo de Relatores, Cuba Decide, Damas de Blanco, Embajada Cívica Cubana, Foro Antitotalitario Unido (FANTU), Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Fundación Vuelta Abajo por Cuba, Grupo de Ayuda a los Valientes del 11J, Instituto Patmos, Juventud Despierta, Movimiento Alianza Cívica Insurreccional, Movimiento Cubano Reflexión (MCR), Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), Movimiento por la Libertad de Cuba Coronel Vicente Méndez Hernández, Movimiento Recuperación Democrática de Cárdenas, Movimiento San Isidro, Partido Libertario Cubano José Martí, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Partido Republicano de Cuba (PRC), Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), Plataforma #Otro18, Proyecto Emilia y Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Entre las organizaciones más afectadas destacan tres:

• Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y Movimiento Democracia (MD), que actúan ambas en sincronía.
• Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)

El encarcelamiento de miembros de estas organizaciones no solo castiga a individuos por ejercer libertades fundamentales, sino que también busca desarticular el tejido cívico independiente y desalentar la participación ciudadana. Muchas de estas asociaciones trabajan en ámbitos como la ayuda humanitaria, la defensa de los derechos humanos, el activismo comunitario, la expresión artística, el periodismo independiente o la promoción del pluralismo político.

La abundante presencia de miembros de las organizaciones cívicas y sociales entre los presos del 11J evidencia que la respuesta estatal no solo fue dirigida contra manifestantes espontáneos y ciudadanos disconformes, sino también contra actores cívicos que ejercían derechos legítimos de asociación, reunión y manifestación. De hecho, no pocos de los activistas encarcelados fueron detenidos a pesar de no haber participado siquiera en las protestas. El régimen aprovechó para encarcelarlos junto a los que sí participaron en las protestas, sin mediar más causa que su activismo, usando así el paraguas de las detenciones masivas para desarticular a la sociedad civil.

Artistas cubanos Convictos de Conciencia

A diciembre de 2025, al menos 11 artistas permanecen encarcelados por motivos de conciencia en Cuba. De los 21 artistas registrados hace un año, en diciembre de 2024, 11 continúan en prisión, 9 se encuentran en régimen de limitación de libertad bajo amenazas y 1 está en libertad tras cumplir íntegramente su condena penal.

De los 11 artistas cubanos que siguen entre rejas, 7 de ellos fueron encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 (denominado el “11J”). Entre ellos se encuentran la poeta y escritora María Cristina Garrido Rodríguez, el dos veces ganador del Grammy Latino Maykel Castillo Pérez («Osorbo») y el reconocido artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara.

 Cantantes, raperos, poetas, artistas visuales, músicos y artesanos acumulan más de 137 años de condenas, impuestas mediante procesos judiciales que forman parte del patrón represivo del régimen cubano contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación. Bajo cargos comunes como atentado, desórdenes públicos o difamación, estos artistas han sido perseguidos por su obra, su activismo o su participación pacífica en protestas ciudadanas. Algunos de los que se encuentran en prisión son:

• Maykel Castillo “Osorbo”. Cantante, autor y ganador de dos Grammy Latinos por “Patria y Vida”. Detenido el 18 de mayo de 2021 y condenado a 9 años de prisión por Desacato, Difamación, Atentado y Desórdenes públicos. Recluido en la prisión Kilo 5 y Medio (Pinar del Río). Ha sido nombrado preso de conciencia por Prisoners Defenders y muchas otras organizaciones internacionales, incluido el GTDA (WGAD) de las Naciones Unidas. Desde el pasado mes de junio ha sido llevado 4 veces a celda de castigo, la última vez fue en octubre cuando además lo amenazaron con el castigo de ser llevado a una prisión en Camagüey o el oriente de la isla, lejos de sus allegados y quienes le atienden sus necesidades en prisión.
• María Cristina Garrido Rodríguez. Poeta, escritora y activista. Detenida por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J y condenada a 7 años de prisión, recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente (El Guatao). La presa de conciencia se encuentra bajo hostigamiento constante en prisión. Estas conductas ponen en grave riesgo su integridad física y emocional.
• Luis Manuel Otero Alcántara. Artista visual. Encarcelado por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, acusado de los fabricados delitos de Desacato, Desórdenes públicos y Ultraje a los símbolos de la patria. Condenado a 5 años en la Prisión de Guanajay. Elegido por TIME Magazine como una de las 100 personas más influyentes de 2021. Ha sido nombrado prisionero de conciencia por Prisoners Defenders y otras múltiples organizaciones, incluido el GTDA (WGAD) de las Naciones Unidas. Otero Alcántara está enfrentando una dura situación dentro del penal en el que se encuentra extinguiendo sanción debido a un brote epidémico. A través de una llamada telefónica realizada el 9 de septiembre, el preso de conciencia informó de que padece Chikunguña, fiebre, diarreas y un fuerte decaimiento. El 2 de diciembre, día de su cumpleaños y cercano al Día Internacional de los Derechos Humanos, inició un ayuno voluntario desde la cárcel de máxima severidad de Guanajay, en Artemisa, para exigir su libertad y la de todos los presos de conciencia.
• Wilmer Moreno Suárez (Mister Will D’Cuba). Cantante, músico y arreglista. Condenado a 18 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J. Recluso en el Combinado del Este (La Habana). El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha exigido su liberación inmediata tras considerar que su detención fue arbitraria y contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos. El grupo de trabajo también señaló varias irregularidades en relación con su proceso judicial tales como la ausencia de orden de arresto, falta de control judicial durante la detención, o, el hecho de que policías y fiscales asumieran el rol de jueces.
• Ibrahim Domínguez Aguilar. Rapero. Condenado a 10 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J. Cumple sanción en Boniato (Santiago de Cuba). En abril de 2024 recibió una brutal agresión dentro del penal a manos de 7 agentes de la autoridad, todo ello mientras estaba esposado y en el suelo, siendo así incapaz de poder defenderse. Estos actos de maltrato fueron consecuencia de la denuncia que realizó el prisionero de conciencia tras haber solicitado atención médica para sus problemas de estómago y su dolor de muelas. Por ello, fue esposado y llevado al dormitorio, donde fue golpeado.
• Juan Enrique Pérez Sánchez. Músico. Condenado a 8 años de prisión por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J. Recluido en Melena 2 (Mayabeque). La CIDH ha otorgado medidas cautelares al preso de conciencia tras constatar que padece tuberculosis desde hace meses sin recibir atención médica adecuada. A pesar de su grave estado, fue trasladado del Hospital Nacional de Reclusos a un destacamento de máxima seguridad en el Combinado del Este, en La Habana. En su resolución, la CIDH advirtió que el recluso se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud corren riesgo de sufrir daños irreparables en Cuba.
• Fernando Almenares Rivera (“Nando OBDC”). Artista plástico y rapero. Detenido el 31 de diciembre de 2024, acusado falsamente de un presunto sabotaje vinculado al incendio del Parque Lenin. Trasladado a Villa Marista. El juicio fue celebrado el pasado 26 de noviembre en el Tribunal Provincial de La Habana. Si se confirma la petición fiscal de 6 años de prisión, se constatará en este caso, como ocurre de forma generalizada en Cuba, el uso del Código Penal cubano como herramienta para blindar al régimen frente a cualquier expresión crítica, ya sea verbal, física o artística, o frente a cualquier protesta pacífica.
• Dayan Gustavo Flores Brito (“Yan Crey”). Músico de “reparto”. Detenido con 22 años por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J y condenado a 14 años de prisión. El preso de conciencia ha sido trasladado a la prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, sita en La Habana.
• Yasmany González Valdés (“El Libre”). Rapero. Detenido el 20 de abril de 2023 durante un registro policial. Condenado a 4 años de prisión que cumple en el Combinado del Este, donde sufre un grave deterioro de salud por la falta de atención médica.
• Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt (“Pupito En Sy”). Rapero. Detenido el 26 de junio de 2023 por Difamación de las instituciones tras escribir una canción crítica. Condenado a 2 años de prisión, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, sita en La Habana. El pasado mes de julio el preso de conciencia realizó una huelga de hambre a modo de protesta por la dura situación que atraviesa cada día dentro de la prisión en la que se encuentra extinguiendo sanción.

Artistas cubanos que cumplen condena en régimen de limitación de libertad bajo amenazas

Aunque ya no se encuentran tras las rejas, 9 artistas cubanos continúan cumpliendo sus condenas en regímenes de limitación de libertad marcados por la vigilancia, las limitaciones a su libertad personal, el hostigamiento y las amenazas constantes de vuelta a prisión. Estas medidas funcionan como mecanismos de control que restringen su vida cotidiana, su trabajo artístico y su participación social. Todos ellos, raperos, músicos, artistas visuales, tatuadores y artesanos, fueron condenados por su participación en protestas pacíficas, por su obra crítica o por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y manifestación. Sus casos ilustran que, aun fuera de prisión, la represión persiste y se extiende a la esfera personal, familiar y profesional, manteniéndolos en un estado de precariedad jurídica y permanente amenaza.

Entre estos 9 artistas se encuentran los siguientes:

• Jessica Lisbeth Torres Calvo, artista visual, condenada a 10 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente en Libertad Condicional bajo amenazas.
• Randy Arteaga Rivera, rapero, condenado a 5 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente bajo Libertad Condicional bajo amenazas.
• Marlon Hitachi Paz Bravo, rapero, condenado a 6 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, hoy en Libertad Condicional bajo amenazas.
• Rolando Sardiñas (“El Koka”), rapero, condenado a 12 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente en Libertad Condicional bajo amenazas.
• Marcos Antonio Pintueles Marrero, músico detenido siendo menor, condenado a 5 años de trabajos forzosos por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente cumple la pena bajo régimen extrapenal mediante subsidio penal, sometido a amenazas de revocación.
• Ángel Miguel Martín Caro, tatuador, condenado a 5 años de privación de libertad por su participación pacífica en las manifestaciones del 11J, actualmente en Libertad Condicional bajo amenazas.

Un artista en libertad por cumplimiento íntegro de sanción

Ha salido de la lista de prisioneros de conciencia el artista José Alejandro Rodríguez Gelin, tras el cumplimiento íntegro de su sanción. Poeta y estudiante de Literatura Española, José Alejandro fue detenido con 22 años por su participación pacífica en las protestas del 11J y condenado a 5 años de prisión. Cumplió íntegramente su sanción y fue liberado el 17 de noviembre de 2025.

Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de noviembre

Con cierre de datos a fecha 30 de noviembre de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.192 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de diciembre 2024 a 30 de noviembre de 2025) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 120 presos políticos nuevos (un promedio de 12 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.272 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.

Cuba ha totalizado 1.925 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de noviembre pasado, en apenas 4 años y cinco meses, donde 1.778 han entrado en prisión desde entonces.

Han entrado este pasado mes de noviembre en nuestra lista 19 nuevos presos políticos. Y 6 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado por el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.

De los 1.192 prisioneros políticos:

• 34 son los presos políticos que fueron detenidos siendo menores en Cuba, 31 chicos y 3 chicas. 28 de ellos aún cumplen sentencia y 6 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de presos políticos de Cuba, por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
• 16 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
• De nuestra lista actual, 219 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
• 125 mujeres que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
• Entre los presos políticos entre rejas en Cuba hemos censado 461 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 41 prisioneros políticos entre rejas con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.

708 Convictos de Conciencia, 448 condenados de conciencia y 36 otros

Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:

1. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
2. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
3. La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.

En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.

Por ello, los 1.192 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.

La clasificación actual de éstos es la siguiente:

• 708 Convictos de Conciencia
• 448 Condenados de Conciencia
• 36 casos de Otros Presos Políticos