Con 13 nuevos presos políticos (ciudadanos sin actividad política conocida -dos de ellos menores-) y 13 excarcelados (la mayoría por cumplimiento íntegro de condena, Cuba mantiene la prisión política en cifras récord al tiempo que, de nuevo, varios menores son protagonistas de procesos de detención y procesamientos penales arbitrarios cuya motivación es el castigo ejemplarizante frente las manifestaciones pacíficas reclamando servicios esenciales. Mientras, en Miami y en Madrid se recibe a dos héroes del activismo y la resiliencia frente a la barbarie del régimen. El líder de la oposición José Daniel Ferrer y “el joven de la pancarta”, Luis Robles. Ambos tendrán un diálogo público y compartirán sus experiencias hoy en rueda de prensa, en la Asociación de la Prensa de Madrid, a las 17:00 hora local en España.
El 13 de octubre de 2025 marca un hito en la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba: José Daniel Ferrer García y Luis Robles Elizástigui han salido del país el mismo día, en circunstancias diferentes, pero con un mismo propósito: seguir luchando por la libertad de su pueblo.
José Daniel Ferrer, líder indiscutible de la sociedad civil cubana, ha salido de prisión y de la isla, sin permitir contraprestación alguna por parte de ningún gobierno o entidad al régimen por su excarcelación, para seguir su lucha por la libertad del pueblo de Cuba. Tras años de aislamiento y represión, decide salir para reorganizar las fuerzas y continuar su trabajo desde el exilio, donde ahora mucho se le necesita.
Al mismo tiempo, Luis Robles, conocido como “el joven de la pancarta”, ha llegado a España tras cumplir heroicamente cuatro años de prisión por manifestarse pacíficamente con un cartel que pedía libertad y el fin de la represión. Reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, su caso fue también respaldado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (WGAD), tiene vigente una medida cautelar otorgada por la CIDH y ha sido defendido explícitamente por diversas resoluciones aprobadas por mayoría absoluta en el Parlamento Europeo. Robles simboliza la valentía de una nueva generación de cubanos, que se enfrenta con dignidad y esperanza a la opresión del régimen.
Ambos, Ferrer y Robles, representan dos generaciones, una misma causa: la de un pueblo decidido a conquistar su libertad y a reconstruir su futuro.
Líder cubano José Daniel Ferrer liberado y desterrado
José Daniel Ferrer ha sido liberado y desterrado por el régimen cubano. Tras ser encarcelado el 11 de julio de 2021, brevemente excarcelado de enero a marzo de este año, y revocado a prisión en las peores condiciones posibles por su labor humanitaria en Santiago de Cuba, donde suministraba alimentación y servicios médicos a más de 1.000 personas al día en grave estado de exclusión, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) abandonó ayer la isla para reunirse con la sociedad civil en Miami.
Su liberación se produce tras el cumplimiento pleno de su condena de cuatro años y seis meses de privación de libertad, que tenía fecha de extinción el 24 de agosto de 2025, como el propio Estado cubano reconoció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Estaba, por tanto, mantenido en prisión bajo maltratos y torturas sin causa judicial radicada alguna, sin acceso a defensa independiente, bajo la autoridad de la fiscalía y sin tutela judicial.
Durante su reclusión, Ferrer fue sometido a condiciones de aislamiento prolongado, falta de atención médica y tratos crueles e inhumanos, hechos denunciados reiteradamente por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Comité contra la Desaparición Forzada o el Parlamento Europeo, entre otros muchos organismos y gobiernos que han apoyado su causa, y que calificaron su detención como arbitraria y de carácter político.
Celebramos que Ferrer haya recuperado la libertad física, pero denunciamos que su salida del país constituye un destierro forzado, una práctica prohibida por el derecho internacional y que no representa una liberación real ni voluntaria. La deportación política de Ferrer evidencia la falta de independencia judicial y la utilización sistemática de la expatriación forzosa como herramienta represiva en Cuba.
