1.235 prisioneros políticos desde el #11J
999 prisioneros políticos en Cuba
880 de ellos tras las manifestaciones pacíficas del #11J
Prisioneros políticos verificados en Cuba un año después del #11J
Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 han sufrido prisión política en Cuba un total de 1.235 prisioneros políticos. Todos ellos son torturados. Así lo demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) y los reproches públicos del CAT tras las denuncias de la sociedad civil. Esto se materializó en su informe posterior de mayo sobre la situación de la tortura en Cuba. El informe del Comité de los Derechos del Niño, este pasado junio, también confirmó los hechos. Destacó cómo numerosísimos niños y niñas han sido detenidos y condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y “asociación”.
A fecha 30 de junio de 2022, la lista de prisioneros políticos de Cuba contiene un total de 999 prisioneros políticos y de conciencia. Éstos sufren condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías. Todo ello sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso.
A un año del 11 de julio, ¿qué fue y ha supuesto el #11J en Cuba?
El 11 de julio de 2021 pasará a la historia de Cuba. Jamás desde 1959 había habido una manifestación popular de cientos de miles de personas contra el gobierno por todo el país. Se desencadenó por la salida a las calles de cientos y más tarde miles de personas en San Antonio de los Baños, localidad cercana a la Ciudad de La Habana.
Al verse las imágenes en las redes sociales, pronto decenas de poblaciones en toda Cuba salieron también a la calle. Cientos de miles de personas alzaban su voz pacífica por los derechos humanos más básicos. Todos se unían: familias enteras, niñas/os, madres, padres, embarazadas… Muchas personas lloraban de alegría, mientras caminaban, al ver que pueblos enteros salían del silencio y el miedo. Todo ello tras 63 años de desgracias y privación de derechos.
El relevo de Miguel Díaz Canel
Lo que ese pueblo no esperaba es que Miguel Díaz Canel, un civil, daría en televisión la orden de ir “al combate” a los miembros del partido. Pero también a los funcionarios, empleados públicos, y a todo el ejército y fuerzas de Seguridad del Estado. Éstos salieron a las calles de paisano -tras cortar el Internet en la isla- con bates de béisbol, barras de hierro, de madera, y armas.
Llegaban en autobuses, vestidos de civil y armados. Detuvieron a más de 5.000 personas lanzándolos a camiones, apaleándolos y esposándolos uno tras otro. Los hacinaban en cuarteles inmundos en pleno Covid, insultándolos, humillándolos y obligándoles a decir “Patria o Muerte” bajo cumplidas amenazas golpearlos. La razzia de detenciones continuó con la confiscación y revisión todos los teléfonos móviles de los manifestantes. Igualmente la inspección minuciosa de las redes sociales, buscando rostros indiscriminados de manifestantes. Así arrestaron, día tras día, en total, a más de 5.000 personas pacíficas.
Desaparecidos
Por muchas horas, días o semanas, todos los detenidos desaparecieron. Naciones Unidas, tras la denuncia de Prisoners Defenders, reclamó por 187 presuntas desapariciones forzadas tan sólo al tercer día. Las madres hacían cola buscando a sus hijos en las comisarías. El régimen impuso medidas cautelares de prisión provisional o domiciliar para casi 2.000 civiles sin tutela judicial alguna y sin la defensa de abogados. En Cuba no existen como tal los abogados, pues lo que existe es una suerte de funcionarios del Estado que dependen del Ministerio de Justicia. Lógicamente, son una caricatura respecto a los mínimos legales para considerarlos abogados. Así lo ha sentenciado el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria en sus dictámenes 63/2019 y 63/2021. Éstos han sido refrendados por el Comité Contra la Tortura en su informe de mayo.
Los procesos “judiciales”
Enseguida llegaron los procesos judiciales sumarios por atestado directo, donde policía y juez resuelven todo en 72 horas sin presencia de abogado ni posible proposición de pruebas o principio de contradicción. También llegaron más tarde los juicios ordinarios para los castigos más graves, de hasta 30 años de prisión. Los abogados, del Estado; los fiscales y jueces, del gobierno; los testigos, todos, funcionarios y policías; los juicios, a puerta cerrada, militarizados y atestadas las salas de agentes de las fuerzas del estado, pero sin los familiares, limitados a uno de ellos -la madre o el padre, ambos en contadas ocasiones- y negando la presencia de diplomáticos u organizaciones de derechos humanos. Las penas de lustros se amañaban con testigos falsos que se equivocaban al señalar a los acusados, mientras se negaba la proposición de testigos a éstos.
Ni un solo ciudadano independiente testificó por los “Desórdenes Públicos” como perjudicado, y éste, un delito que en la mayoría de los casos perjudicaría a los civiles y la sociedad en general, no dio lugar a un solo damnificado ni desperfecto alguno a bienes privados. Simplemente porque no hubo violencia el #11J, salvo la ejercida por los agentes del estado y, en contadas ocasiones, la defensa propia legítima de algunos ciudadanos aislados, que el régimen quiso hacer creer en vano como algo generalizado.
Niños, activistas no participantes en la manifestación y otros
Los niños desde los 13 hasta los 17 años, decenas de ellos, eran acusados por “Sedición” y torturados, como Jonatan Torres Farrat, con 15 tipos de tortura a sus espaldas.