José Daniel Ferrer es un hombre libre, víctima de una condena injusta y de un patrón de persecución política documentado por la comunidad internacional. Su caso simboliza la situación de todos los presos políticos en Cuba: hombres y mujeres encarcelados por ejercer pacíficamente su libertad de expresión, asociación o participación cívica.
Exigimos el fin del destierro forzado y la liberación incondicional de todos los presos políticos en Cuba. La libertad de José Daniel Ferrer no debe depender de su salida del país, sino del respeto pleno a sus derechos humanos y a sus derechos inalienables como ciudadano cubano.
Exigir la libertad plena y sin condiciones de José Daniel Ferrer es también exigir el fin de la represión política y carcelaria en la isla.
Preso de conciencia Luis Robles Elizástigui exiliado en libertad
El pasado 13 de octubre Luis Robles llegó a Madrid junto a su madre y su hijo de siete años, acogido en España tras un proceso humanitario. Su llegada marca el fin de una etapa de persecución y encierro de casi cinco años, y simboliza la resiliencia del activismo pacífico en Cuba.
Luis Robles Elizástigui, graduado en Informática, es conocido como “el joven de la pancarta”; fue detenido el 4 de diciembre de 2020 tras realizar una protesta pacífica en el boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel que decía: “Libertad, no más represión. #FreeDenis”, en solidaridad con el rapero Denis Solís y el Movimiento San Isidro.
Las imágenes de su detención se viralizaron en redes y fueron incluidas en el videoclip de Patria y Vida, símbolo del despertar cívico en Cuba.
Luis Robles fue acusado de “Propaganda Enemiga” y “Desobediencia”, sin pruebas que justificaran los cargos. Durante su juicio, celebrado casi un año después, el 16 de diciembre de 2021, la Fiscalía se basó únicamente en las imágenes de su protesta, en las que no se evidenciaba ningún acto violento ni incitación al odio. Fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal Provincial de La Habana.
En marzo de 2022 se dictó sentencia definitiva, y en mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos sancionó a los tres jueces y a la fiscal implicados por su papel en la detención arbitraria del activista, calificando el caso como una grave violación de los derechos humanos; desde entonces, los cuatro funcionarios y sus familias tienen prohibida la entrada al territorio estadounidense.
Durante su encarcelamiento en la prisión Combinado del Este y otros centros penitenciarios, Robles fue víctima de malos tratos, celdas de castigo y negación sistemática de atención médica, llegando a sufrir graves problemas respiratorios y alérgicos.
El régimen también arremetió contra su familia: su hermano Lester Fernández fue detenido en 2023 bajo una acusación falsa de “Salida ilegal del país”, un tipo penal ilegal y violatorio del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras su madre, Yindra Elizástigui, se convirtió en una de las voces más valientes en defensa de los presos políticos cubanos, denunciando constantemente las condiciones inhumanas en las cárceles.
Fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional en 2024, tras 4 años de su arresto en diciembre de 2020, tras ser declarada su detención arbitraria por el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas en 2021 y que, en agosto de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas cautelares de protección en su favor, reconociendo su vulnerabilidad bajo custodia estatal.
Un año después, fue trasladado a un campamento correccional, y en enero de 2025 fue excarcelado mediante un acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen cubano, bajo un régimen de subsidio de pena con amenazas de revocación hasta el 15 de junio de 2025.
Luis Robles Elizástigui salió de Cuba como única vía para salvaguardar su libertad y su vida, luego de haber cumplido íntegramente su condena y permanecer bajo constantes amenazas de nuevas causas penales por parte del régimen. Tras el periodo de prisión domiciliaria, la Seguridad del Estado reanudó el hostigamiento contra él y su familia, dejándole claro que volvería a prisión si continuaba denunciando. Su salida fue una gestión humanitaria urgente, orientada a evitar que se repitiera el patrón de represalias sufrido por otros presos políticos cubanos
En marzo de 2022, Luis Robles publicó una carta en la que reafirmó su compromiso con la libertad del pueblo cubano y explicó las razones que lo llevaron a manifestarse pacíficamente. En ella afirmó que decidió “romper el silencio” ante la destrucción del país y la inacción del Gobierno, señalando que “el mayor enemigo que tiene Cuba no está afuera, sino sentado en la silla presidencial”.
1.185 prisioneros políticos en septiembre
El pasado mes de septiembre hemos registrado 13 nuevos casos de presos políticos en Cuba, 11 de ellos detenidos entre el 14 y el 18 de septiembre de 2025 y hemos registrado 13 bajas de la lista, 12 de ellas se deben al cumplimiento íntegro de la sanción impuesta y la última se debe a su excarcelación por parte del Gobierno de Cuba, de la cual hasta ahora se desconocen los motivos.
Con estas incorporaciones, el registro total de personas privadas de libertad por motivos políticos en la isla continúa en ascenso, alcanzando la cifra de 1.185 prisioneros políticos y confirmando la persistencia de una represión institucionalizada contra la libertad de expresión, de reunión y de asociación de los ciudadanos.
El régimen cubano continúa utilizando el encarcelamiento político como instrumento de intimidación social y control. La incorporación de 13 nuevos presos políticos, incluyendo menores de edad y mujeres, es una muestra clara de la impunidad con la que opera el Estado frente a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Estos 13 nuevos casos se caracterizan por un patrón uniforme de arbitrariedad: todos los detenidos permanecen en prisión provisional o pendientes de juicio o sentencia sin tutela judicial, sin acceso a defensa legal efectiva independiente y sin comunicación inmediata con familiares. Entre los delitos imputados figuran “Propaganda enemiga”, “Desórdenes públicos”, “Atentado” y “Sabotaje”.
Entre estas 13 nuevas víctimas, ciudadanos que participaron en protestas o ejercitaron su derecho a la libertad de expresión en redes sociales, se encuentran 4 mujeres, una de ellas menor de edad (16 años en la detención), y 9 hombres, entre los que también se incluye un menor de 17 años. Las detenciones se concentraron principalmente en provincias orientales: Holguín, Las Tunas y Villa Clara.
En todos los casos se repite el mismo patrón represivo: haber expresado opiniones críticas, publicado en redes sociales o participado en protestas locales, lo que las convierte en blancos de persecución política según los estándares internacionales de derechos humanos.
Dos menores de edad entran en la lista de presos políticos en Cuba
Entre los nuevos casos documentados se encuentra la pareja de jóvenes de Las Tunas, Pedro Luis Bello y Eliane Martín, ambos detenidos durante un operativo policial posterior a las protestas de Maniabón, Las Tunas, el 17 de septiembre de 2025.
Pedro Luis Bello, fue arrestado sin tutela judicial y permanece en prisión provisional sin cargos comunicados, sin acceso a representación legal independiente ni información clara sobre su situación jurídica. Las autoridades lo acusan de participar en las protestas de Maniabón, aunque no existen evidencias públicas ni pruebas materiales que justifiquen su detención. Como en tantos otros casos, su arresto responde a un patrón de criminalización de la protesta social, y por tanto de la libertad de reunión y manifestación pacífica, mediante el cual los manifestantes, o los simples testigos, son tratados como enemigos del Estado y se les niegan garantías fundamentales de defensa y debido proceso.
La pareja de Pedro Luis, Eliane Martín, menor de edad, detenida con 16 años y en estado de embarazo, fue detenida el mismo día y bajo las mismas circunstancias, también sin tutela judicial efectiva. Su arresto en el municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, ha despertado una profunda preocupación entre organizaciones de derechos humanos, dado su doble carácter de menor de edad y gestante, lo que agrava considerablemente su vulnerabilidad.
Según las denuncias recibidas, Eliane también fue privada de libertad sin tutela judicial, sin garantías procesales, asesoría legal independiente ni acompañamiento familiar, y hasta la fecha no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud ni sobre el lugar exacto donde permanece detenida, pese a las reiteradas exigencias de su familia y de activistas locales.
El caso de Eliane Martín se ha convertido en símbolo del nivel extremo de represión que alcanza incluso a mujeres menores y embarazadas en Cuba, perseguidas por el simple hecho de participar o ser vinculadas a manifestaciones pacíficas.
Leroy Hernández Escalona, menor de edad (17 años), fue detenido sin tutela judicial en el contexto de las manifestaciones pacíficas registradas en la localidad de Maniabón, perteneciente al municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, el 18 de septiembre de 2025.
Según han informado sus allegados, el joven preso político permanece recluido en la sede de Instrucción Provincial de Las Tunas, una instalación que su entorno describe como “un centro de tortura”, debido a los malos tratos, condiciones inhumanas y prácticas coercitivas que allí se denuncian de forma reiterada.
Los agentes de la Seguridad del Estado acusan a Leroy y a otros jóvenes detenidos en el mismo operativo de haber intentado “atentar contra el sector de la Policía” en Maniabón. Sin embargo, los testigos, así como su entorno familiar, confirman que la protesta fue completamente pacífica.
Las detenciones de Leroy Hernández Escalona y de Eliane Martín constituyen una violación directa de las normas internacionales sobre la protección de menores y evidencia una vez más el uso de la represión y el encarcelamiento arbitrario como herramientas de control político en Cuba.
Detenciones masivas en Gibara tras unas protestas pacíficas
El 14 de septiembre de 2025, fueron detenidos en Gibara, provincia de Holguín, los ciudadanos Luis Ángel Sergio Pino, Pedro José Sainz García, Dairon Manuel Bermúdez Batista y Lisban Lisabet Leyva, en el marco de las manifestaciones pacíficas ocurridas el día anterior, cuando centenares de residentes protestaron por la falta prolongada de agua y electricidad.
Todos fueron detenidos sin tutela judicial ni garantías procesales, tras las masivas y violentas redadas ejecutadas por fuerzas del Ministerio de Interior (MININT) y unidades especiales conocidas como “boinas negras”, que disolvieron las protestas y realizaron arrestos arbitrarios durante la madrugada y los días siguientes.
Luis Ángel Sergio Pino y Lisban Lisabet Leyva permanecen en prisión provisional, mientras que Pedro José Sainz García y Dairon Manuel Bermúdez Batista fueron puestos bajo medidas cautelares de fianza de 5.000 pesos y obligados a firmar ante la policía durante seis meses durante el proceso “investigativo”. En ninguno de los casos existen evidencia alguna de actos violentos, convirtiendo en una falacia, como en miles de casos que hemos estudiado en Prisoners Defenders, los supuestos delitos de atentado, desacato o desórdenes públicos que se les imputan.
Estos arrestos reflejan el patrón sistemático de represión preventiva con el que el régimen cubano criminaliza la protesta social pacífica, castigando con prisión o vigilancia policial a ciudadanos que reclaman derechos básicos y servicios esenciales.
Los hermanos Raimundoy Suleidys Galbán Claro, fueron arrestados en Holguín el 14 de septiembre de 2025 y actualmente se encuentran en prisión provisional sin tutela judicial por supuestos “desórdenes públicos”. Ambos fueron detenidos sin tutela judicial tras participar en las manifestaciones pacíficas del 13 de septiembre en Gibara, donde centenares de ciudadanos protestaron por la falta prolongada de agua y electricidad. Las fuerzas policiales y unidades especiales disolvieron las protestas con violencia y, durante la madrugada y los días siguientes, realizaron redadas domiciliarias en las que se detuvo arbitrariamente a varios manifestantes, entre ellos a los hermanos Galbán Claro.
Según la última información disponible, a cada uno se le ha impuesto una fianza de 5.000 pesos, pese a que no existe evidencia alguna que justifique su detención, su proceso penal o su vinculación con actos violentos.
Asimismo, ha entrado en la lista de presos políticos este mes Leydi Laura Verdecia Velázquez, de Holguín, detenida sin tutela judicial a raíz de publicaciones en sus redes sociales personales. Según la información más reciente, a la presa política se le ha impuesto una fianza de 5.000 pesos, en un proceso que evidencia el uso del aparato penal para castigar la libre expresión en el ámbito digital.
Del mismo modo, hemos registrado en la lista al prisionero político Yandi Dita Rodríguez, del municipio Santo Domingo, provincia de Villa Clara, detenido sin tutela judicial y posteriormente condenado a 12 años de prisión por el presunto delito de sabotaje en relación con unos hechos ocurridos en mayo de 2024 en el poblado George Washington.
El Tribunal Provincial de Villa Clara lo declaró culpable bajo acusaciones infundadas de haber roto un cristal y prendido fuego a un retablo público, pese a la ausencia total de evidencias, de pruebas materiales ni de testigos directos. Más aún, según denunciaron sus allegados, existen evidencias de su inocencia, e incluso el verdadero autor de los hechos se presentó ante la policía confesando su responsabilidad, sin que las autoridades lo detuvieran.
Yandi Dita Rodríguez fue trasladado al centro de detención La Tercera, y posteriormente a la prisión La Pendiente, donde cumple una condena eminentemente política y arbitraria, basada en un proceso sin garantías judiciales ni pruebas legítimas.
Condenas ejemplarizantes tras la anulación de absoluciones
Han entrado de nuevo en la lista los presos políticos Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero. Han sido condenados a 14 y 13 años de prisión, respectivamente, tras un proceso judicial marcado por la arbitrariedad, la manipulación política y la vulneración del principio de cosa juzgada. Ambos fueron absueltos en su primer juicio —celebrado en octubre de 2024 en la prisión provincial de El Típico, Las Tunas—, cuando el tribunal reconoció la falta absoluta de pruebas y la inconsistencia de las acusaciones de “propaganda enemiga” y “otros actos contra la seguridad del Estado”. Sin embargo, el Tribunal Supremo Popular anuló las absoluciones el 21 de mayo de 2025, tras un recurso de la Fiscalía, y ordenó la celebración de un nuevo proceso.
En ese segundo juicio, celebrado en Santiago de Cuba bajo fuertes medidas de seguridad y sin acceso público ni transparencia procesal, los dos activistas fueron condenados sobre la base de reportes policiales y testimonios elaborados por la Seguridad del Estado, sin que se presentaran evidencias materiales ni testigos independientes.
Las autoridades los vincularon arbitrariamente a una supuesta organización inexistente denominada “Autodefensa del Pueblo (ADP)”, y les atribuyeron haber convocado o planificado actos de protesta y supuestos sabotajes que nunca llegaron a producirse.
Estos casos evidencian de manera inequívoca la instrumentalización del sistema judicial cubano como mecanismo de represión política, donde las sentencias no se sustentan en hechos probados ni en pruebas legítimas, sino en decisiones de carácter ejemplarizante orientadas a castigar el ejercicio del activismo, la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación pacífica.
Ambos son víctimas de procesos judiciales nulos de pleno derecho, que confirman la subordinación del poder judicial a los intereses políticos del Estado.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de septiembre
Con cierre de datos a fecha 30 de septiembre de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.185 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de octubre de 2024 a 30 de septiembre de 2025) la lista de presos políticos de Cuba sumó un total de 152 presos políticos nuevos en Cuba (un promedio de 13 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.257 presos políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.895 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de septiembre pasado, en apenas 4 años y tres meses, donde 1.748 han entrado en prisión desde entonces.
Han entrado este pasado mes de septiembre en nuestra lista 13 nuevos presos políticos. Y 13 presos políticos han salido de nuestra lista de Cuba este mes pasado: 12 de ellas se deben al cumplimiento íntegro de la sanción impuesta y la última se debe a su excarcelación por parte del Gobierno de Cuba, de la cual hasta ahora se desconocen los motivos.
De los 1.185 prisioneros políticos:
- 36 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 33 chicos y 3 chicas. 30 de ellos aún cumplen sentencia y 6 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de prisioneros políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
- 15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 221 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 125 mujeres que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los presos políticos entre rejas en Cuba hemos censado 472 presos políticos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 40 presos políticos entre rejas en Cuba con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
696 Convictos de Conciencia, 453 condenados de conciencia y 36 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.185 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 696 Convictos de Conciencia
- 453 Condenados de Conciencia
- 36 casos de Otros Presos Políticos