El régimen no se detuvo ahí. Aprovechó la ocasión para detener a los activistas de derechos humanos más destacados, como José Daniel Ferrer o Félix Navarro y otras decenas. Y, junto a éstos, el estado detuvo a sacerdotes desafectos como el Padre Castor, pastores protestantes como el Reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, o Yorubas (la religión afrocubana) como Loreto Hernández García, artistas como Luis Manuel Otero Alcántara (artista plástico de prestigio internacional) y Abel González Lescay (reconocido músico y poeta), y familias enteras, como los Beirut, los León, los Taquechel y otras tantas familias. Toda una razzia sobre la sociedad civil más pacífica e inocente. Los acontecimientos, uno tras otro, despertaban a más y más gentes en Cuba.
Antes del 11J, los cubanos en su inmensa mayoría pensaban que el gobierno no apalearía, hasta mataría por la espalda (como a Diubis Laurencio Tejeda). También procesaría como delincuentes a miles de personas inocentes y sanas, pero sí veían capaz a la temida Seguridad del Estado y la policía para reprimir.
La confirmación de la decepción
Al sufrir la represión de la Seguridad del Estado y la policía, las familias pensaron entonces que podrían tener defensa en sus tribunales. Y entonces comprobaron, día tras día, que los medios de comunicación, funcionarios, fiscales, abogados, jueces, el partido, las organizaciones de “masas”, los colectivos, el ejército, la policía, hasta los médicos no entregando informes de lesiones, todas y cada una de las estructuras del Estado, hacían réplica de la Seguridad del Estado y actuaban al unísono con ella en un masivo acto criminal. Decenas de funcionarios obligados a reprimir, no obstante, empezaron a pedir la baja de su profesión.
Es entonces, y no sólo en el momento represivo de julio, cuando el pueblo de Cuba realmente vio la realidad: no tienen un gobierno real, ni tienen un país propio. Llegaron a una conclusión que hemos escuchado de decenas de familias. El pueblo ahora ve Cuba como una finca privada dominada por una banda de criminales intrínsecamente fascista y al servicio de una única familia, los Castro.
Si algo ha hecho el #11J, al menos, ha sido certificar la muerte del “espejismo emocional” que un día supuso la “revolución” tanto para parte del pueblo de Cuba como para la izquierda mundial, que empieza a detestar aquello que un día apoyaron y que, ahora es evidente, era en realidad una suerte terrible de fascismo.
La lista de prisioneros políticos se estabiliza en el millar
Reflejamos estos 999 prisioneros políticos verificados, como cada mes, en la lista de Prisoners Defenders de Cuba, que hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. Con 152 prisioneros políticos se inició el mes de julio del año pasado. Desde entonces hasta el 30 de junio de 2022, otros 1.083 prisioneros políticos nuevos más se han sumado a los 152 primeros, arrojando un total de 1.235 prisioneros políticos desde el #11J.
Este mes han sido decenas los que han cumplido sus penas íntegras. Tanto del colectivo preso a raíz del 11J como del colectivo anterior, y por tanto han salido de la lista de prisioneros políticos que hoy presentamos. Aunque muchos menos en número, han entrado en prisión también nuevos reos este mes de junio.
Niños procesados, prisioneros, y familias rehenes
Prisoners Defenders ha podido verificar una lista de 999 prisioneros políticos en Cuba a 30/06/2022 (VER).
De éstos 999 prisioneros políticos en Cuba, aún están cumpliendo sentencia o medidas cautelares:
- 33 niños y 5 niñas, 38 menores de edad en total.
- 4 niñas y 19 niños, 24 menores, han sido ya sentenciados, 15 por “Sedición”. TIenen una pena media de 5 años de privación de libertad, tras las “rebajas” en los procesos de apelación y casación.
- 169 manifestantes, incluyendo 15 niñas y niños, han sido procesados por “Sedición”.
- 665 prisioneros de conciencia sentenciados siguen aún en la lista con penas entre 1 y 25 años.
- Otros presos políticos cargan con penas de 30 años y hasta cadena perpetua (12 de ellos)
- Al menos 123 mujeres (incluyendo las de género trans) siguen aún con condenas políticas y de conciencia.
Reconocemos en Cuba más de 12.000 prisioneros políticos
Prisoners Defenders, durante el mes de junio de 2022, reconoce 999 prisioneros políticos (ver lista) relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales o de defensa de los derechos fundamentales del ser humano.
Reconocemos, como cada mes, otros más de 11.000 civiles, jóvenes negros en su inmensa mayoría no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses. Éstos sufren condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito alguno cometido. El Código Penal vigente contempla que serían personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta ahora).
Así, se les imponen penas de 1 a 4 años de prisión sin delito ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo. Lógicamente, estas penas se aplican desde la juventud a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo local. En estos casos no hay proceso penal como tal, no hay defensa posible, ni siquiera de forma hipotética. El informe de las autoridades policiales permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumarísima año tras año por decisiones inmediatas y sin posible defensa. 3.850 personas son condenadas cada año por esta sola causa en el país. Esto suma una cifra estable de 11 mil personas condenadas por su hipotética “peligrosidad predelictiva antisocial” en Cuba actualmente.
730 Convictos de Conciencia, 240 Condenados de Conciencia y 30 Otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas personas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad, los segundos, sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad. No son catalogables como Convictos de Conciencia por acciones que son penalmente reprochables. Sin embargo, en su causal de origen está la represión de derechos fundamentales, y no la infracción o delito per-sé. Además, sus desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso. Todo ello causado por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 999 prisioneros políticos en Cuba verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en 3 categorías. Son los Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser vistas de forma independiente en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual de éstos es la siguiente:
- 729 Convictos de Conciencia
- 240 Condenados de Conciencia
- 30 casos de Otros Presos Políticos
La lista completa puede obtenerse en este enlace:
